«Nos declaramos en estado de alerta», la colectividad en argentina moviliza contra la militarización de Rodrigo Paz

<https://www.anred.org/wp-content/up...>

A más de un mes de iniciadas las protestas que exigen la renuncia del gobierno, la colectividad boliviana en buenos asires marchó desde el Obelisco hasta la Embajada en Buenos Aires. Frente a las recientes amenazas del presidente de desplegar al Ejército, las organizaciones anunciaron el envío urgente de una Misión de Derechos Humanos para documentar la represión en los territorios. Por Mario Wilmer para ANRed | Imagenes: Pomacusi.

A más de un mes de iniciadas las movilizaciones, el pueblo boliviano reafirma en las calles el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz. La tensión escaló en las últimas horas tras las declaraciones del mandatario en medios de comunicación, donde deslizó la inminente aplicación del estado de excepción al advertir: “Lo único que puedo decir al Ministro de Defensa y al Gobierno es: demos el siguiente paso”.

Frente a esta amenaza de sacar a las Fuerzas Armadas a reprimir, la comunidad boliviana en Argentina volvió a marchar ayer, avanzando por Avenida Corrientes al ritmo de los sikuris.

María Pomacusi, referenta política y parte de la organización, dijo: “Es importante salir a las calles para que se sienta el apoyo y respaldo a las organizaciones sociales y campesinas que están a pie de lucha y a punto de enfrentar un Estado de Excepción. Por eso nos declaramos en estado de alerta para acompañar y denunciar”.

<https://www.anred.org/wp-content/up...>

Injerencia internacional y Misión de Derechos Humanos

La injerencia extranjera y la complicidad parlamentaria fueron ejes centrales del repudio durante la concentración frente a la Embajada. César Villca, referente de la organización Tupac Katari, advirtió: «Sabemos que este gobierno es un servil más del imperio; acá hay intereses de EE.UU. y este gobierno se quiere manchar con más sangre». Villca repudió duramente la postura de senadores y diputados que allanan el camino legal para la intervención militar, sentenciando que «el pueblo no perdona los asesinatos y la represión».

Como medida de acción directa frente a la violencia estatal, Pomacusi confirmó que se está coordinando el envío de una delegación desde Buenos Aires hacia los puntos más críticos del conflicto. «Va a ir una comisión de derechos humanos para ver todas las atrocidades que se están haciendo y denunciar todo lo que está sucediendo», detalló Villca sobre la iniciativa, que ya fue notificada a la CIDH y a la ONU. Las y los representantes viajarán en los próximos días y serán recibidos por organizaciones de base en Bolivia para realizar un relevamiento exhaustivo de la represión.

Romper el cerco de odio racista

En un escenario de criminalización creciente, el rol de los medios comunitarios se vuelve vital como herramienta para garantizar que la información fluya desde las bases hacia la sociedad.

Lourdes Patzi, militante indígena quechua-aymara y referenta de la Villa 31, denunció la violencia racista que sufren las mujeres de pollera en el marco del conflicto. «Estamos con mucha rabia, pero movilizadas para romper el cerco mediático que impulsa mensajes de odio», afirmó la referenta. Además, destacó la valentía de quienes sostienen los bloqueos en las rutas, subrayando que están «pregonando por la vida, la memoria y la dignidad de toda nuestra diversidad».

Reclamos centrales de la jornada

Justicia por los caídos: Rubén Callisaya Marca, Alberto Cruz Chinche, Martha Vilca y Víctor Cruz Choque. Cese inmediato de la represión y la militarización: Fin del estado de sitio de facto y retiro de las causas judiciales contra dirigentes sociales. Libertad a lxs presxs políticxs: Exigencia por la liberación de los dirigentes de la FEJUVE, como Justino Apaza Callisaya y la ex-senadora Simona Quispe, detenidos extrajudicialmente. Respeto a la soberanía: Anulación de los intentos de privatizar servicios esenciales y freno a la entrega de recursos estratégicos.

El pronunciamiento cuenta con el respaldo histórico del SERPAJ, liderado por Adolfo Pérez Esquivel, y una amplia red de colectivos de residentes bolivianos, comunidades originarias, organismos de derechos humanos y sindicatos, quienes exigen además el esclarecimiento del apoyo logístico brindado por el gobierno argentino a la represión boliviana