Mendoza: vecinos movilizan a la Legislatura contra el avance de la megaminería

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Hoy, jueves 6 de noviembre comenzará a tratarse en la Legislatura mendocina la Declaración de Impacto Ambiental de varios proyectos mineros que buscan instalarse en la provincia. Entre ellos, el proyecto de la minera San Jorge y otros 27 proyectos de Malargüe Distrito Minero Occidental II. Activistas ambientales en defensa del agua llaman a convocarse frente a la legislatura desde las 9.30hs denuncian que no hay licencia social y que el proceso se ha llevado adelante con represión y violando toda legalidad que preserva el ambiente. Por cobertura colaborativa ( Huellas del Sur / ANRed / La Mosquitera tv.

En medio de un fuerte lobby minero en la provincia y la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el gobernador Alfredo Cornejo aceleró el tratamiento de las Declaraciones Ambientales de distintos proyectos que estaban trabados por las profundas protestas de la ciudadanía. Mañana jueves a las 10 de la mañana se realizará un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para debatir si se ratificará la Declaración de Impacto Ambiental de la minera San Jorge, que extraerá cobre y oro en Uspallata.

Hace 17 años que las y los habitantes de Uspallata comprometidos con la conservación del ambiente y el agua de su provincia, luchan contra la instalación del Proyecto San Jorge Cobre Mendocino. El gobernador Cornejo pretende darle vía libre para instalarse en la naciente del Río Mendoza; importantísimo cauce de agua del cual “viven un millón y medio de personas, se riegan 250 mil hectáreas de cultivo y se abastece a más de 9000 industrias que conforman la cuarta economía regional del país”, según ha informado Federico Soria, integrante de la Asamblea por el Agua Pura de Uspallata y uno de los perseguidos y criminalizados por el gobierno provincial.

Uspallata resiste: entrevista a Federico Soria

El hito memorable en defensa del agua en la provincia fue en el 2019, cuando la población salió a las calles (“Mendozazo”). Fueron días de grandes movilizaciónes en toda la provincia en defensa de la 7722, la ley protectora del agua. En aquel entonces, el gobierno tuvo la pretensión de modificar esta ley, pero el levantamiento popular fue tan masivo que no pudieron lograrlo. En 2021, la Corte Suprema le dio la razón a la minera y modificó una oración del artículo 1: “y otras sustancias tóxicas similares”. Según el fallo, esa frase no explicitaba qué tipos de sustancias estaban prohibidas y contribuía a una ambigüedad terminológica. Esa aparente pequeña modificación es la que habilita a que en la actualidad la industria minera esté facultada para utilizar otras sustancias contaminantes distintas del ácido sulfúrico, el mercurio o el cianuro para la extracción de los minerales. Además “trasgreden la 7722 en cuanto a que no están consultando a todos los municipios que comparten la cuenca y otros errores de procedimiento”, relata Eugenia Segura. Y agrega que “esta vez es diferente porque no está en riesgo una ley, sino que directamente empiezan a contaminar el único río que abastece todo el Oasis Norte”.

En el mes de agosto, Cornejo convocó a una audiencia pública en propiedad privada de San Jorge y en un lugar inaccesible. Como respuesta, la Asamblea de Uspallata organizó una audiencia popular en el patio de una parroquia que contó con una gran participación y le volvieron a decir a la minera que no tiene licencia social para instalarse en el pueblo.

Uspallata ejerce su derecho a la autodeterminación

Eugenia se refirió también al contexto represivo y a la difamación y persecución a ambientalistas defensores del agua. Sin ir más lejos, hace dos semanas atrás la policía arrestó de manera arbitraria a dos personas que se manifestaban pacíficamente. Los detenidos fueron Liza Rule Larrea, bailarina reconocida por haber representado “la patria en vuelo” durante los festejos del bicentenario en el 2010 y Martín Iglesias, ex empleado de la municipalidad de Maipú. Ambos fueron liberados pero no sobreseídos. Se va consolidando un clima de desmovilización que desespera a los ambientalistas, porque el avance del gobierno y las mineras es abrumador.

Sobre el polémico proyecto San Jorge que se tratara hoy, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata detallo cada una de las leyes vulneradas por el gobierno:

MINERA SAN JORGE ES ILEGAL

Violación de la Ley General del Ambiente 25675 en sus arts. 11 a 13

El gobierno aprobó y envió a la Legislatura una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “condicionada”, cuando antes debería haber solicitado a la empresa que salvara TODAS las observaciones al proyecto, vertidas en TODOS los dictámenes técnicos y sectoriales. Es evidente que la información presentada es incompleta y la ley exige certeza científica previa (no posterior). Por ello, el gobierno debería aplicar los principios Preventivo y Precautorio, establecidos en el art. 4 de la misma ley, en lugar de apurar el procedimiento sin antes requerir dar cumplimiento obligatorio a los condicionantes dictaminados.

Violación a la Ley Provincial 7722

El gobierno no ha solicitado dictamen sectorial a los municipios de la Cuenca del Río Mendoza, tampoco está respetando la realidad productiva y social de cada uno de los mismos, violando el art. 5 de esta norma. La empresa no ha respondido a todas las opiniones vertidas en los dictámenes sectoriales, violando el art 3 de esta ley. Tampoco se está garantizando la “tutela del recurso hídrico” fijada en el art 1, pues no se ha consultado a los regantes del Arroyo Uspallata ni del resto de la Cuenca del Río Mendoza, sobre el emplazamiento de una explotación megaminera en sus cabeceras hídricas.

Violación de la ley de Monumentos Naturales Provinciales N° 6599

Esta ley protege no solo a especies de la fauna nativa claves para el ecosistema, como el guanaco, el choique, el cóndor y también el gato andino (presentes en la zona), sino también a sus hábitats (que es el territorio donde viven). PSJ está ubicado precisamente en los hábitats protegidos determinados por ley como Monumento Natural Provincial. Esta categoría de conservación está establecida por el art 20 de la Ley Provincial 6045 y regulada por el art 31 de la misma ley. Según esta legislación marco “en esta categoría no se deberá permitir actividad humana alguna y el acceso al público deberá ser controlado”.

Violación del Acuerdo Escazú (1)

El gobierno no ha garantizado a los vecinos de Uspallata la participación plena en el proceso de aprobación, llevándose lejos la audiencia pública y negando la posibilidad de un plebiscito en Uspallata. La audiencia pública fue fraudulenta, ya que se realizó en un sitio privado, donde el titular aplicó derecho de admisión (de índole particular), cuando según el Código Civil, en cuestiones de interés general debería prevalecer el derecho público. Por ello es que se hizo en Uspallata la Audiencia Pública del Pueblo, donde la población se pronunció de manera certificada, masivamente en contra de PSJ, con muchisimo más participación ciudadana.

Violación del Acuerdo Escazú (2)

El gobierno ha perseguido a opositores a Minera San Jorge, con represión, grupos de choque (como la patota de la uocra), censura, privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y el armado de causas inventadas (por cuenta y orden de la empresa); aplicando claramente una política de abuso de poder y de posición dominante, con mano dura y prácticas antidemocráticas. Los defensores ambientales no están siendo protegidos ni tienen garantías jurídicas, tal como establece el Acuerdo Escazú; sino que, por el contrario, están siendo perseguidos y encarcelados por los poderes del Estado.

Violación del derecho a un ambiente sano consagrado en la Constitución

Los Vecinos de Uspallata en 2009 presentaron en la Legislatura de Mendoza un proyecto de ley de iniciativa popular para crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, con toda la fundamentación técnica, científica, legal y jurídica que algo así requiere, como alternativa ambiental, social y económica a PSJ. Lamentablemente, el lobby empresarial y la discrecionalidad oficial vienen pisándola. Consecuentemente, invocando el art 41 de la CN, los Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Convenio de Diversidad Biológica; debería prevalecer la iniciativa popular sobre los intereses particulares del negocio megaminero.

Violación al derecho indígena, de rango constitucional

El gobierno ha emitido la DIA a PSJ sin finalizar la Consulta Libre, Previa e Informada a los Pueblos Originarios, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT y el art 75, inc. 17 de la CN. Como agravante, este proceso no está siendo ni libre ni previo ni informado, ya que pretenden apurar los tiempos, haciéndolo simultáneo a la EIA y con carencia de la información que permita a las comunidades un análisis exhaustivo del proyecto. Además, han resuelto un protocolo sin participación indígena, violando también esta normativa, por lo que fue recurrido por la vía administrativa y judicial, volviendo inválida la instancia.

Violación del principio consuetudinario de la buena fe

La empresa afirma que su proyecto está en una “cuenca cerrada” con “acuíferos confinados” y/o “aislados” y/o “sin conectividad” con el Río Mendoza, sr certeza científica al respecto. El gobierno ha avalado esta falsedad, descalificando sin más todos los llamados de atención en la Consulta y la Audiencia Pública. El informe hidrológico e hidrogeológico del Dr. José María Cortés (UBA-CONICET) desmiente esto desde lo técnico y lo científico este relato, afirmando que no existen obstáculos para el escurrimiento superficial y/o subterráneo desde la mina San Jorge hasta el Río Mendoza, con la posibilidad certera de contaminación.

Por esta sumatoria de ilegalidades y violación del estado de derecho, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, demandamos a la Legislatura: Rechazo de la Declaración de Impacto Ambiental de Minera San Jorge, ordenando el archivo definitivo del expediente. Sanción del Proyecto de Ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, con el texto original del expediente legislativo 65858/2014/D