Fujimorismo: La dinastía del crimen y la farsa estatal en el Perú

<https://www.portaloaca.com/wp-conte...>

Manuel González Prada nos advertía que, en el Perú, «donde se pone el dedo, salta la pus». Décadas después, la putrefacción ha avanzado tanto que ya no encontramos un cuerpo enfermo, sino un cadáver social dentro de este territorio ocupado llamado Perú. Gran parte de esta descomposición se debe a la herencia del régimen de Alberto Fujimori y a la perpetuación de su legado, hoy liderado por su hija Keiko Fujimori.

El fujimorato de los años 90 fue el ejemplo perfecto de autoritarismo y control social. No solo se dedicó a perseguir opositores, sino a neutralizar cualquier destello de desacuerdo social. Para ello, perfeccionó mecanismos de idiotización y despolitización masiva: medios de comunicación envilecidos, una educación pública paupérrima y un asistencialismo populista envuelto en un eficaz marketing político. Así construyeron la figura de un «salvador» en una nación históricamente acostumbrada a esperar mesías, impidiendo comprender que la verdadera emancipación radica en los individuos organizados.

La compra literal de voluntades políticas, revelada en los famosos vladivideos filmados por la mente maestra del régimen, Vladimiro Montesinos, institucionalizó la corrupción, convirtiéndola en una práctica normalizada dentro de la idiosincrasia institucional peruana. Esa misma lógica delictiva se mantiene intacta en el presente. El juicio oral por el «Caso Cócteles» contra Keiko Fujimori, donde la fiscalía exige 30 años de prisión, destapó el lavado de más de 18 millones de dólares financiados en secreto por la constructora transnacional Odebrecht y la oligarquía financiera local. Esto evidencia una gran verdad anarquista: los partidos políticos no representan a las comunidades, sino que son empresas de fachada financiadas por la gran burguesía para comprar el aparato estatal mediante el voto delegado.

A pesar de su fuga a Japón y su posterior captura en Chile, la prisión de Alberto Fujimori terminó siendo una reclusión VIP. Mientras tanto, sus allegados operaban en las sombras para pavimentar el camino de sus herederos, consolidando a Keiko Fujimori como la jefa de la organización. Con el tiempo, el fujimorismo tejió alianzas estratégicas con el APRA y otras facciones de la derecha formal. Demostraron así que las redes del Estado se reorganizan solas para mantener el poder en manos de los mismos grupos; los «líderes» pueden caer, pero la mafia política permanece.

En la última década, mutaron las formas pero no la esencia. Al capturar la mayoría del poder legislativo, el fujimorismo repitió la lógica del absolutismo: hacer y deshacer desde el Congreso. Utilizaron a los medios corporativos de comunicación para empobrecer cognitivamente a la población con contenidos de baja calidad. Al mismo tiempo, el movimiento social —destruido sistemáticamente en los años 90, intentaba rearticularse, pero terminaba disolviéndose por la aparición de caudillos nacionalistas y de izquierda que solo buscaban el usufructo electoral, alimentando nuevamente el mito mesiánico del líder fuerte.

Hoy, un Congreso con mayoría fujimorista y aliada a los sectores más ultraconservadores ha capturado el poder total. Han destituido presidentes a su antojo, han impuesto una bicameralidad explícitamente rechazada por el pueblo en referéndum y han anulado la capacidad de iniciativa legislativa ciudadana. Este absolutismo parlamentario se ha traducido en las llamadas «leyes pro-crimen». Mediante normas como la Ley 32108, que sabotea los allanamientos judiciales contra las mafias, o la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad (Ley 32107), aprobada para garantizar la impunidad de los carniceros del Estado de los años 90 frente a masacres campesinas, el fujimorismo ha convertido al Legislativo en un búnker de protección para corporaciones ilícitas y criminales de cuello blanco. Todo esto ocurre bajo una retórica de «democracia y orden» que apela al trauma histórico del conflicto armado interno. El fujimorismo utiliza el fantasma de Sendero Luminoso para tildar de «terrorista» (terruqueo) a cualquiera que alce la voz, justificando la criminalización de la protesta y el uso despiadado de la violencia policial.

Para dar fin a este desorden social destructivo, la tarea histórica no consiste en reformar el Gobierno, sino en desarmar por completo el Estado fujimorista construido y sus dispositivos de control. Actualmente, la coalición mafiosa liderada por el fujimorismo utiliza de forma sistemática cuatro grandes dispositivos estatales para asegurar su hegemonía: El Dispositivo de Impunidad Jurídica (Captura del Sistema de Justicia): A través del sometimiento del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el acoso constante a la Fiscalía de la Nación, han desactivado los contrapesos del aparato judicial. El Estado ya no persigue el delito; es un escudo legal que archiva investigaciones fiscales contra los cuellos blancos. El Dispositivo de Castración Legislativa (El Candado Congresal): Con el control del aparato bicameral, han anulado el derecho de la población a la iniciativa legislativa autónoma o al referéndum. Las leyes ya no emergen del tejido social, sino que son decretos corporativos redactados en favor de los monopolios y las mafias de la minería ilegal o la tala. El Dispositivo de Coacción Armada (Militarización y Leyes de Impunidad Policial): Modificando normativas policiales y penales para debilitar las investigaciones, el fujimorismo ha otorgado cartas blancas de impunidad a las fuerzas represivas estatales. El monopolio de la violencia armada actúa protegiendo los intereses mineros y comerciales extractivistas, masacrando y persiguiendo judicialmente cualquier intento de huelga o protesta regional. El Dispositivo Ideológico de Enajenación Mental (Guerra Cultural y Medios): Operando mediante corporaciones televisivas oligárquicas, difunden un contenido basura que destruye la memoria histórica, promueve el hiperconsumismo y normaliza el fascismo social a través de la xenofobia y el clasismo.

En esta farsa de control coinciden tanto el fujimorismo como la izquierda partidaria: ambos reducen la política al acto sumiso de votar. Los partidos obedecen a cálculos económicos y pactos burocráticos que excluyen por completo a las poblaciones en la toma de decisiones directas. La izquierda peruana, vasalla de la lógica electoral, ha sido incapaz de renovar el movimiento social sin instrumentalizarlo para sus campañas, alimentando la falsa creencia en un «Estado salvador». Pero el Estado peruano es una máquina rota; por más que cambien de chofer o intenten remendar el timón, solo produce burocracia de escritorio y desconexión total con las necesidades populares.

Bajo el yugo fujimorista, apostar por procesos democráticos reducidos a las urnas es validar la continuidad de su control. El legado de los Fujimori sigue vivo porque la estructura estatal se lo permite. Ante esto, solo queda la resistencia desde los rincones de la autoorganización. Necesitamos un movimiento social autónomo, libre de la injerencia de los partidos políticos, que teja verdaderas redes de apoyo mutuo en lugar del asistencialismo estatal.

El objetivo debe ser transitar hacia autogobiernos horizontales y federados que funcionen como nudos económicos alternativos al capitalismo

, desmantelando de raíz esos dispositivos estatales a los que sirven tanto el fujimorismo criminal como una izquierda reformista, desgastada y complaciente. Poder popular y horizontal siempre. Salud y Libertad en los Andes.

Christian Alarta ¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0)