Fueron víctimas de un ataque lesboodiante y ahora las desalojan de su casa: el reclamo de Inés y Ana en Once

<https://www.anred.org/wp-content/up...>

El nombre de Inés y de Ana figuró en varios portales y perfiles de redes sociales en marzo del año pasado, cuando dos vecinos de su edificio las golpearon e hirieron con un cuchillo sobre el alarmante trasfondo de otros ataques recientes contra lesbianas: el triple lesbofemicidio de Barracas, ocurrido el 6 de mayo de 2024, y el incendio de la casa de dos mujeres por parte de un vecino en Cañuelas en enero de 2025. Su situación, de por sí inestable habitacional y económicamente, se agravó en la mañana de este jueves 22 de enero, cuando las desalojaron de su casa. Aunque el motivo fue el peligro de derrumbe del edificio, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, se jactó en redes sociales de haber expulsado a los habitantes del edificio ubicado en Sarmiento 3107, sugiriendo que se trataba de una usurpación. Por Sol Tobía para ANRed.

Antes de ingresar armados a la casa de Inés, Analía, y el resto de los vecinos, los policías de la Ciudad, equipados con cascos y escudos, se tomaron unos minutos para posar en la puerta del edificio con la mirada al frente. También los filmaron pateando la entrada principal, imágenes todas que el equipo de comunicación del Gobierno de la Ciudad condensó en un video de 13 segundos que Jorge Macri subió a sus redes sociales: “Se terminó la época en la que la resignación era la única opción. Era una cuestión de decisión política. Propiedad recuperada número 565 y devuelta a sus dueños. Ley, orden y propiedad privada”.

“Somos todos propietarios”, se indigna Inés. “Nos dejaron literalmente en la calle y nos ofrecieron un parador”, agrega. Tanto ella como Ana, su pareja, se dedican a la venta ambulante de comida, que ahora no tienen donde cocinar. Se quedaron, a la vez, sin casa y sin trabajo. Su labor también fue interrumpida, aunque momentáneamente, el 3 de marzo de 2025, cuando Julián Gabriel Yanes, vecino del mismo piso, atacó a Ana en el pasillo. La abordó por detrás, con un palo, mientras ella volvía de comprar lo necesario para su siguiente producción de empanadas.

<https://www.anred.org/wp-content/up...>

El ataque

“Tortas de mierda, las voy a matar”, había amenazado Yanes el sábado anterior. “Yo me metí en el medio, intentando calmarlo, sin entender la situación. Nos siguió pegando al grito de las voy a matar, lesbianas de mierda”, recordaba Inés en una entrevista para el periódico Virginia Bolten. Llegado un punto, Yanes sacó un cuchillo e intentó apuñalarlas provocándoles varias heridas, en medio de lo cual el padre del atacante, Miguel Ángel Yanes, salió de su departamento no para frenarlo, sino para colaborar con su hijo en la golpiza.

“Ana tiene partido en tres partes el lóbulo de la oreja, un puntazo en la cabeza, yo tengo una herida de cuatro puntos en el codo. Las dos terminamos llenas de moretones y sangre por todos lados”, enumeraba Inés el año pasado. Cuando finalmente intervinieron la policía y el SAME, Julián Yanes se permitió un último comentario antes de ser detenido: “Te queda linda la carita roja”.

La causa por ese ataque sigue en curso, sin mostrar grandes avances. En su momento, la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°9 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la fiscal Silvina Bruno, solicitó la elevación a juicio por “lesiones leves y amenazas”, algo que no contemplaba la intención misógina y lesboodiante que expresaban los agresores. Recién por estos días, la jueza a cargo está considerando modificar la carátula de “lesiones leves” a “lesiones agravadas”, según indica Inés.

<https://www.anred.org/wp-content/up...>

El desalojo: ¿Derrumbe o usurpación?

Entraron a las patadas, armados, y expulsaron a todos los vecinos. Al cabo del desalojo, Jorge Macri se alegró de devolver la propiedad a “sus dueños”. ¿Quiénes son, si no son las personas que vivían allí? Nadie sabe. Los avisos que habían recibido en el pasado tenían que ver con el mal estado del edificio, que corría riesgo de derrumbe, cosa que poco tiene que ver con la expulsión de “usurpadores” que el jefe de Gobierno anunció en redes sociales.

Aunque el peligro de derrumbe efectivamente existía, lo que los vecinos y las organizaciones dedicadas al derecho a la vivienda denuncian es que la expulsión no constituye ninguna solución. De hecho, es vista por los afectados como un agravante de su situación, porque pasan de tener una casa en mal estado a no tener nada en absoluto. “El Gobierno de la Ciudad se basa en el riesgo de derrumbe, pero tampoco nos aceptan un proyecto que estamos encarando con un arquitecto y un ingeniero para resolverlo. Por otro lado, Jorge Macri dice que está devolviendo las propiedades a sus dueños, cuando en realidad a los dueños los están desalojando y sacando de sus viviendas”, recalca Inés.

En ese sentido, Gigi Krein, integrante de la organización social Consejerías de Vivienda, sostiene que lo que ofrece el Gobierno porteño son “soluciones que no son soluciones”, como permitirles a las personas desalojadas quedarse en un parador y que, más allá de que las viviendas están muchas veces en mal estado, lo discutible es que no se les ofrezca ninguna alternativa real a sus habitantes. Krein reconstruye cómo, en muchos casos, los propios vecinos detectan condiciones peligrosas en sus edificios, pero resuelven no llamar a la Agencia Gubernamental de Control porque saben que eso equivale a quedarse sin techo.

En algunos casos, la Policía desaloja hoteles y luego “aumentan el precio de las piezas, sacan la faja y vuelven a alquilar el hotel, sin haber arreglado nada. Sabemos que el GCBA usa el riesgo de derrumbe como pretexto para desalojar, pero tampoco podemos obviar las fallas estructurales que hay en un montón de espacios”, reconoce Gigi. Ante los problemas habitacionales reales, la “solución” del parador y la venta en redes sociales de un operativo contra la usurpación dan a pensar que el Gobierno porteño tiene más interés en hacer propaganda de su “mano dura” que en garantizar el derecho básico a la vivienda. “Usar la palabra recuperación es terrible, porque para nosotros recuperación es lo que volvió al pueblo”, comenta Gigi y resalta que no es sólo la Ciudad la que desaloja, sino que, de hecho, la mayoría de los procesos los ordena el Estado Nacional.

A cambio de su casa y espacio para un trabajo que ahora no tienen dónde realizar, a Inés y Analía les ofrecen una suma mensual ínfima en comparación: “El administrador del edificio, apenas pasó lo que pasó, desapareció, se hizo humo. El Gobierno de la Ciudad nos ofrece sólo un subsidio habitacional, no nos da nada en compensación”. Según los registros de diciembre de 2025, un subsidio habitacional del Gobierno porteño no supera los $227 mil. En el mismo mes, el alquiler promedio de un dos ambientes superó los $700 mil en el Gran Buenos Aires. “Si quieren devolver el edificio a sus dueños, nos lo tendrían que estar devolviendo a nosotros”, remarca Inés, quien ahora está buscando una abogada/o y un/a asistente social que la guíen en la pelea para tener donde vivir.

La situación de Inés y Analía refleja un escenario nacional en el que tener garantizada la vivienda es un lujo prácticamente inalcanzable. “Con la cantidad de casas vacías que hay, algunas que son del Estado, con todos los remates que se hacen. Vivienda hay, tierra hay, el problema es para qué se destinan. Hasta que no estemos todes juntes luchando por éso, las situaciones individuales se van a seguir dando y van a ser muy difíciles de frenar”, lamenta Gigi.