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Ensañamiento contra comunidad mapuche: detienen al longko Juan Pablo Colhuan
dimarts 4 de novembre de 2025, per
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El longko de la lof Lafquen Winkul Mapu, Juan Pablo Colhuan, fue detenido el pasado 30 de octubre por tres causas prescriptas de usurpación, además de una cuarta denominada “Los Radales”, donde se lo acusa del incendio de una casilla de Gendarmería. La policía lo interceptó mientras caminaba por la ruta en estado de «deshidratación». Colhuan es parte de la comunidad mapuche que en los medios hegémonicos fue conocida como el «Conflicto Mascardi» que padeció un sin fin de ataques, entre ellos el asesinato por la espalda del joven de 22 años Rafael Nahuel a manos del Grupo de fuerzas especiales Albatros ahí también fueron heridos de bala, Johana Colhuan, prima de Rafael Nahuel y Gonzalo Coña. La cronologia de lucha de la lof Lafquen Winkul Mapu tiene relación directa con el nivel de represión contral las recuperaciones de tierra de comunidades indígenas en donde hay luz verde para el extractivismo. Por Malena Montero para ANRed.
Al respecto, la abogada del caso, Laura Taffetani, de la Gremial de Abogadas y Abogados, afirma que el incendio fue “un invento” para justificar el desalojo de la comunidad del resto de los territorios, ya que no podían hacerlo a través de las otras causas en curso. En cuanto a Juan Pablo, la Gremial denuncia que “intentarán mantenerlo privado de su libertad de manera arbitraria, injusta y, eventualmente, ilegal”.
Este hecho se enmarca dentro de la política de persecución de la Policía y el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich hacia la comunidad mapuche, fundamentalmente a partir de la incorporación de la RAM en el registro de entidades vinculadas al terrorismo. “Esto lo hace con un documento adjunto que muestra toda la amplitud de la criminalización”, afirma Taffetani, y asegura que también se difundió un listado en el que “sin ningún tipo de fundamento” fue incluido Juan Pablo Colhuan como integrante de la RAM.
“No se trata de un caso aislado. Se trata de las formas en que irá actuando el Estado en los próximos años y décadas contra quienes defiendan su identidad, el territorio, la vida, como contra quienes luchen por su techo, su alimentación y salud de calidad”, refuerza en un comunicado la Gremial de Abogadas y Abogados.
El conflicto con la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi tiene su origen en noviembre de 2017, cuando un grupo de familias mapuches decidió ocupar una porción del Parque Nacional Nahuel Huapi, a 35 kilómetros de Bariloche. La comunidad definió la acción como una recuperación territorial ancestral, motivada no solo por razones históricas sino también espirituales: el lugar había sido señalado como sitio ceremonial o rewe para una autoridad mapuche (machi). Desde ese momento comenzó una serie de ataques que, hasta hoy, simboliza la tensión entre el derecho ancestral de los pueblos originarios y la defensa de la propiedad privada y pública bajo lógica colonial.
A los pocos días de iniciada la ocupación, entre el 23 y el 25 de noviembre de 2017, fuerzas federales irrumpieron en el predio para ejecutar un desalojo. Durante esa represión, agentes del grupo Albatros de la Prefectura Naval asesinaron al joven mapuche Rafael Nahuel, de 22 años, con un disparo por la espalda. ahí también fueron heridos de bala, Johana Colhuan, prima de Rafael Nahuel y Gonzalo Coña, ambos jovénes de la comunidad. El asesinato de Rafael marcó el punto más dramático de un conflicto que puso al descubierto la política represiva del Estado argentino hacia las comunidades indígenas de la Patagonia. Pese a ello, el Lof Lafken Winkul Mapu permaneció en el territorio y sostuvo su reclamo de autodeterminación, denunciando el hostigamiento policial y judicial.
En septiembre de 2018, la fiscalía federal de Bariloche formalizó el pedido de desalojo de varios lotes dentro del área reclamada, calificando la ocupación como “usurpación”. Desde entonces, los conflictos se multiplicaron. Entre 2018 y 2022, la comunidad resistió los intentos de expulsión y la criminalización mediática, mientras el Estado incumplía con la Ley 26.160, que establece la suspensión de desalojos y el relevamiento de territorios indígenas. En esa zona, además, confluyen intereses de grandes propietarios privados, desarrollos turísticos y tierras en manos de Parques Nacionales, lo que agudizó la presión sobre la comunidad.
A fines de septiembre de 2022, una casilla de seguridad fue incendiada cerca de un terreno privado y el hecho fue utilizado como justificación para un nuevo operativo. Días más tarde, el 4 de octubre de 2022, por orden de la jueza federal Silvina Domínguez, más de 250 efectivos del llamado “Comando Unificado” —conformado por la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA— llevaron adelante un desalojo. Varias mujeres mapuches fueron detenidas, algunas con sus hijas e hijos pequeños, y las viviendas comunitarias fueron destruidas. Una semana después, el 10 de octubre, durante una ceremonia mapuche realizada frente a la Ruta Nacional 40, las fuerzas lanzaron gases lacrimógenos contra quienes se acercaban al lago, lo que sumó nuevos episodios de violencia institucional.
Lejos de encontrar una solución estructural, el Estado optó por judicializar el conflicto. En junio de 2023, tras meses de negociaciones, la comunidad y el gobierno nacional firmaron un acuerdo con la Administración de Parques Nacionales que reconocía el valor espiritual del rewe y planteaba una posible reubicación de la comunidad. Sin embargo, la persecución penal continuó. En septiembre de 2024, el juez federal Hugo Greca condenó a siete integrantes del Lof Lafken Winkul Mapu a penas en suspenso por “usurpación” y “resistencia a la autoridad”. Desde entonces, se sumaron nuevas causas y condenas similares, que fueron denunciadas por organismos de derechos humanos como parte de una política de revictimización y criminalización del pueblo mapuche.
A pesar de la custodia militarizada que mantiene el Estado en la zona, en enero de 2024 integrantes de la comunidad regresaron a Villa Mascardi para realizar una ceremonia en el rewe, reafirmando su vínculo espiritual y político con el territorio. Hoy, el conflicto sigue abierto: mientras las autoridades estatales y judiciales insisten en tratarlo como un problema de “usurpación” y “seguridad”, la comunidad mapuche lo define como una lucha por territorio, espiritualidad y dignidad, frente a un proceso histórico de despojo y negación de derechos.
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