El pueblo ecuatoriano le puso un alto al presidente Noboa en el referéndum del 16 de noviembre

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El pasado domingo 16 de noviembre se realizó en Ecuador un referéndum, una consulta popular a través de la cual el gobierno de Daniel Noboa busca consolidar su estrategia geopolítica, construida conjuntamente con el gobierno norteamericano de Donald Trump. Las cuatro preguntas que lo constituían planteaban: permitir bases militares extranjeras, eliminar la financiación pública a organizaciones políticas, reducir el número de asambleístas y convocar una Asamblea Constituyente. En todas, el “NO” se impuso con un amplio margen del 60%, demostrando un claro rechazo popular a las políticas coloniales que este gobierno busca implementar. Esta intención ya se había reflejado en la contundente negativa que obtuvo la consulta popular anterior, realizada también por Noboa, en referencia al “arbitraje internacional”. Por Catalina Gavilan, para ANRed.

Podemos leer estos resultados como un alto a la pretensión del gobierno de retroceder en los derechos conquistados a lo largo de décadas por parte de organizaciones sociales, movimientos indígenas y el pueblo ecuatoriano en general. Es también un voto de censura a la política del gobierno de Noboa , a la manera en que ha intentado concretar su ejercicio del poder a lo largo del anterior mandato y lo que va del presente y, sobre todo, al autoritarismo que ha pretendido implementar en el Ecuador en el transcurso de los últimos meses.

No obstante, la manifestación de la voluntad popular, las estrategias geopolíticas de Noboa – en función de los intereses norteamericanos – continúan vigentes. El gobierno de EE.UU. busca profundizar su injerencia directa en el Ecuador, constatado en el referéndum a través de la pregunta sobre la instalación de bases extranjeras.

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El gobierno ecuatoriano continúa además, la implementación a rajatabla de las recetas del FMI, pese a la resistencia de los territorios. En esta línea, uno de los compromisos incentivados tanto por el actual, como por los anteriores gobiernos de Ecuador, es la agenda minera. Concretamente, la administración de Noboa ha reabierto el catastro minero, otro de los grandes intereses del FMI y de las políticas extractivas a nivel continental y mundial, anclados tanto a su estrategia geopolítica como a la estrategia geopolítica estadounidense. La reapertura del catastro supone nuevas concesiones en varias partes de Ecuador, poniendo en evidencia la revitalización de este eje minero internacional, pese a la oposición popular.

Así, La Sierra Sur, la zona del trópico y la Amazonía centro sur y, sobre todo, los territorios indígenas y campesinos en lucha, pasan a ubicarse entre los territorios con mayores índices de violencia. Dado que la presencia de concesiones mineras está en muchos casos vinculada precisamente, a la presencia de grupos del crimen organizado, podemos decir que esta violencia está vinculada además con el narcotráfico.

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Existen grupos delictivos como el de “Los Lobos», por ejemplo, que controlan concesiones mineras, lo que les resulta un negocio muy rentable y forma parte de la estrategia extractivista a nivel continental, haciendo imposible desvincular la cuestión del narcotráfico de la frontera extractiva.

En Ecuador, todos los recientes gobiernos han pactado con grupos del crimen organizado, como es el caso del actual gobierno con Los Chaneros, y el anterior con la mafia albanesa. A través de estos grupos tienen un cierto control territorial, pero por supuesto no los controlan en su totalidad. Así, algunos cantones del país se encuentran entre los lugares más violentos del mundo.

Los índices de muertes violentas por cada 100 mil habitantes al año superan incluso los de México o Brasil, territorios históricamente atravesados por estas dinámicas.

De esta forma, el Estado ha venido ejerciendo distintos mecanismos de presión y de represión contra las organizaciones sociales, específicamente en los territorios con presencia del movimiento indígena y campesino, donde ha pretendido afianzar los planes extractivos mineros y petroleros, encontrando una resistencia firme por parte de los sectores rurales, que han sido violentamente reprimidos.

Como ejemplo de esto tenemos el caso de Palo Quemado en la provincia de Cotopaxi, donde existía una gran oposición a la presencia inconsulta de una empresa minera, así como al establecimiento de una supuesta consulta como mecanismo para legitimar el ingreso de una empresa canadiense. Esta resistencia fue repelida de una manera absolutamente violenta, llevando a procesar a setenta personas por el supuesto delito de terrorismo.

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En este contexto, el paro nacional de 2025 marca un punto de declive en la estrategia de represión por parte del gobierno de Noboa, que reprimió violentamente las manifestaciones, militarizando ciudades enteras.

Es el caso de la misma capital, Quito, así como el de ciudades de la sierra norte en la provincia de Imbabura, como Otavalo, donde el despliegue de más de 7000 efectivos policiales y militares en ciudades con baja densidad poblacional, demuestran el desproporcionado mecanismo de represión practicado por el gobierno de Noboa, urdido en base a directrices marcadas por la cooperación que mantiene con los estadounidenses.

A todas estas estrategias represivas, se junta una nueva estrategia financiera, que ha consistido en el bloqueo de las cuentas bancarias de dirigentes sociales, técnicos, abogados, entre otras autoridades de elección popular, líderes del movimiento social indígena y campesino, que ha sucedido a partir del mes de septiembre. Utilizando la figura legal de financiamiento al terrorismo, se bloquearon no solo a personas sino también a organizaciones.

Esto constituye una nueva medida coercitiva que evidentemente vulnera los derechos individuales y colectivos, y que se ha sumado a toda la estrategia represiva y disuasiva practicada por el gobierno de turno.

Además de todo esto, el presidente Noboa se ha enfocado en un estrategia eminentemente mediática, marketinera, instalando narrativas que posicionan su discurso de los hechos, a través de desmerecer y deslegitimar cualquier narrativa contestataria a la misma.

Sin embargo, con los resultados del referéndum el pueblo ecuatoriano condena esta forma de hacer política como práctica cotidiana y pone un alto al gobierno.

En este contexto, y con la experiencia de los últimos dos estallidos sociales de octubre de 2019 y junio de 2022, así como el último paro nacional de septiembre de 2025, los movimientos sociales deben evaluar estrategias que permitan consolidar un bloque de lucha frente a la arremetida de los gobiernos neoliberales y las recetas geopolíticas trazadas por organismos multinacionales en todo el continente.

El pueblo organizado debe determinar cuáles son los pasos que lo conduzcan al fortalecimiento de las organizaciones sociales generando nuevos lazos y vínculos más allá de las fronteras, para poder enfrentar esta nueva estrategia capitalista en Ecuador y toda Latinoamérica.