[Comunicado Internacional] Privatización de Petroperú: Crisis de Petroperú, la responsabilidad del Estado peruano y la disputa por la soberanía energética

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La crisis de Petroperú no puede entenderse como un hecho aislado ni como el simple resultado de errores técnicos o administrativos. Se trata de un episodio estructural dentro de un modelo económico dependiente, extractivista y subordinado al capital financiero internacional, en el que el Estado peruano ha actuado no como garante del interés público, sino como administrador político de una crisis diseñada para justificar la reconfiguración privatizadora de un activo estratégico.

Petroperú, empresa estatal encargada históricamente de garantizar el abastecimiento de combustibles y sostener una mínima soberanía energética, ha acumulado pérdidas severas en los últimos años. Entre enero y octubre de 2025, registró pérdidas cercanas a los 479 millones de dólares, que se suman a los más de 770 millones de dólares perdidos en 2024. A ello se agregan deudas con proveedores que superaron los 760 millones de dólares, generando una asfixia financiera que ha sido utilizada como argumento para imponer una “reorganización patrimonial” orientada al mercado.

Esta crisis no surge de la nada. Desde 2022, el Estado peruano ha inyectado más de 5.300 millones de dólares en rescates financieros, avales y garantías para sostener a Petroperú, sin que ello haya implicado una transformación real del modelo de gestión ni mecanismos de control democrático. Por el contrario, estos rescates han servido para socializar las pérdidas mientras se prepara el terreno para transferir activos y riesgos al capital privado.

Un elemento central de esta situación es la modernización de la Refinería de Talara, cuyo costo superó los 6.500 millones de dólares, más del doble de lo inicialmente previsto. Este megaproyecto fue concebido bajo una lógica tecnocrática y extractivista, sin planificación social, sin control ciudadano y sin una estrategia de transición energética. Lejos de fortalecer la soberanía energética, terminó debilitando la posición financiera de Petroperú y aumentando su dependencia del endeudamiento externo.

Las consecuencias no tardaron en manifestarse. Las agencias de calificación crediticia degradaron la nota de Petroperú hasta niveles especulativos, señalando su incapacidad para cubrir sus obligaciones con los flujos operativos proyectados. Esta degradación, lejos de ser un hecho neutral, ha servido como instrumento de presión para justificar decisiones políticas que colocan a la empresa bajo tutela de entidades orientadas a la promoción de inversión privada, desplazando cualquier noción de planificación soberana.

El rol del Estado en este proceso es profundamente cuestionable. En lugar de abrir un debate público, democrático y participativo sobre el futuro de Petroperú, el Ejecutivo ha recurrido a decretos de urgencia para reordenar su estructura patrimonial, eludiendo el control parlamentario y la deliberación social. La asignación de estos procesos a ProInversión evidencia una orientación clara: subordinar la empresa estatal a las lógicas del mercado y preparar una privatización por etapas, gradual y jurídicamente fragmentada, pero políticamente evidente. La aprobación del Decreto de Urgencia para reorganizar a Petroperú sin debate legislativo abierto ni participación ciudadana es una práctica antidemocrática, que representa una externacionalización del poder decisorio y una privatización solapada de facto.

Este proceso expresa la función clásica del Estado en el capitalismo dependiente: actuar como garante de la acumulación privada, absorber las pérdidas del capital y disciplinar a la fuerza de trabajo.

También se revela el carácter profundamente autoritario de un aparato estatal que decide sobre bienes comunes sin consultar a quienes los producen y sostienen. Y desde un enfoque decolonial, confirma la persistencia de un colonialismo interno, donde los territorios, la energía y los recursos naturales siguen siendo tratados como mercancías al servicio del mercado global. Cabe mencionar muchas instituciones a cargo del estado sufren de este problema de desorganización y el estado no da soluciones de raíz,

las posibles privatizaciones de varios sectores no será un delirio político quizás una realidad en el Perú en algunos unidos.

Las consecuencias futuras de este camino son claras. La pérdida progresiva de soberanía energética implica que decisiones clave sobre precios, abastecimiento y orientación productiva quedarán cada vez más alejadas del control popular. La precarización laboral y la exclusión de trabajadores y comunidades del proceso decisorio profundizarán las desigualdades sociales. Y la dependencia estructural del extractivismo fósil seguirá bloqueando cualquier transición ecológica justa.

Frente a ello, afirmamos que el problema de Petroperú no se resuelve con privatización, abierta o encubierta, sino con una transformación radical del modelo de gestión y del rol del Estado. Lo que debió hacerse, y aún puede hacerse, es una auditoría pública integral con acceso irrestricto a la información; la democratización real de la gobernanza de la empresa con participación de trabajadores y comunidades; la protección legal de los activos estratégicos mediante mecanismos de decisión popular vinculante; y la reorientación de la política

Incluso más allá del Estado, es necesario avanzar hacia formas de autogestión energética, redes comunitarias y cooperativas que rompan con la lógica de concentración del poder y la mercantilización de la vida. La energía no debe ser administrada ni por burócratas ni por corporaciones, sino gestionada colectivamente como un bien común.

La crisis de Petroperú no es una fatalidad. Es una disputa política. Y en esa disputa, denunciamos toda privatización encubierta, exigimos soberanía energética real y afirmamos que los recursos estratégicos deben estar al servicio de los pueblos, no del capital.

¡El Estado rescata al capital, el pueblo paga la crisis!

¡No es mala gestión: es capitalismo organizado!

¡Petroperú no quiebra: la quiebran para venderla!

¡El Estado no nos protege, nos administra para el capital!

¡La energía no se delega, se gestiona colectivamente!

¡Nuestros territorios no son activos financieros!

¡Petroperú es del pueblo, no del capital!

¡El pueblo no rescata a quienes lo saquean!

¡Ni un activo más al mercado!

¡La energía no se vende, se defiende!

¡Contra el saqueo legal, organización popular!

CÉLULA RUSIÑOL AREQUIPA-PERU ¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0)