Ante la amenaza de un estado de sitio en Bolivia, la comunidad en argentina exige el envio de veedores internacionales: “Que vengan ahora, no despues de la masacre”

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A 23 días de iniciada la «Marcha por Tierra, Territorio y Dignidad», la comunidad boliviana residente en argentina y organismos de derechos humanos denunciaron desde el SERPAJ el saldo de 3 muertos, 50 heridos y 120 detenidos. Frente al cerco mediático, alertaron sobre un inminente estado de sitio impulsado por Rodrigo Paz y repudiaron el envío de aviones por parte del gobierno de Javier Milei bajo la excusa de «ayuda humanitaria». Por Mario Wilmer para ANRed.

La crisis política y la escalada represiva en el Estado Plurinacional de Bolivia tuvieron su eco de urgencia este jueves en Buenos Aires. Desde la sede del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), la comunidad boliviana del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina, junto a organizaciones y referentes populares, sindicales, Indígenas y de derechos humanos conformó una mesa de denuncia frente a lo que calificaron como una ‘masacre genocida’ orquestada por el gobierno de Rodrigo Paz.

Ante la falta de garantías y el avance de la militarización, los presentes acordaron la conformación inmediata de una comisión veedora de derechos humanos que viajará a Bolivia para romper el cerco informativo y documentar la represión policial y militar que, a más de tres semanas de movilizaciones sociales, ha dejado un saldo de tres muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos.

Romper el apagón mediático: las voces desde la huelga

El momento más crudo de la conferencia se vivió al establecer contacto vía Zoom con las mujeres que sostienen, desde hace siete días, una huelga de hambre en la Defensoría del Pueblo de La Paz. Bolivia.

«No se puede vivir así, que un hermano que lleva poncho o una hermana de pollera sean vistos como criminales. La policía arremete contra ellos como si fueran delincuentes, criminalizando la protesta», relató María Porto desde el medica pacífica que lleva adelante hace una semana.

La referente denunció que el actual Defensor del Pueblo cerró las puertas de la institución, impidiendo el ingreso de familiares y de la prensa. «Piden diálogo y al día siguiente reprimen. Hace unos días su hermana no resistió la huelga de hambre por dolores vesiculares.

“Queremos que vengan veedores internacionales ahora, no después de que ocurran las masacres», exigió.

Vilma Choque, compañera de huelga, subrayó la matriz económica detrás de la violencia institucional: la crisis de la canasta básica y los «decretazos» que vulneran la soberanía nacional. «El objetivo es decir no a la entrega de nuestros recursos naturales para que empresarios y Estados Unidos los exploten a su manera. Hoy tenemos derecho a pensar en un progreso nacional, no queremos ser colonia».

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El fantasma del 2019 y la conexión argentina

El fantasma del golpe de Estado de 2019 sobrevoló la sala. Días atrás, la Cámara de Senadores y Diputados de Bolivia aprobaron la abrogación de la Ley 1341 de Estados de Excepción, eliminando los límites que el Parlamento imponía al Poder Ejecutivo. La medida, tratada en medio de protestas que exigen la renuncia del presidente, devuelve al gobierno la facultad directa de aplicar esta excepción constitucional, una maniobra que allana el camino para militarizar el país.

En esta línea, Penélope Moro —hermana de Sebastián Moro, periodista argentino quien aparecio muerto durante la cobertura del golpe a Evo Morales y a la fecha no se realizó una investigación sobre las causas — trazó un paralelismo alarmante: «Estamos a horas de que Bolivia se militarice». Tras recordar a las 38 víctimas de la represión de Jeanine Áñez, cuestionó el rol de los medios hegemónicos bolivianos y argentinos que «llegan con la orden de hablar del desabastecimiento y el sensacionalismo, sin informar las causas ni hablar de las represiones».

La política exterior del gobierno de Javier Milei también fue un eje central de repudio.

El diputado nacional Juan Marino (Unión por la Patria) anunció la presentación de un proyecto de resolución para exigir respuestas al Ejecutivo nacional sobre el envío de aviones a Bolivia.

Los presentes rechazaron tajantemente este accionar, calificándolo como una entrega de armamento camuflada de ayuda humanitaria en complicidad con la injerencia estadounidense. «Acusan al pueblo boliviano de golpistas, y esos son ellos, porque engañaron al pueblo con las medidas de ajuste», sentenció otra de las legisladoras presentes.

El cierre consolidó el apoyo del arco sindical y de derechos humanos de Argentina. Desde CTERA transmitieron la solidaridad del magisterio, mientras que referentes del Polo Obrero, como Eduardo Belliboni, confirmaron el acompañamiento en las calles.

«La paz es producto de la justicia, y sin la existencia de los pueblos no habría justicia», concluyeron desde el SERPAJ, marcando que la lucha del pueblo boliviano, hoy más que nunca, es plurinacional e internacional.