9 de cada 10 personas consideran que el Estado sirve según un informe del CIDISP

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Un informe elaborado por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para el Sector Público (CIDISP) advierte que el 64% de los encuestados en el AMBA tiene como preocupación fundamental el «llegar a fin de mes». A pesar del discurso oficial que busca desmantelar lo público, la percepción sobre el Estado sigue siendo firme, ya que un 88% de la población considera que la estructura estatal sirve, aunque reconoce que debe mejorar su funcionamiento. Esta demanda de un Estado presente se confirma cuando los datos muestran que el 71% de las personas encuestadas está de acuerdo con que el Estado pague la Asignación Universal por Hijo (AUH), mientras que un 63% respalda el sostenimiento de los programas sociales en casos de necesidad. Por Matías Mora Caceres para ANRed.

El informe elaborado por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para el Sector Público (CIDISP), realizado de manera presencial en marzo del 2026 sobre un universo de 1200 habitantes del AMBA, demuestra que el gobierno de Javier Milei logró alterar la jerarquía de los problemas cotidianos de la sociedad al ejecutar un programa económico que pulverizó los ingresos laborales, provocando que actualmente la principal inquietud ciudadana sea el desafío de llegar a fin de mes, una urgencia material que alcanza al 64% de los encuestados y que supera por 12 puntos a la preocupación por la inflación, la cual afecta en el mismo grado al 52% de la población. Esta configuración de las prioridades expone de forma violenta que la administración nacional redujo el índice de variación de precios a costa de vaciar los bolsillos de los trabajadores, quienes hoy ya no controlan de manera obsesiva cuánto aumentan las cosas en los mostradores porque directamente no tienen ingresos para ir a comprarlas, consolidando un esquema recesivo donde la pretendida victoria oficial sobre la escalada inflacionaria es el resultado de un ajuste brutal que transformó el miedo al remarcado diario de precios en la desesperación por la falta de ingresos que alcancen.

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Frente a esta pérdida drástica del poder adquisitivo que castiga a los sectores populares y medios, el discurso oficial que intenta convencer a la población de que el Estado es una organización ineficiente que debe ser destruida y reemplazada por el libre mercado choca frontalmente contra la realidad que expresan los datos del estudio, ya que la mayoría de los ciudadanos entrevistados sostiene que la gestión pública tiene un rol fundamental e irreemplazable para sostener la vida en comunidad, evidenciado en el hecho de que el 74% de la gente afirma que el Estado sirve pero debe mejorar, a lo que se suma 14% que considera que sirve y funciona adecuadamente, en contraposición a un escaso 10% que opina que directamente no sirve para nada. Lejos del modelo privatizador y de la motosierra que impulsa el Gobierno Nacional, el 83% de la gente exige que la seguridad esté a cargo del Estado de manera principal, el 81% demanda que la salud siga siendo de gestión estatal, el 80% requiere que el sistema de las jubilaciones permanezca bajo la órbita pública, y otro 80% sostiene la misma necesidad para la educación, lo que demuestra un repudio generalizado a la idea de dejar las funciones sociales básicas libradas a la rentabilidad de las empresas privadas y subraya que el trabajador entiende perfectamente que necesita del aparato estatal para no caer en la marginación total.

Uno de los investigadores que participó de este estudio, Federico Montagna, comenta que «entendemos que hace años hay un desprestigio no solo de los trabajadores estatales sino de lo público en general. Lo que pudimos observar en esta primera encuesta es que esto no se condice con la perspectiva de la población, que evidentemente sostiene la importancia del Estado como garante del orden social y la vida común”.

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La dureza del ajuste implementado por el Ministerio de Economía genera un nivel de asfixia financiera que obliga a los habitantes del conurbano bonaerense y de la capital federal a buscar formas extremas de supervivencia laboral, lo que explica por qué el 30% de las personas que trabajan reporta tener más de un empleo en simultáneo de forma obligada, mientras que un 28% afirma cumplir jornadas laborales de más de ocho horas diarias, un esfuerzo físico y mental desmedido que en el contexto actual ni siquiera garantiza a las familias salir de la línea de la pobreza estructural.

En este marco de degradación del empleo formal y pérdida de derechos, donde el 25% de los trabajadores debe desempeñarse por cuenta propia sin la red de contención de un recibo de sueldo en relación de dependencia ni paritarias, la mirada de la sociedad sobre la asistencia social se mantiene firme y solidaria a pesar de las campañas gubernamentales de estigmatización contra los sectores más vulnerables, comprobándose a través de la investigación que el 71% de la población está totalmente de acuerdo con que el Estado garantice y pague la Asignación Universal por Hijo (AUH), mientras que un 63% respalda el pago de los denominados programas sociales en casos de necesidad, confirmando que la narrativa del individualismo extremo del gobierno libertario fracasa de manera contundente cuando la gente ve a sus propios vecinos sin ingresos suficientes para garantizar un plato de comida al día.

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La intención presidencial de desmantelar las instituciones científicas y vaciar los organismos sociales encuentra un límite claro en la percepción de los argentinos, quienes a pesar de estar sometidos a un estrés económico constante, reconocen de manera mayoritaria el valor estratégico de los organismos públicos que la gestión de Milei ataca de manera sistemática para justificar los despidos, como sucede con el CONICET, que es valorado positivamente por el 66% de los encuestados al sumar al 35% que dice que funciona bien y al 31% que cree que sirve pero debe mejorar, o la ANSES, que acumula un 81% de opiniones favorables bajo los mismos criterios de evaluación, e incluso el PAMI, que mantiene un 78% de respaldo ciudadano frente a los recortes de medicamentos. Esta validación empírica de las estructuras públicas se complementa con una mirada sumamente realista sobre las condiciones de los empleados estatales, ya que, si bien existen demandas de mayor eficiencia, el 47% de la población es plenamente consciente de que los trabajadores del Estado cobran poco dinero por sus tareas esenciales, y de hecho, un 30% de los ciudadanos encuestados manifiesta de forma directa que le gustaría tener un empleo en la administración pública, un dato estadístico que tira por la borda el argumento libertario que sostiene que la sociedad civil desprecia la carrera administrativa y busca desarrollarse de manera exclusiva en el sector privado.

Las consecuencias palpables de esta política de empobrecimiento planificado y de licuación de ingresos se reflejan de manera irrefutable en el desplome del apoyo político al primer mandatario, quien se enfrenta a una crisis de representación severa en el distrito más poblado y productivo del país, evidenciada por el hecho medular de que el 63% de los ciudadanos del AMBA repudia abiertamente la frase del presidente cuando afirma con orgullo que “desprecia al Estado y que está adentro para romperlo todo”, dejando en claro que la vocación destructiva del gobierno genera un rechazo profundo en una sociedad que necesita soluciones concretas para su economía doméstica y no un anarquismo institucional impulsado desde la Casa Rosada.

Segùn Federico Montagna “el exito electoral de Milei en 2023 y 2025 suele ser leído como una victoria de la batalla cultural ,es decir, como un hartazgo social con las instituciones estatales, con lo público en contraposición con lo individual y lo privado, y un odio hacia los trabajadores estatales. En realidad lo que observamos a través de este estudio es que se trata más bien de un hartazgo con el funcionamiento (no) efectivo de esas instituciones y quienes las condujeron políticamente”.

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Este repudio masivo a las formas violentas y al fondo excluyente del programa de Milei tiene un correlato electoral directo que indica una caída libre en su nivel de aprobación ciudadana, dado que la intención de voto hacia el líder del oficialismo bajó del 27% que registró la encuesta como recuerdo de voto del balotaje del año 2023 a retener apenas un 20% si las elecciones se realizaran hoy, una pérdida veloz de base electoral que se produce en un escenario complejo donde el 54% de la población no se identifica con ninguna de las identidades políticas tradicionales, y que sufre en carne propia un ajuste feroz que le prometieron durante la campaña que iba a pagar la dirigencia política pero que terminó recayendo íntegramente sobre las tarifas de la luz, los pasajes de los colectivos de línea, la compra de alimentos básicos y la cobertura de salud de los trabajadores.

La desregulación impuesta por el Poder Ejecutivo también impactó de lleno en las posibilidades de atención médica, forzando un escenario crítico donde apenas el 19% de la población metropolitana cuenta con los recursos financieros para pagar una empresa de medicina prepaga, mientras que el 42% depende exclusivamente de la cobertura de su obra social vinculada a su empleo, y un importante 39% recae de manera directa y sin red sobre el sistema de salud pública, hospitales y salitas que hoy sufren el desfinanciamiento presupuestario nacional y que al mismo tiempo deben absorber obligatoriamente a todos los trabajadores que se caen del sistema privado por la sencilla razón de que no pueden afrontar los aumentos de las cuotas mensuales con salarios que perdieron por goleada contra la suba del costo de vida.

A esta realidad de desamparo material en materia de salud y poder adquisitivo se le suma la completa desconexión del gobierno nacional con las verdaderas demandas de la ciudadanía respecto al funcionamiento cotidiano de las dependencias estatales, ya que mientras la gestión propone cerrar oficinas públicas y aplicar despidos masivos de trabajadores bajo la excusa de la modernización y la incorporación de plataformas digitales, el 58% de la gente sigue prefiriendo realizar sus gestiones de forma presencial con un trabajador cara a cara, y un contundente 83% rechaza de plano y sin miramientos la posibilidad de que sistemas de inteligencia artificial reemplacen a los empleados públicos en sus puestos de trabajo, el mismo porcentaje exacto que también se niega a que los algoritmos sustituyan la labor de los dirigentes políticos, demostrando con números indiscutibles que la población exige la intervención de personas y el contacto directo para resolver las problemáticas de su barrio, en lugar de validar el modelo tecnócrata, expulsivo y deshumanizado que se aplica desde las cúpulas ministeriales.

Fuente

https://cidisp.com.ar/?postId=149