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Voces desde la ANDis: «acá Spagnuolo y los amigos de Karina Milei hicieron un desastre»
dilluns 1 de setembre de 2025, per
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Manifestación de trabajadoras y trabajadores frente a la sede central de la ANDis | Foto Nico Ramos (ANRed).
Decenas de miles de pensiones cortadas sin razón. Casi la mitad del personal despedido. Sobrecarga de trabajo en quienes quedaron. Prestaciones canceladas, con consecuencias criminales. El pago de un “plus” para quien bajara más pensiones. Y un entramado corrupto que les trabajadores siempre intuyeron. ¿Qué se dice desde adentro de la Agencia Nacional de Discapacidad? Por Daniel Satur (La Izquierda Diario).
El colectivo de personas con discapacidad no para de luchar por lo que les pertenece. Mientras siguen con atención las novedades del escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), desatado por la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, convocaron a una “barricada disca contra la corrupción y la impunidad” para este lunes a las 12 del mediodía. Fue frente a la sede central del organismo , en Ramsay 2250 del barrio porteño de Núñez.
La convocatoria de la Asamblea Discas en Lucha denunció “la alarmante situación del país consecuencia de las políticas eugenésicas de la ultraderecha”, mientras “los Hermanos Milei, el Clan Menem y Spagnulo se enriquecen a partir de las arcas del organismo”. E invita “a la comunidad toda a ser parte y difundir la ranchada y radio abierta que llevaremos adelante el lunes”.
Quienes confirmaron asistencia fueron muchas trabajadoras y trabajadores de la ANDis. Y también parte de los 600 profesionales, técnicos y especialistas que fueron despedidos por la gestión de Spagnuolo en el último año y medio. Para este informe, La Izquierda Diario recolectó información y opiniones de muchas y muchos de ellos.
En los últimos días, las grandes empresas periodísticas incorporaron en su “agenda” la cobertura de las largas filas de personas con discapacidad o familiares en la puerta de la ANDis para realizar trámites. Cada historia personal conmociona por sí misma. Sumada a otras, otras y otras, dan paso a la bronca y la indignación.
La quita inexplicable de pensiones que rondan los $ 270 mil a personas que las perciben desde hace años y cuentan con ellas para sobrevivir, es una de las facetas más perversas de las políticas “sociales” de un gobierno al que sólo le interesa la “libertad” de una minoría parasitaria para hacer negocios a costa de las mayorías.
A eso se suma la decisión de echar a casi la mitad de las trabajadoras y los trabajadores de la ANDis, sin explicar siquiera los motivos formales de cada cesantía (porque no los hay) y provocando una extenuante sobrecarga laboral en quienes quedaron. Todo lo cual resiente a su vez la atención a las personas que lo necesitan.
“Estamos viendo un retiro acelerado del Estado de sus obligaciones como garante de derechos, con la intención de destruir el entramado sociocomunitario, a través de medidas eugenésicas como los recortes, despidos y baja de pensiones en la ANDis. El mensaje es: si no tenés los recursos económicos necesarios, no me importa que te mueras”, reflexiona un miembro de la Asamblea Discas en Lucha. <https://www.anred.org/wp-content/up...>
Karina Milei, Diego Spagnuolo, Martín Menem y Javier Milei | Foto IG Diego Spagnuolo
La Izquierda Diario agradece la confianza de las y los trabajadores que dieron los testimonios que siguen. Todes se hacen cargo de lo que denuncian. Pero por razones que no se precisan aclarar, se preservan sus nombres y demás información que pueda afectarles.
Araca, la cana
La madrugada del viernes de la semana pasada, por orden del juez federal Sebastián Casanello y a pedido del fiscal Franco Picardi, además de domicilios particulares de funcionarios y empresarios fueron allanadas las tres sedes que tiene la ANDis en la Ciudad de Buenos Aires. El predio ubicado en Núñez, el edificio de Hipólito Yrigoyen 1442 y el de la Avenida Rivadavia 879.
Los efectivos de la Policía porteña dieron vuelta casi todas las oficinas, especialmente las de las áreas contables y de tesorería. Revisaron cajones, escritorios, bibliotecas, gabinetes y archiveros. Como si se hubiera requisado un aguantadero de criminales, dejaron infinidad de papeles y pertenencias de las trabajadoras y trabajadores desparramadas por el piso.
“Si buscaban algo de Spagnuolo o de la gente que trajo, no encontraron nada”, decían entre compañeros mientras acomodaban ofuscados carpetas y mobiliarios manipulados por la Policía. Es que, según las fuentes consultadas, Spagnuolo y sus funcionarios cargaban toda la actividad que realizaban en la ANDis en sus notebooks personales, que siempre llevaban y traían consigo.
Aún no trascendió si, en el marco de la causa judicial, entre las computadoras secuestradas a Spagnuolo y Daniel María Garbellini (extitular de Incluir Salud ) están las mismas que usaban en sus oficinas. Este viernes Casanello volvió a allanar las sedes de la ANDis. Parece que aún hay cosas por buscar.
A todo lo conocido se sumó, en los días siguientes a los allanamientos, el rumor lanzado desde despachos jerárquicos sobre el riesgo en el que estaría el cobro de los próximos sueldos. “Dicen que ahora hay que revisar todas las cuentas”, susurraban entre el personal quienes tienen más contacto con las autoridades.
“¡Afuera!”
El Gobierno nacional no dio nunca datos oficiales sobre la cantidad de despidos que ejecutó en la ANDis. El cacareo sobre “auditorías” de las que no se sabe nada fue el mismo que se usó para recortes y ajustes en otras dependencias. La excusa de los “ñoquis” sólo sirvió para arrasar con áreas enteras que resintieron servicios y prestaciones.
Son los mismos trabajadores y trabajadoras quienes relevaron el número de compañeras y compañeros que quedaron en la calle. Hasta mediados de 2024, luego de tres tandas de despidos masivos en febrero, marzo y abril, se calculaba que la gestión de Spagnuolo ya había despidió a no menos de 350 personas, entre trabajadoras y trabajadores sociales, técnicos, evaluadores y otras disciplinas.
“Me atrevo a decir que ya son como a 600”, dice una laburante a este medio. A ese número llega con un simple cálculo: “Cuando empezó esta gestión había casi 1.500 trabajadores y, según los últimos datos que manejamos, hoy somos poco menos de 900”. La cuenta es complicada, ya que tras aquellos despidos masivos se continuó con un proceso a cuentagotas. “Son despidos hormiga, de a cuatro o cinco, eso a largo plazo va sumando”, reflexiona. <https://www.anred.org/wp-content/up...>
El reclamo contra el ajuste en la ANDis | Fotos Nico Ramos (@phnicoramos) y Ale Wall (@alegwall)
Mucho antes de que Spagnuolo se desbocara ante quienes lo grababan en secreto, las denuncias contra su gestión se multiplicaban. Sin embargo las grandes empresas periodísticas no se hacían eco. En un programa de abril de 2024 La Izquierda Diario conversó con la licenciada Maive Carone Fernández y el técnico Gastón Chiabaut. Ella lleva años trabajando en diferentes dependencias y desde 2022 trabajaba en el área audiovisual de la ANDis. Él llevaba quince años armando las carpetas de auditorías médicas en la sede de La Plata. Fueron parte de las tandas masivas de despidos.
“Me notificaron que no se me iba a renovar el contrato y apenas horas más tarde me quitaron el acceso a mi e-mail institucional”, relató Carone Ferández. Como a otras compañeras y compañeros, de repente le prohibieron continuar sus tareas y contactarse con las personas a las que atendía. Tampoco pudo acceder más a sus recibos de sueldo ni otros documentos laborales.
“No hubo ningún criterio, nadie sabe por qué lo echaron. Tampoco por qué, después, a algunos los reincorporaron. Hubo gente que la despidieron en febrero, la reincorporaron a los pocos días y la volvieron a echar en marzo”, graficó Chiabaut el cinismo de las autoridades.
La ANDis es una de las dependencias estatales con más trabajadoras y trabajadores con discapacidad. La gestión de Spagnuolo llegó al perverso colmo de dejar en la calle a muchas de esas personas, sin siquiera explicarles el motivo. Durante un tiempo, el “no hay plata para ñoquis” les sirvió como paraguas para desguazar áreas hipersensibles del Estado y atacar a las personas más vulneradas.
Es importante decir que los despidos no podrían haber pasado sin la pasividad y complicidad de las conducciones sindicales. “ATE y UPCN nunca hicieron nada, no hubo ningún llamado a acciones de lucha, apenas algunas asambleas que no resolvían nada. En sus redes sociales los despidos masivos están ausentes. Algún que otro delegado hace declaraciones, pero no más. Y olvidate de algún patrocinio jurídico o asesoramiento”, detalla enojada una trabajadora de una de las sedes porteñas. A la mayoría de las y les despedides, los burócratas sindicales directamente les dejaron de responder las llamadas y mensajes.
Que la ANDis haya reducido en un 40 % su personal en tan poco tiempo, lógicamente impactó en la atención de las personas con discapacidad. “El achicamiento no es sólo despedir gente, porque esos despidos derivan en que los trámites tarden más, que crezcan las trabas para otorgar pensiones y, sobre todo, que se pierda el análisis de contexto, situación económica y otros condicionantes de las personas con discapacidad”, cuenta un trabajador que viene zafando de la lotería de despidos.
Muchas y muchos de los echados se dedicaban a articular con escuelas, hospitales, clubes y diversas dependencias públicas. Esas tareas les fueron recargadas a otras trabajadoras y trabajadores, haciendo imposible la continuidad de lo que se venía haciendo. Así, las complicaciones se multiplicaron en varios terrenos para la vida cotidiana de las personas con discapacidad.
Inhumanas bajas
“Las pensiones no son subsidios, son un derecho provisional adquirido, no se puede ir marcha atrás por capricho. Pero esto no es nuevo, hace años que enfrentamos una campaña de desprestigio. Durante el macrismo se llegó a dar de baja unas 160 mil pensiones”, dicen desde la Asamblea Discas en Lucha, que congrega a personas con discapacidad y viene unificando el reclamo con trabajadoras y trabajadores de la ANDis.
Antes de que comenzaran las supuestas auditorias, el Gobierno y sus voceros mediáticos ya agitaban que habría unas 80.000. Recién el pasado 8 de agosto el vocero presidencial Manuel Adorni informó que “la Agencia Nacional de Discapacidad ya suspendió 110.522 pensiones que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores”. En su reciente presentación en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete Guillermo Francos actualizó la cifra a 111.463. Para el Gobierno, “las principales razones detrás de las suspensiones incluyen el no cumplimiento de los requisitos mínimos, así como la inasistencia reiterada a las auditorías convocadas sin justificativos”.
Lo que no pueden mostrar Adorni y Francos son las conclusiones detalladas y certeras de las supuestas auditorías realizadas por Spagnuolo. Simplemente porque no existen. Poco antes de que él dieran esose números, asociaciones y profesionales especializades en discapacidad y derechos humanos difundieron públicamente un documento donde detallaban las irregularidades de esas “auditorías”. <https://www.anred.org/wp-content/up...>
Movilización en las afueras del Congreso en reclamo de la Emergnecia en Discapacidad | Foto Silvana Safenreiter – Enfoque Rojo
El Gobierno se negó durante meses a informar a cuánta gente Spagnuolo y sus subalternos le arrancaron las pensiones. Las más de 111 mil bajas oficializadas eran un piso. De no haber aparecido los audios de las coimas, se proponían triplicar ese número. Trabajadores de la agencia dijeron a este diario que el lunes 18, dos días antes de que estallara el escándalo, escucharon al propio Spagnuolo decir que las bajas “ya eran 130.000”. Y que para fin de año esperaban llegar a 400.000. Una masacre.
En uno de los audios sacados a la luz Spagnuolo decía: “Dar de baja las pensiones es mi trabajo”. Según un estudio difundido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) , la “motosierra” aplicada contra usuarios y trabajadores alcanzó al 23 % (real, descontando la inflación) del presupuesto de la ANDis.
Al igual que con los despidos de personal, las bajas en las pensiones se dieron con el único criterio de gastar lo menos posible, sin importar quién cayera en la volteada. Tratándose de situaciones muchas veces límite, donde la ausencia de una pensión (por miserable que sea) puede complicar mucho más las cosas, el nivel de perversión se multiplica.
Laburantes de la ANDis no descartan “casos de personas que no cumplieran con las condiciones” e incluso que pudieran haber “avivadas” a las que se hizo la vista gorda. “Eso pasó siempre, pero no mueve el amperímetro, la enorme mayoría de las pensiones se otorgan a partir del trabajo de muchas y muchos compañeros que verifican caso por caso”, dice una trabajadora muy enojada con todo lo que se está revelando.
También dicen que hubo quienes, ante la ausencia de algún papel o cierta irregularidad, “se dieron de baja voluntariamente porque los llamaban desde la agencia y los amenazaban con judicializarlos”. Aclaran que eso no significa que fueran personas sin discapacidad, sino que ante un apriete del propio Estado prefirieron resignar el ingreso y no ser víctimas del armado de una causa que los mande a la cárcel.
Spagnuolo modificó de manera restrictiva las condiciones para tramitar una pensión, contradiciendo las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. “Puede que haya personas que antes encuadraban para recibir una pensión y ahora no. Es que la gente va cambiando sus situaciones de vida, a veces para peor y otras para mejor, y puede ocurrir que en el momento de tramitarla cumpliera con las condiciones. Pero eso no significa que sea un chanchullo, sino que el sistema no tiene una actualización permanente”, reflexionan desde una oficina de la sede central.
Muchas de las notificaciones que la ANDis envió a titulares de pensiones, en las que se las exhortaba a presentar nueva documentación para las auditorías, nunca llegaron a destino y, sin embargo, las autoridades las dieron de baja igual. Según un pedido de información pública realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), un 46 % de las cartas documentos que se enviaron no pudieron ser entregadas. “Los beneficiarios son muy diversos, lo que obliga a certificar que cada notificación realmente llegue a cada persona. Nada de eso se hizo”, aseguran los laburantes.
De las que sí llegaron, hubo casos en que lo hicieron con muy poco tiempo de antelación a la fecha límite para entregar la documentación pedida. Muchos de esos trámites, como la obtención del Certificado Médico Obligatorio (CMO), sólo pueden ser expedidos por el mismo sistema público de salud que el Gobierno ajusta y vacía. “Es imposible conseguir los turnos para especialistas, incluso estudios, en el poquísimo tiempo que les dieron”, comentan.
“Encima hay gente a la que mandan a hacer los trámites a lugares que ya no funcionan o a direcciones inexactas. Y cuando al final un usuario llega a una dirección real, lo obligan a hacer filas eternas, sin poder sentarse ni tomar agua, sin baños y a la intemperie. No todo el mundo puede resistir eso”, dice un trabajador que atiende todos los días a esas personas.
“A mí me tocó hablar con gente a las que la habían citado en lugares diametralmente opuestos a sus domicilios. Muchos no se pueden trasladar a menos que tengan plata para un taxi, remis o Uber, que encima muchas veces se niegan a trasladar personas con discapacidad”, agrega un compañero. <https://www.anred.org/wp-content/up...>
Asamblea Discas en Lucha confluye con la Asamblea de Acompañantes Terapéuticos | Foto Enfoque Rojo
Concurso de porquería
La gestión de Spagnuolo montó una especie de competencia interna para ver quién, a cambio de una mejor paga, ejecutaba más bajas de pensiones. “Nos dijeron que iban a dar de baja unas cuatro mil pensiones y para eso necesitaban dos administrativos de cada área”, dice un trabajador a este diario. La convocatoria se extendió a casi toda la agencia.
Nunca antes se había realizado una tarea así, por lo que las autoridades ofrecían un plus que hacían pasar como “horas extras” (aún si quienes aceptaban lo hacían dentro del horario laboral). Muchas y muchos se negaron a colaborar con semejante perversidad. Además de que algo así nunca había sido parte de su rutina, buena parte del personal no estaba dispuesto a venderse para acelerar “la motosierra”.
Excluir Salud
Daniel María Garbellini era, hasta el miércoles 20, el director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDis. Desde ese cargo manejaba el programa Incluir Salud , una especie de obra social a la que acceden beneficiarios de pensiones que no tienen otra cobertura. Además de los despidos masivos de empleadas y empleados, la ANDis también recortó miles de prestaciones. Al tiempo que dejaba a mucha gente sin asistencia, le sacaron el ingreso a profesionales y asistentes.
Garbellini es a quien Spagnuolo menciona en los audios como el enviado de Eduardo “Lule” Menem a la agencia para manejar “la caja”. A diferencia del examigo y exabogado de Milei, el hombre lleva más de dos décadas ocupando cargos públicos, casi siempre en el área de “compras” de medicamentos y otros insumos a grandes laboratorios y droguerías para abastecer el sistema de salud pública.
Incluir es una de las “cajas” más codiciadas dentro del Estado. De allí el ojo que le echaron de entrada los primos Menem. Además de dar prestaciones de salud, rehabilitación y educación, se encarga de comprar remedios de alto costo. Aún con la “motosierra” en marcha, es una usina de miles de millones de pesos mes a mes. Es inevitable pensar que la “queja” de Spagnuolo contra Karina, Lule y Garbellini por la apropiación del programa esconde, en realidad, un reproche por dejarlo afuera.
“En lo que va de esta gestión hubo varios hechos de corrupción alrededor del Incluir , la mayoría por coimas”, coinciden varies laburantes de la ANDis. Es una anécdota repetida que “hubo varios prestadores del interior que fueron a la sede central a denunciar que, para liberar los pagos de Nación a las provincias, los representantes locales de Incluir Salud les pedían coimas. Algunas de esas denuncias llegaron a la Oficina Anticorrupción . No es solamente Suizo Argentina , todo el sistema es corrupto”, sentencian.
El teléfono celular de Garbellini está en poder del juez Sebastián Casanello. Lo está analizando la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip). ¿Encontrarán los peritos del Ministerio Público Fiscal las llamadas, mensajes y archivos intercambiados por el titular de Incluir con los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, los dueños de Droguería Suizo Argentina ? Más de uno debe estar esperando que las pericias sean deficientes. Se verá.
Spagnuolo deja entrever en los audios que se reunió varias veces con proveedores que llegaban desde las provincias a reclamar que la gente de Garbellini dejara de coimear tanto. O al menos que volviera al “tarifario” anterior, sin el 3 % adjudicado a Karina. En los pasillos de la ANDis agregan que, más de una vez, a esas reuniones el director fue acompañado de Iñaki Gutiérrez, el tiktoker que supo manejarle la cuenta de esa red social a Javier Milei y milita a las órdenes de “El Jefe”.
“¿Cómo no iban a estar enterados de las coimas en la agencia si Sapagnuolo y hasta Iñaki lo sabían?”, dicen dibujando una sonrisa quienes llevan años sosteniendo día a día la ANDis. Incluso en esas oficinas es vox populi que en un momento Spagnuolo decidió bajar varios cambios y dejar de hablar tanto del tema. “Le dieron la orden de arriba de cajonear todo y no habló más”, especulan quienes presenciaron todo el proceso.
Inclemente Clemencot
Cecilia Clemencot tiene 41 años, es ciega y de profesión abogada. De íntima relación con el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires (donde estuvo años en la Comisión de Discapacidad), integró varias ONG. En 2019, gracias a algunos buenos contactos, empezó a trabajar “ad honorem” en la ANDis, creada apenas un año antes. Tras participar en “grupos de trabajo” del Observatorio de la Discapacidad, en 2022 ya la llamaban “asesora”.
En marzo de 2023, cuando la ANDis era conducida por Fernando Galarraga, Alberto Fernández firmó un decreto nombrando a Clemencot directora de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional de la Dirección Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad de la ANDis.
Ese año, en claro agradecimiento a semejante consideración, ella militó convencida la campaña presidencial de Unión por la Patria. Junto a La Cámpora, Nuevo Encuentro, Movimiento Evita, Patria Grande, las 62 Organizaciones Gremiales y otras orgas peronistas, formaron el Colectivo de Personas con Discapacidad que llamó a votar a la fórmula Massa-Rossi en el balotaje contra Milei-Villarruel. Pese a ello, cuando La Libertad Avanza puso a Spagnuolo al frente de la ANDis, éste le confío la continuidad en el cargo.
A fines de abril la ANDis organizó una capacitación sobre “accesibilidad universal” para sus empleados, brindada por la empresa isralí Negitech . La firma dedicada a “soluciones tecnológicas para problemas de accesibilidad” es de Eric Hecht, un argentino con discapacidad motriz que vive hace treinta años en Israel. En su calidad de CEO de la empresa, a Hecht suelen entrevistarlo en medios oficialistas como Rivadavia, El Observador o Neura. <https://www.anred.org/wp-content/up...>
Cecilia Clemencot | Foto ANDis
Dato no menor. Hecht es un colaborador directo del gobierno genocida de Benjamin Netanyahu, que día a día deja miles de niñas, niños, adultos y ancianos con las más diversas discapacidades (cuando no las mata de hambre). Fue él quien en febrero recibió en Tel Aviv al propio Spagnuolo, quien hizo un viaje de diez días (con la nuestra) para “estudiar sistemas de accesibilidad”.
El periodista Pablo Varela difundió recientemente en el diario Perfil que Hecht facturó no menos de $ 170 millones para realizar aquella capacitación en las sedes porteñas de la ANDis y también en dependencias provinciales de San Luis y Tucumán. El pago se habría hecho con fondos del BID obtenidos en 2023 por el Gobierno de Alberto Fernández.
“En temas de discapacidad la perspectiva que tiene esa empresa isarelí es muy dudosa y, además, a muchos los obligaron a hacer esa capacitación”, dicen en los pasillos de la ANDis. Para preparar el curso, en una comunicación interna que llegó a todas las dependencias, las autoridades exigían la selección de una cantidad determinada de cursantes y su inscripción para pasarles lista. “Para cualquier consulta”, figuraba un número de teléfono: el de Cecilia Clemencot.
El peor saqueo
Este miércoles el jefe de Gabinete Guillermo Francos presentó su “informe de gestión” ante la Cámara de Diputados. Allí el tema excluyente fue la revelación de los audios de Spagnuolo y sus derivaciones, sobre todo la sospecha fundada de que Karina Milei y su asesor Lule Menem participan de un entramado de coimas junto a los dueños de la Droguería Suizo Argentina.
Como relató Jesica Calcagno en su crónica parlamentaria , Francos repitió como un mantra la frase de su jefe: “No vinimos a hacernos los buenos, vinimos a hacer el bien”. Y a renglón seguido reiteró que “el déficit cero es la premisa del gobierno”. Manipulando datos y contextos, repitió la sandez de que “cómo puede ser” que en veinte años haya aumentado el número de personas con discapacidad como si Argentina hubiera “sufrido una guerra”. De todos modos, no respondió si pondría las manos en el fuego por la hermana del Presidente y los primos Menem.
El diputado jujeño Alejandro Vilca , que trabajó años recolectando residuos en el barrio Alto Comedero, le hizo una pregunta concreta al millonario ministro: “¿No le llamó la atención que crecieran 2.600 % los contratos con la Droguería Suizo Argentina?” El jefe de Gabinete no respondió. Su compañero de la bancada del Frente de Izquierda Christian Castillo le pidió explicaciones sobre los cientos de despidos en la ANDis y, mirándolo a los ojos, sentenció: “A ustedes se les cayó el relato, pidieron sacrificios a la gente, mientras ustedes tenían la caja de recaudación”. Nuevamente, silencio.
Es altamente comprensible el odio popular que genera el descubrimiento del saqueo a las arcas públicas por parte de un grupo de fachos que llegaron al poder gritando “¡libertad!” y prometiendo combatir a “la casta”. El brócoli y las piedras que vuelan sobre sus cabezas en Junín, Lomas de Zamora, Corrientes o cualquier lugar que pisen son una respuesta asqueada a tanta mentira.
Tan comprensible es eso como necesario sumar cada vez más voluntades y organizarse desde abajo, en cada lugar de trabajo, estudio y en cada barrio. Movilizarse masivamente y no darle más tregua a quienes le roban a quienes menos tienen.
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