Otro docente sumariado y despedido por hablar de Gaza

El 12 de abril, Daniel Otero, docente de geografía en el Instituto San José de la Ciudad de Buenos Aires, recibió la notificación de que el colegio había decidido apartarlo de su cargo tras una denuncia en su contra por supuesta incitación a la violencia contra el presidente Milei y su vocero Adorni. La carta documento mencionaba el estatuto docente de CABA, la Ley de Educación y la legislación laboral vigente.

La notificación de despido fue firmada por el director de la institución, José María La Grecca, quien previamente lo había llamado por teléfono para informarle que la denuncia provenía de un padre de sus alumnos. Sorprendido por lo ocurrido, Daniel pidió ejercer su derecho a réplica: “Nunca pude haber dicho que había que matar al presidente ni nada que incite a la violencia. Hace años que trabajo en la escuela y es ridículo pensar algo así”, expresó en diálogo con ANRed. La acusación hablaba de un supuesto uso de “lenguaje soez y vulgar” que los estudiantes de cuarto año habrían tenido que “soportar”. Con ese curso, Daniel trabaja desde la geógrafia temas históricos que van desde el modelo agroexportador hasta los procesos neoliberales en la Argentina. Según relató, las autoridades del colegio no querían elevar el caso al Ministerio de Educación y optaron por suspenderlo unos días.

Oriundo de Lanús y actualmente residente en Almagro, adonde se mudó por motivos personales y laborales, Daniel dicta clases en dos escuelas públicas y en el Instituto San José como profesor de Geografía. En sus clases suele recurrir a fragmentos de literatura y música como recurso pedagógico.

Daniel respondió a la denuncia con el correspondiente descargo, aquí el fragmento final:

«A la vez, considero que la enseñanza-aprendizaje debe ser sostenida dentro de un marco de respeto con el otro, hacia el otro y en la aceptación de las diferencias como fenómeno enriquecedor del conocimiento, considerando a los y las estudiantes como sujetos plenos de derecho. Señor Representante Legal, este es mi descargo. Debido a una denuncia ciertamente malintencionada, cuyos fines desconozco, por la cual me encuentro inmerso en esta situación debido a dichos que se me atribuyen, que no he realizado. Respondo a las imputaciones formuladas solo con esta presentación, avalada por mi trayectoria en este establecimiento. Las explicaciones aquí dadas son las únicas pruebas que puedo aportar para acreditar mi adecuado desempeño docente pues no me parece procedente involucrar a los alumnos en esta cuestión. Pido, pues, el rechazo de la denuncia formulada, fundada en la mera manifestación del denunciante».

La segunda acusación por «antisemitismo»

Una semana después llegó una segunda acusación que lo sorprendió aún más. El representante legal le comunicó que el mismo padre había denunciado que “el profesor daba contenidos antisemitas” en la materia Geografía Mundial de segundo año. “La currícula de la Ciudad me habilita a dar ‘conflictos sociales’, y por eso enseño el conflicto árabe-israelí. Lo hago desde que empecé a dar clases, hace más de diez años, tanto en CABA como en Provincia y en niveles superiores. Me parece un tema fundamental, sobre todo en estos tiempos”, explicó. Según la denuncia, el supuesto contenido “antisemita” se basaba en críticas al Estado de Israel.

En la entrevista con ANRed, Daniel mostró los materiales que utiliza en clase: textos de autores españoles que presentan una descripción cronológica del conflicto, un mapa que expone la expansión del Estado de Israel sobre tierras palestinas —muy difundido en redes sociales desde hace años— y la canción Memorias de muerte de la banda española La Polla Records. Este último recurso fue uno de los argumentos de la denuncia, aunque la letra no habla de terrorismo, sino de la intifada, la rebelión popular palestina, un acontecimiento social ampliamente reconocido, que enfrentó con piedras a las fuerzas israelíes. “La Polla Records es una banda anarquista, no antijudía ni racista. La letra habla de resistencia palestina en la llamada ‘guerra de las piedras’. Podrá ser antiestatista, pero nunca antisemita”, aclaró el docente.

Si bien la denuncia nunca fue presentada ante el Ministerio de Educación, sí llegó a la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), que la incluyó en su informe anual sobre antisemitismo en el país. Ese documento de 2024 evidenció la banalización de la judeofobia, con ejemplos insólitos que circularon en redes sociales, entre ellos el caso de Daniel Otero.

La DAIA ha desarrollado una estrategia que identifica a toda la comunidad judía con los intereses del sionismo y con la política del Estado de Israel, utilizando esa posición para perseguir a quienes denuncian el genocidio en Gaza. De manera directa o indirecta ha señalado a personalidades públicas, dirigentes políticos y periodistas. Entre los casos más conocidos figuran la persecución a dirigentes de izquierda en Argentina, la intervención de Miriam Bregman en el debate presidencial —cuando fue la única candidata que se solidarizó con el pueblo palestino— y el procesamiento de Alejandro Bodart y Vanina Biasi tras sus denuncias contra el sionismo, en una causa en la que la DAIA fue querellante. También se registraron señalamientos y persecusión contra civiles y personalidades. algunos de los casos notorios fueron con el periodista Alejandro Bercovich y con el actor Norman Briski , quien expresó su postura crítica en la entrega de los premios Martín Fierro.

La lista es extensa, y la DAIA también interviene en el ámbito educativo bajo la bandera de “combatir el antisemitismo”, ya sea impulsando propuestas para endurecer las penas en la legislación vigente o hostigando a docentes. Ejemplos recientes son el caso de Ana Contreras en La Pampa y los profesores de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos “Edward Said” en la UBA. Para profundizar en el último informe de la DAIA, recomendamos la nota de Iván Zeta, integrante de Judíes por Palestina, en Prensa Obrera.

En el descargo, el docente, rechazo de plano las acusaciones y alegó «persecución ideológica». Y comenzó un reclamo judicial por múltiples falencias ante su despido. El sumario administrativo no contempló los procedimientos del Estatuto del Docente, Ordenanza 40593.

«Las acusaciones son gravísimas. Me señalaron como racista, antisemita, violento», nos contó Daniel que explicó que el delito doloso por el que era acusado incurría en el delito de calumnia, pues no había ninguna prueba ni siquiera cercana, «un disparate acusar sin fundamento y que me despidas así nomas. Claramente no me querían en la escuela por una cuestión ideológica. Aun que el programa que yo daba en esa cursada ya la había presentado a la dirección al inicio del año».

Mientras se termina de cerrar esta nota, la noticia es que Federico Puy , maestro de grado, es sumariado por haber realizado un homenaje a las y los maestros palestinos.

Los vinculos de la institución San José y el gobierno de Macri

El Gobierno de la Ciudad, bajo la gestión de Mauricio Macri, impulsó un proyecto para ceder gratuitamente durante treinta años un terreno fiscal de 35mil metros cuadrados en Villa Lugano, dentro del barrio Piedrabuena, al Instituto Nuestra Señora de la Paz. La medida generó fuertes cuestionamientos porque en paralelo existía la propuesta de destinar ese espacio al Polo Educativo Piedrabuena, pensado para ampliar la oferta de escuelas públicas en una de las zonas mas vulnerables de la Ciudad.

En el centro de la polémica aparece José María La Greca, director del Instituto Nuestra Señora de la Paz y a la vez vicepresidente (hoy, rector) del Consejo de Educación Católica (Consudec). Desde ese doble rol, La Greca quedó directamente ligado a la decisión del gobierno porteño de favorecer a la institución que dirige, en un movimiento que fue leído como parte de una política más amplia de concesión de funciones públicas a actores privados en el terreno educativo. La justificación oficial señalaba que la fundación a cargo del colegio desarrollaría una tarea educativa integral y comunitaria, pero para la oposición y las organizaciones barriales se trataba de un traspaso encubierto de responsabilidades estatales. La Greca también es representante legal de la Academia Nacional de Educación y asesor del arzobispo de Buenos Aires.

Durante dos décadas las comunidades educativas del barrio habían reclamado ese mismo terreno para la construcción de escuelas públicas, pero siempre se les negó con el argumento de que pertenecía a otra jurisdicción o que era difícil transferirlo al área de Educación. Esa negativa contrastaba con la facilidad que el gobierno porteño entregó a una institución privada.

Ante el escandalo que generó ceder gratuitamente terrenos destinados para la educación pública a una institución privada en el 2012 se sancionó la Ley 4436 que indicaba que el gobierno porteño debía construir un Polo Educativo: cuatro obras: “un edificio escolar destinado a la Escuela de Educación Media Nº1”, otro “destinado al Area de la Educación Inicial”, otro para el “Area de Educación Especial” y “un complejo polideportivo recreativo”. Para ello, en 2013 fue asignado un presupuesto de 30 millones de pesos. Nada de eso sucedió pero el Instituto Nuestra Señora de la Paz, avanzo con el predio. En el 2014 llegaron aulas constainers para reemplazar lo sansionado el la Ley. Los vecinos impidieron su instalaciones. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

La Greca junto a Mauricio Macri yh asoma Monseñor Poli, en la firma del acta para la colocación de la piedra fundamental que inició la ampliación de las obras del instituto educativo Nuestra Señora de la Paz. en mayo del 2013.