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«Operativo Roca»: ahora los militares podrán detener civiles en la frontera norte
dilluns 5 de maig de 2025, per
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“Es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes”, escribió en X el ministro de Defensa Luis Petri, tras las repercusiones de su anuncio: ahora los militares podrán detener civiles en la frontera norte con la excusa de flagancia. Esta medida forma parte de la ampliación del Plan Güemes, despliegue que terminó con la vida de Fernando Gómez , trabajador informal de la frontera (Orán, Salta). Ahora, el denominado «Operativo Roca», como una apología al Genocidio indígena, viene a «complementar» el despliegue represivo y la criminalización anticipada: A través de la resolución 347/2025 , el ministro ordenó el despliegue de las fuerzas armadas, en coordinación con el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, en «la Zona de Seguridad de Fronteras Norte y Noreste, desde el 15 de abril al 15 de diciembre del 2025». Ya son dos los ex ministros de defensa que se han pronunciado a partir de los anuncios de Petri, ya que la detención de civiles por parte de los militares choca con la Ley de Seguridad Interior. Los anuncios se dieron sin el apoyo del Congreso para modificar esta ley. El rol en la frontera de los militares es, según la legislación vigente, el apoyo logístico y operativo, sin contacto con civiles. Por ANRed.
Contexto
«Ampliar» el Plan Güemes
Plan originalmente impulsado por Bullrich, ya tiene un asesinado, Fernando Gómez , y tres personas heridas y ninguna solución para la precarización laboral que aqueja a la provincia de Salta. Mientras se profundiza la recesión y la falta de empleo de calidad, la única respuesta que ofrecen los distintos gobiernos vuelve a ser la represión. <https://www.anred.org/wp-content/up...>
Fernando Gómez, asesinado durante un operativo del Plan Güemes.
Desde la Cátedra Libre «Saberes, creencias y luchas de los Pueblos Originarios» dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, manifestaron su preocupación en razón de que las Fuerzas Armadas serán desplegadas «en zonas que no son urbanas y que no son pasos legales habilitados», ya que se trata de «espacios por lo que suelen transitar diariamente miembros de las diversas comunidades de los pueblos originarios de ambas regiones, quienes frecuentemente suelen ser criminalizados».
«Operación Roca»: apología al genocidio y criminalización de la identidad
¿Qué es la flagancia?
La ley 27.272 establece un nuevo procedimiento para los casos en que el autor de un delito es sorprendido en el momento de cometerlo.
Secretismo y redes sociales
Según una publicación del diario Clarín (15/04/2025): “se establecerán las reglas de empeñamiento que determinarán el accionar de las Fuerzas Armadas”, agrega la resolución. Pero esas reglas de empeñamiento están en el anexo “IF-2025-38364468-APNEMCO#MD” de la resolución y es de “carácter reservado”. Más adelante, dicen que Petri encontró un «atajo jurídico» que permitiría a los militares realizar tareas de seguridad interior en vistas de que el Congreso frenó, a mediados del año pasado, la modificación de dicha ley. <https://www.anred.org/wp-content/up...>
El ministro Petri defiende el Operativo Roca en la red social X
El ex Ministro de Defensa, Agustín Rossi, le respondió en la misma red social: «La medida no es controversial, es ILEGAL. Ahora sabemos porque Petri mantenía en secreto las Reglas de Empeñamiento: van en sentido contrario a lo que prescriben las leyes de defensa y de seguridad interior. El personal militar que acate estas órdenes está absolutamente desprotegido legalmente, lo obligan a hacer tareas que corresponden a las fuerzas de seguridad y que están taxativamente prohibidas por las leyes vigentes. Intentaron modificar la ley de Seguridad Interior con un proyecto que no tuvo consenso en Diputados y ahora lo hacen con una … “Resolución Ministerial”, tan floja de papeles, que la hicieron secreta«.
¿Pueden los militares detener civiles?
Los militares, según la legislación actual, no tienen competencia en seguridad interior (Ley de seguridad Interior 24.059), excepto ante la existencia de un decreto presidencial Y acuerdo legislativo.
Los únicos habilitados a detener civiles, ya sea en flagancia o por orden judicial, es la Gendarmería. Quienes, por otra parte, tienen completa competencia en seguridad interior según indica la legislación vigente (Ley de Seguridad interior y Ley Orgánica 19.349). Pueden, por ley, detener, requisar, retener pruebas. La ley contempla que en caso de tener que presentarse ante el poder judicial por alguna causa en torno al ejercicio de sus funciones, serán protegidos por el Ministerio de Seguridad, recibirán abogados del Estado y cobertura plena.
Los militares, ante un caso de flagancia, solo pueden intervenir como ciudadano. Caso contrario, corren riesgo de una imputación penal y/o sumario militar, además, deberán exponerse personalmente ante el poder judicial, con posible abandono institucional (Ley de Defensa Nacional 23.554).
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