Mendoza: Audiencia de Nulidad en la causa contra dos asambleístas de Uspallata

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La lucha de los vecinos que defienden el agua contra la mega minería en Mendoza, lleva varios capítulos. Hoy, viernes 12 de diciembre, hubo una Audiencia de Nulidad en el marco de la causa que tiene a dos asambleístas de Uspallata como imputados, Mauricio Cornejo y Federico Soria. En enero de este año, una patota de la UOCRA violentó la manifestación de los vecinos que se oponían a la instalación de las oficinas de la Cámara de Proveedores Mineros en el pueblo. Amenazas coactivas, agrupación para la coerción ideológica, privación de la libertad e interrupción de una reunión pública, son las acusaciones que se les imputan.

Por ANRed

En el marco de la causa persecutoria contra vecinos de Uspallata, en el día de la fecha se inició la Audiencia de Nulidad, que viene siendo solicitada desde hace 5 meses y pospuesta en varias oportunidades desde entonces. En virtud de que la jueza Claudia Tula desconocía las nuevas acusaciones del fiscal Juan Manuel Sánchez en contra de Mauricio Cornejo y Federico Soria (miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata), se procedió a la lectura del nuevo avoque, donde se los imputa por amenazas coactivas, agrupación para la coerción ideológica, privación de la libertad e interrupción de una reunión pública.

La jueza recordó que meses atrás se declaró incompetente, porque la segunda de las acusaciones es un delito federal, agregando que posteriormente el juez federal dio por no acreditado dicho delito, devolviendo las actuaciones. Por consiguiente, de continuar el fiscal manteniendo la acusación, la jueza debería ordenar el giro de las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para resolver el conflicto de interés jurisdiccional.

Alfredo Guevara, abogado defensor de Federico Soria, expuso numerosos argumentos para solicitar la nulidad de la acusación, empezando por lo que dijo la jueza al principio. No obstante, hizo mucho hincapié en la negativa del fiscal a acumular esta causa con la denuncia de Flavio González por lesiones graves provocadas por integrantes de la patota de la UOCRA (hecho ocurrido el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar y bajo las mismas circunstancias), recordando que las presentes actuaciones se inician por una llamada al 911 de la esposa del atacado, cuestión que consta en el acta policial, sin que este hecho haya sido investigado por el fiscal como parte de esta causa.

Esto es fundamental, ya que con la acreditación de este hecho incontrastable, se desmorona la teoría del fiscal de que supuestamente la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata es una organización terrorista y que sus miembros han iniciado desmanes y agresiones, cuando los videos ofrecidos como prueba muestran lo contrario.

Pero además, los únicos heridos que acreditaron lesiones son asambleístas golpeados por la patota de la UOCRA, traída a Uspallata por el gobierno y los empresarios mineros, que por cierto, no pudieron acreditar ningún tipo de agresiones físicas o privación de la libertad en sus testimoniales.

Se volvió a remarcar la falsedad de adjudicar a los acusados el atentado incendiario de falsa bandera, provocado por el “Mostro” González, volviendo a recordar que no existe ninguna prueba de que él o su hija Leticia, (también imputada) tengan vínculo o contacto alguno con Federico Soria o Mauricio Cornejo o el resto de los miembros de la Asamblea, las pericias de los celulares secuestrados no revelaron absolutamente nada esclarecedor en este sentido.

Se reiteró, que por el contrario (y de acuerdo a pruebas presentadas), ambos imputados son simpatizantes de la UCR. A su vez, son padre y hermana respectivamente, de Estefanía González, vicepresidenta de la Juventud Radical del Comité de Las Heras, presidido por el Intendente Francisco Lo Presti (denunciado en esta causa por falso testimonio).

Con respecto al más grave de los delitos, el de amenazas coactivas, se demostró que no hay ninguna prueba y que ni siquiera las declaraciones contradictorias del denunciante acreditan el carácter coactivo de las supuestas amenazas que esgrime. La única prueba fuera de sus dichos, es la testimonial del testigo Daniel Fernández, que acusó a Mauricio Cornejo y Federico Soria de amenazar e incitar a la violencia, ofreciendo como pruebas chats de whatsapp que no acreditan tal acusación, cuestión que lo deja al borde del falso testimonio.

Se remarcó el carácter persecutorio que tiene esta causa, violatoria del Acuerdo Escazú, por perseguir a defensores del agua que estaban haciendo uso del derecho a la protesta, se citó jurisprudencia en este sentido.

Guevara remarcó todas y cada una de las arbitrariedades y omisiones de pruebas y testimoniales por parte del fiscal para construir una acusación falsa, a partir de un relato inventado, con detalles que no figuran en ninguna de las 4 declaraciones contradictorias del denunciante y eligiendo al azar a dos personas, siendo que en las denuncias se acusa a más de 30, de las que a 5 de las cuales les atribuye las supuestas amenazas coactivas.

Recordó que el fiscal Sánchez está denunciado por prevaricato y privación ilegítima de la libertad. Finalmente se dejó por sentado que, de continuar con esta suma de arbitrariedades, se estaría violando el estado de derecho.

La jueza solicitó un cuarto intermedio para continuar la audiencia y el fiscal (visiblemente ofuscado) le solicitó que se reanudara antes de fin de año, a lo que la jueza respondió que eso no sería posible por razones de agenda.

Una vez más quedaron expuestas las arbitrariedades de esta causa armada por el Gobierno de Mendoza, por cuenta y orden de Minera San Jorge; cuya dueña, la corporación Solway, lleva a cabo estas prácticas persecutorias y demás violaciones a los derechos humanos, en diferentes partes del mundo donde pretenden imponer sus explotaciones con mano dura y toda clase de atropellos, eludiendo la falta de licencia social.