Los cuatro de Guayaquil, un crimen ejecutado por la gubernamentalidad necroliberal

A partir del 9 de enero del 2024, día en que el presidente Daniel Noboa, por decreto presidencial, reconoce la existencia de un conflicto armado no internacional (CANI) en el Ecuador y declara a 12 grupos de delincuencia organizada (GDO) como terroristas, se instala en el país una “política de seguridad” basada en la militarización y continuos estados de excepción. Esta visión policiaca de la seguridad conllevó una serie de violaciones a los derechos humanos de la población carcelaria, pero también, de la población más empobrecida del país. Se desató una persecución a jóvenes de las provincias costeras, de los barrios marginales y, sobre todo, de la cultura afrodescendiente, históricamente excluida de los derechos sociales. Por las redes sociales circulaban videos donde miembros de las FFAA perseguían, golpeaban, humillaban y apresaban a niños, adolescentes y jóvenes estigmatizados como delincuentes, terroristas y narcotraficantes. La mayoría de estos jóvenes, sino todos, eran visiblemente empobrecidos económica, social y culturalmente.

La propaganda de los grandes medios de comunicación empresariales y del propio gobierno mostraban los actos de violación a los derechos humanos como parte de la guerra contra el “narcoterrorismo”, y alentaba a la población a apoyar esta política gubernamental. Se levantó una campaña en redes digitales en contra de todas las organizaciones de Derechos Humanos que denunciaban estos atropellos, acusándolas de “defender a criminales”. Lamentablemente, esta propaganda ideológica anti-derechos caló en grandes sectores de la sociedad que, atrapados en el miedo por el avance de la criminalidad y el narcotráfico, apoyaban estos actos de violencia gubernamental.

Durante los meses que siguieron a la declaratoria, hubo varias denuncias de desaparición de personas a manos de los militares e incluso de ejecuciones extrajudiciales que fueron justificadas por “la lucha en contra del narcoterrorismo”. La complicidad entre el Estado y grandes sectores de la sociedad, que admitió las violaciones de los derechos humanos, condujo al fatídico 8 de diciembre de 2024 en el cual 3 adolescentes -Ismael Arroyo (15 años), Josué Arroyo (14 años), Nehemías Arboleda (15 años) – y 1 niño Steven Medina (11 años) fueron apresados y desaparecidos por miembros de las Fuerzas Armadas. 15 días después, el 24 de diciembre, 4 cuerpos torturados, asesinados y calcinados fueron encontrados; las pruebas de ADN confirmaron que se trataba de Ismael, Josué, Nehemías y Steven. 16 militares implicados en la desaparición forzada fueron apresados. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y el gobierno apoyaron la versión de inocencia de los militares quienes decían que ellos los habían abandonado vivos en una zona cercana a la base militar a la que pertenecían, área que queda a varios kilómetros del lugar del apresamiento y del barrio donde vivían los menores.

Ante este crimen atroz, varias organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos reaccionaron, protestaron y exigieron justicia para los jóvenes y las familias, al tiempo que salieron a la luz otros casos de desapariciones forzadas en el contexto de la guerra interna. Frente a esta protesta social, las autoridades gubernamentales, los medios empresariales y varios opinadores en redes sociales insinuaron, en unos casos, y, en otros, aseguraron que los jóvenes habían sido asesinados por grupos criminales ligados al narcotráfico. Idea que implicaba a los jóvenes en actividades ilícitas, en un ejercicio de clara racialización y clasismo de la criminalidad, que buscaba justificar el brutal crimen cometido, así como, la política de violación de los derechos humanos del gobierno. También se buscaba, la impunidad de los responsables individuales e institucionales del crimen.

A los 4 meses del hallazgo de los cuerpos de las víctimas, 4 de los 16 imputados, acogiéndose a la cooperación eficaz, testifican que los tres adolescentes y el niño fueron torturados antes de ser asesinados. Se confirma con estas declaraciones lo que ya la sociedad conocía, pero sobre todo se confirma que la declaratoria de la guerra interna contra el narcoterrorismo abrió las puertas a la instalación de un tipo de gubernamentalidad necroliberal, una política de control poblacional basada en la distribución de la muerte que se efectiviza en la necropolítica de seguridad.

La distribución de la muerte no tiene únicamente que ver con las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales denunciadas, tiene que ver con saberes y técnicas que se aplican en la administración de las cárceles, en la destrucción de toda política social distribuida social y geográficamente, en el sistema penal, en la propaganda que promueve la destrucción de los derechos humanos y el desprecio a la vida del otro -racializado, empobrecido, inmigrante- que normalizan la tortura y el asesinato. A partir de la declaratoria de guerra interna, el gobierno con otras instituciones del Estado y, sobre todo, con los grandes medios de comunicación empresariales, ha empezado a regular la muerte de la población (restringe la comida y la atención médica en las cárceles; permite la tortura a la personas privadas de libertad; permite el maltrato, la humillación, la tortura, la desaparición forzada y el asesinato extrajudicial a “sospechosos” de ser parte del crimen organizado; expulsa a miles de jóvenes del sistema educativo y los condena a ser trabajadores del capital criminal; exhibe, promueve y aplaude la violación de los derechos humanos; destruye el sistema de salud pública con lo que se priva a grandes sectores de la población de medicinas, se debilitan los programas de vacunación y se expone a los más empobrecidos a la enfermedad y la muerte, etc.)

El mercado y la economía ilegal se están convirtiendo en formas de gobierno. La extorsión, el chantaje y la amenaza se vuelven formas de operación política en los niveles más altos del Estado. Son las mafias enquistadas en el Estado las que determinan quién es “confiable” y quién debe ser destruido, para lo cual se usa el aparato judicial para perseguir a quienes no se sometan al poder de esas estructuras. Con la propaganda ideológica se destruye principios y valores humanistas de empatía, solidaridad, amor, respeto y se promueve el odio, el desprecio y la venganza, para que la población acepte que se le retiren los derechos humanos, incluido el fundamental derecho a la vida.

Tengo la impresión de que, con el avance del capital criminal, en América latina se está ensayando la implementación de una gubernamentalidad necroliberal que garantice la reproducción del valor en la época del capitalismo de la muerte. Esta gubernamentalidad se hizo presente en el crimen cometido contra los estudiantes de Ayotzinapa en México, en los falsos positivos en Colombia, es decir, en las zonas donde más ha operado el capital criminal enquistado en las estructuras del Estado. Al parecer, la guerra contra las drogas trae consigo este nuevo ejercicio gubernamental que supone una hibridación entre los gobiernos legales y los gobiernos ilegales.