La soberanía hídrica en juego

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La privatización de Aysa, el uso exorbitante de agua en proyectos extractivistas- que deja a lugareños y habitantes del lugar sin agua y sin ningún beneficio de ese saqueo-, sumado a la contaminación del agua- producto de esos proyectos-, pone en juego nuestra soberanía hídrica. Todo apunta a que la empresa sionista Mekorot, la misma que deja sin acceso al agua al pueblo de Palestina y que tiene varias denuncias en la ONU por violación a los Derechos Humanos, quiere apoderarse de nuestra agua. Esta debería ser un Derecho humano, inherente a toda persona, pero la visión capitalista, es mercantilizar este bien tan preciado y tan escaso.

Por Ana Muro, para AnRed

La privatización de Obras sanitarias de la Nación en 1993 durante el gobierno menemista fue una de las tantas privatizaciones que se realizaron durante su período legislativo, como parte de su política neoliberal. La misma terminó con la recisión del contrato de la creada Aguas Argentinas en 2006 por incumplimientos contractuales y por distribución de aguas contaminadas. A pesar de esa mala experiencia, atravesada además por corrupción y escándalos, el actual gobierno continúa la política nefasta de su antecesor en materia de privatizaciones y concesiones a las transnacionales como por ejemplo la Ley 24196 sancionada en 1993, que regula las inversiones en la actividad minera, fue el piso para la Ley de Bases y su apartado RIGI.

Esta ley permite una serie de beneficios para las transnacionales: goce de estabilidad fiscal por 30 años, exención de cualquier pago de impuesto nacional, provincial y municipal, libertad de importación de insumos y bienes de capital (de la facturación sólo poseen un 3% del gravamen-1 % para el Estado y 2 % para la provincia).

La Ley 24196 sigue aún vigente, ya que ningún gobierno de turno, hasta ahora, la ha declarado inconstitucional. A su vez el artículo 124 de la reforma Constitucional de 1994, transfiere los recursos a las provincias. Este artículo es clave en esta disputa. Ese marco legal de los 90´, sumada a la legislación de los gobiernos posteriores, que no han cambiado el espíritu de esa ley (a pesar de algunas reformas que sufrió), continuaron con el saqueo de nuestros recursos naturales. Los gobernantes sucesores, a pesar de su discurso progresista, como la pareja Kirchner, y a pesar de estatizar los recursos naturales y transferirlos nuevamente al Estado, prolongaron esa política. Los demás gobiernos siguieron la misma línea, pero el actual profundiza aún más la política que Menem instauró como base para la venta del país.

El anuncio del gobierno de Milei del inicio del proceso de venta del 90 % del paquete accionario de Aysa (Agua y Saneamientos argentinos SA.) para atraer a inversores internacionales, es parte de las políticas imperialistas dominantes, donde gobiernos lacayos, como el de ultraderecha de Milei, permiten dejar sin agua a su propio pueblo. La jefa del comando Sur de EE.UU. admitió que vienen por el litio, agua, oro y petróleo y que a su país le importa mucho nuestra región, ya que tiene que ver con la seguridad nacional de su país y que tienen que empezar su juego.

La promesas de beneficios para los inversores como la suba de precios, obras financiadas por los usuarios y habilitación del corte del servicio por falta de pago-medida suspendida por la Jueza Federal Forns– son algunos de los favores que el gobierno otorga a estas corporaciones.

Lamentablemente el tema del extractivismo no ha sensibilizado de manera masiva a la población, ya sea, por la distancia de los establecimientos donde se encuentran los recursos naturales, ya sea por no tener acceso a ellos, ya sea por la falta de identidad con ellos. Las comunidades originarias, por su cosmovisión del universo tienen un fuerte vínculo con la naturaleza y el territorio, por eso fueron los primeros en salir a protestar contra los proyectos extractivistas.

Con el tema del agua, debería ser diferente, ya que, todes consumimos agua y nos afecta a todes. Por ello las experiencias de lucha, como la del pueblo mendocino en 2019 por luchar por el agua y por la ley 7722, que protege el agua de los efectos de la megaminería, son muy importantes como ejemplo de lucha. Toda una provincia se puso de pie, a pesar de la represión, y se unió a la caravana a lo largo de toda la provincia para alzar su voz y decirle NO a esos proyectos extractivistas. El gobierno mendocino tuvo que retroceder en su afán de derogar esa ley. El documental HAM, Historia del Agua de Mendoza, de cómo se protegió, se perdió, comenzó la lucha y se recuperó en 10 días, realizada por director del documental y periodista Bernardo Blanco, muestra esa experiencia que servirá de inspiración en las próximas luchas que tengamos que dar.

Agua regalada para los extractivismos mientras el pueblo tiene escasez

Eduardo Gudynas, biólogo y experto en cuestiones ambientales, entiende al extractivismo “como un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo“. Los países colonizados o de economías dependientes como países africanos o latinoamericanos proveen la materia prima- los recursos naturales y las grandes potencias, le aplican el valor agregado, originando más acumulación de capital. El resultado de este mecanismo es una llamada zona de sacrificio, donde el medio ambiente es destruido, sus daños son irreversibles, para la flora, fauna y la salud humana. Del saqueo de los recursos y del territorio sólo se benefician las grandes potencias, a través de la entidades financieras y corporaciones transnacionales, mientras que los habitantes de estos sitios les queda solo unas falsas promesas de fuentes de trabajo. Los procesos extractivistas son de corta duración y no desarrollan a un ulterior crecimiento, lo que sería contrario a la teoría del derrame que aseguran los políticos y las transnacionales (crear más fuente de trabajo en otras ramas/sectores también). Es decir, que por su escasa vinculación con el resto de la economía y su orientación netamente exportadora, no genera ningún efecto positivo en otros sectores económicos (economía de enclave)

Todos los extractivismos, ya sea la megaminería, el litio, el fracking (petróleo), el agroextractivismo, y la llamado minería extractivista del agua por las autoras Argento, Slipak, Puente, son parte del nuevo orden mundial en el que las materias primas provenientes de los recursos naturales son los insumos de las nuevas tecnologías.

Está comprobado científicamente a través de informes de impacto ambiental y económicos que los extractivismo no conllevan ningún desarrollo económico y su impacto ambiental provoca daños irreversibles. Además muchas transnacionales que operan en nuestro país son denunciadas por evasión fiscal para evitar la contribución tributaria como la canadiense Barrick Gold, entre otras. La misma provocó un desastre ecológico debido al derrame de más de un millón de litros de Cianuro y Mercurio que contaminó al menos 5 ríos sanjuaninos.

Todo esto es posible gracias a los gobiernos de turno a través de sus políticas y un marco legal favoritista a la burguesía local y a las empresas transnacionales. A su vez los gobiernos ponen al servicio de estas empresas el aparato represor del Estado para que repriman la luchas y criminalicen a militantes, activistas ambientales y todos sectores que se solidarizan.

La Economía política de los extractivismos debe verse de forma global dentro de la lógica del capitalismo para poder entender este entramado de poder. La actual disputa dentro del imperialismo entre EE.UU. -China es por liderar los intereses geopolíticos mundiales y ver quién se queda con los recursos naturales, que cada vez más escasean. Los extractivismos juegan un rol crucial, ya que, para la mal llamada “energía verde” o “sustentable” se necesitan esos recursos, así también como para las tecnologías, armamentística, industria automotriz.

Donde se encuentran estos recursos habitan de forma ancestral los pueblos originarios, que han sabido hasta ahora cuidar y usar los recursos de una manera compatible con la naturaleza. Por ello son despojados de sus territorios con el apoyo de los gobiernos provinciales. Los extractivismos, contrariamente, mercantilizan la naturaleza, y no sólo la destruyen, sino también que convierten en un basural el lugar donde operan.

Desenmascarando el discurso ecológico de la transición energética

Desde Europa y las demás potencias mundiales propagan el clamor de las nuevas “energías sustentables” como las salvadoras del mundo.

El compromiso tomado por los países miembros de la Unión Europea en las conferencias ambientales internacionales COP de bajar a 1,5 el efecto invernadero para 2030 y de lograr en 2050 una Europa sin contaminación -a costa de contaminar los países americanos y africanos-, está firmado en el Pacto Green Deal.

En esas conferencias internacionales dependen de la ONU (manejada por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: EE.UU, China, Rusia, Reino Unido, Francia). Algunas de sus decisiones tienen poder vinculante con los Estados miembros. Lo contradictorio es que China, el país más contaminante del planeta, según los datos estadísticos de Carbon Mayor, y todas las otras grandes potencias industriales, que son las más más contaminantes y no tienen ninguna sanción o tipo de resarcimiento por los daños provocados. Proyectan que las energías no renovables como el petróleo, carbón y fósiles no serán más utilizadas en 2030. Además califican al gas, como una energía verde para la transición energética, lo cual es una falacia, porque esta es tan contaminante como las otras. El Gas además conlleva una cadena de la actividad extractiva: exploración, extracción, tratamiento, producción y transporte. Asimismo el metano tiene un efecto invernadero entre 6 veces más poderoso que el CO2, dióxido de carbono.

Las llamadas energías verdes o renovables que pretende instalar Europa y otras potencias acentúan el extractivismo americano a través del saqueo de tierras a los pueblos originarios y el saqueo de recursos naturales.

Fuera Mekorot de Argentina

, la empresa israelí es la interesada en Aysa. Esta empresa es la responsable de dejar sin agua al pueblo palestino, como uno de sus tantos métodos de limpieza étnica. Empezó a influenciar en Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández y con el actual gobierno de Milei tiene un vínculo muy estrecho. A pesar de autocaracterizarse como la líder global es gestión hídrica, es criticada por la falta de transparencia en sus contratos y el incumplimiento de normativas locales, como la falta de consulta comunal y el restringido acceso a la información de sus acuerdos. Ya estableció acuerdos con 12 provincias, donde el extractivismo juega un rol muy importante.