Hipócritas. Sobre el affaire del hospital de Torrejón

“Con los hospitales privados, usted termina pagando con su dinero y con su vida ” (P.J. Devereaux)

Estos días estamos viendo en los medios dos clases de hipócritas: los que se presentan como sorprendidos por lo que a cuentagotas, y de una forma absolutamente planificada se está filtrando sobre el funcionamiento del hospital de Torrejón (y por ende de todos los de este modelo PPP- Public Private Partnerships) y anuncian (por enésima vez) que van a blindar la sanidad y a derogar la ley 15/97, pero manteniendo la “colaboración público-privada”; y otro sector que defiende que no está ocurriendo absolutamente nada extraño dentro de lo que es la gestión privada y, que todo se explica como un enfrentamiento entre directivos de dos bandos. Ninguno de los dos sectores es de fiar, y aunque intentan aparentar diferencias para mantener la falacia del juego político, defienden el mismo modelo sanitario, en base a lo que vamos a exponer.

Hay cosas más viejas que la pana. Una de ellas es la evidencia científica que demuestra que el riesgo de muerte se incrementa cuando existe lucro en el proceso de atención sanitaria: un 8 % más en los centros de hemodiálisis, un 9,5 % en atención perinatal, un 2 % en adultos . El tamaño, también importa, y los centros privados suelen ser de ese tipo por razones económicas obvias. En España, los pacientes ingresados en hospitales pequeños (100-199 camas) tienen 1,5 veces más riesgo de sufrir un efecto adverso que los que ingresan en hospitales de más de 500 camas. Es decir, lucro y tamaño es la combinación perfecta. ¿Que podría salir mal?

Y más vieja que la pana también es la norma que permite la gestión privada de centros sanitarios. La 15/97, o de “Nuevas Formas de Gestión en el ámbito del SNS” fue aprobada con los votos de PP, PSOE, CC, PNV y CiU, y a pesar de que la portavoz socialista Ángeles Amador jurara en sede parlamentaria que, con ella, “se cierra el paso a la privatización de la sanidad” y que “garantiza la titularidad pública de los centros sanitarios”, la realidad parece contradecirla. Así, se extendió, como una mancha de aceite por todo el Estado, el modelo de hospitales privados gestionando la atención sanitaria de cientos de miles de personas durante décadas. Por cierto, con el beneplácito de gobiernos municipales y autonómicos de todos los colores que les regalaron suelo público gratis. Modelo de gestión que el propio Tribunal Constitucional ha sentenciado como avalado por dicha ley.

Desde el inicio de su funcionamiento fue evidente, para todo humano con sentido común, que su objetivo era lograr el máximo beneficio posible a costa de la salud de los pacientes. En el primero de ellos, Alzira, en 1999 en su web figuraba el sistema de incentivos para alcanzar tan loable objetivo. Desde CAS lo denunciamos pero todo el mundo guardó silencio: Los incentivos económicos son perjudiciales para la salud , donde quedaba manifiestamente claro que «entre el 30% y el 50% del salario de los médicos estaba vinculado a objetivos de ahorro económico que, con toda seguridad, ponían en riesgo la salud y la seguridad de los pacientes«. Lo mismo ocurría en el hospital de Torrevieja, de la misma empresa, Ribera Salud, donde se incentivaba entre 18.000 y 24.000 €/año1, a los médicos de primaria que redujeran las derivaciones a especializada y al hospital (es decir, hasta 2.000 euros/mes): Torrevieja Salud incentiva a los médicos de Primaria por resolver casos y evitar citas al especialista .

En el caso de Madrid, a poco de comenzar a funcionar los 4 hospitales PPP (Valdemoro, Torrejón, Móstoles-Rey Juan Carlos y Villalba), tuvimos información sobre el sistema de incentivos médicos que implantaron (en el caso de algunos facultativos hasta 40.000 euros al año), con el beneplácito del sindicato médico, ese que tan preocupado está estos días por la “dignidad de los pacientes”. Se premiaba económicamente por cada paciente atendido en la urgencia que no ingresaba y por tanto no ocupaba cama en planta. También por cada alta hospitalaria firmada (cama libre). Se trataba de «ser resolutivo» y «agilizar» el proceso asistencial, aumentado la rotación para liberar camas y atraer pacientes de los hospitales públicos (que se facturaban aparte), y suponía un ingreso añadido a la “cápita fija” que reciben por cada uno de los centenares de miles de personas que les habían asignado (a estos había que intentar mantenerlos alejados del hospital todo el año para que la cápita fuera integra a los accionistas). Los datos públicos de aquella época ya demostraban, por ejemplo, que Torrejón (privado) tenía una estancia media de unos 3 días frente a Alcalá de Henares (estatal) que tenía casi 6. Estaba claro que Alcalá de Henares se «comía» los viejos y los procesos complejos mientras lo rentable iba a Torrejón. <https://www.casestatal.org/wp-conte...>

En 2008 ante la presión que estaba suponiendo nuestra campaña para derogar la Ley 15/97, el PSOE lanzó un argumentario para justificarse y negar la necesidad de la derogación, lo que no impidió que entregásemos en el Congreso 500.000 firmas exigiendo la derogación que el PSOE había mantenido vigente durante dos legislaturas pudiendo haberla modificado, pero esta vez Zapatero y sus chicos, pese a las evidencias sangrantes, pusieron el modo autista y ni siquiera recibieron a las plataformas que habían luchado durante dos años para lograr dichas firmas.

En 2010 publicamos ¿Por nuestra salud? La privatización de los servicios sanitarios , donde uno de los autores, el doctor Juan Benedito Alberola, presidente del SIMAP, ya denunciaba las practicas perversas de Alcira: reducción de ingresos para dejar camas libres para pacientes «de pago», rechazo de pacientes crónicos y expulsión de los pacientes “no rentables” a los hospitales públicos para así reducir la estancia media, falta de reparación de tecnología diagnóstica en centros públicos para forzar la derivación de esos pacientes a Alcira, captación de pacientes “no cápita” (que son facturados aparte) para actividades no complejas como por ejemplo paritorios “cadena de montaje” curiosamente con la mitad de plantilla medica que los públicos, índices de ocupación de casi el 95 % (por encima de los considerados óptimos por la OMS), altas prematuras con los consiguientes reingresos, estancias más cortas, y por supuesto, un oscurantismo (permitido por todas las Administraciones) total. A pesar de ello, el TSJ de la Comunidad Valenciana sentenció que este modelo de centro estaba avalado por la 15/97.

En 2013, denunciamos que el hospital privado Móstoles-Rey Juan Carlos derivaba pacientes propios “no rentables” al hospital “público” de Móstoles sin pagar por dicha atención al centro público. O que los hospitales “públicos” mantenían infrautilizados mamógrafos para derivar forzosamente a las pacientes a los privados (se ofrecían 9 centros privados y ninguno público).

En 2013 y en 2014, junto con la Asociación el Defensor del Paciente nos dirigimos por carta a la Presidenta de la Comunidad de Madrid , Dña. Cristina Cifuentes, y a su Consejero de Sanidad, solicitando información respecto a los incentivos médicos en dichos hospitales: “Así, incentivar económicamente por cada paciente que, siendo atendido en urgencias no ingresa en planta podría estar provocando el no ingreso en los centros de pacientes que podrían necesitarlo. En la misma línea, incentivar por cada alta hospitalaria producida podría estar provocando altas prematuras”. Y como teníamos información en el sentido de que los anestesistas podrían estar llevando más de un quirófano (y por tanto paciente) a la vez, solicitábamos que se prohibieran los anestesistas multipacientes y se aplicaran las normas vigentes para los centros públicos, “que establecen que cada anestesiólogo se encarga de un único paciente durante las intervenciones, no estando en ningún caso a su cargo más de un paciente simultáneamente, en aras de no poner en riesgo a los pacientes y garantizar una atención sanitaria de calidad” Para hablar de todo ello solicitamos una entrevista, que nunca fue concedida.

El sistema era escandaloso y perfectamente conocido por el Ministerio, la Consejería de Sanidad, sindicatos, Colegio y Consejo Médicos, partidos políticos, sociedades profesionales… pero el 90% de los médicos de estos centros miraba para otro lado…y para su cuenta corriente. Todos han callado durante estos más de 15 años.

Por eso ahora es vergonzoso el montaje mediático de los medios de formación de masas que, por supuesto tienen vetados a los colectivos que pusieron en marcha esta lucha, hace ya más de 20 años, porque rompe su relato. La ministra de sanidad, Mónica García sabe de sobra desde hace años lo que estaba ocurriendo. No hacen falta audios. Están utilizando esta filtración como mecanismo de distracción. No van a prohibir el ánimo de lucro en el SNS. Hemos demostrado que han tenido muchas oportunidades de hacerlo, incluso mayorías absolutas, y no lo han hecho. En plena desescalada del encierro Covid, en abril de 2020, un Pedro Sánchez lloroso nos anunció que “iba a blindar la sanidad en la Constitución ” y, a los tres meses PP, PSOE y Unidas Podemos aprobaron el “Dictamen para la reconstrucción de la sanidad ” en el que la palabra privatización no aparecía en sus 33 páginas. Por ello, en 2021 lanzamos una ILP para obligarles a retratarse ante el blindaje del sistema sanitario, pero la “izquierda del capital” la boicoteó .

Este mismo año Mónica García tuvo la oportunidad de ejecutar una de los mandatos pendientes de la Ley General de Sanidad: integrar a Muface (y resto de mutualidades) en el SNS. Amagó con el desmantelamiento de este modelo…para acabar plegándose a los intereses de la patronal sanitaria privada subiendo un 41,2% la aportación a las aseguradoras, nada que ver con la subida de la financiación de los centros públicos. ¿por qué habremos de creerla ahora, cuando promete derogar la ley 15/97, pero manteniendo la colaboración publico privada? ¿es posible la cuadratura del círculo? Es evidente que no. ¿Cómo es posible que tenga la desfachatez de anunciar la derogación y al mismo tiempo reconocer públicamente que “tiene mucho respeto por la sanidad privada ”, cuando es evidente que la privada no podría sobrevivir sin la degradación previa de la pública y su parasitación posterior? ¿Cómo no se les cae la cara de vergüenza cuando anuncian que la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser un recurso excepcional para convertirse en una práctica estructural , cuando han sido ellos los que lo han permitido? Nos mean y creemos que llueve. Aprovechando el caso Torrejón, que les ha venido como anillo al dedo, su jefe, Pedro Sánchez de nuevo nos anuncia otro blindaje de la sanidad en la Constitución , esta vez apoyándose en el artículo 43. ¿a quién quieren engañar?

No nos engañemos, el capitalismo ya no necesita mantener sistemas sanitarios que atiendan adecuadamente a la totalidad de la población. Hay un pacto de Estado que une a todos los partidos políticos. Todo es un teatro perfectamente planificado, entre la derecha cavernaria (la que hace el trabajo sucio) y la izquierda del capital que lo permite. Llevamos tres legislaturas desde 2018 y, ni PSOE, Unidas Podemos, Sumar y el resto de la llamada «izquierda institucional» han tenido las agallas de meterle mano a las leyes privatizadoras, y por supuesto, tampoco a la Ley Mordaza, aunque en este último caso si prometieron que la iban a derogar «en cuanto lleguemos al Gobierno «.

Por todo lo explicado, sería conveniente abrir la posibilidad de entender el affaire Torrejón, como lo que hemos sospechado desde el primer día: como un posible ajuste de cuentas entre las multinacionales del sector. ¿En manos de quien acabará Torrejón? Se abren las apuestas. <https://www.casestatal.org/wp-conte...>

Fuente: https://www.casestatal.org/es/2025/12/hipocritas-sobre-el-affaire-del-hospital-de-torrejon/ ¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0)