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Ecuador: Noboa decreta estado de excepción en diez provincias ante el avance del paro

diumenge 5 d’octubre de 2025, per  anred

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El presidente Daniel Noboa decretó el sábado por la noche estado de excepción por un plazo de sesenta días en diez provincias ante una crisis social que no deja de escalar. La decisión, adoptada bajo la causal de “grave conmoción interna”, responde al paro nacional que inicio la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otros sectores movilizados cuando el gobierno decidio eliminar el subsidio al diésel y encarecer el costo de vida popular. Luego de 14 días de huelga nacional, decenas de detenidos y un asesinado por las fuerzas armadas, el gobierno apuesta a reprimir la protesta aun más. Por ANRed.

Las regiones donde rigen las restricciones son Pichincha —que alberga la capital Quito—, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. En estas jurisdicciones queda suspendido el derecho a la libertad de reunión durante las veinticuatro horas del día, y se prohíben las concentraciones en espacios públicos que puedan afectar servicios esenciales o la seguridad ciudadana. Además, el decreto faculta a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas para coordinar operaciones destinadas a restablecer el orden, garantizar la circulación y prevenir hechos violentos.

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El contexto de esta medida es la fuerte agitación social que sacude el país desde la publicación del decreto ejecutivo 126, mediante el cual el gobierno eliminó el subsidio al diésel. Esa decisión hizo que el precio por galón subiera de 1,80 a 2,80 dólares, lo que provocó el estallido de un paro nacional indefinido iniciado el 22 de septiembre. Las protestas agrupan a comunidades indígenas, transportistas, organizaciones sociales, estudiantes y otros sectores que advierten el golpe económico que el incremento del combustible representa, especialmente en las zonas rurales, la sierra y la Amazonía.

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Protestass y enfrentamientos comenzaron a multiplicarse en distintos puntos del país: incendios de neumáticos, bloqueos de rutas, cortes de servicios, detenciones y hostigamientos policiales denuncian los manifestantes. En ese contexto, el gobierno argumenta que la situación se ha vuelto insostenible mediante mecanismos ordinarios y que la excepcionalidad busca prevenir más daños al orden público.

No es la primera vez que Noboa recurre a medidas drásticas para enfrentar la protesta social. Semanas atrás, un decreto similar había sido anulado por la Corte Constitucional en cinco de siete provincias, quedando vigente solo en Carchi e Imbabura. Este nuevo decreto —el 174— amplía el alcance del estado de excepción en un intento por controlar la radicalización de las movilizaciones.

#Cañar

Un adolescente kichwa cañari resultó herido producto de la represión policial en las comunidades de Cañar.

En el video se observa como los comuneros huyen del lanzamiento de bombas lacrimógenas. También denuncian el uso de balas d perdigon.

El adolescente fue sacado… pic.twitter.com/ZDBEAhwZ6k

— Wambra Medio Comunitarioᅠ (@wambraEc) October 5, 2025

La Conaie ya había advertido que podrían “tomarse Quito” si sus demandas no eran atendidas. Sus reclamos no se limitan al subsidio del diésel: también exigen la reducción del IVA del 15 % al 12 %, mayores inversiones en salud y educación, y la liberación de comuneros detenidos bajo acusaciones de terrorismo. Desde el Ejecutivo, sin embargo, se insiste en que no habrá marcha atrás en la política energética y que los recursos deben orientarse hacia sectores más vulnerables.

<https://s.w.org/images/core/emoji/1...> #ParoNacional2025 | Comunidades de Pijal, en el límite entre Pichincha y #Otavalo , se movilizan con dirección al redondel de Cajas.

La resistencia sigue firme, defendiendo la vida y los derechos colectivos frente al Decreto 126.

¡Viva el paro nacional, viva la dignidad de… pic.twitter.com/EUVaJkxWuq

— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 5, 2025

La situación sigue siendo crítica. Organismos de derechos humanos registran denuncias de vulneraciones, personas heridas y al menos un fallecido en enfrentamientos anteriores. Al mismo tiempo, el Ejecutivo justifica la represión denunciando la posible infiltración de grupos armados o del crimen organizado como agitadores del descontento. Mientras tanto, las comunidades indígenas, trabajadores y los movimientos sociales sostienen que no se retirarán de las calles hasta que el gobierno escuche sus demandas.


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