DNU a la SIDE: “Esto es lo que generó siempre la inteligencia: una psicosis”

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La publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2026, firmado por el Ejecutivo el pasado viernes 2 de enero, volvió a encender las alarmas en amplios sectores políticos, sociales y de derechos humanos. La norma modifica la estructura y el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), ampliando sus facultades operativas y reglamentarias, en un contexto marcado por el repudio social, las denuncias de discrecionalidad y el avance de la oposición en el Congreso para intentar frenar su vigencia. Mientras el Gobierno y su aparato comunicacional defienden la medida como una modernización del sistema de inteligencia, crecen las advertencias sobre un posible retroceso democrático y la legitimación de prácticas históricamente asociadas a la persecución política. Compartimos fragmentos de la entrevista a Miguel Robles, ex director nacional de Inteligencia Criminal realizada por el programa “Otra vuelta de tuerca” en Radio Universidad de Córdoba. Por ANRed.

El decreto no solo fue cuestionado por su contenido, sino también por la forma: una reforma profunda de la Ley de Inteligencia Nacional sancionada por DNU, sin debate parlamentario y con la previsión de decretos reglamentarios secretos, un mecanismo que refuerza la opacidad del sistema. En paralelo, distintos bloques opositores comenzaron a coordinar acciones para impugnar el DNU en el Congreso, sosteniendo que no existen las condiciones de necesidad y urgencia que justifiquen eludir el tratamiento legislativo, y alertando sobre el riesgo de habilitar el espionaje interno sobre organizaciones políticas, gremiales y sociales.

En este marco, Miguel Robles, ex director nacional de Inteligencia Criminal, fue entrevistado en el programa “Otra vuelta de tuerca” de Radio Universidad de Córdoba (AM 580), donde analizó las implicancias concretas del decreto y advirtió sobre los peligros de ampliar las facultades de los servicios de inteligencia en un país con una larga historia de uso indebido del aparato estatal para el control social y la persecución de voces disidentes. “Esto es lo que generó siempre la inteligencia: una psicosis”, sintetizó Robles, al describir un escenario donde los límites de lo que se considera una “amenaza” al Estado quedan librados a criterios difusos y potencialmente arbitrarios.

En principio definió ¿qué son y qué hacen los servicios de inteligencia? “En Argentina tiene por finalidad anticipar, prevenir ciertas situaciones que pueden afectar la seguridad del Estado y de sus ciudadanos. Por ejemplo, podría haber generado una alerta temprana sobre el coronavirus. Va analizando la realidad. Para eso, hace falta reunir datos. Hay un sin número de fuentes que recaban datos y luego son analizados. La tarea básica de la inteligencia es la reunión, análisis y difusión de datos. Y luego está la contrainteligencia. Ante el ataque, detectada la agresión, generar medidas que tiendan a defender al Estado argentino y a sus ciudadanos”

Y agregó: “Todos los países del mundo tienen actividad de inteligencia. Nuestro problema es que en la realidad nacional hubo un servicio de inteligencia que se utilizó de manera absolutamente indebida. Hay dos deudas de la democracia: la seguridad. Que las fuerzas policiales y de seguridad estén sometidas a las leyes, no de manera declamativa. Y la segunda deuda es la ley de inteligencia. Año 2001, se sanciona la Ley 25520. Marca un norte de trabajo. La ley nacional es lo que todo el mundo conoce. Los decretos que reglamentan la ley de inteligencia son secretos. El 941 es un decreto reglamentario que modifica la ley. Tal vez tenga que ser operativizado. Es un decreto que reemplaza la ley. Para la operativización hacen falta decretos que reglamenten, seguro van a ser secretos”.

Además, alertó sobre el límite difuso de lo que se considera una amenaza. “Aún no está definido. ¿Militar ciertas ideas y participar de un determinado espacio político puede ser una amenaza? ¿Ser un delegado gremial y ser un poco revoltoso, en una asamblea proponer un paro activo, puede ser tomado como una amenaza? Este marco de discrecionalidad es lo que va a generar mucha disputa. Son los decretos reglamentarios secretos los que van a determinar el sentido de estos actos”.

Relató un caso hipotético: un agente de inteligencia infiltrado en un medio de comunicación. Podría denunciar un delito en flagrancia: “imaginemos una co- conductora que decide consumir estupefacientes. Para eso, compra alguna sustancia psicoactiva. Ese agente podría informar a las fuerzas de seguridad y mantener su reserva. Tal vez podríamos tener un juicio con alguien con la cara oculta y la voz distorsionada»

“Incluso podría destruirse la presunción de inocencia dentro del sistema judicial. En el poder judicial, para acusar a alguien, necesitas un sumario y un magistrado. Y allí, se puede revisar todo. En el sistema de inteligencia se necesitan datos. Y allí, nunca sabes de donde salen y no tenés una certeza total de cómo se ensamblan. Si a esto le agregamos que lo vamos a hacer con contrainteligencia, con la inteligencia incluso no manejada por los propios agentes, en la aplicación práctica, podría generar algunos inconvenientes importantes”, agregó.

“La ciberinteligencia tiende al análisis, reunión y difusión de información en el ciberespacio. El ciberespacio es tomado como un lugar donde la actividad de inteligencia se va a llevar a cabo de manera activa contra los recursos y la normativa que rige para la Secretaria de Inteligencia del Estado. Es decir, va a ser encubierta. Van a buscar de manera encubierta en el ciberespacio lo que consideren lo que son amenazas para el Estado y sus ciudadanos. La problemática que puede surgir ahora es que las definiciones tornen ciertas palabras, nominaciones, ideas, como amenaza”.

Escuchá la entrevista completa acá