Cuando la política decide quién vive: la ausencia de una UTI pediátrica en Concepción del Uruguay

El Hospital J. J. de Urquiza es el referente sanitario de la región: atiende urgencias, cirugías cardiovasculares y largas derivaciones. Sin embargo, pese a obras y anuncios, la UTI pediátrica no está funcionando como debería o no fue totalmente finalizada y habilitada, condición que obligó a que casos graves se trasladen decenas de kilómetros hasta centros como el Hospital San Roque de Paraná. Esa distancia, en la hora crítica después de un accidente, no es un número en un informe: es la diferencia entre vida y muerte.

La respuesta institucional —cuando llega— suele ser administrativa: estudios técnicos, plazos, “se está ejecutando la obra”. En paralelo, las familias juntan firmas (más de 600 en el caso de Jeremías) y reclaman al gobernador Rogelio Frigerio que se concrete la habilitación y la dotación de profesionales y equipamiento. Pero los plazos oficiales chocan con una realidad más amplia: en la Argentina actual las políticas de ajuste y desmantelamiento del Estado limitan severamente la capacidad efectiva de los hospitales públicos.

La solicitud de la necesidad de un servicio de terapia intensiva en el Hospital JJ Urquiza data de 15 años atrás, han pasado las administraciones y la desprotección de las niñeces continúa. Nos ha llegado a nuestra redacción una nota firmada por Donato Ramón Redruello, ex dirigente de ATE Concepción de Uruguay, y Manuel Alberto Paredes, referente del Gremio de la Carne de la misma ciudad, solicitando a Frigerio, una vez más, la necesidad del servicio de cuidados intensivos pediátricos en el hospital en cuestión.

El Gobierno Nacional y Provincial eligen financiar al empresariado y desfinanciar la salud pública

A nivel nacional hay un mapa de decisiones que empuja en la dirección de la destrucción de la salud pública. En el último año las políticas de reducción del Estado y recortes presupuestarios promovidas por la administración nacional han tenido efectos directos sobre el financiamiento de servicios, programas y dispositivos sanitarios. Es ingenuo pensar que la ausencia de una UTI pediátrica en una ciudad de 80–100 mil habitantes es sólo un problema local: obedece también a prioridades políticas que recortan recursos, concentran decisiones y derivan costos a familias y municipios, los recortes en la coparticipación de las Provincias es dato clave para comprender como las políticas nacionales impactan de manera regional o local, lo llamativo aquí es que el Gobernador Frigerio apoya y es parte de las políticas nacionales del Gobierno de Milei.

Mientras el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay no logra habilitar una terapia intensiva pediátrica —desatendiendo a niños que deben sufrir traslados interminables—, el Estado argentino deja de recaudar miles de millones para beneficiar a los sectores más ricos del país. El gobierno de Javier Milei consolidó un esquema de exenciones impositivas y subsidios empresariales que contradicen su retórica de austeridad: el régimen de “economía del conocimiento” destina $195.000 millones en beneficios fiscales para grandes compañías tecnológicas, entre ellas Mercado Libre, que recibe más de US$100 millones anuales en exenciones. A su vez, Milei decidió bajar las retenciones al agro, reduciendo el aporte de la soja del 33 % al 26 %, del 31 % al 24,5 % para sus derivados y del 12 % al 9,5 % para trigo, maíz y sorgo. También eliminó los impuestos internos para autos de alta gama —vehículos valuados entre 41 y 75 millones quedaron exentos del 20 % de alícuota, y los de más de 75 millones bajaron del 35 % al 18 %— y anunció una reducción del impuesto a los Bienes Personales, medida que favorece directamente a los patrimonios más altos.

Todo esto ocurre mientras hospitales emblemáticos como el Garrahan denuncian falta de insumos, recorte presupuestario y desfinanciamiento operativo. La ecuación es brutal y transparente: el dinero que el Estado deja de cobrar a Galperín, a los exportadores y a los dueños de autos de lujo es el dinero que falta para mantener camas, oxígeno y personal en las salas de pediatría del país. En nombre de la “eficiencia del mercado”, se subsidia la concentración y se abandona la vida. El ajuste no cae sobre “el gasto público” sino sobre los cuerpos, sobre la infancia que no llega a tiempo al hospital.

El caso del Hospital Garrahan —símbolo de la pediatría pública de referencia en Argentina— es ilustrativo y alarmante: informes y organizaciones de salud han denunciado que su presupuesto real se desgranó frente a la inflación y la contabilidad oficial, con pérdidas de recursos que obligan a racionamientos, demoras y salidas de personal calificado. Si un hospital de referencia nacional sufre tensiones presupuestarias que se traducen en recortes de guardias, demoras y desertes de personal, imaginemos el efecto multiplicador en hospitales regionales y en unidades en proceso de habilitación, como la UTI pediátrica en Concepción del Uruguay.

El reclamo del pueblo de Concepción del Uruguay

¿Qué reclaman los vecinos y las familias? No piden obras simbólicas ni inauguraciones con foto. Piden: 1) que se termine la obra y se habilite la UTI pediátrica; 2) que el servicio cuente con plantel profesional permanente (médicos intensivistas pediátricos, enfermería calificada y personal paramédico), 3) que haya equipamiento homologado y mantenimiento garantizado, y 4) un plan de enlace con centros de referencia para traslados cuando sea necesario. Son demandas técnicas y humanas que exigen —por encima de cualquier disputa partidaria— una decisión política que priorice la vida.

Es hora de desmontar la narrativa de la inevitabilidad: la ausencia de servicios críticos es el resultado de elecciones presupuestarias y de gestión. Los gobiernos provinciales y Nacionales que prometen eficiencia mediante achicamiento deben explicar cómo resuelven las emergencias que no esperan horarios de caja o balances. Mientras tanto, las familias pagan con angustia, con traslados extenuantes, con historias como la de Jeremías que no deben repetirse.

La sociedad de Concepción del Uruguay exige:

➤ Habilitación urgente de la UTI pediátrica del Hospital Urquiza con cronograma y plazos concretos y públicos.

➤ Dotación de recursos humanos y contratos estables que garanticen guardias 24/7.

➤ Asignación de equipamiento crítico y su mantenimiento garantizado en un presupuesto que contemple la inflación real. Fundación Soberanía Sanitaria

➤ Coordinación formal y protocolos claros entre hospitales de referencia para que toda derivación sea por criterio clínico y no por falta de recursos.

El dolor de una familia y la indignación de un pueblo son datos duros que la política no puede seguir ignorando. Jeremías no es un número más en una planilla; su muerte es un aviso: cuando el Estado desfinancia la salud pública, la vida del pueblo se vuelve azarosa. La política que se jacta de “motosierra” para desguazar estructuras del Estado tendrá que rendir cuentas cada vez que una ambulancia recorra kilómetros en vano. Los gobiernos provinciales y nacionales pueden esconder costes detrás de tecnicismos presupuestarios, pero las rutas y los corazones de quienes esperan camas y oxígeno no mienten.

Fuente: Karne de Máquina=AZX9lcd4tJlqLa3HZ9G3BrH_Ji5V_mE30OIRt5ok0IdFBV_C-vAN0RrwBsfdTiK0HL9oLfcn8_7-AxUPeAAvKfN5s0vQvwhKETvu_f9jXkBNCYP-E-zmVhgz2Fsb4-nvwWVZbd2qnCC0Swc05DWjBuYkF1bxOB29YU_NlgBKeGbwRQ&__tn__=%2CO%2CP-R] .