Territorio o tierras ¿nacionales? | Renovando la propiedad privada: las nuevas quintas

Lógicas entre tierras concebidas únicamente bienes sujetos a las reglas del mercado y territorio nacional popular

El pasado jueves, en medio de la alegría mundialista —esta vez sin balas de goma a la vista— y de una recuperación patriótica, al menos en el plano simbólico, de las Islas Malvinas, coherente con nuestra comunión de significados, en la Cámara de Diputados se intentó avanzar en el tratamiento de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Sin embargo, el debate no prosperó. El bloque de La Libertad Avanza no logró reunir el quórum ni los apoyos necesarios de bloques aliados y gobernadores para discutir el proyecto, que incluía modificaciones a la Ley de Tierras Rurales y mecanismos de desalojos exprés. Como consecuencia, el tratamiento fue postergado y pasó a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.

Pero, ¿qué propone la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada?

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional plantea una flexibilización de la normativa que regula la propiedad de las tierras rurales. Entre sus principales objetivos se encuentra la eliminación de los límites históricos a la adquisición de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, suprimiendo los topes de superficie y los cupos establecidos por nacionalidad para la compra de campos en el país.

La discusión, sin embargo, no comenzó ahora. En diciembre de 2011 se sancionó la Ley 26.737, que establecía que las tierras rurales en manos extranjeras no podían superar el 15% del total nacional, además de fijar límites por titular y restricciones para la adquisición de inmuebles ubicados en zonas consideradas estratégicas. En 2016 parte de esas disposiciones fueron flexibilizadas y, años más tarde, la normativa fue dejada sin efecto, abriendo un nuevo escenario para el mercado de tierras.

El proyecto presentado en 2026 profundiza esa orientación y vuelve a poner en discusión el alcance de la soberanía territorial. Las cifras disponibles muestran que el debate no es meramente teórico. Un relevamiento realizado por el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores e investigadoras del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, estima que cerca del 5 % del territorio nacional, es decir, más de 13 millones de hectáreas —una superficie comparable a la de Inglaterra—, ya se encuentra en manos de empresas o Estados extranjeros.

Ese mismo estudio advierte que, aunque durante años se sostuvo que ninguna provincia superaba el límite legal previsto por la Ley de Tierras, un análisis por departamentos revela otra realidad: 36 distritos exceden ese porcentaje. Entre ellos aparecen casos como Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y los departamentos salteños de Molinos y San Carlos, donde la participación de propietarios extranjeros supera el 50%. También se registran elevados niveles de concentración en zonas estratégicas vinculadas a la cuenca del río Paraná.

Según el informe, Estados Unidos concentra la mayor cantidad de hectáreas en manos extranjeras, seguido por Italia y España. Para el Observatorio, la eliminación de las regulaciones no necesariamente favorecería inversiones productivas, sino que podría facilitar una mayor apropiación de recursos estratégicos y profundizar conflictos sociales, ambientales y territoriales.

La historia reciente argentina también ofrece antecedentes que alimentan este debate.

Durante las décadas de 1990 y 2000, distintos gobiernos promovieron grandes inversiones en minería, hidrocarburos, forestación y agronegocio bajo la promesa de generar empleo y desarrollo regional. Sin embargo, muchas de esas experiencias dejaron conflictos que aún hoy persisten. Casos como Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, o la expansión de la frontera sojera sobre extensas superficies de bosque nativo en el norte argentino reflejan las tensiones entre un modelo extractivista, la conservación de los ecosistemas y la permanencia de las comunidades en sus territorios.

Hoy, la provincia de Jujuy vuelve a colocar esa discusión en el centro de la escena. La explotación de litio es presentada como una oportunidad estratégica para el desarrollo económico y la transición energética. Al mismo tiempo, comunidades indígenas, organizaciones sociales y sectores ambientalistas advierten sobre el uso intensivo del agua en los salares, la protección de ecosistemas frágiles, el derecho a la consulta previa y el impacto que estos proyectos pueden tener sobre los modos de vida de las poblaciones locales.

Cuando se abre este debate, una y otra vez se intenta instalar la idea de que quienes cuestionan estos proyectos se oponen al progreso, a la inversión o al desarrollo. Pero esa discusión suele partir de una mirada fragmentada, que separa el territorio de quienes lo habitan, los recursos de la soberanía y el crecimiento económico del bienestar de las comunidades. Quizás allí radique el verdadero problema.

La pregunta no debería ser si el país necesita inversiones, sino qué tipo de inversiones y para qué modelo de país. ¿Cuál es el horizonte del modelo extractivista? ¿Existen propuestas que garanticen un desarrollo sostenible y beneficios duraderos para las poblaciones? ¿Quiénes aportan la mano de obra de los grandes proyectos internacionales que se desarrollan en nuestro país? ¿Qué parte del valor generado permanece en los territorios y fortalece a sus comunidades?

Volvemos entonces al interrogante inicial: ¿Territorio o tierras nacionales?

Mientras la recuperación de las Islas Malvinas continúa siendo una causa que atraviesa abuena parte de la sociedad argentina y representa la defensa de la soberanía nacional frente a una ocupación extranjera, puertas adentro seguimos debatiendo qué significa ejercer esa misma soberanía sobre nuestro propio territorio continental.

Porque la soberanía no se expresa únicamente en un mapa o en una bandera. También se construye en las decisiones que tomamos sobre la tierra, el agua, los bienes comunes y el futuro de quienes habitan este país. Discutir la tierra no es solamente discutir la propiedad privada: es debatir quién decide sobre los recursos estratégicos, qué modelo de desarrollo queremos impulsar y cuál será el legado que dejaremos a las próximas generaciones.