Organizaciones bolivianas y populares en Argentina se convocaron en apoyo a las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz

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Imagen: lu.mph

Organizaciones de la comunidad boliviana en Argentina, junto a colectivos populares, indígenas, campesinos, sindicales y de derechos humanos, difundieron un fuerte comunicado en respaldo a las protestas que atraviesan Bolivia y se convocaron en el Obelisco, en la Ciudad de Buenos Aires “en defensa del pueblo boliviano, el Estado Plurinacional y la Marcha por la Vida”. En el documento denuncian el carácter “neoliberal, reaccionario, represivo y autoritario” del gobierno de Rodrigo Paz y aseguran que, a seis meses de su asunción, “el pueblo boliviano se ha levantado, demostrando su capacidad de organización, resistencia y lucha”. ¨Por ANRed.

Las organizaciones señalan que el conflicto social se profundizó luego de la promulgación del Decreto Supremo 5503, que eliminaba la subvención a los hidrocarburos e impulsaba “medidas liberales, ajustes en el sector público y liberalización económica”. Según recuerdan, las protestas de diciembre obligaron al gobierno a retroceder y derogar las reformas.

Sin embargo, afirman que en abril de 2026 la situación volvió a agravarse con la sanción de la Ley 1720 de Conversión de Tierras, cuestionada por pueblos indígenas y organizaciones campesinas por poner “en riesgo la posesión de tierras comunitarias y pequeñas propiedades agrarias”.

“La primera movilización en rechazo a estas reformas parte de los pueblos indígenas amazónicos y recorre más de 1000 kilómetros durante al menos 27 días”, sostienen. A esa marcha se sumaron distintos sectores que denuncian inflación, deterioro del poder adquisitivo, escasez de combustibles, privatizaciones y “violaciones constantes a la Carta Magna Plurinacional”.

El comunicado destaca que “miles de campesinos, indígenas, trabajadores, mineros, maestros rurales, transportistas, vecinxs, mujeres de pollera y juventudes se movilizaron en defensa de la vida, la soberanía, la tierra, el territorio y el Estado Plurinacional de Bolivia”.

Denuncias por represión y militarización

Las organizaciones denuncian que la respuesta gubernamental fue “la represión”. Según el texto, durante 23 días de movilización se desplegaron operativos conjuntos entre policías y militares contra la población civil, lo que califican como “una grave violación del orden constitucional”.

También cuestionan la criminalización de las protestas y la estrategia oficial de responsabilizar a Evo Morales por las movilizaciones. “Con ello pretende reducir una crisis política y social de alcance nacional a la acción de un solo dirigente, invisibilizando deliberadamente las demandas legítimas de miles de indígenas, campesinos, trabajadores y sectores populares”, expresaron.

En el documento responsabilizan al gobierno de Paz por las muertes de Rubén Callisaya Marca, Alberto Cruz Chinche y Martha Villca, autoridades originarias fallecidas durante el conflicto.

Además denuncian el “uso de gases lacrimógenos y munición letal contra el pueblo movilizado”, incluyendo ataques “contra mujeres de pollera y comunidades indígenas”. En particular, apuntan contra el ministro de Defensa, Raúl Marcelo Salinas, por haber autorizado el uso de “munición de guerra contra ciudadanos bolivianos”.

Detenciones y persecución judicial

El comunicado también rechaza la persecución judicial contra dirigentes sindicales y sociales, entre ellos el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, acusado por supuestos delitos de “terrorismo” e “instigación pública a delinquir”.

Según las organizaciones firmantes, hasta el 18 de mayo se registraron “90 detenciones arbitrarias”, incluyendo personas mayores, mujeres campesinas, madres con niñxs pequeños y comunarios indígenas de distintas regiones de Bolivia.

“Estas detenciones arbitrarias constituyen graves violaciones a los derechos humanos reconocidos internacionalmente y evidencian el carácter racista y colonial de la represión ordenada por el Gobierno de Rodrigo Paz”, denunciaron.

Críticas a Milei y denuncias de injerencia extranjera

Otro de los puntos centrales del comunicado es la denuncia de una presunta colaboración represiva entre el gobierno argentino y Bolivia. Las organizaciones expresaron “profunda preocupación” por las versiones sobre el envío de material antidisturbios y gases lacrimógenos desde Argentina.

“De este modo, el gobierno de Javier Milei participa de la represión al pueblo boliviano y repite prácticas ya vistas durante el golpe de Estado de 2019”, afirmaron, en referencia al envío de material represivo durante la gestión de Patricia Bullrich.

También repudiaron “la injerencia extranjera” y el ingreso de la DEA al Trópico de Cochabamba, al considerar que implica “un grave retroceso en materia de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos”.

“La lucha del pueblo boliviano es la lucha de toda Abya Yala”

Entre los principales reclamos, las organizaciones exigen la renuncia de Rodrigo Paz, el cese inmediato de la represión y la militarización, la libertad de las personas detenidas, justicia por las víctimas fatales y la derogación de la Ley 1720.

“La lucha del pueblo boliviano es plurinacional e internacional, forma parte de la resistencia de los pueblos del Abya Yala frente al neoliberalismo, el extractivismo, el colonialismo y la militarización”, sostienen.

El comunicado cierra convocando a organizaciones de toda América Latina y el mundo a solidarizarse con las protestas en Bolivia: “Porque defender Bolivia es defender la soberanía de nuestros pueblos. Porque defender el territorio es defender la vida”.