Más de un millón de migrantes se presentaron a la Regularización Extraordinaria promovida por organizaciones migrantes en el Estado Español

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El 2026 marcará un hito histórico para las comunidades y organizaciones migrantes en el Estado Español. La campaña Regularización YA ha logrado que se llevara adelante, luego de varios años de incansable lucha, un proceso de regularización extraordinario y masivo que ha concluido este 30 de junio. Las autoridades estatales han confirmado que “un total de 1.174.978 inmigrantes han solicitado acogerse a la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno y más de 608.000 de las peticiones ya han sido admitidas a trámite, lo que conlleva la concesión de una primera autorización temporal para residir y trabajar en España”, según EFE. Por Lucía Fernández, para ANRed.

Todo comenzó poco antes de la Pandemia, cuando la campaña Regularización YA inició una recolección de firmas para que se tratara en el Congreso una Iniciativa Legistativa Popular (ILP) que aprobara un proceso de regularización extraordinaria en el Estado Español. En ese momento, fueron recolectadas 700.000 firmas a pie de calle, pero esto no bastó para que la demanda llegara al Congreso. Han pasado 6 años de luchas, insistencias, idas y vueltas para que este proceso de regularización extraordinaria se llevara adelante. Recién en abril se abrió el proceso de Regularización Extraordinaria, dando un plazo menor al que se había anunciado en un principio por parte del Gobierno.

Si bien han existido otras campañas de regularización extraordinaria en el Estado Español, ésta ha sido la primer plenamente promovida por las organizaciones migrantes. Si bien la última había sido en el año 2005, desde entonces, millones de personas han llegado al Estado Español en búsqueda de mejores condiciones de vida, empujados a migrar por las crisis económicas y políticas promovidas por el mismo sistema neocolonial del cual España aún se beneficia. No casualmente, el 67% de las solicitudes presentadas procede de Latinoamérica, siendo Marruecos otro de los principales países desde donde llegan migrantes al territorio ibérico.

El resultado ha desbordado tanto las expectativas de las organizaciones migrantes, como de la capacidad de las autoridades para procesar tantos trámites, aunque los tres meses de plazo para recibir todas las solicitudes, así como para recolectar todos las documentaciones que se solicitaban para acceder al trámite, se han considerado insuficientes. El movimiento ha solicitado prórrogas que no han obtenido respuesta, y aún queda por ver cuántas de estas solicitudes son efectivamente aprobadas. La admisión ya en sí otorga permiso transitorio de residencia y trabajo, pero habrá que esperar el saldo final de todo el procedimiento.

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Debido a problemas estructurales en el planteo por parte del Estado y las Comunidades Autónomas -carencia de citas, negativas a proveer documentaciones y certificados, etc.-, han sido meses de trabajo arduo para las organizaciones migrantes, que se han visto forzadas a realizar parte de los trámites que debían correr por parte de las Administraciones. Sin embargo, esta falla estatal ha servido para fortalecer la articulación entre las diversas organizaciones y asociaciones migrantes en el territorio español y demostrar lo que el trabajo político y colectivo es capaz de lograr cuando se ponen en común los esfuerzos desde las bases.

Los procedimientos normales de regularización establecidos bajo la Ley de Extranjería española demandan pasar por lo menos 2 años residiendo sin papeles en territorio español para poder recién ahí iniciar el trámite, cuya resolución muchas veces resulta desfavorable. Este agujero temporal es aprovechado por los peores intereses económicos para explotar a las personas migrantes que aún no tienen regularizada su situación, especialmente en las áreas de cuidados y trabajo del hogar, trabajo rural en los cultivos intensivos, y en la construcción.

En el medio de este proceso, el Estado Español no ha dejado de ejecutar vuelos de deportación, ni de detener personas en sus cárceles para migrantes, los CIEs (Centro de Internamiento de Extranjeros). Las políticas represivas hacia la población migrante han continuado, mientras la Unión Europea endurece su política migratoria mirando con recelo y sospecha la Regularización Extraordinaria de España y se financian políticas que contengan la migración fuera de las fronteras de la Europa Fortaleza.

En el Estado Español, la mano de obra migrante ya representa alrededor del 25% de la fuerza laboral total y el incremento de la presencia migrante se ha convertido en uno de los principales factores de crecimiento de la economía española. Sin embargo, esta presencia no tiene un correlato justo en las organizaciones sindicales laborales, donde la participación migrantes está lejos aún de correlacionarse con su presencia en los puestos de trabajo. De hecho, uno de los sindicatos más grandes del Estado Español, Comisiones Obreras -de corriente burocrática y socialdemócrata-, se ha desentendido completamente del proceso de regularización e incluso ha promovido huelgas en oficinas estratégicas, como la de Extranjería, durante el proceso de regularización.

Como afirman todas las organizaciones migrantes que han participado en esta lucha, aún queda mucho por hacer. Habrá que ver cómo se van resolviendo las solicitudes, cuántas terminan aprobadas y cuántas rechazadas, y si se logra una prórroga para quienes no llegaron a juntar las documentaciones necesarias debido a retrasos de las instituciones y consulados. En un contexto internacional de migraciones masivas, esta victoria en el Estado Español representa la capacidad de presión que puede lograrse cuando el sujeto migrante deja de ser tutelado por otros y encara con sus herramientas sus propias necesidades y luchas.