El misterio Revertés

por Agustín Guillamón

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Andreu Revertés LLopart

Andreu Revertés Llopart (Cornellà de Llobregat, 1894 – 30 de noviembre de 1936) fue un político catalán, militante de Estat Català (EC), y, desde 1931, también militante de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Esto es, tenía una doble militancia en EC y ERC. La diferencia fundamental entre ambas formaciones nacionalistas radicaba en la táctica insurreccional y la estrategia independentista de EC y la táctica gradualista y autonomista de ERC. Sin embargo, ese gradualismo y autonomismo de ERC podía mutarse de forma oportunista o circunstancial en insurreccionalista e independentista.

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En la primera reunión formal del Comité Central de Milicias, celebrada la noche del día 21 de julio, en el edificio de la Escuela Náutica, los representantes cenetistas[1] hicieron patente a republicanos y catalanistas su fuerza e indocilidad, editando un bando que daba al Comité Central muchas más atribuciones y competencias, militares y de orden público, que las dispuestas inicialmente por el decreto de la Generalidad. Se suprimía, además, el nombre de Milicias Ciudadanas por el de Milicias Antifascistas. No en vano a la pregunta, surgida en esta primera sesión del CCMA, de quién había vencido al ejército, Aurelio Fernández respondió que “los de siempre: los piojosos”, esto es, los parados, los emigrantes recientes y la población marginal y miserable de las barracas del Somorrostro, el Morrot, San Andrés, el Carmelo, Montjuic… y de las “casas baratas” de los polígonos de Milans del Bosch, Barón de Viver, Eduardo Aunós (en Can Tunis) y Ramón Albó, de La Torrassa, y de Santa Coloma, o el maltratado proletariado industrial que, en condiciones de vida durísimas, azotados por el paro masivo, con largas jornadas laborales, jornales de hambre y trabajos precarios pagados al destajo, se hacinaba en los barrios obreros de Pueblo Nuevo, Sants, Hostafrancs, la Barceloneta, el Chino, San Andrés o Pueblo Seco, arrendando o subarrendando cuchitriles, habitaciones o pisos mínimos con alquileres inasequibles, que había que compartir. El precio del alquiler solía llevarse un tercio del sueldo de un trabajador, por lo que era frecuente la cohabitación de varias familias, o fórmulas de ocupación de la misma habitación por turnos de ocho horas[2].

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Mientras tanto, Companys había autorizado a Martí Barrera, consejero de Trabajo, a que diera por radio noticia de las disposiciones acordadas sobre disminución de horas laborales, aumento de salarios, disminución de alquileres y nuevas bases de regulación del trabajo, que antes deberían pactarse con los representantes de las asociaciones patronales, como Fomento del Trabajo, Cámaras de Industria y de la Propiedad, etcétera, a quienes se expuso la necesidad de encarrilar el ímpetu revolucionario de las masas, como ya había hecho el director de las minas de potasa de Suria, que prefería tener pérdidas a volver a ser retenido por sus mineros. Durante el transcurso de la reunión varios representantes de la patronal recibieron llamadas de aviso para que no volvieran a sus casas, porque patrullas de hombres armados habían ido en su busca. La reunión acabó con el convencimiento de que los empresarios allí reunidos ya no representaban a nadie. Pero el mensaje se radió igual, algunos días después, como medio para encauzar ánimos y reivindicaciones.

26 de julio, domingo.

Por la mañana, fue ratificada en el Pleno Regional la colaboración definitiva de la CNT-FAI en el CCMA, acordada por los comités superiores de la CNT-FAI en su debate del día 23 y en el anterior Pleno Regional reunido el día 21.

El Pleno confirmó por unanimidad que la CNT seguía manteniendo la misma posición, aprobada ya el 21 de julio, de participar en ese nuevo organismo de colaboración de clases llamado CCMA. Ese mismo pleno del día 26 creó una Comisión de Abastos, dependiente del CCMA, a la que debían someterse los distintos comités de abastos surgidos por doquier[3], y ordenaba al mismo tiempo un fin parcial de la huelga general. El resumen de los principales acuerdos alcanzados en este Pleno se editó en forma de Bando[4], para su general conocimiento y acatamiento:

“Bando.

Confederación Regional del Trabajo de Cataluña.

Hoy, domingo, 26, ha tenido lugar un Pleno Regional de Locales y Comarcales de Sindicatos. Los militantes de la CNT, con la responsabilidad que les caracteriza, han examinado la situación y han tomado acuerdos concretos y terminantes, que comunicamos a todos los sindicatos y al pueblo en general para que se atenga a su cumplimiento y conozca al propio tiempo nuestra posición exacta en esta hora de profundas inquietudes y cruentas batallas contra el enemigo reaccionario.

PRIMERO: La CNT en Cataluña, coincide por unanimidad absoluta, en que debe seguir situada en la misma posición. Hoy no hay más problema para el proletariado, no hay más enemigo para el pueblo, que el fascismo sublevado. Contra él todas las energías para aplastarlo; hay que converger con todas las organizaciones coincidentes a su aniquilación total; hay que dedicar todas las actividades y esfuerzos. Que nadie vaya más allá. Que nadie tergiverse la actuación a seguir. Todos los confederados tienen el deber moral de aceptar las decisiones generales, no sólo por interés colectivo, sino incluso por interés individual. Los hechos esporádicos han sido descartados de la organización, por tener tan sólo la virtualidad de producir un desgaste de energías estéril, y frustrar en algunas ocasiones las posibilidades de realizaciones totalitarias. Hoy por hoy, contra el fascismo, sólo contra el fascismo que domina media España, y que hay necesidad de destruirlo para siempre, anulando la influencia de la negra sotana que durante siglos ha dominado España. En consecuencia, nadie está autorizado, ni se debe atender, para lanzar otras consignas, ni enfocar el movimiento de otra forma.

SEGUNDO: Habiéndose creado un organismo auxiliar del COMITÉ DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUÑA, denominado COMISIÓN DE ABASTOS, es necesario que todos los organismos confederales se atengan a su control y acepten sus consignas. Para ello se regulariza la relación, a base de las locales y comarcales, que serán las que para los efectos de demandas y ofertas se dirigirán a la Comisión de Abastos, sita en Vía Layetana, 16, entresuelo. De esta manera se evitará que cada cual, de una manera un tanto irresponsable y descontroladamente, pueda requisar víveres de las diversas localidades. Desde este momento, para los efectos de requisa y para hacer demandas y entregas de víveres, sólo se reconocerá el aval de la COMISIÓN DE ABASTOS.

La CNT, responsable de la gravedad que encarna el hecho del control sobre las subsistencias, colaborará, en todos los terrenos, a que este control sea efectivo y no haya lugar a los pillajes y asaltos. Un pueblo que quiere mejorar su situación, lo primero que tiene que asegurar, es que no falten los alimentos. Y para asegurarlo se impone el control más absoluto, cueste lo que cueste, evitando abusos y entorpecimientos.

Ténganlo todos en cuenta y aténganse a atender exclusivamente estas normas y las consignas de la Comisión de Abastos filial del COMITÉ DE MILICIAS ANTIFASCISTAS.

TERCERO: Dadas las circunstancias actuales, concretamos que deben reintegrarse al trabajo TODOS LOS TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS Y RAMOS CUYA PRODUCCIÓN SEA NECESARIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS PUEBLOS; CUANTO SEA NECESARIO A LA LUCHA REVOLUCIONARIA CONTRA EL FASCISMO Y TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS, prescindiendo de reintegrarse al trabajo momentáneamente los obreros cuya producción sea de importancia relativa y por ende no imprescindible. Al propio tiempo se sobreentiende que deben mantenerse en armas y sin reintegrarse al trabajo los milicianos, debiendo ser ocupadas sus plazas por los sin trabajo, mientras dure la anormal situación, hasta que se haya dominado totalmente en todas partes la insurrección fascista[5].

Acuerdos éstos que comunicamos a todos, para los efectos consiguientes de orientación y conocimiento.

Antes de finalizar, repetimos: Hay un COMITÉ DE MILICIAS ANTIFASCISTAS Y UN APÉNDICE SUYO DENOMINADO COMISIÓN DE ABASTOS. Todos tenemos el deber de acatar sus consignas, forma de regular las cosas en todos los órdenes.

Por la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña, EL COMITÉ.

Barcelona, a veintiséis de Julio de mil novecientos treinta y seis”.

En la Casa CNT-FAI, se había sometido, de nuevo, a la aprobación formal de un Pleno Regional de Locales y Comarcales de Sindicatos, convocado por el Comité Regional de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña (CRTC), la colaboración de la CNT en el Comité Central de Milicias Antifascistas (CCMA), en el que los representantes cenetistas ya estaban participando[6]. Se trataba de que las decisiones tomadas por el Comité Regional Ampliado, de colaborar con el gobierno de la Generalidad y el resto de partidos, que ya eran una realidad irreversible, fueran ratificadas de nuevo en otro Pleno Regional de Sindicatos. Era una política de hechos consumados, en la que el Pleno del día 26 actuaba como simple altavoz de los acuerdos ya tomados. El acuerdo final no dejaba lugar a dudas sobre la dureza de la oposición que había encontrado la aceptación de la posición colaboracionista de los comités superiores de la CNT-FAI, aunque desconocemos los debates, si es que los hubo. El acuerdo sobre el análisis de la situación revolucionaria existente se cerraba mediante una decisión que había alcanzado la “unanimidad absoluta”, definida como la “misma posición”, esto es, la que ya había aceptado provisionalmente la delegación cenetista que había parlamentado con Companys, la ya aprobada por el Pleno Regional del día 21, la del Pleno conjunto CNT-FAI del día 23. ¿Qué posición?: “no hay más enemigo para el pueblo, que el fascismo sublevado”, y por lo tanto ni el gobierno burgués de la Generalidad ni el republicano eran un enemigo a batir, sino un aliado. La renuncia revolucionaria era ya absoluta: “Que nadie vaya más allá. Que nadie tergiverse la actuación a seguir”. Se apelaba a la obligación moral de aceptar las decisiones generales[7] y se hacía una profesión de fe antifascista: “Hoy por hoy, contra el fascismo, sólo contra el fascismo que domina media España”.

En el Bando destacaban dos cosas: la fortísima identificación del fascismo español con la Iglesia católica y el autoritarismo organizativo cenetista de carácter piramidal, que no dejaba vía alguna a la menor discrepancia, que no toleraba oposición alguna a la decisión adoptada de colaborar con el resto de fuerzas antifascistas.

El comunicado final del Pleno Regional terminaba con una orden tajante e indiscutible de aceptación y sumisión al CCMA: “hay un COMITÉ DE MILICIAS ANTIFASCISTAS Y UN APÉNDICE SUYO DENOMINADO COMISIÓN DE ABASTOS. Todos tenemos el deber de acatar sus consignas, forma de regular las cosas en todos los órdenes.”.

El Bando era además el acta de nacimiento del CC de Abastos, que junto al CCMA y el Consejo de Economía constituyeron los tres pilares sobre los que se sostenía la revolución de julio.

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El CCMA se reunió por la tarde-noche del día 26 para crear un organigrama y estructurarse en diversos departamentos: Guerra, Milicias de Barcelona, Milicias comarcales, Comisión de Abastos, Propaganda, Autorizaciones y permisos, Patrullas de Control, Sanidad de Guerra, Transportes y Subsidios.

García Oliver se encargó del departamento de Guerra. Abad de Santillán estaba al cuidado del abastecimiento de las milicias, ayudado por Miret y Pons. Aurelio Fernández fue nombrado jefe del Departamento de Investigación, o lo que es lo mismo, en el auténtico jefe de la policía revolucionaria, con el auxilio de José Asens (CNT) y Tomás Fábregas (Acció Catalana), que dirigían las Patrullas de Control. Marcos Alcón (sustituto de Durruti por su marcha al frente) se encargó de la sección de Transportes, con el auxilio de Durán Rosell (sustituto de Antonio López Raimundo, fallecido en el frente de Huesca), de la UGT. Josep Miret (Unió Socialista, luego PSUC) y Joan Pons (ERC) fueron los responsables del departamento de Milicias Comarcales. Miravitlles (ERC) se encargó del departamento de Propaganda y Josep Torrents (UR: Unió de Rabassaires[8]) de Abastos. Rafael Vidiella (sustituto de José del Barrio, delegado de la columna Carlos Marx) se incorporó al departamento de investigación, dirigido por Aurelio Fernández. Joan Pons Garlandí (ERC) fue nombrado responsable del departamento de Autorizaciones y permisos (pasaportes). Artemi Aiguader (ERC) dirigía la Sanidad de Guerra. Josep Tarradellas se encargó del decisivo departamento de Economía e industrias de guerra. Como asesores militares fueron nombrados los hermanos Guarner, Díaz Sandino y Pérez Farrás. Lluís Prunés, consejero de Defensa de la Generalidad, dimitió pronto de su teórico y escasamente efectivo cargo (no reconocido) de presidente del CCMA.

La preponderancia de García Oliver y sus choques con el gobierno de la Generalidad fueron constantes hasta la disolución del CCMA, aunque disminuyeron en intensidad, importancia e interés a medida que pasaban las semanas, tanto por el progresivo distanciamiento del Comité Regional respecto a García Oliver, como por la ineficacia del CCMA y la muy temprana decisión secreta de la CNT de disolverlo. El enfrentamiento más grave fue sin duda el veto de García Oliver al primer gobierno Casanovas, propuesto por Companys el 31 de julio de 1936, en el que daba entrada a dos consejeros (ministros) del PSUC: Joan Comorera y Rafael Vidiella, y uno de Unió de Rabassaires: Josep Calvet. El ultimátum de García Oliver, que incluía la amenaza de suprimir la Generalidad, porque veía en el nuevo gobierno un ataque a la existencia del CCMA, terminó con la rectificación de Companys, que modificó el gobierno (ya sólo con republicanos) sólo unos días después de haber publicado el decreto de su constitución. Esa era la realidad de la relación de fuerzas existentes, por mucho que les pese a los historiadores nacionalistas, que intentan esconderlo o minimizarlo. Companys no podía gobernar sin el permiso de la CNT. Repetimos: no es que Companys quisiera gobernar con la colaboración de los cenetistas, sino que le era imposible hacerlo sin su consentimiento.

La posición de los comités superiores[9] de la CNT-FAI era incoherente, insostenible y contradictoria. Sus principios ideológicos les impedían entrar en el gobierno de la Generalidad, pero tampoco querían que ese gobierno amenazara al CCMA, sino que se mantuviera sumiso a un organismo que no era, ni quería ser, un gobierno revolucionario y alternativo al de la Generalidad. El CCMA ni gobernaba del todo, ni quería dejar gobernar del todo a los demás. Los dirigentes anarcosindicalistas querían congelar la situación revolucionaria existente. Si a esto se le llama dualidad de poderes es porque no se entiende que la dualidad comporta una lucha feroz y sin cuartel, entre dos polos opuestos, por destruir al poder rival[10]. En el caso de Cataluña era más adecuado hablar de una duplicidad y complementariedad de poderes entre algunas consejerías del gobierno de la Generalidad y el CCMA, en ocasiones molesta, ineficaz e irritante para todos. La amenaza de García Oliver contra la formación del gobierno Casanovas no deseaba otra cosa que el mantenimiento de esa duplicidad. La participación anarcosindicalista en las tareas de gobierno a través del CCMA resultaba insatisfactoria. Pero nadie se atrevía a plantear aún, a una militancia libertaria armada, la entrada directa en el gobierno. Cuando la realidad choca con los principios, éstos suelen quebrar.

Durante todo un mes, desde el 21 de julio hasta el 21 de agosto, “los notables” anarquistas y anarcosindicalistas divagaron sobre el dilema de acabar con el CCMA, sin entrar en el gobierno de la Generalidad, o conservarlo. Existían dos modalidades básicas: la primera consistía en crear comisiones técnicas en las distintas consejerías (ministerios de la Generalidad) como fórmula para controlar, sin participar en el gobierno: era el ejemplo de la Comisión de Industrias de guerra o el Consejo de Economía[11]; la segunda era hacerlo desde los “organismos revolucionarios”, apoyando formalmente los poderes legales, pero sosteniendo un poder “revolucionario” que diera una posición real de fuerza a los cenetistas: era el ejemplo de las Patrullas de Control, de los comités de defensa y del comité de investigación del CCMA, coordinado y dirigido por Manuel Escorza desde el Servicio de Información e Investigación de la CNT-FAI, que dependía exclusivamente del Comité Regional de la CNT y del Comité Peninsular de la FAI.

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El sábado 17 de octubre de 1936 el Consejo de la Generalidad efectuó los siguientes nombramientos: Comisario General de Orden Público: Andreu Revertés Llopart (ERC), en sustitución de Enrique Gómez García; secretario general de Orden Público: Josep CollTorrelles (POUM); inspector general de Servicios de OP: Joaquín Olaso Piera (PSUC); Jefe de Servicios de OP: Dionisio Eroles Batlle (CNT)[12].

Revertés tenía una doble militancia ERC y EC, algo bastante habitual en la época. Había sido nombrado comisario por intervención especial de Companys, con la oposición de ERC y varios consejeros, por influencia de su mujer Carmen Ballester. amiga de la mujer de Revertés. Tenía fama de mujeriego, seductor y experto en relaciones públicas.

Casanovas, que había presidido los dos primeros gobiernos de la Generalidad, después del 19 de julio de 1936, discrepaba de Companys respecto a la vía para fortalecer el Gobierno de la Generalidad. Mientras Companys y Tarradellas creían imposible enfrentarse a los anarquistas y jugaban la carta de favorecer y potenciar al PSUC y a ERC, al tiempo que intentaban controlar y limitar las colectivizaciones. Casanovas confiaba en un golpe de Estado que eliminara a los anarquistas. El 26 de setiembre se formó el primer gobierno Tarradellas, con la entrada de consejeros anarquistas.

El 1 de octubre se disolvió el CCMA. Las Patrullas de control pasaron a depender de la Junta de Seguridad de la Generalidad de Cataluña, que se suponía que dependía del consejero del Interior, Artemi Aiguader. Aurelio Fernández era el secretario de Patrullas y José Asens Giol, el Jefe de Operaciones de las Patrullas de control de Barcelona. La rivalidad entre Aiguader y Aurelio fue muy dura y generó constantes enfrentamientos. <https://serhistorico.net/wp-content...>

Placa de las Patrullas de Control de la Junta de Seguridad de la Generalidad de Cataluña, formada por militantes de CNT, ERC, PSUC-UGT y POUM. Debe prestarse atención a las cuatro barras que encabezan la placa y al texto en catalán. En el Archivo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

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Noviembre de 1936: del tesoro Galarza al Caso Revertés

El 5 de noviembre de 1936 las tropas franquistas ya habían conquistado los aeródromos de Getafe y Cuatro Vientos, penetraban en la Casa de Campo y en la Ciudad Universitaria, situándose a solo 6 kilómetros de la Puerta del Sol. Algunos diarios derechistas anunciaron la caída de Madrid.

El 6 de noviembre el Consejo de Ministros de la República había votado por unanimidad la huida del Gobierno de la República de un Madrid cercado por las tropas fascistas. Esa unanimidad incluía a los cuatro flamantes y novatos ministros anarquistas, nombrados el día 3 por un taimado y astuto Largo Caballero, que no quería dejar a los anarquistas al margen de la decisión de abandonar Madrid.

Ángel Galarza Gago (socialista) era el ministro de Gobernación y Manuel Muñoz Martínez (republicano y masón) era el director general de Seguridad. El ministerio de Gobernación había creado una Sección de Servicios Especiales (SSE), organización de espionaje, investigación, vigilancia e información asentada en el cuartel socialista de la calle de Marqués de Riscal número 1, en el que operaban las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia. Justiniano García Fernández era el Jefe de la SSE. Alberto Vázquez, capitán de la SSE, fue el responsable de la operación de traslado a Barcelona del tesoro Galarza. Antonio Calderón era otro agente de la SSE.

En la tarde-noche del 6 de noviembre Galarza ordenó a Justiniano García la misión no oficial de sacar de Madrid un auténtico tesoro de oro, plata, joyas y obras de arte. Se trataba en total de cinco vehículos procedentes de Serrano 43, que posiblemente era el almacén donde se depositaban las incautaciones realizadas por los registros domiciliarios del cercano cuartel/checa socialista de Marqués de Riscal número 1. El director general de Seguridad, a su vez, ordenó el transporte a Barcelona de una camioneta procedente de la Casa de la Moneda, repleta de lingotes de plata.

Esta expedición estaba formada por expertos y aguerridos agentes de la SSE, pero también por familiares de los agentes y por funcionarios que huían de Madrid, creyendo que participaban en una misión oficial. Misión que se mostró tan caótica y precipitada como chapucera y mal organizada.

Entre el 6 y el 26 noviembre de 1936, Josep Asens, como Jefe de Operaciones de las Patrullas de Control en Barcelona investigó, detuvo e interrogó a los responsables del transporte desde Madrid de tres autos confiscados (cargados de lingotes de plata y monedas de oro, maletas con efectivo, obras de arte y joyas) de los cinco que la Sección de Servicios Especiales (SSE) del ministro de Gobernación, Ángel Galarza, intentó llevar ilegalmente a Francia en una misión no oficial.

Josep Asens Giol, el 7 de noviembre de 1936, ya había detenido a los primeros agentes de la expedición madrileña (a Justiniano y a Vázquez), en cuanto llegaron a Barcelona, probablemente avisado por el servicio de información de Argila y alertado por la Consejería de Defensa, adonde se había dirigido uno de los vehículos madrileños.

La camioneta procedente de la Casa de la Moneda en Madrid, cargada con 136 lingotes de plata, de 15 kilos de peso cada lingote, depositó su cargamento en un almacén en plaza Palacio número 8, a nombre de Manuel Campos Milán, secretario del director general de Seguridad, Manuel Muñoz.

El 14 de noviembre, el policía Ferran Duran Miralles, secretario de Revertés y confidente de Eroles, firmó el recuento de esos lingotes depositados en plaza Palacio. Esta firma de conformidad significaba que Revertés se había apoderado de la parte más sustancial del tesoro Galarza, pero también que Eroles lo sabía y no lo iba a consentir.

Joan García Oliver en El eco de los pasos escribe que Galarza le explicó que cuando el Gobierno de la República se trasladó a Valencia “envió en una camioneta con destino a la capital levantina unos lingotes de oro y platino, valorados en varios millones de pesetas […] y en vez de parar en Valencia, prosiguieron viaje hasta Barcelona, donde fueron detenidos por un grupo de policías de la Generalidad, mandada por un tal Reberter, y despojados del cargamento. Cuando el Consejero de Gobernación [Aiguader] intervino, por un soplo que le dieron, fue para mandar asesinar a Reverter, acusándolo de conspiración separatista. Y se quedó con oro y platino. Reclamó Galarza y Aiguader dio la callada por respuesta”.

Se quejaba García Oliver de la pretensión de Galarza de que iniciara un proceso de reclamación, ya que se trataba de un asunto “muy engorroso y confuso”, que por otra parte podía iniciar el propio Galarza, sin su mediación. La petición privada de Galarza a García Oliver no trascendió al ámbito público, ni fue más allá de un intento de presión entre colegas ministros, sin consecuencias, sin continuidad y sin publicidad. Pero el platino era plata y Reberter era Revertés.

Asens ya había entregado a la Generalidad las obras de arte, dinero y valores hallados en los tres vehículos incautados, como se hacía habitualmente. También había detenido a Justiniano García y a Alberto Vázquez, jefe y capitán del SSE, respectivamente, a los que estaba interrogando en la prisión de la Junta de Seguridad de la Generalidad en el antiguo convento de San Elías.

Pocos días después, Mario Gallud, delegado de las patrullas del barrio barcelonés de Poble Sec, alertó a Asens del registro ordenado por Revertés en el domicilio del hermano del agente de la SSE Antonio Calderón, sito en la portería de Gran Vía 410, muy cerca de plaza de España, para apoderarse de unas cajas y maletines que los de la SSE de Madrid habían escondido allí. Tras una escaramuza armada entre guardias y patrulleros, es decir, entre Revertés y Asens, todo lo incautado se trasladó, por seguridad y desconcierto, a la central de Patrullas de Control, en Gran Vía 617.

Más tarde, también se enviaron a la central de Patrullas las maletas ocultas por el agente de la SSE Alberto Vázquez en su hotel, gracias a la confesión de este al ser interrogado por Asens en San Elías.

Ante la gravedad del enfrentamiento entre guardias de Revertés y patrulleros de Asens, estas nuevas adquisiciones del tesoro Galarza no se entregaron a la Generalidad, ante el desconcierto y dudas de los patrulleros sobre las intenciones del comisario general Revertés, que operaba por cuenta propia y al servicio de Estat Català, enfrentándose a Patrullas y, al parecer, con desconocimiento del conseller Artemi Aiguader. <https://serhistorico.net/wp-content...>

Josep Asens a la izquierda, con metralleta

Era necesario que Patrullas (Aurelio Fernández), Comisaría (Dionisio Eroles) y Consejería (Artemi Aiguader) se coordinaran entre sí para enfrentarse a Revertés e impedir que se apoderase del tesoro Galarza, al tiempo que se evitaba la ruptura de la unidad antifascista, en la que se fundamentaba el Gobierno de la Generalidad.

Asens, con lo incautado parcialmente, ya podía financiar las futuras compras de armas para Patrullas y los comités de defensa, en la construcción de una red de compra de armas que ya había iniciado a primeros de octubre de 1936, gracias a un préstamo de los sindicatos suizos.

Eroles, entre el 14 y el 24 de noviembre gestionó y administró el depósito de plaza Palacio, entregando un millón de pesetas a Santillán y ochocientas mil a Portela. Quizás estuvo aquí el origen del llamado “moniato” de Eroles (moniato que se explica en la biografía de Eroles, en el anexo 10 de mi libro sobre Asens).

Asens, Aurelio y Eroles, pero también Artemi Aiguader, temían que Revertés pudiera retener los lingotes depositados en Plaza Palacio.

La incautación de parte del tesoro Galarza por Asens (en su escaramuza con Revertés y el interrogatorio de Vázquez) pasó desapercibida, al igual que la existencia del depósito de plaza Palacio.

La prensa solo especulaba sobre extravagantes rumores, propagados interesadamente por Eroles y Aiguader, tan confusos como falsos, sobre unos lingotes de “platino” y un fallido asesinato por parte de Revertés de su madrastra o, a veces, de su suegra. Eran unas grotescas patrañas, que deformaban la realidad y lo sucedido hasta el ridículo y la hilaridad, si no fuese porque comportaron unas consecuencias tan trágicas. Pero lo cierto es que no hubo ni platino, ni suegra, ni madrastra, sino el tesoro Galarza y el choque callejero entre los patrulleros de Asens y los guardias de Revertés por su control. Ahí está el testimonio de Bárcena en el Caso Asens, reproducido ahora en la página 262 de “Anarquistas y Orden Público”, aunque solo al alcance de quienes sepan leer y quieran entender.

Las grandes noticias de finales de noviembre, en Barcelona, fueron el entierro de Durruti (el domingo22) y el complot contra Companys, delatado por Eroles (el 24) y la detención (disfrazada de dimisión) de Revertés (el 25).

Ante el conato de Revertésde hacerse con el tesoro Galarza para poner en práctica el plan de Estat Català de armarse, “decapitar a la FAI” y proclamar la independencia de una Cataluña tutelada por Francia y la Italia fascista, Eroles pinchó el globo golpista del fascismo catalanista, acumulando pretextos, chismes y engañifas que despistaran a la opinión pública, porque para quedarse con el tesoro Galarza era fundamental el silencio y la desinformación.

Revertés, desesperado y temiendo por su vida, confesó que se había comprometido a trasladar y custodiar desde Cerbère a Mataró unos vagones de ferrocarril con armas compradas por Estat Català.

Companys, después de entrevistarse a mediodía del día 24 con Artemi Aiguader, enfermó muy convenientemente y guardó cama hasta primeros de diciembre. En esa entrevista Artemi había comunicado a Companys las aventuras y desventuras de su pupilo y recomendado comisario, Andreu Revertés, anunciando al presidente su inminente detención y posible ejecución, que serían presentadas como dimisión y desaparición.

La detención de Revertés por Aiguader (en la tarde-noche del 24) también implicó la incautación del depósito de plaza Palacio por Aiguader, hasta entonces en manos de Duran y Eroles. Esa enérgica e interesada incautación explica el constante enfrentamiento de Aiguader con Aurelio y Eroles a partir de ese momento. Pero la documentación de archivo consultada hasta el día de hoy aún no permite conocer con exactitud qué y cuánto se quedó cada cual.

CNT, ERC y el Govern (con excepción de Comorera) decidieron que Revertés pagara con su vida la traición a la República. Casanovas, Torres Picart, Cardona y Xammar eligieron entre el exilio o el escondrijo. El Diari de Barcelona, órgano de Estat Català fue ocupado durante algunas horas por el Sindicato de Artes Gráficas. Eroles, sin embargo, decidió que era preferible que Estat Català no fuera disuelto definitivamente, imponiendo como condición sine qua non que su amigo personal Joan Cornudella asumiera la secretaría general, como garantía de que el disparatado golpe de estado independentista contra la República no se repitiera. El complot contra Companys y la República era un evidente acto de traición, penado con la muerte. El hilo del fascismo catalán se había roto,

Destacó en todo el afer el decisivo papel jugado por el policía Ferran Durán Miralles, secretario de Revertés, firmante del recuento y depósito en Plaza Palacio de la entrega de los lingotes de plata a la Generalidad, confidente de Eroles y testigo-fotógrafo de éste en la ejecución de Revertés por un escamot de ERC, formado (según fuentes solventes) por Josep Soler Arumí y Josep Grau Jassans, que asesinaron a su camarada de partido el 30 de noviembre de 1936.

Todos los documentos usados para explicar qué era el tesoro Galarza y desvelar el misterio Revertés como una lucha por hacerse con ese tesoro, pueden y deben consultarse en el anexo número 9, Caso Asens, del libro: Anarquistas y Orden Público. Josep Asens y las Patrullas de Control, editado por Descontrol en 2025. <https://serhistorico.net/wp-content...>

3

Daños colaterales: Otro asesinato (doble) no investigado, oculto por el silencio

Otro misterioso asesinato doble empañó la actualidad barcelonesa, también oculto por el silencio y el olvido. Ocurrió el 21 de noviembre de 1936, cuando en los alrededores del campo del Club de Futbol Júpiter se encontraron los cuerpos sin vida de los militares, comandante Emilio Escobar Udaondo de la Guardia Nacional Republicana (antigua Guardia Civil) y miembro de la dirección de la Escuela de Guerra y el capitán de la Aeronáutica Aurelio Martínez Jiménez, profesor en la misma escuela. Un doble asesinato que nadie llegó a explicar ni investigar jamás. Ambos eran secretario y subsecretario de la UMRA. Emilio Escobar era, además, Jefe de estadística en la Consejería de Defensa. <https://serhistorico.net/wp-content...>

Justiniano García Fernández

La noticia pasó inadvertida, con la ciudad paralizada y aturdida por la muerte de Durruti en Madrid, el 20 de noviembre. Aún hoy, nadie ha arrojado luz sobre el asesinato de los dos militares de la UMRA. Es evidente que ni patrullas ni comités de defensa cometerían la estupidez de dejar los cadáveres en un terreno afín, en el barrio obrero de Pueblo Nuevo, así como resulta inimaginable que alguna organización ácrata o cenetista se atreviera con un personaje como Emilio Escobar, incluido en las listas de masones, intocables para los anarquistas por orden de Manuel Escorza. Así pues, todo parece señalar que ese asesinato doble pudo ser obra de la Sección de Servicios Especiales, dirigida por Justiniano García Fernández, muy molesto y contrariado por el error (o rechazo) de alguno de los componentes de la expedición madrileña del tesoro Galarza, que solo llegar a Barcelona habían contactado, por honestidad e ingenuidad, o por temor a las consecuencias, con la Consejería de Defensa, alertando así a los militares de la UMRA.

La hipótesis (que será necesario probar documentalmente) es ésta: el asesinato de ambos militares de la UMRA por agentes de la SSE tendría el objetivo de evitar que denunciaran al socialista Prieto (y a otros) el escándalo protagonizado por el ministro de Gobernación Ángel Galarza y su tesoro. Su asesinato también era un aviso para otros posibles testigos.

Sin denunciantes, no habría escándalo. Por otra parte, quienes se quedaron con el tesoro (Aiguader, Eroles, Asens), sabían que Galarza no lo reclamaría públicamente, si con ello se evitaba la vergonzosa noticia de un ministro huyendo de un Madrid asediado por los fascistas que, además, quería asegurarse un lujoso futuro en Francia. Todos los protagonistas se conjuraron en guardar silencio; un silencio indispensable para conservar lo ganado. ¡O el tesoro o el escándalo!

Parece evidente que el asesinato del comandante Escobar y el capitán Martínez, y, sobre todo, el extremo silencio en el que se envolvió y la ausencia de investigaciones guardan una estrecha relación con el afer Revertés, que se estaba desarrollando en esas mismas fechas. Compartían el mismo silencio e idéntica desinformación, porque eran un daño colateral.

4

Cómo se trató el caso Revertés en la Junta de Seguridad, reuniones de comités y Consejo de la Generalidad del 24 al 30 de noviembre (1936)

24 de noviembre, martes.

Se celebró una reunión matutina de comités superiores[13], con la participación de los Comités Regional, Local, Guerra, Control, Investigación, Defensa, Comunicaciones, Transporte y CPV del Fascismo.

El CR planteó el problema de la defensa, como tema único de la reunión. Cedió la palabra a Santillán, para que hiciera un detallado informe.

Santillán valoró como un milagro la forma en que, después de cuatro meses, seguían haciendo la guerra: “casi sin municiones, sin personal técnico, sin pólvora, sin cartuchos, sin fábricas de armamentos, sin impermeables”. Afirmó que había mejorado la producción de cartuchos y que, en breve, saldría una promoción de oficiales de confianza. Y que si había material aún había tiempo de ganar la guerra.

El CR dijo que el objetivo de la reunión era señalar las deficiencias existentes y resolverlas.

Joan Pau Fábregas propugnó que Industrias de Guerra se sumara a Economía.

Santillán abogó a favor de que todo se centralizara en Guerra.

Campos propuso que Vallejo estuviese en la próxima reunión, para informar como técnico siderometalúrgico.

Ascaso[14] calificó de horrorosas las palabras de Santillán, al que había oído decir que después de cuatro meses de guerra, “aún no sabemos a ciencia cierta la materia prima que nos falta y a dónde la debemos ir a buscar”. El material de guerra recibido era pésimo y tan deficiente que, en ocasiones, causaba “la muerte de los compañeros que lo usan”, y hasta faltaba el machete-bayoneta para entrar en lucha cuerpo a cuerpo.

Santillán se defendió, como era clásico en él, según el redactor del acta.

Ascaso dijo que no se explicaba que desde Guerra ordenaran avances, “con municiones deficientes”.

Combina preguntó dónde estaban los cuatrocientos millones en oro, que se rumoreaba que habían salido de España. Se acordó que Marianet, secretario nacional, y los ministros anarquistas en el Gobierno, indagaran la respuesta.

Joan Pau Fábregas les dijo que no se extrañaran del sabotaje que les hacía el Gobierno central, recordando que Valdés ya les dijo que no recibiríamos armamento hasta que cambiáramos de actitud.

Santillán propugnó como imprescindible construir una tercera línea de ferrocarril, para evitar el bloqueo costero.

El CR hizo un resumen de lo acordado, proponiendo citar para el día siguiente a Vallejo, Martín, Regional y Local.

El Comité de Defensa, en referencia a la anunciada recogida de armas, advirtió que las barriadas no las entregarían, y tampoco permitirían que se les militarizara.

Afirmó de ellas que “tienen un concepto claro [y] diáfano de sus principios anárquicos, y por nada y por nadie se dejarán sojuzgar”. Prosiguió diciendo que estaban dispuestas a sacrificarse voluntariamente en defensa de la revolución, y que los comités de barrio vigilarían todo el litoral, desde Badalona hasta El Prat.

Castellote, Martínez y otros, calificaron la actitud de los comités de barrio como indisciplinada, y no estaban conformes en que “los Comités de Defensa y de Barriadas se rebelen ante los acuerdos tomados por los concejales”.

Se levantó la reunión a las doce y media de la mañana.

Los comités revolucionarios de barrio no habían hecho dejación de principios, no habían pactado con nadie, no se habían plegado a unidad antifascista alguna y no iban a permitir que nadie les desarmara. Pero carecían de autonomía y dependían financiera y orgánicamente de los sindicatos.

*

A las veintitrés horas y cincuenta minutos, bajo la presidencia del consejero Artemi Aiguader, se reunió la Junta de Seguridad Interior[15], a la que asistieron Coll, Eroles, Tomás Fábregas, Gil, Guinart, Olaso, Pons, Rebull, Vidiella y Aurelio Fernández, secretario de la Junta.

Leída y aprobada el acta anterior, Artemi Aiguader manifestó que en las últimas veinticuatro horas se habían producido hechos de suma gravedad. Vidiella confirmó la gravedad de los hechos, señalando que podrían haber tenido unas consecuencias aún más graves y pidió la constitución de una comisión, que investigara a todos los comprometidos en los mencionados hechos. Eroles se sumó a Vidiella, pidiendo una investigación a fondo, “sea quien sea quien pueda resultar perjudicado”.

Coll solicitó un informe completo y oficial a la Junta de Seguridad, pues hasta el momento todo lo que se sabía era de segundas o por rumores. Rebull coincidió con Coll.

Artemi Aiguader, Consejero de Interior, explicó que, si no había complicaciones ni otras ramificaciones, los hechos se limitaban a una conversación entre Revertés, comisario general, y Torres Picart, secretario general de Estat Catalá, sobre un movimiento que produjera la “eliminación” del actual gobierno de la Generalidad.

Vidiella opinó que era necesaria una actuación rápida y expeditiva del gobierno. Gil mostró su conformidad con Vidiella. Aiguader declaró que jamás había sido “impunista”[16]. Se entabló un debate generalizado del que resultó el acuerdo de que la Junta de Seguridad se declarase en sesión permanente, con el objetivo de profundizar y aclarar los hechos.

Se acordó tomar declaración a Joan Torres Picart, levantando acta aparte.

25 de noviembre, miércoles

Joan Torres Picart[17], compareció, a las dos del 25 de noviembre, ante el Pleno de la Junta de Seguridad Interior, reunida en sesión permanente, para ser interrogado por los distintos componentes de la Junta de Seguridad

Declaró que asistió a la reunión realizada entre Joan Casanovas, presidente del Parlamento y el Comisario general de Orden Público Revertés, para tratar una compra de armas, destinadas a las fuerzas de orden público.

A preguntas de Aurelio Fernández, respondió que no quiso atraerse al comisario a ninguna causa política, porque no existía tal causa; que las armas eran para las fuerzas de policía porque, aunque sostenían el gobierno “que querría eliminar”, él pensaba que tal eliminación debería venir por la fuerza de la opinión pública, “que Estat Catalá podría provocar”.

Manifestó que no había mantenido relaciones con Sancho, Puig Ferrater o España, “que se encuentran actualmente en el extranjero”. Que no sabía nada de una reunión en París.

A una pregunta de Eroles, manifestó que la visita efectuada al Comisario general “no tenía la finalidad de una invitación” y que no tenía nada planeado.

A la pregunta de Aurelio Fernández para que concretase “quienes cree que son los grupos incontrolados que ponen en mala situación el orden público en Cataluña”, manifestó que era favorable a la lucha antifascista y que su nombre no podía mezclarse con actos contrarrevolucionarios, “cometidos por los llamados grupos incontrolados”.

A preguntas de Vidiella, respondió que fue él quien propuso la entrevista al comisario y a Casanovas; que había roto relaciones con Dencás antes del 6 de octubre [de 1934] por diferencias [políticas] y que se enteró de su huida a Italia por la prensa.

Que desconocía las actuaciones de Dencás en Italia y París, ni sus gestiones favorables a que Italia y Alemania “reconocieran una declaración de independencia de Cataluña”, y que “nunca querría la colaboración de esos dos países para un movimiento de independencia”.

A preguntas de Coll, declaró que Domenec Ramón era militante de Estat Català.

A preguntas de Rebull, manifestó que el lote de armas costaba unos diez millones de pesetas, y que su valor y el detalle del armamento lo conocía bien Casanovas; que él sólo asistía a la entrevista porque le dijeron que no había inconveniente en que estuviera presente, y que después de hablar de armas, se habló de política, pero sin que una cosa tuviese nada que ver con la otra.

A preguntas del Consejero de Seguridad Interior manifestó que nunca había ido a Francia “desde el inicio de la revolución”, que había actuado activamente en el diario de su partido y desde el 20 ó 25 de agosto en la secretaría general del mismo, y que en el frente de Aragón había cuatro o cinco centurias de Estat Català.

A preguntas de Vidiella, manifestó que no era cierto que Casanovas, tras su salida del gobierno, se apropiara de Estat Català y que nunca le había oído hablar mal del Presidente Companys, ni de ningún consejero de la Generalidad.

A preguntas de Aurelio Fernández, declaró que Estat Català representaba un estado de opinión muy aceptado, que tuvo numerosas bajas en la invasión de Mallorca, que lamentaba no haber estado representado en el gobierno, porque su “obra hubiese tenido un espíritu más catalanista”.

Leída la declaración, que había durado una hora y quince minutos, la encontró conforme y la firmó, con el secretario de la Junta.

Firmado: Joan Torres Picart y Aurelio Fernández.

*

En la reunión matutina de los comités superiores[18], que contó con la asistencia de los Comités Regional y Local, Defensa, Cultura, JJLL, Guerra, Concejales, Montseny y CPV del Fascismo, Valerio Mas, como secretario regional, abrió el turno de palabras, explicando a los que no habían podido asistir a la última reunión (de ayer por la noche), que Vallejo había demostrado que Industrias de Guerra funcionaba perfectamente, contando con la existencia de ciento cincuenta y dos fábricas. El mayor problema era el económico. Otro problema, a corto plazo, era el del colapso del Transporte, si no se conseguía un mayor número de vehículos.

Valerio Mas también informó sobre la intervención, en esa reunión, de Productos Químicos quien había manifestado que su industria estaba en pleno auge, llenando las necesidades de la guerra, o incluso las de defensa, como las caretas antigás. Sólo se quejó de la falta de dinero, que había llegado al punto de que esa misma semana no se había podido pagar al personal

Santillán quiso resumir las informaciones de Mas, diciendo que faltaban dos cosas, por un parte dinero y, por otra, acero.

Joan Pau Fábregas explicó su viaje a Madrid, con el objetivo de obtener un crédito de cincuenta millones de francos. Luego habló del crédito concedido a Murcia a cambio de canalizar la exportación frutícula [hortícola] de la zona. Por otra parte, se conocía la existencia en Francia de ochocientos millones oro, a disposición del Gobierno español.

Combina, siempre impetuoso, según expresión del redactor del acta, propuso una demanda urgente al Gobierno, “exigiéndole que saque el dinero necesario para ganar la guerra”. No podía ser que se pidiera a Cataluña todo tipo de material, que se enviara desde Madrid a toda la población civil y que se nos negara el oro para comprar armamento. Era preciso nombrar una Delegación, que fuera a Madrid a exigir “que nos dé el dinero que necesitamos para resolver nuestros problemas”.

Se nombró, para formar parte de esta comisión, a Vallejo, Combina y Joan Pau Fábregas.

El CR leyó un documento del PSUC, “estilo camorra del Camorrera” en el que se decía, “poco más o menos”, que el Gobierno de la Generalidad no gobernaba de hecho, que hay que supeditarlo todo a ganar la guerra, que había de organizarse el gobierno con hombres de las organizaciones obreras, que debía suprimirse la Secretaría de la Junta de Seguridad Interior, que una disciplina férrea, y que como todo el texto “huele a dictadura estilo bolchevique, es desechado por completo”.

Combina manifestó que se estaba mostrando incapacidad, en el orden constructivo, para crear los órganos que se necesitaban.

Santillán informó sobre la situación de la Columna Durruti. “De su desmoralización, de su indisciplina”. Del criterio de Manzana. De los numerosos alegatos de aquellos que piensan “que a Durruti lo asesinaron”, etcétera.

Federica Montseny informó de la situación de las columnas en Madrid. Se acordó poner a Manzana al mando de la Columna Durruti en Madrid, con amplios poderes. Y que se enviarían “unas centurias de compañeros”, para obligarlos a permanecer en el frente y a no retroceder, si era necesario por la fuerza.

Combina manifestó su oposición a que fueran creándose nuevos ejércitos, “que el día de mañana nos puedan pegarnos a nosotros”.

Castellote dijo que ése era “el proceso de gestación del fascismo”.

JJLL, entre otras cosas, se quejó “de la actuación de la policía, que es peor casi que la de antes”, dando como ejemplo lo que había sucedido el día de ayer en el café Español, donde los policías usaron los mismos procedimientos que, antes de la guerra, se utilizaban en el bar “La Tranquilidad”[19], deteniendo arbitrariamente a todos los presentes.

A raíz de este debate, Federica Montseny propuso la creación de un cuerpo policial de Defensa Social, que aboliese todos los antiguos cuerpos “de perros de todas clases”.

El CR insistió en que la embajada española en París era un nido de espionaje.

Se levantó la reunión a los once menos cuarto de la mañana.

La indisciplina de la Columna Durruti, tanto en Aragón como en Madrid, era absoluta. La causa fundamental era la desmoralización, que nacía de la firme convicción de que Durruti había sido asesinado por los estalinistas[20], pero que se seguía manteniendo la unidad antifascista por mero trapicheo político. Las medidas propuestas por Federica Montseny de enviar centurias, que reprimieran por la fuerza a los milicianos de la Columna Durruti, para impedir su abandono o retroceso en el frente de Madrid, no contribuían precisamente a levantar la moral, y sólo pueden calificarse como “militaristas”. Esa desmoralización y esa difusa, pero omnipresente, sensación de intriga y traición anidaba en las quejas de las JJLL contra la policía, que actuaba como “la de antes”, o entre los mismos comités superiores, que exigían oro al gobierno para comprar armas y ganar la guerra.

*

Tomada la declaración a Torres Picart, prosiguió la sesión permanente de la Junta de Seguridad[21]. Vidiella propuso que se efectuara copia para la Junta de todas las actuaciones sumariales. Gil manifestó que lo más interesante parecía ser las entrevistas celebradas en el extranjero, y que parecía evidente la existencia de un movimiento, aunque en su fase inicial. Vidiella consideró que el delito era evidente: la eliminación del gobierno, aunque esa eliminación no fuera física, sino política, lo que equivalía a un golpe de estado. Propuso que la Junta tomase declaración a Joan Casanovas y a Andreu Revertés. Artemi Aiguader se opuso a que se tomara declaración a Casanovas, concediendo un voto de confianza a Eroles para que prosiguiera las investigaciones y diera cuenta de las mismas al día siguiente, cuando se reuniera la Junta a las cinco y media de la tarde.

En cuanto a Revertés, el consejero Artemi Aiguader cedió la palabra a Eroles para que informara a la Junta, quien explicó las anomalías detectadas en su conducta, que se agravaron con las desapariciones de determinadas personas, en las que había intervenido directamente el comisario Revertés, que había preparado además un complot que tenía “por finalidad la desaparición de los compañeros Aurelio Fernández, Vicente Gil y Solans”[22].

Todo apuntaba a que se trataba del temprano aborto de la preparación de un golpe de estado contra Companys, a causa de su “alianza” con los anarquistas, y que se proponía la eliminación física de varios dirigentes ácratas, “responsables de la anarquía imperante en Cataluña”, entre los que destacaba el nombre de Aurelio Fernández. El confuso objetivo final se orientaba a una independencia de Cataluña, fundamentada en el apoyo de las potencias fascistas de Italia y Alemania, que quedaría al margen de la República y de la España de Franco. Existía un hilo, ferozmente anticenetista, que unía la preponderancia catalanista-fascista de Dencás-Badía, en 1934, en el Departamento de Gobernación de la Generalidad, con el descontento de Estat Catalá por haber sido marginado del gobierno de la Generalidad tras el 19 de julio de 1936, que llegaba hasta ese ridículo intento de un golpe de estado contra Companys.

Vicente Gil, uno de los que el frustrado golpe de estado quería eliminar, subrayó la “responsabilidad” demostrada por los cenetistas. Tras un debate sobre si el comisario Revertés había dimitido o se le había destituido, se acordó hacer pública su destitución. Se suspendió la reunión a las cinco y cuarenta y cinco del día siguiente.

*

A las seis de la tarde, se reunió el Consejo de la Generalidad de Cataluña[23], presidido por Tarradellas, a causa de la enfermedad de Companys, con asistencia de los consejeros: Sandino, Joan Pau Fábregas, Doménech, Valdés, Comorera, Calvet, Nin, Aiguader y Closas.

Tarradellas explicó el resultado de su viaje a Valencia, donde se entrevistó con Negrín, ministro de Hacienda; con Bugeda, subsecretario de Hacienda y con Nicolau d´Olwer, gobernador del Banco de España. Dijo Tarradellas que se habían barajado varias fórmulas de financiación, pero que la más favorable para Cataluña, que Tarradellas sometía a la consideración del Consejo, era que el Estado otorgara un crédito a la Generalidad.

Doménech, Consejero de Abastos, advirtió de la necesidad de tener una reserva alimenticia de unos seis meses, para evitar que cualquier complicación internacional de la guerra, o el bloqueo del puerto de Barcelona, supusiera un colapso tanto de la retaguardia catalana como del frente de Aragón. Calculaba que “se necesitan unos cincuenta millones de pesetas”. Esa reserva debía hacerse a quince días vista, o máximo en un mes. Concluía que “el Gobierno de la República de una u otra manera nos ha de facilitar lo que haga falta, y que de no ser así declinaba toda responsabilidad”.

Comorera, Consejero de Servicios Públicos, dijo que “el competente para proponer la fórmula que crea que ha de adoptar el Consejo, es el Consejero de Finanzas”, y respondió a Doménech que “antes de facilitar el crédito del que hablaba, que se planteara previamente una política de abastos, mediante la fijación de una lista de artículos indispensables, establecer o no el plato único, etcétera”.

Tarradellas intervino para centrar el debate, que no era otro que “el de la cuestión financiera de la Generalidad en relación con el Estado”, cuya responsabilidad recaía en sí mismo como Consejero de Finanzas, y que “ante el apremio de las circunstancias es preciso resolverlo de una vez”.

Después de diversas intervenciones de los distintos consejeros se acordó que Tarradellas, como Consejero de Finanzas, escribiese a Negrín, Ministro de Hacienda de la República, “proponiendo que el Banco de España abra un crédito a la Generalidad de Cataluña de cincuenta millones de pesetas, con el aval del Estado para los gastos propios de Cataluña, y que el Tesoro conceda un crédito a la Generalidad de doscientos millones de pesetas, para atender los servicios del Estado que presta la propia Generalidad”.

Tras diversas cuestiones de distinta importancia, se trató el tema de la destitución de Revertés del cargo de Comisario General de Orden Público, así como de la detención de Torres Picart, de Estat Català. Se produjo un enconado debate, en el que Comorera y Valdés (ambos del PSUC) querían que la investigación del caso fuera hasta el final, desvelando las conexiones del complot independentista con Dencás y las potencias fascistas; mientras Aiguader y Tarradellas (de ERC) deseaban enterrar el caso con una encuesta dirigida por la Junta de Seguridad Interior, desligar al partido de Estat Català de las acciones de Revertés, y dejar de cavilar sobre un “inexistente” complot fascista. Después de larga deliberación se aprobó la propuesta de Tarradellas, dejando el caso en manos de una “encuesta de carácter gubernativo”, que elaborase “un expediente”. Esto es, que se le daba carpetazo.

El Consejo abordó, a instancias de Sandino, el proyecto de decreto de creación de Regimientos. Joan Pau Fábregas (por la CNT) pidió el aplazamiento del debate, a lo que se opusieron Sandino y Comorera. Comorera recordó que PSUC y UGT habían presentado al Presidente de la Generalidad una propuesta política “a la cual ha de contestar la CNT”, pidiendo la suspensión de todo debate, en tanto no se resolviese la cuestión. Tarradellas se sumó a la presión sobre la CNT de Comorera y Sandino, “por lo que se dijo del cumplimiento de los Decretos dictados, es necesario que se resuelva el problema planteado, pero deprisa”. Se acordó finalmente que el proyecto sobre creación de Regimientos pasara a la Ponencia ya nombrada de los consejeros.

Comorera planteó el problema existente en los ferrocarriles, expuesto por los trabajadores del sector, sobre falta de carbón y de renovación del material, que podía colapsar un sector vital de las comunicaciones. Apremió, además, con una moción, al Consejero de Abastos, el cenetista Doménech, para “que procure acelerar la descarga de vagones, porque parece que, con menos tráfico, los porcentajes de vagones descargados es menor”.

Los consejeros cenetistas habían sido vapuleados, presionados y puestos en evidencia por su ineficacia, fuese cierta o no. El resto de consejeros parecían rivalizar en quien les daba más fuerte y los ridiculizaba mejor. Y eso que se había debatido un escándalo político, como el del complot independentista, descubierto por los cenetistas. A la demanda de un préstamo para comprar alimentos, realizada por el Consejero de Abastos, Doménech, se le respondía irresponsablemente que eso correspondía al Consejero de Finanzas, y no se hacía nada al respecto.

En el despacho ordinario se firmó la destitución de Revertés, cerrándose la sesión a las ocho y media de la tarde.

*

A la reunión nocturna de los comités superiores[24] asistieron los Comités Regional y Local de la CNT, Comité de Defensa, Servicio de Investigación de la CNT-FAI, Patrullas, Orden Público y el Comité pro-Víctimas del Fascismo.

Valerio Mas, por el CR, informó “que la crisis total que sufre la Generalidad, ha sido motivada por el proyecto del nuevo ejército”, y que los otros consejeros decían a los consejeros cenetistas que cómo podían colaborar si, en ese momento, estaban en total oposición a los ideales cenetistas.

El CR se propuso el objetivo de alcanzar un acuerdo.

Santillán dijo que era necesario inculcar en las masas la necesidad de acuerdo.

El CR repitió lo que ya había dicho por la mañana, referente a que “el cese de las comisiones jurídicas en todas partes, promueve grandes protestas” y que las órdenes de desarme no habían sido obedecidas por nadie. Asumió que “las barriadas las tenemos como nuestros peores enemigos”, y que era necesario recoger las diferentes inquietudes de todos los componentes de la Organización.

Joan Pau Fábregas informó que Reverter estaba en Montjuic. Se habló del complot de Estat Catalá y “de sus propósitos de eliminar a todos los consejeros, por no estar conformes con ellos”. Afirmó que “Companys hace ver que está enfermo por [para] no recibir a nadie”. Constató el desacuerdo de los cenetistas con el proyecto militar de Sandino. Opinó que todo respondía a “una ofensiva general” contra la CNT.

Santillán, aunque no venía a cuento, abogó por la disciplina. Y dijo que era necesario unirse para obtener la victoria. Puso el ejemplo de la unificación de las columnas confederales de Los Aguiluchos, Ascaso y Rojinegra; y como ejemplo negativo el de la Columna Libertad del PSUC, que queriendo permanecer solitaria, “cogió pánico [y] asaltó el tren”, para irse a Barcelona y abandonar el frente de Madrid: “se les tuvo que forzar para que volvieran al frente”.

Sobre la no obediencia al desarme, sentenció que “no se deben aceptar Decretos, que de antemano se sabe que [no cumplirán] las masas; como por ejemplo la recogida de armas”.

Eroles comunicó que Companys le había indicado “la necesidad de hacer un cambio”. La crisis gubernamental, según Eroles, estaba latente desde hacía mucho tiempo, y la oposición de la CNT al proyecto militar era sólo una excusa hipócrita para desencadenar la crisis.

Canela reforzó el informe de Eroles, diciendo que Companys ya le había hablado, hacía mucho tiempo, de su propósito de hacer un gobierno CNT-UGT-Rabassaires.

Juanel rebatió los argumentos de Joan Pau Fábregas, rechazó que la CNT fuera culpable de la crisis de gobierno y concluyó que “hay que procurar de convencer a las masas de la necesidad de la unificación de mando”.

Portela intervino para repetir lo que ya había dicho Santillán, esto es, que los consejeros cenetistas sólo debían aceptar y comprometerse en “aquello que podamos cumplir”, reconociendo el error de haber aceptado el desarme de la retaguardia, que eran incapaces de hacer cumplir a sus propios militantes, y muy especialmente a los comités revolucionarios de las barriadas.

Doménech constató la