Contra la impunidad de Claude Staicos y Rolando Figueroa: denunciaron el arrebato del niño M. ante la Justicia Federal

La denuncia presentada por la Red Viva se centra específicamente en el operativo desplegado el 20 de agosto pasado en el jardín : al menos seis policías armados, acompañados por funcionarios de la Defensoría del Niño y la Justicia provincial, entraron armados al establecimiento en horario de clases, redujeron y golpearon a la madre y le quitaron a M. de sus brazos, mientras éste lloraba y pedía por ella. En la presentación, se argumenta que el desmedido despliegue constituye los delitos de abuso de autoridad, vejaciones y apremios ilegales, lesiones leves agravadas por haber sido cometidas por funcionarios públicos (las heridas que sufrió Alexandra constan en la pericia médica que se le realizó la semana siguiente al hecho) y privación ilegítima de la libertad, entre otros. La abogada Sara Barni aclaró, asimismo, que no se cuestiona en esta ocasión la orden judicial de revincular al niño con su padre, sino la gravedad institucional que constituye el ingreso de policías armados que se manejaron con brutalidad contra una mujer y un niño en pleno establecimiento educativo, frente a otros pequeños.

Este lunes, la Justicia confirmó el ingreso de la denuncia, que fue asignada al Juzgado Federal nro. 1. El objetivo, expresó Barni, es que se investigue a “los funcionarios y agentes responsables” del operativo, en el marco del cual los policías “redujeron violentamente y esposaron a la madre protectora, Alexandra Jaqueline Sabio, causándole lesiones, y sustrajeron por la fuerza a su hijo MPSS, pese a la negativa expresa del niño a ser separado de ella”. Todo ello, añade el comunicado de Red Viva, “sucedió frente a docentes, madres, padres y alumnxs, generando un hecho de violencia institucional de extrema gravedad”. De este modo, se exige también “la adopción de medidas de no repetición que garanticen que jamás vuelva a repetirse un operativo armado en un ámbito escolar”, en un reclamo que cuenta con el acompañamiento de cientos de organizaciones, instituciones y profesionales, además de legisladores provinciales y nacionales. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Foto: ATEN Capital.

“Ninguna orden judicial autoriza la violencia contra mujeres y niñxs. El ingreso armado a una escuela constituye un hecho de gravedad institucional que vulnera el Estado de Derecho. La Convención sobre los Derechos del Niño, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino a garantizar una protección reforzada frente a la violencia ejercida contra mujeres, niñas y niños. La persecución y criminalización de madres protectoras constituye una forma de violencia vicaria e institucional, prohibida por la Ley 26.061 y la Ley 26.485. La madre y su hijo, acompañados por Red Viva y las organizaciones adherentes, exigen a la Justicia Federal que ponga fin a la persecución y garantice la protección integral de la niñez y de las mujeres víctimas de violencia”, concluye el mensaje de la organización.

Censura y persecución en Neuquén: la necesidad de intervención federal

El turbulento camino que desembocó en el operativo del 20 de agosto comenzó hace más de cinco años, cuando Alexandra Sabio inició una relación con Claude Staicos que pronto terminó marcada por https://www.anred.org/apuntan-a-un-... las agresiones físicas y verbales permanentes, el control y la manipulación de parte del actual funcionario, quien hace años maneja el grueso de los medios hegemónicos de la provincia. Cuando finalmente Sabio planteó la separación, acababa de nacer M., el hijo de ambos, y Staicos los retuvo en su casa por varios días bajo amenazas hasta que intervino la policía. En adelante, y aunque la mujer planteó una tenencia compartida, el dirigente arremetió judicialmente para obtener el cuidado unilateral, incumpliendo las instancias de mediación y visitas con el fin de esgrimir luego un falso “impedimento de contacto” contra la madre. Para más, el actual secretario de Prensa neuquino figura en el registro de deudores alimentarios por no haber colaborado con la manutención de su hijo. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Foto: ATEN Capital.

Nueve meses atrás y pese a la evidencia presentada por Sabio, la Justicia neuquina terminó concediéndole el cuidado unilateral a Staicos en un proceso marcado por sucesos irregulares y arbitrarios tales como la conversión del juicio -que era público- en privado luego de que el padre reconociera haber privado de su libertad a Alexandra; la negativa a que el psicólogo del niño declarara (se trata de Claudio Marín, quien garantizó que M. estaba en excelentes condiciones de desarrollo y que debía revincularse con su padre de una forma progresiva y cuidada, sin ser separado de su madre); y la no contemplación de la extensa prueba que acreditaba el cumplimiento de todas las instancias de visita y mediación por parte de Sabio, en contraste con la repetida ausencia de Staicos. De igual modo, tampoco se tuvo en cuenta el trasfondo de violencia de género y profunda asimetría, no sólo por razones sexuales sino también por tratarse de un funcionario público con el control de los medios de comunicación.

Cuando los videos del arrebato de M. en su jardín de infantes comenzaron a circular y despertar rechazo en las calles y las redes sociales, el aparato de trolls y usuarios allegados a Staicos que hostigó a Alexandra por cinco años se mantuvo en relativo silencio. Su actividad mostró un repunte en las últimas horas, tras conocerse la denuncia de la Red Viva. La difusión de información falsa y difamaciones contra la madre se reactivaron, con especial protagonismo de la cuenta “Frente de Mujeres de Neuquén y Río Negro”, cuya historia habla por sí sola. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

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Cuando Sabio comenzó a denunciar las amenazas que recibía de parte de Staicos, éste creó -junto a un hombre llamado Fabián Cruciani- una ONG de “padres contra las falsas denuncias”, que nucleaba a un conjunto de hombres denunciados por violencia de género dedicados a escrachar tanto a Sabio como a otras mujeres que habían denunciado. La dudosa credibilidad de una organización compuesta por hombres denunciados intentó ser compensada con el mencionado Frente de Mujeres, por cuya fundación apuntan a Mirta Ancaten, consejera escolar por el partido del gobernador Rolando Figueroa. Tales conexiones llevan a Sabio y sus acompañantes a pensar que semejante actividad no es otra cosa que el poder y los contactos de Staicos desplegados en medios y redes sociales para impulsar el relato de las “falsas denuncias” promovidas por la “ideología de género”. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

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Por otra parte, la madre protectora denunció que, a raíz del operativo del 20 de agosto, la subcomisaria Norma Díaz, quien la arrojó al piso, la golpeó y la amenazó mientras le arrebataban al niño, está ahora con licencia psicológica: “La están cubriendo”, aseguró Sabio. También señaló las “mentiras” que el juez de familia Luciano Speroni escribió en el acta sobre los sucesos de ese día, donde indicó que Sabio se arrojó “sola” al piso y que el niño solamente lloraba porque su madre le “tiraba del pelo”, algo que resulta insostenible con solo mirar los múltiples videos que circularon en esa fecha y el acta médica forense que constató las heridas de Alexandra. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Foto: ATEN Capital.

En la denuncia, Barni recalcó que la situación debería ser abordada por la Justicia federal por “la gravedad institucional del hecho” y por “la afectación de compromisos internacionales”, y resaltó sobre todo que “la circunstancia de que el progenitor del niño sea un funcionario del Poder Ejecutivo provincial introduce un riesgo concreto de falta de imparcialidad en el fuero local”, con lo cual “negar la competencia federal implicaría consolidar un ámbito de impunidad estructural”.