Apelan la condena a manifestantes detenidos durante las protestas contra la Ley Ómnibus

<https://www.anred.org/wp-content/up...>

Organizaciones de ddhh denuncian una sentencia arbitraria y convocan a acompañar la audiencia que revisará la condena a cuatro personas acusadas por manifestarse frente al Congreso en febrero de 2024. Por ANRed/Foto: Nicolás Solo para Indymedia

La Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP) convocó a acompañar la audiencia de apelación contra la condena de cuatro manifestantes detenidos durante las protestas contra la denominada Ley Ómnibus, realizadas frente al Congreso de la Nación el 2 de febrero de 2024. La audiencia se realizará el próximo 25 de junio a las 13 horas en la Sala III de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la organización sostienen que la sentencia constituye un caso de criminalización de la protesta social y denuncian que las condenas fueron dictadas sin pruebas que acrediten las acusaciones. Según explican, el juicio fue el único que avanzó entre las causas iniciadas tras la detención de 14 personas que participaban de una manifestación pacífica contra el proyecto impulsado por el gobierno nacional.

CADeP afirma que durante el proceso judicial no pudo demostrarse que los acusados hubieran arrojado piedras ni protagonizado hechos violentos. También cuestiona la consistencia de los testimonios policiales, señalando que presentaron contradicciones entre sí sobre los hechos ocurridos durante la jornada represiva.

Uno de los casos destacados por la defensa es el del músico Carlos Denuble. La organización sostiene que existen registros audiovisuales continuos que muestran su recorrido mientras tocaba una flauta melódica en señal de protesta hasta el momento de su detención. A pesar de ello, la sentencia lo responsabiliza por el lanzamiento de una piedra, una acusación que, según la defensa, no encuentra respaldo en las imágenes incorporadas a la causa.

Para CADeP, la condena responde a una política orientada a desalentar la movilización social. “La arbitrariedad de la sentencia posee una única explicación: avalar la política estatal de criminalizar la protesta, perseguir a quienes reclaman públicamente y generar miedo para inmovilizar a la población”, señalaron en un comunicado difundido esta semana.

La organización remarcó que la apelación no sólo busca revertir una condena que consideran injusta, sino también defender el derecho a la protesta, a la petición pública y a la libre expresión de los reclamos sociales. En ese marco, convocaron a organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos a acompañar la audiencia y difundir la situación de los cuatro condenados: Carlos Denuble, Astor Galan Vizgarra, Joaquín Arrúa y Pedro Esquivel.