Almirante Brown: la trama detrás del despojo de «Los Candiles»

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En la localidad de Adrogué, partido de Almirante Brown, una empresa constructora cuya presidenta fundadora, Cristina Olabuenaga, tiene vínculos comprobables con el intendente Mariano Cascallares, tomó por la fuerza un predio de cinco hectáreas que durante cuarenta años fue espacio verde comunitario. Lo hizo con la colaboración de un interventor designado por el propio municipio, y mientras el juez ya le había negado dos veces la posesión provisoria. Debajo del predio nace el arroyo Las Perdices. Los vecinos temen las inundaciones. Por corresponsal, para ANRed.

LO QUE PASÓ

El predio ubicado entre las calles Presidente Arturo Illia, Comodoro Py, Erasmo Obligado y Presidente Juan Domingo Perón de la localidad de Adrogué (lote 5, circ. III, secc. A, mz. 5, parc. 1, Partido de Almirante Brown) tiene cinco hectáreas. Durante cuatro décadas funcionó allí el Centro Tradicionalista Los Candiles, asociación civil registrada con matrícula N° 15401. El espacio era de uso público, abierto a la comunidad, con actividades culturales, deportivas y de recreación.

El 21 de junio de 2025, la empresa Sauber Argentina S.A., presidida por Marcelo Adrián Mozo, cercó la totalidad del predio con alambrado y tomó posesión. Lo hizo acompañada de un escribano —Jorge Herrero Pons— que extendió un acta notarial certificando la toma. La operación fue custodiada por personal de la Comisaría Segunda de Adrogué, sin orden judicial que lo justificara.

LA MANIOBRA LEGAL

El conflicto por la propiedad del terreno arranca en 2014, cuando Beatriz Lorenzetti inició un juicio de reivindicación (Expte. 95.447, Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Lomas de Zamora). Lorenzetti era titular de apenas 16/72 partes del total del inmueble —adquiridas en distintas etapas desde 1981— y jamás tuvo posesión efectiva del lugar.

En 2022, dos años después de la muerte de Lorenzetti, sus herederos cedieron los derechos litigiosos a Sauber Argentina S.A. Esto significa que la empresa no compró el terreno: compró el derecho a continuar el juicio, sobre una fracción indivisa de un bien que además tenía poseedores activos desde hacía décadas.

La cronología siguiente es clave:

– Enero de 2024: Sauber hace firmar a dos socios de Los Candiles un convenio de comodato en el que la institución reconoce el supuesto derecho de propiedad de la empresa sobre la totalidad del predio. Los socios habrían sido engañados sobre la naturaleza y alcance de lo que firmaban.

– 3 de julio de 2024: A pedido del Municipio de Almirante Brown, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) interviene el Centro Tradicionalista Los Candiles y designa como interventor a José Oscar Fernández, por 90 días, con mandato exclusivo de convocar elecciones y normalizar la institución. El acto resolutivo es explícito: el interventor no tiene facultades para representar judicialmente a la institución ni para disponer de bienes.

– 3 de octubre de 2024: El juez Nicolás Oscar Raggio realiza una inspección ocular en el predio y constata que «sigue en uso comunitario». Descarta el argumento de abandono alegado por Sauber y por el municipio. En esa misma inspección, el juez recibió en el predio a Bagñasco, representante de Sauber, pese a que este no había acreditado legitimación en el expediente.

– 7 de mayo de 2025: El juez Raggio rechaza expresamente el pedido de Sauber de tenencia provisoria del inmueble. La resolución judicial establece que no se verifican los supuestos de abandono ni ausencia de terceros poseedores, e infiere la existencia de terceros que ejercen actos de posesión con eventual derecho a reclamar.

– 25 de junio de 2025: A pesar de las dos negativas judiciales, el interventor Fernández se presenta ante el juzgado y —excediendo flagrantemente sus atribuciones— se allana a la reivindicación de Sauber y renuncia a toda acción de la institución sobre el predio. Ese mismo día, Sauber toma posesión del terreno.

Los vecinos sostienen —y así lo han denunciado penalmente ante la UFI 8 del Departamento Judicial Lomas de Zamora (IPP 07-05-19964-25)— que existió un acuerdo previo entre Mozo y Fernández: ambos son socios activos del Club Temperley y fueron consortes en una lista interna del club.

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EL VÍNCULO POLÍTICO: CRISTINA OLABUENAGA

Sauber Argentina S.A. fue fundada el 24 de agosto de 2012. Su acta constitutiva, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires (L.P. 26.186), consigna como socias fundadoras a Silvia Susana Pappolla y a Cristina Olabuenaga (DNI 20.831.402), con domicilio en Soler 578, Ituzaingó. La primera presidenta del directorio fue Cristina Olabuenaga.

Olabuenaga tiene vínculos comprobables con el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y con el universo político del conurbano sur bonaerense. Su nombre aparece también vinculado a Bagñasco, su esposo, el representante de Sauber que estuvo presente en la inspección judicial del predio sin acreditar legitimación en el expediente.

Este dato cobra relevancia en la siguiente cadena de hechos: fue el propio Municipio de Almirante Brown —conducido por Cascallares— quien solicitó a la DPPJ la intervención del Centro Tradicionalista Los Candiles, la misma intervención que derivó en la designación de Fernández y, en la cadena de hechos que siguió, en la entrega irregular del predio a Sauber.

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El 8 de agosto de 2025, una vez consumada la toma del predio, Cascallares publicó en redes sociales el anuncio de un proyecto de expropiación. Los vecinos señalan que el gesto llegó cuando la ocupación era ya un hecho irreversible, y que el intendente omitió toda referencia a la ilegalidad de la toma. Paralelamente, el municipio inauguró una nueva sede del Centro Tradicionalista Los Candiles en la periferia de Longchamps —lejos del predio en disputa— en lo que los vecinos interpretan como un intento de desactivar el reclamo institucional.

Asimismo, los vecinos documentan que en el año 2024, concejales del partido gobernante en Almirante Brown votaron una rezonificación del predio, cambiándolo de zona verde a zona residencial (R), habilitando así la edificación. La votación precedió a la toma del terreno.

EL RIESGO AMBIENTAL: UN ECOCIDIO QUE VIENE DE LEJOS

El predio no es solo un espacio verde urbano. Alberga la naciente del arroyo Las Perdices, que integra la subcuenca del arroyo Sarandí y fluye hacia el Río de la Plata. El lugar fue históricamente una hondonada profunda con características de humedal: suelos saturados, vegetación ribereña, avifauna asociada, y agua a menos de 40 centímetros de la superficie en cualquier punto del predio.

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Vecinos mayores del barrio recuerdan haber ido a pescar y nadar en ese arroyo en los años ’60. Había bagres amarillos, mojarras, anguilas, tortugas y sapos. El ecosistema era, según sus testimonios, de una riqueza extraordinaria, comparable al de una laguna. Esa vida fue destruida cuando la Fábrica Baclo, que operaba sobre la avenida Espora, volcó residuos de ácido clorhídrico al arroyo. El evento fue masivo y fulminante: los peces aparecieron muertos o agonizantes a lo largo de todo el cauce, el agua quedó inutilizable, y la contaminación química del suelo persiste hasta hoy. Estudios de pH del sedimento confirmarían la permanencia del ácido en el barro, lo que explica la ausencia de vida vegetal en determinadas zonas del predio.

Sobre esa hondonada contaminada y rellenada se construyó décadas después lo que hoy se conoce como «Los Candiles». El agua sigue ahí abajo.

Profesionales consultados por los vecinos son categóricos: en ese suelo no se puede edificar. El nivel freático es demasiado alto, los cimientos deberían tener veinte metros de profundidad, y cualquier impermeabilización aumentaría drásticamente el riesgo de inundación para todos los barrios linderos. document.createElement(’video’); https://www.anred.org/wp-content/uploads/2026/06/Brown.mp4

Esa amenaza tiene cifras. Según el XXVIII Congreso Nacional del Agua (CONAGUA 2025), el barrio está clasificado en Nivel 5 —el máximo posible— de riesgo hídrico-climático urbano en cuanto a amenaza, exposición poblacional y vulnerabilidad social ante inundaciones. Hace menos de una década, vecinos de la zona salían de sus casas en canoa. Fueron ellos quienes, con trabajo propio de limpieza y mantenimiento del arroyo, evitaron los desbordes durante los últimos cinco años. Con el predio vallado, ese trabajo es imposible.

La situación fue denunciada ante la Autoridad del Agua (ADA) de la Provincia de Buenos Aires (Expediente EX-2025-29369335-GDEBA-DGAADA) y ante la Defensoría del Pueblo (Reclamo N° 58322/25), organismos que han tomado intervención en la causa ambiental con trámite en curso. Se solicitó también la incorporación del inmueble al inventario provincial de humedales.

EL FRENTE LEGISLATIVO Y JUDICIAL

Dos proyectos de ley con idéntico objeto —declarar el predio de utilidad pública y expropiarlo para incorporarlo al espacio verde municipal— fueron presentados con un día de diferencia en agosto de 2025: uno por el Diputado Juan Pablo de Jesús (Expte. D-2228/25-26), por iniciativa del intendente Cascallares; otro por la Senadora María Rosa Martínez. Ambos aguardan tratamiento en sus respectivas cámaras.

Los vecinos observamos una paradoja: los mismos actores políticos que habilitaron la rezonificación y la intervención que permitió la toma del predio son quienes ahora impulsan una expropiación que, de prosperar, implicaría que el Estado pague a la empresa por un bien que fue tomado de manera que el propio juez cuestionó. En ese escenario, Sauber ganaría de todas formas.

En el fuero civil, el juicio de reivindicación (Expte. 95.447) tuvo resolución definitiva el 25 de febrero de 2026, cuando el juez Nicolás Oscar Raggio dictó interlocutorio dando por concluida la causa, como consecuencia del allanamiento y desistimiento efectuados por el interventor en nombre del Centro Tradicionalista Los Candiles. Socios activos de la institución intentaron presentarse como terceros afectados para impugnar esos actos, solicitar medidas cautelares y plantear la nulidad de lo actuado por el interventor, pero no fueron admitidos en el proceso. El juez también hizo caso omiso a los planteos ambientales formulados por los vecinos, pese a haber constatado personalmente durante la inspección ocular la presencia del arroyo Las Perdices en el predio, y se negó a correr traslado del expediente a la Autoridad del Agua.

EN SÍNTESIS: LO QUE HAY PARA CONTAR

Una empresa constructora cuya presidenta fundadora tiene vínculos comprobables con el intendente tomó por la fuerza –“un cerco preventivo”– un predio que no le pertenecía, con la colaboración de un interventor designado por ese mismo intendente, desoyendo dos resoluciones judiciales. El terreno fue previamente rezonificado para habilitar la construcción. Un representante de la empresa –Walter Bagnasco– estuvo presente en la inspección judicial sin acreditar legitimación en el expediente. El predio alberga la naciente de un arroyo, tiene nivel freático a menos de medio metro de la superficie, y su zona de influencia está clasificada con el máximo riesgo hídrico del país. El mismo intendente que impulsó la intervención anunció luego un proyecto de expropiación que, si prospera, haría que el Estado pague por lo que la empresa tomó irregularmente. No solo hubo blindaje económico y político: también judicial.

La documentación está disponible: expedientes judiciales, resoluciones de la DPPJ, acta fundacional de Sauber en el Boletín Oficial, informes ambientales, proyectos de ley, denuncias penales, actas notariales y testimonios de vecinos.