«Y estábamos mal pero ahora está cada vez peor»

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«Y estábamos mal pero ahora está cada vez peor, en mi casa comemos una vez al día, se cocina únicamente a la noche, las nenas desayunan en la escuela y durante el día a puro té o mate», dice Paola, trabajadora y vecina de Villa Fiorito. La realidad económica argentina en el inicio de 2026 presenta una contradicción ética y social insostenible, donde la aceleración de la inflación en rubros básicos como alimentos y transporte convive con el desmantelamiento de las redes de contención estatal y la eliminación de políticas claves en sectores más vulnerables. Mientras la canasta alimentaria acumula subas asfixiantes y los sectores trabajadores —incluyendo jubilados y trabajadores de ingresos mínimos— caen bajo la línea de indigencia debido a la disparada de precios en segundas marcas y servicios esenciales, la clase política vinculada al Ejecutivo de Javier Milei convalida aumentos salariales que rozan el 123% en apenas cinco meses, profundizando una fractura social donde el esfuerzo solicitado es asimétrico y la dignidad se convierte en un privilegio de la casta funcionaria. Por Matías Mora Caceres.

Escribir sobre la economía argentina de principios de 2026 requiere, ante todo, una mirada que logre atravesar la frialdad de las planillas macroeconómicas para observar el desgarro cotidiano de quienes intentan, con una creatividad ya agotada, estirar billetes que pierden valor antes de salir del cajero automático, una situación que se vuelve insostenible cuando los datos oficiales confirman, por ejemplo, que la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se aceleró al 3% solo durante el mes de marzo, traccionada fundamentalmente por los alimentos y las bebidas no alcohólicas que se posicionan como los rubros de mayor impacto en el presupuesto de las familias. Esta aceleración no es un hecho aislado ni un desvío estadístico, sino la punta del iceberg de una crisis que golpea con especial saña en el Conurbano Bonaerense, donde se observa un fenómeno perverso y profundamente regresivo: las segundas y terceras marcas, históricamente el refugio de los sectores populares para capear las crisis, están aumentando proporcionalmente más que las marcas líderes, eliminando así cualquier margen de ahorro o estrategia de supervivencia para los trabajadores que ya no tienen hacia dónde descender en su escala de consumo. Esta dinámica se complementa con la asfixia que produce el costo de la energía y los servicios, pero encuentra su punto más crítico en la mesa de los argentinos, considerando que la Canasta Básica Alimentaria en provincias como Córdoba ya registra incrementos del 15% acumulados sólo en el primer trimestre del año, dejando a la vista que la desregulación total de precios ha generado una transferencia de ingresos brutal desde los bolsillos de los asalariados hacia los sectores concentrados de la economía. Mientras el precio de la carne se vuelve un artículo privilegiado y la nafta encadena aumentos que impactan directamente en la logística de toda la cadena de valor, encareciendo cada eslabón de la producción, la crisis de transporte público añade una capa extra de complejidad ya que no solo se explica por el aumento del boleto, sino por la reducción drástica de recorridos y frecuencias que deja a los trabajadores de la periferia en una situación de aislamiento de facto, convirtiendo el acto de ir a trabajar en una «odisea de llegar a fin de mes» que comienza mucho antes de ingresar a la oficina o a la fábrica.

La profundización de la crisis económica ha empujado a la clase trabajadora hacia un escenario de supervivencia extrema donde la morosidad ya no es una excepción, sino una estrategia desesperada de administración financiera en cada casa: las familias se ven obligadas a postergar el pago de servicios públicos y tarjetas de crédito simplemente para garantizar la alimentación diaria, una situación que se describe como un estado de endeudamiento permanente para cubrir necesidades básicas. Ante la insuficiencia de un salario único que se licúa frente a una inflación que no da tregua, el pluriempleo se ha transformado en la norma de una «odisea» cotidiana, donde la búsqueda de ingresos extra en la informalidad o el retorno de los jubilados al mercado laboral —quienes deben volver a trabajar para sobrevivir ante la caída real de sus haberes— no logra compensar el encarecimiento de la canasta básica. Este deterioro sistémico alcanza su punto más alarmante en los últimos informes sociales, donde se manifiesta una realidad desgarradora: la restricción de las comidas diarias; hoy, miles de trabajadores argentinos se ven obligados a saltear raciones o reducir la calidad de su ingesta, limitando el consumo de proteínas esenciales como la carne para priorizar harinas, en un contexto donde la «inflación de los pobres» castiga con mayor dureza a quienes menos tienen, confirmando que la seguridad alimentaria en el país se encuentra en su punto más crítico de los últimos años

El panorama se agrava por un Estado que ha decidido retirarse de su rol protector de manera abrupta y punitiva, desmantelando políticas sociales fundamentales como el ex Potenciar Trabajo bajo la premisa de una supuesta eficiencia que, en la práctica, significa dejar a un millones de personas a la deriva en un contexto de recesión profunda y desempleo creciente. Al eliminar los programas de integración socio-urbana que permitían una mínima mejora en la infraestructura de los barrios populares, como la llegada de cloacas o el asfaltado de calles, el Gobierno no solo recorta gasto sino que condena a la marginación estructural a sectores que ya se encontraban en el límite de la supervivencia, una decisión que se traduce en un aumento de la «inflación de los pobres», la cual corre un 4% por encima de la general debido a que los productos de consumo masivo son precisamente los que más suben en términos reales. La gente ya no llega a fin de mes y se está llenando de deudas simplemente para comer o pagar los servicios básicos como la luz y el gas, que han sufrido ajustes tarifarios incompatibles con cualquier paritaria razonable, generando un círculo vicioso de morosidad y desespero que la prensa popular ha caracterizado como una crisis terminal del poder adquisitivo donde el crédito se usa para el supermercado y no para la inversión. En este contexto de carestía generalizada, el contraste con la gestión política resulta obsceno y difícil de digerir para la opinión pública, ya que mientras se le pide paciencia y «sangre, sudor y lágrimas» a una sociedad exhausta, se ha revelado que el presidente Javier Milei autorizó aumentos para sus ministros y altos funcionarios que alcanzan el 123% en un periodo de tan solo cinco meses, una decisión que desmiente cualquier narrativa de austeridad compartida y coloca a la nueva administración en el centro de las mismas prácticas de privilegio que prometieron erradicar con su discurso contra la «casta», un claro ejemplo de ellos es la situación del Jefe de Gabinete y vocero Manuel Adorni quién está siendo investigado por enriquecimiento ilícito a partir del escándalo de sus viajes financiados con la plata de todos los Argentinos y de sus múltiples adquisiciones de propiedades.

Esta situación se agrava más aún si lo contrarrestamos con lo que sucede en los sectores populares dónde el desmantelamiento de políticas sociales como el ex Potenciar Trabajo genera muchísima desigualdad y preocupación. Según Paola:

«Con lo que cobrábamos del potenciar podíamos ir al super y traernos un poco de mercadería, comida o pagar deudas, no era mucho pero sumaba, en Lomas de Zamora son 30 mil personas las que sufren el recorte».

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Esta asimetría en el esfuerzo nacional es especialmente visible en la situación de los adultos mayores, quienes han visto cómo la jubilación mínima viene sufriendo una caída libre ininterrumpida desde mediados de 2025, perdiendo poder de compra frente a una canasta del jubilado que incluye medicamentos con subas que triplican el índice general de precios. Esta degradación de la vida de nuestros mayores ha generado un fenómeno social desgarrador y regresivo: cada vez más jubilados se ven obligados a volver al mercado laboral, generalmente en condiciones de informalidad, changas o tareas precarias, solo para poder cubrir las necesidades básicas que su pensión ya no alcanza a satisfacer, una regresión en derechos humanos que nos devuelve a las épocas más oscuras de la pre-seguridad social en Argentina. El desmantelamiento de las políticas de integración urbana, que antes llevaban un mínimo de dignidad a los asentamientos mediante la obra pública pequeña y local, se suma a esta crisis de ingresos para configurar un escenario de exclusión donde el acceso a una vida digna queda supeditado exclusivamente a la capacidad de pago individual en un mercado que no perdona. La narrativa oficial intenta justificar este ajuste como un paso necesario hacia la estabilización macroeconómica, pero la realidad de los barrios y las estadísticas de consumo muestran que la brecha entre los precios de la canasta básica y los ingresos reales es una herida que no deja de sangrar, exacerbada por la eliminación de programas que antes servían de colchón frente a las crisis externas y que hoy han sido reemplazados por el vacío institucional.

La crisis del transporte, con colectivos que ya no pasan y trenes con mantenimiento deficiente producto del recorte en subsidios y transferencias, es el reflejo físico de un país que se está achicando para la mayoría, limitando la movilidad ascendente y la integración social en favor de una acumulación financiera que no derrama hacia abajo ni genera empleo genuino.

El aumento de tarifas y la reducción de subsidios han convertido el transporte en un obstáculo para la educación y el trabajo. Martin Brizuela, estudiante de derecho y vecino, señala:

«La reducción del servicio nos complicó a todos, mis sobrinos tuvieron que faltar a la escuela porque los colectivos no paraban o no pasaban, para colmo aumentan todo el tiempo»

La indignación crece no solo por el aumento nominal de la nafta, que ya se siente en cada compra, en el pago del alquiler que se vuelve una odisea, o de la carne, que desaparece de las heladeras familiares, sino por la percepción generalizada de que el «sacrificio» no es equitativo, sino que se impone de manera violenta a los sectores productivos y vulnerables, mientras los despachos oficiales gozan de una bonanza salarial que resulta un insulto a la situación de emergencia nacional. Lo que estamos presenciando no es solo un reordenamiento de precios relativos, sino una reconfiguración social donde el bienestar se convierte en un bien de lujo y el Estado abandona su función de árbitro para convertirse en un facilitador de la transferencia de riqueza, dejando a la intemperie a quienes confiaron en un cambio que prometía libertad pero que, en los hechos, ha traído una servidumbre económica marcada por la deuda y la incertidumbre. Sin una corrección de rumbo que incluya la recuperación urgente del poder adquisitivo de los jubilados, el cese de los aumentos desproporcionados en la alta política y la restitución de la obra pública en los barrios más necesitados, el tejido social argentino corre el riesgo de romperse de manera irreversible, consolidando un modelo de exclusión donde el éxito se mide por el superávit fiscal y el fracaso se oculta tras las puertas de millones de hogares que hoy, tristemente, ya no tienen qué poner en la mesa.

Paola y Martin refuerzan la crisis creciente en los sectores trabajadores manifestando que:

«El boleto se fue al carajo, los descuentos de la SUBE nos lo quitan, otro golpe más, acá la plata que llega del Estado se usa para pagar el alquiler, los servicios, se vive de ir a los comedores que encima también sufrieron un recorte de mercadería importante».

«La miseria se profundiza, el barrio está terrible, cada día hay más violencia, más delincuencia, más droga y todo parece que va a empeorar. El gobierno no está haciendo nada para frenarlo».

La persistencia de una inflación elevada en los rubros de primera necesidad, sumada al desfinanciamiento de la asistencia social y la mejora salarial discrecional de la cúpula gobernante, configura un escenario de injusticia social que erosiona la legitimidad de cualquier plan económico a largo plazo. Sin una recuperación urgente del poder adquisitivo de los jubilados y trabajadores, y sin la reactivación de las obras que garantizan la dignidad en los barrios, el modelo actual corre el riesgo de consolidar una sociedad de dos velocidades: una pequeña casta con sueldos de privilegio y una mayoría trabajadora que, entre deudas y privaciones, lucha diariamente por lo más simple, que es llegar a fin de mes.