Usurpadores, pobladores y mapuche: o lo que aprendimos con el juicio contra los miembros del Lof Pailako

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El sábado 23 fue divulgado el veredicto del juez Enrique Baronetto: tres años de pena en suspenso para Lemu Cruz Cárdenas y un año y medio para María Belén Salina. El juicio contra Lemu Cruz Cárdenas y María Belén Salina, del Lof Pailako, ha sido una experiencia pedagógica de cómo funciona la “justicia de la república”, uno de los canes de guarda del orden colonial argentino en el Puelmapu. Por Silvia Adoue, para Huella del Sur.

Usurpadores

El Lof Pailako está localizado junto al lago Futalaufquén, en territorio del Puelmapu, en una región sobre la que se superpuso la provincia argentina de Chubut después de la anexación por el Estado argentino. En 1937, el gobierno declaró esa área Reserva Nacional Los Alerces, administrada por Parques Nacionales. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Tañi chezki iem (abuelo paterno) de Cruz Cárdenas junto a otros antiguos “pobladores” de Futalaufquen-Lof Pailako. Fuente: ANRed.

Durante la primera indagatoria, Cruz Cárdenas explicó de manera serena y didáctica que, después de la “Campaña del Desierto”, que coincidió en el tiempo con la “Pacificación de la Araucanía”[1] , los sobrevivientes mapuche se desplazaron buscando refugio de un lado al otro de la cordillera de los Andes. Muchas familias se instalaron junto al lago Futalaufquén. Muchos ocultaban su origen después del terror aplicado por el Estado. La lengua y las costumbres se retrotrajeron a la clandestinidad doméstica. Aun así, las relaciones entre las familias continuaban reproduciendo las prácticas mapuche de uso común de pastajes, consenso, procedimientos medicinales y reuniones de confraternización que mantenían los lazos entre ellas. A las familias mapuche se juntaron familias criollas que se sumaron a las costumbres de diálogo y convivencia. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Foto: Red de Apoyo al Lof Pailako.

Mapuche y pobladores

Cuando se instaló, Parques Nacionales toleró la presencia de las familias y adjudicó un título de “uso precario” de un lote a cada “jefe de familia”, siempre que se sometieran a sus normativas, que nada tenían que ver con los usos y costumbres de las gentes. La introducción de dispositivos estatales como escuelas y hospitales, articulados con la fiscalización de los guardaparques, combatían esos usos y costumbres. Las familias mapuche fueron abandonando su lengua para evitar que los niños y niñas fuesen humillados y perseguidos en la escuela. Vemos así que la usurpación no se limitó a la tierra en un sentido estricto. Avanzó sobre el alma de las gentes, que pasaron a ser nombrados “pobladores”, y el área de habitación y reproducción de la vida de cada familia fue designada “población”. Como si eso no bastase, Parques Nacionales comenzó a contratar “pobladores” como guardaparques, obligándolos no solo a cumplir las normativas, sino a hacerlas cumplir a los otros “pobladores”, como policías de la institución. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Fuente: El Extremo Sur.

Cruz Cárdenas, así como su suegro el papá de Belén Salina, Trabajó como guardaparque por un tiempo. Hasta que Belén y Cruz fueron reconociéndose como mapuche. Ellos dos se levantaron con el Lof Pailako. La cuestión no era solo ocupar la tierra, sino recuperar la relación con la tierra y la lengua de la tierra, el mapudungun. Una lengua es un horizonte de lo que se puede decir y pensar. Expresarse en la lengua del colonizador limita los sentidos de lo que puede ser dicho, e introduce formas de pensar ajenas. Para eso, recurrieron al apoyo de otros lof vecinos.

Todo ese proceso resultó intolerable para Parques Nacionales, que los aceptaba como “pobladores”, pero no como mapuche que respetan el orden del azmapu[2] . El conflicto fue escalando entre la lógica mapuche y la estatal. A pesar de las gestiones para el reconocimiento del territorio, que ocurrieron en el contexto de pandemia, paralelamente a los intentos de diálogo, fue corriendo una acción de hostigamiento por parte de Parques Nacionales que violaba los acuerdos realizados en los diálogos del Lof Pailako con el Estado nacional. Esto culminó con la abertura de un proceso judicial acusando individualmente a Cruz Cárdenas y Belén Salina, por usurpación y tres episodios de violencia a ella ligados, por parte de la institución. En enero de este año, la Policía Federal procedió al desalojo. En la víspera, los integrantes del Lof Pailako se retiraron del lugar con los niños, para evitar el show represivo que suelen hacer en esas ocasiones. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Fuente: La Ranchada.

Testigos

En este juicio fue aceptado un batallón de testigos de acusación, integrado solamente por guardaparques y gendarmes. El primero que fue llamado fue justamente el papá de Belén, Juan Ramón Salina, quien se jubiló como guardaparque en febrero de este año. Dijo, sucintamente, que su exjefe, el intendente de Parques Nacionales, le indicó que debía pedir el desalojo de su hija, su yerno y sus dos nietos. Y así lo hizo. En esa breve declaración observamos la presión ejercida por la institución sobre sus empleados.

Después de Juan Ramón, se sucedieron testigos que destilaban racismo e ignorancia con relación a la cosmovisión mapuche. Todos cuestionaban la condición de mapuche de los acusados, una vez que eran conocidos como “pobladores”. La única excepción fue una asistente social de Parques Nacionales que había intercedido para que el Lof gestionara su reconocimiento por vías legales. Los elementos probatorios presentados por los testigos fueron vagos y contradictorios entre sí, y ocultaban su fragilidad con una profusión de acusaciones otras, que no estaban siendo juzgadas. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

En el centro, Cruz Cárdenas con su hijo, a la izquierda de ellos, María Belén Salina. Fuente: Tiempo Argentino.

A pesar de que la defensa, a cargo de la organización La Gremial de Abogados, había presentado una lista de 21 testigos, sólo les aceptaron 4. Lo que atenta contra el principio de la supuesta “igualdad de armas” entre acusación y defensa. Esos 4 testigos fueron: una antropóloga que presentó un laudo etnográfico; una integrante del Lof Cliweque, lindero al Parque Nacional Los Alerces; el werkén Gabriel Nahuelquir, portavoz del Lof Nahuelpan, que también es integrante del Consejo de Participación Indígena; y un integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que actúa en la Argentina. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Lemu Cruz Cárdenas en el Lof Pailako, atrás el lago Futaleufu. Fuente: El Diario Web.

Llamo la atención para el testimonio de Nahuelquir, quien se explayó sobre la masacre de Nahuelpan por el ejército argentino, en los años ’20 del siglo XX. Es decir, poco antes de la instalación de la Reserva Nacional Los Alerces. Explicando el comportamiento discreto de muchas familias mapuche, que preferían presentarse como “pobladores” en el contexto de la truculencia del Estado para con los mapuche. El werkén de Nahuelpan recordó la participación bien antigua de la familia Cárdenas en las ceremonias de Nahuelpan. Y habló de la mesa de diálogo en la que el Lof Pailako se dispuso a participar, con la presencia de funcionarios de Parques Nacionales, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la APDH, representantes de otros Lof vecinos y representantes del Poder Judicial. Después de unos cuatro encuentros, Parques Nacionales “pateó la mesa”, y acusó a los integrantes del Lof Pailako de usurpadores.

Preguntado, como integrante del Consejo de Participación Indígena, sobre los procedimientos previstos en la legislación argentina para el reconocimiento de un lof por parte del Estado Argentino, Nahuelquir dijo que en los últimos 30 años nunca vio que un lof fuera reconocido por medio de los procedimientos legales, afirmando que los procesos quedan “cajoneados” en las reparticiones públicas y nada ocurre. “¿Cómo, entonces, levantar un lof si la vía legal está clausurada?”. Ante esa pregunta, el werkén dijo: “No voy a responder a esa pregunta”. Su silencio está cargado de significado. Un werkén tiene que decir la palabra verdadera o se desmoraliza como werkén.

Alegatos

Las abogadas de la parte querellante, Parques Nacionales, leyeron el alegato con voz monocorde de quien presenta una nota técnica. Una de ellas, aun leyendo, tartamudeaba, hacía largas pausas y terminó desistiendo de la lectura, pidiendo a su colega que terminara de leer la parte que le correspondía. Pidieron pena de 10 años para Cruz Cárdenas y 7 años para Belén Salina, ambas penas en régimen cerrado.

El fiscal, haciendo gala de animosidad racista, apelando para el riesgo del autoreconocimiento como miembros de un pueblo originario para el derecho de propiedad del propio juez y de los defensores. Pidió 6 años para Cruz Cárdena y 3 años para Belén Salina, ambas penas en régimen cerrado.

Los defensores pidieron la nulidad de los alegatos de sus contrincantes. El de la querella, por incomprensible; el de la fiscalía, por el preconcepto racista del que estaba impregnado. Comenzaron problematizando la situación de los pueblos originarios de las Américas, donde los Estados nacionales surgieron de iniciativas de los descendientes criollos de los colonizadores. Su soberanía sobre los territorios de los pueblos preexistentes fue fundada en el “derecho de conquista”, es decir, en la fuerza. Frente a este orden, esgrimieron la contradicción, no resuelta jurídicamente en Argentina, con los tratados internacionales y con la legislación de los años ’90, que garanten el acceso a las tierras por parte de los pueblos. Destacaron el vacío jurídico frente al procedimiento para reconocer la pertenencia a esos pueblos, lo que hace que el Estado busque vericuetos para desestimar esa pertenencia.

También mostraron la fragilidad de las pruebas de la participación de los acusados en los episodios conflictivos ligados a la “usurpación”, y apuntaron el intento de la acusación y la fiscalía de presentarlos como hechos separados de ese contexto de conflicto territorial. Según la defensa, un conflicto territorial no debería ser tratado como una cuestión penal, si se quiere cumplir con los acuerdos internacionales a los que el Estado argentino adhirió.

Por último, la defensa se refirió a las creencias consideradas válidas por fiscales y querellantes, como las cristianas, y las “supercherías” atribuidas por estos a los pueblos preexistentes.

La didáctica del juicio

No fue aún divulgada la fundamentación del veredicto. Sin embargo, las audiencias, en sí mismas, permiten observar la dinámica de la “justicia” de las instituciones republicanas de Argentina.

La república, tecnología importada del patrón civilizatorio europeo, al final del siglo XIX en todo el continente, siempre funcionó en estas latitudes como una holografía, un simulacro, así como el mundo virtual de la máquina de Morel del cuento de Adolfo Bioy Casares[3] . Siempre fue, a pesar de sus promesas aplazadas para un futuro distante, el “brazo civil” del ejército que la impulsó. La retórica democrática, desde el comienzo, superponía “ideas fuera de lugar”[4] sobre un régimen efectivo de disciplinamiento de los pueblos y la acción sobre los territorios para responder a las demandas del polo externo de la economía y a una pequeña camada social a él asociado. “Entra gobierno, sale gobierno, y nunca, nunca se cuestionó la religión fundamentalista del desarrollo” al servicio de intereses de grandes cadenas privadas, hoy, de alcance planetario. Un desarrollo que lleva a la destrucción y cuya única respuesta a la rebeldía es la criminalización, la judicialización, cuando no la guerra.

Aun ese cascarón vacío que se llamó “república” está derritiéndose. Sus promesas se demuestran una mentira. Su arquitectura jurídica se derrumba ante la realidad de las gentes que osan priorizar la vida de los territorios. Las nuevas generaciones, lentamente, se miran a sí mismas como continuidad de formas de estar en el mundo que permanecieron latentes por más de un siglo. Belén Salina y Lemu Cárdenas así lo entendieron y otros más lo entenderán. Es bueno acostumbrarse con eso.

[1] “Campaña del Desierto” y “Pacificación de la Araucanía” son los eufemismos cuñados por los Estados argentino y chileno, respectivamente, para referirse a la acción militar que anexó el Wallmapu, territorio mapuche de un lado y del otro de la cordillera de los Andes en las últimas décadas del siglo XIX.

[2] Orden interno del territorio mapuche.

[3] Ver: CASARES, Adolfo Bioy. La invención de Morel. CABA: Austral, 2015..

[4] Ver: SCHWARZ, Roberto. “As ideias fora de lugar”. In: Ao vencedor as batatas. San Pablo: Editora 34, 2012.

Fuente: https://huelladelsur.ar/2025/08/23/usurpadores-pobladores-y-mapuche/