Salta: denuncian agresión contra estudiante que impulsó habeas corpus colectivo por el derecho a la educación carcelaria

La presentación, la segunda de este tipo en menos de dos años, fue notificada en marzo al Servicio Penitenciario y además se le requirió un informe circunstanciado sobre todo lo denunciado por los estudiantes de la UNSa. En ese escenario, Gómez Garzón, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, única carrera universitaria dentro del penal, figura entre los impulsores de la acción con el patrocinio legal de Arias. El abogado recordó que en 2024 ya lo había representado en un habeas corpus individual en el que la Justicia condenó al Servicio Penitenciario por restricciones injustificadas al derecho a estudiar.

En diálogo con ANRed, Arias sostuvo que la agresión se produjo pocos días después de esa notificación judicial. “Teníamos motivos para creer que podía haber algún tipo de represalia”, explicó, en relación al rol activo de Gómez Garzón en los reclamos. También remarcó que su defendido “no se queda callado” frente a situaciones que considera injustas y que su participación en instancias colectivas lo expone frente a las autoridades penitenciarias.

De acuerdo al relato de Gómez Garzón, que reconstruyó Arias, el 25 de marzo por la mañana salía del baño y retomaba su jornada, que transcurre por la mañana en el aula universitaria y por la tarde en la panadería del penal, cuando fue interceptado por seis o siete efectivos penitenciarios encapuchados. “Saliendo del baño, se le acercan, lo agarran y lo llevan a la enfermería”, señaló el abogado. Allí, según denunció, recibió golpes y maniobras de asfixia mientras le decían “este es el que se hace el abogado” y “a ver, denunciá ahora”.

Después de la agresión, Gómez Garzón fue alojado en una celda de aislamiento. Horas más tarde, personal del penal le informó que quedaba imputado por la tentativa de homicidio de otro interno de su pabellón, un joven de 24 años que resultó herido con un arma blanca en el tórax y debió ser intervenido en el hospital San Bernardo. “Sostenemos que esta es una causa armada completamente por el Servicio Penitenciario”, dijo Arias.

Arias señaló que las lesiones registradas en su defendido ya se encuentran acreditadas y resultan compatibles con el relato de la agresión ejercida por el Servicio Penitenciario y que fueron posteriores a su paso por la enfermería. “Tiene en el cuello una marca que atraviesa todo el cuello como si lo hubieran querido asfixiar realmente y golpes en la cara”, detalló.

“Radicamos la denuncia penal por las vejaciones agravadas que se le produjo (…) Lo asfixiaron tanto que se desvanecía y pensó que se moría. Interviene la Fiscalía de Derechos Humanos (a cargo de Claudia Geria)”, indicó Arias. Además denunciaron la posible falsificación de documentos públicos y falsedad ideológica. Asimismo, Arias anunció que denunciará esta situación en el habeas corpus colectivo.

“Él me dice, ‘y si traen cámaras, van a ver que yo salía del baño y nada más’”, dijo el abogado. “Todo se va a dilucidar cuando se vean las cámaras y cuando se despierte la víctima, porque dicen que había evolucionado favorablemente y que capaz que en estos días despertaba”, añadió.

Gómez Garzón indicó que habría cámaras en el pasillo. Aseguró que aquel día no se encontró con el joven que resultó apuñalado en el pecho y que tampoco había enemistad entre ellos. “Él dice que no estuvo ahí”, señaló el abogado.

Arias subrayó que hay un informe del Servicio Penitenciario, firmado por un superior pero donde no figuran los nombres de los efectivos que se encontraban en la guardia de ese día. “Los penitenciarios le dicen a quien hace el informe que había sido por una pelea donde estaría involucrada la víctima y supuestamente Gómez Garzón, que es Lito, y otros dos más”. Sin embargo, advirtió que “lo curioso es que dan ese informe y al único que aíslan y al único que imputan es a Lito. A los otros dos no. Eso es inexplicable”.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, imputó provisionalmente a Gómez Garzón por homicidio simple en grado de tentativa. De acuerdo a la fiscalía, el hecho habría ocurrido en la zona de baños del pabellón B, donde indicó que no hay cámaras de seguridad.

El abogado advirtió sobre las condiciones en las que se desarrolla la investigación dentro del penal y señaló que no existen garantías suficientes para evitar presiones sobre el imputado, testigos o la víctima. También reclamó medidas de protección tanto para Gómez Garzón como para el interno herido, cuyo testimonio considera clave.

Desde el Comité Provincial de Prevención de la Tortura, el comisionado Andrés Giordamarchi se refirió en Radio Nacional al caso de Alberto Hipólito Gómez Garzón. “Es una persona ejemplar dentro de la comunidad penitenciaria, con conducta y concepto excelentes”, destacó.

Sobre la investigación, Giordamarchi indicó que sigue en sus etapas iniciales y que según la información recolectada por el Ministerio Publico Fiscal, el hecho ocurrió en la zona de los baños, un lugar “estratégico» donde “no hay cámaras”. “Hay un agente del servicio penitenciario que señala a Hipólito Gómez como uno de los autores de esta gresca”, sostuvo. También indicó que los testigos que se encontraban en el pabellón aún no declararon. “Estamos a la espera de esas declaraciones y de que la investigación fiscal se realice de manera objetiva y completa”, sostuvo.

Respecto al papel del comité ante esta situación, explicó que están evaluando los primeros informes recibidos para decidir cómo intervenir. “Para nosotros hay dos cuestiones principales que nos competen como organismo. La primera es evitar las represalias, proteger a las víctimas y a los testigos, porque ellos ahora ingresan en una vorágine judicial que tiene que ver con declaraciones, con testimoniales, mientras siguen en un contexto de encierro”, advirtió.

Giordamarchi también señaló que el habeas corpus presentado por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, junto al Centro Comunitario ALFA, apunta a visibilizar “las diferentes barreras y violaciones a derechos que hay de las personas que se encuentran estudiando en contexto de encierro”.

«El 75% no puede acceder por diferentes motivos, es multicausal, a la educación formal o informal dentro de un contexto de encierro. Hay un 75% o tres cuartos que no accede directamente», advirtió.

Las causas de esta restricción, según el comisionado, incluyen «cupos limitados» y «sobrepoblación». Señaló que los programas educativos ofrecen cupos para apenas 20 personas, mientras la población carcelaria supera las 4.000. Además, mencionó «condiciones materiales deficientes, irregularidad estructural, falta de materiales, problemas con lo que es el transporte, el recurso humano». Giordamachi añadió que la única carrera universitaria disponible es Ciencias de la Comunicación de la UNSa.

«Del universo de la población carcelaria que tenemos hoy en la provincia, el 69% no terminó la secundaria, el 17% no terminó la primaria. Y del 30% restante, solamente 36 personas cuentan con estudios terciarios incompletos, lo que equivale al 0,9%», reveló Giordamachi. Además, añadió que hay «solo 51 personas con el terciario completo, lo que equivale al 1,3% y del ámbito universitario, 24 personas, lo que equivale al 0,6%».

El comisionado dijo que la persecución criminal está «direccionada en gran medida a los barrios populares y a las personas de mayor vulnerabilidad. Es lo que nos marca a nosotros el universo carcelario que tenemos en la provincia. No creo que solamente se cometan delitos en las clases vulnerables», consideró.

Giordamachi señaló las limitaciones del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, que actualmente cuenta con un solo comisionado y está a la espera de que se realicen los concursos y la designación de otros comisionados. Además, señaló que el organismo carece de recursos humanos y equipo técnico suficiente para abordar casos de esta complejidad.

Convocatoria de la Red Contra la Violencia Institucional

En este marco, las organizaciones y particulares miembros de la Red Contra la Violencia Institucional de la Provincia de Salta convocaron a una conferencia de prensa el lunes 6 de abril a las 10 en el salón multiusos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). El encuentro tuvo como objetivo denunciar el homicidio de Santiago Ibáñez, cometido en Pichanal el 25 de febrero a manos de la Policía de Salta, y solicitar protección para su familia.

Además, se denunció la agresión sufrida por Alberto Hipólito Gómez Garzón el 25 de marzo por parte del Servicio Penitenciario de Salta y la posterior imputación por tentativa de homicidio, que habría sido utilizada para intimidar a los estudiantes universitarios de la Unidad Carcelaria N° 1 de Villa Las Rosas en el marco de un habeas corpus colectivo interpuesto para garantizar el acceso a la educación.

La convocatoria contó con la participación de Eduardo Soares, presidente de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, y se realizará con la colaboración de la Comisión de Educación en Contexto de Privación de la Libertad de la Facultad de Humanidades y la Especialidad de Derechos Humanos de la UNSa.