Represión en el Barrio IAPI: exigen la separación de los 8 uniformados y la debida protección de los vecinos

Tras la represión sufrida en las puertas del merendero, la familia de Julito, responsable del funcionamiento del mismo, junto con la Diputada por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda-Unidad Vanina Biasi, el responsable del Polo Obrero Eduardo «Chiquito» Belliboni y la abogada Olga Aguirre de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) dieron una conferencia de prensa el sábado 24 de mayo para dar más detalles de lo sucedido el día jueves 22 por la tarde.

Los hechos fueron ejecutados por la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), que es una fuerza que depende de la Policía Bonaerense, entrenada por el grupo Halcón. Fue creada en el año 31 de mayo del 2017 bajo el mandato del Cristian Ritondo como Ministro de Seguridad de la Provincia y con María Eugenia Vidal como gobernadora. La misma responde tanto al Municipio, en este caso a Mayra Mendoza y a provincia, es decir al actual gobernador Axel Kicillof.

«Esto pasa todos los días, nos piden los documentos, nos cachean, nos maltratan y nos insultan», explicó uno de los vecinos. Durante la conferencia de prensa, Julio, abuelo del niño, dio detalles de cómo sucedió la represión el día jueves. Llegaron 8 uniformados en un vehículo de la UTOI y les dijeron que iban a «revisarlos de rutina» para ver si «tenían algo que los comprometieran», cuando el salía de su casa y se disponía a ir a trabajar. Allí él ve que uno de sus hijos, padre del niño herido, es agredido con culatazos de un arma larga en el pecho. «Yo les dije que eso es un abuso de autoridad, que no hacía falta si ellos no se resistieron en ningún momento» y agregó que uno de los uniformados le dijo a otro de sus hijos: «ya los vamos a agarrar solos».

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Julio se tuvo que ir, precisaba buscar unas herramientas que le prestaba un vecino para continuar realizar su trabajo. Cuando volvió, pasados los 30 minutos, los oficiales seguían en las puertas del merendero hostigando a los vecinos, entre ellos el padre del niño herido. «Mi hijo no quería hacer esto público, pero yo le dije que sí. Porque mirá si cumplen y después te agarran sólo».

En su relato, explica que no se resistieron al operativo, pero si se resistieron a los maltratos. Cuando comienzan a discutir es cuando Julito, quien estaba estudiando en la planta superior, se asoma por la ventana y ahí es cuando recibe los impactos de los perdigones.

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Mireya, su abuela y responsable del merendero explicó que el niño sigue internado y aún no logró volver a ver bien de ese ojo, que no puede reconocer las letras. «Espero que sea sólo una inflamación y luego se le pase y pueda ver bien de su ojito», y agregó «quizás le tenga que cambiar el nombre del merendero. Pondría ´bajen las armas, acá sólo hay pibes comiendo´«, en referencia a Pocho Lepratti, asesinado el 19 de diciembre del 2001 en Rosario.

Trataron de llevarse detenido al padre de Julito, quien por su puesto se resistió, ya que no había motivo. Dos de las mujeres de la UTOI utilizaron los escudos para evitar que las tías del niño registren con sus celulares el abuso policial. Una de ellas, calló al suelo cuando la policía le pegó un culatazo en el pecho. Finalmente, los oficiales se retiraron rápidamente cuando se dieron cuenta que habían lastimado a un niño.

Momentos después, se acercaron los oficiales de la comisaría 7°, «vinieron a cubrirle la espalda a los oficiales de la UTOI. Fueron rápido hasta el hospital a ver si le sacaban una declaración al padre de Julito», dijo Biasi.

El abuso policial es permanente en el barrio

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Mireya lo explicó muy bien, a una cuadra del merendero se encuentra el club de barrio y es frecuente que la UTOI espere a la salida a los chicos para hostigarlos. Durante la conferencia de prensa, se han acercado en solidaridad integrantes de otros movimientos sociales donde denuncian que lo ocurrido en el merendero es frecuente en todo el territorio bonaerense. Cuando el objetivo de las fuerzas sería perseguir a los narcos y prevenir los crímenes como la trata, en su lugar se ensañan particularmente con los jóvenes de barrios vulnerados.

«La arbitrariedad policial está al servicio de amedrentar a la población, de dividirla, de mantenerla callada y también de captar pibes para los delitos que le reportan guita a las comisarías», denunció Vanina Biasi y agregó que «el amedrentamiento en el club que está en la otra cuadra responde tiene que ver con ese modus operandis de toda la policía provincial: aprietan hasta que descubren a un pibe que puede ser captado para que afane para ellos». Además, recordó el caso de Facundo Astudillo Castro, desaparecido y asesinado en el 2020 por la Policía Bonaerense al mando de Sergio Berni y la lucha de su mamá Cristina, quien fue fuertemente hostigada para evitar que denunciara lo sucedido.

Por ello exigen la protección de la familia y de los vecinos que fueron testigos del abuso policial.

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¿Cómo sigue?

Desde la familia y la defensa exigen la separación y expulsión de las fuerzas de los 8 efectivos y también de los mandos superiores, dado que se trata de una constante en el barrio. «Chiquito» Belliboni explicó que el día viernes el Ministerio de Seguridad de la Provincia se contactó para decirles que ya tenían detenido al oficial que «confesó». Sin embargo, los testigos indican que fueron por lo menos dos los oficiales que realizaron disparos.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires le asignó y financiará abogados a los oficiales de la UTOI.

Desde ANRed, dialogamos telefónicamente con Walter Ormazabal, director de la dirección de prevención de violencia institucional de Quilmes, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Quilmes. Tanto Walter como la intendenta Mayra Mendoza se presentaron el día viernes en el hospital donde se encuentra internado Julito, según explicó la familia.

Según explicó Walter, a partir de lo sucedido el día jueves, desde la dirección se realizó una presentación conjunta con Provincia ante la Dirección de Asuntos Internos, para que se inicie una investigación. Durante la conferencia de prensa, la familia indicó que el día viernes por la tarde, llegaron desde asuntos internos para tomar el testimonio de los testigos.

Si bien no se van a presentar como querellantes, indicó que si seguirán tanto acompañando a la familia como al Polo Obrero para que el fiscal a cargo tome la acción penal pertinente. También pondrán a disposición el asesoramiento legal y psicológico, para acompañar a Julito «ante este hecho tan traumático», con el que cuentan desde la dirección.

Además, Walter expresó ser plenamente consciente de que lo sucedido en el barrio IAPI no es un evento aislado, sino que sucede en otros barrios del municipio. Explica que la creación de la dirección de prevención de violencia institucional en Quilmes en el año 2019 tuvo como objetivo modificar el mandato político con el que se creó esta fuerza policial, que todavía conserva prácticas que impulsadas en aquel entonces por Ritondo, Vidal y Bullrich, quien se encuentra nuevamente como Ministra de Seguridad, impulsora de la doctrina Chocobar.

«La dirección fue creada para hacerle un contrapeso a esa política represiva y punitivista. Tenemos que prevenirlo y cuando sucede, hay que lograr medidas y sanciones para que no se repita y no se viole la ley. Estamos a disposición, principalmente de la familia para que puedan llevar adelante con sus actividades lo más normal posible».

*Está nota fue modificada a las 16:00 del día de su publicación y se corrigió «Desde ANRed, dialogamos telefónicamente con Walter Ormazabal, director de la dirección de prevención de violencia institucional de Quilmes, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, dirigida por Ignacio Álvarez» por «Desde ANRed, dialogamos telefónicamente con Walter Ormazabal, director de la dirección de prevención de violencia institucional de Quilmes, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Quilmes».

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