¿Qué pasa en Tucumán? Represión policial, detenciones arbitrarias e impunidad

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El pasado 11 de agosto Tucumán fue noticia cuando se difundieron imágenes de efectivos policiales golpeando y deteniendo a trabajadores estatales en Yerba Buena. Casi inmediatamente y desde la misma ciudad llegaron imágenes de represión contra repartidores de Pedidos Ya. ¿Qué pasa en Tucumán? «Trencitos», «Razzias» y «Mega Operativos» para defender al gobernador que supo ser el primer aliado de Milei. Por Malena Montero para ANRed.

“Tengo miedo de salir a la calle a trabajar”, dice Guillermo, repartidor de Pedidos Ya que fue detenido por la Policía tucumana junto a otras seis personas en la ciudad de Yerba Buena, en medio de una protesta interrumpida por la brutalidad de la Guardia Urbana Municipal (GUM) el pasado 14 de agosto.

El cadete fue llevado a la comisaría de la localidad, en donde afirma haber recibido “cachetadas” en reiteradas ocasiones por parte de un oficial. “Nos pintaron los dedos y nos hicieron firmar un papel sin la presencia de ningún abogado. Yo siento que violaron mis derechos”, agrega en una entrevista para Jesús Hoyos Comunica, donde aclara que lo detuvieron no por cometer “agresiones y lesiones”, como intenta justificar la denuncia policial, sino por grabar el accionar de la GUM contra los manifestantes.

La historia se repite en los casos de varios repartidores que fueron injustamente agredidos por efectivos policiales, como registra uno de los videos en donde uno de ellos ratifica que detienen a las personas “por filmar”. Cabe recordar que grabar el accionar policial es entendido como el registro de un acto público, y que los policías son funcionarios públicos plausibles de ser documentados. En los testimonios recogidos por ANRed, todos los trabajadores pedían no ser registrados por miedo a represalias.

Estos hechos no son aislados: se dan en torno al recrudecimiento de los operativos ilegales llevados adelante desde 2023, a partir de la asunción de Joaquín Girvau como Jefe de Policía de Tucumán. Estos procedimientos, conocidos primero como “trencitos” y luego como “Mega Operativos”, se caracterizan por las detenciones arbitrarias, los allanamientos irregulares que incluyen robos y la violencia desmedida por parte de grandes comandos de uniformados que copan los distintos barrios de la zona bajo el amparo de la Ley de Contravenciones. Originalmente sancionada durante la gestión de la última dictadura militar, en 1980, esta legislación fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de la provincia en 2010 por considerar que vulneraba el derecho a la libertad. “Es una herramienta que le permite la arbitrariedad a la policía. Se ha declarado inconstitucional pero no hay manera de que la política la cambie”, reprocha Carlos Garmendia, abogado comisionado por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, quien ha denunciado por un «plan sistemático de violaciones de derechos» al mencionado Jefe de la Policía y a los comisarios Gustavo Beltrán y Sergio Juárez. También presentó recursos de Hábeas Corpus para más de 200 detenidos ilegales.

El «trencito» de la Policía de Tucumán recorrió calles de Tafí Viejo y detuvo a 53 personas. 17 por resistencia a la autoridad y 15 por contravenciones. Casi todos ya están en sus casas Más números para las estadísticas y ya hay denuncias por irregularidades. pic.twitter.com/A9hiI4vDBj

— David Correa (@davidcorreatv) March 28, 2025

“El año pasado hacen el primer Mega Operativo en la zona del norte de Tucumán. En ese caso, son más policías y entran a las casas de las personas de forma ilegal, y además de eso les roban, como un ejército de ocupación. Exactamente igual que en la dictadura, causando temor en la población”, continúa el abogado, dando cuenta del nivel de violencia que ejerce impunemente la policía de Girvau. En tal sentido, denuncia “la falta de límites por parte del Poder Judicial”, cuya negligencia avala los procedimientos inconstitucionales. Da cuenta de ello la reciente absolución de Javier Medina Quintana y Héctor Luis Lobo, imputados por el brutal ataque policial que dejó ciego al cartonero Franco Almirón. “El fallo no sólo desoye las pruebas que acreditaron el uso abusivo e ilegítimo de la fuerza por parte de la policía, sino que también reproduce un discurso criminalizador que estigmatiza a los barrios populares y a las personas que se encuentran con consumo problemático”, expone la organización de Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES).

El caso de la represión a los repartidores de Pedidos Ya es solo un hecho más dentro del patrón sistemático de violencia policial que se continúa perpetuando en Tucumán. Lo que comenzó como una movilización para denunciar la incautación de la herramienta de trabajo de un colega terminó con un redoblamiento de la agresividad por parte de la GUM, fiel al ejemplo dado por el Jefe de Policía en el resto de la provincia. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Un trabajador golpeado durante la represión del 11 de agosto en Yerba Buena (leer )

Apenas tres días antes, la misma Policía de Yerba Buena había respondido con brutalidad a una protesta laboral de los trabajadores municipales de la delegación por mejoras salariales, indumentaria, elementos de seguridad y la regularización de empleados precarizados. La feroz represión terminó con tres referentes sindicales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) detenidos: José Alderete (Secretario General), Beto Lescano (Secretario Administrativo) y Víctor Cruz (militante). Esta fue la respuesta a un paro indefinido, luego de que el Municipio se negara reiteradamente a dar respuesta a sus reclamos, que incluían también el rechazo a los descuentos por el feriado del Día del Trabajador Estatal.

El responsable de las políticas de seguridad llevadas adelante por Joaquín Girvau es nada menos que el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, un político camaleónico que supo ser el mejor peronista para el poroteo parlamentario que necesitó Milei a la hora de aprobar leyes anti-populares, como el paquete de la Ley Bases. Para dar cuenta de que no hay titubeos a la hora de la “mano dura”, basta con relatar la ocasión en que el funcionario fue amenazado por un delincuente ya condenado: en menos de 24 horas, policías de las cinco regionales habían detenido a 373 personas y retenido 176 vehículos, en el marco de un exagerado operativo que fue repudiado por la población por “destinar una cantidad de recursos nunca antes desplegada por una simple amenaza”.

“La violencia ejercida por las fuerzas de seguridad es un problema esencialmente político. Es el propio Estado el que, lejos de garantizar el respeto a los derechos humanos, legitima y habilita la violencia mediante discursos y prácticas que avalan el uso desmedido de la fuerza. En lugar de establecer frenos y controles efectivos, se envía un mensaje que normaliza la represión y profundiza la impunidad. A ello se suma la estigmatización de trabajadores en situación de precariedad, quienes, en lugar de ser protegidos por el Estado frente a la vulneración de sus derechos laborales, son tratados como amenaza o problema social”, concluye ANDHES.