[Perú] Comunicado internacional – Territorio en resistencia, vida que no se negocia

Valle de Tambo (Arequipa, Perú): territorio en resistencia, vida que no se negocia <https://www.portaloaca.com/wp-conte...>

Lo que ocurre en el Valle de Tambo no es un conflicto local ni una anomalía administrativa. Es la expresión concreta de una estructura global de dominación que enfrenta, una vez más, a comunidades que sostienen la vida contra un sistema económico que la convierte en mercancía. No se trata de un problema técnico ni de una disputa por eficiencia productiva: es una confrontación entre dos formas irreconciliables de habitar el mundo.

Desde hace más de dieciséis años, las comunidades campesinas y agricultoras del Valle de Tambo resisten la imposición del proyecto minero Tía María, promovido por Southern Perú Copper Corporation, parte del conglomerado transnacional Southern Copper (Grupo México). Esta resistencia no ha sido episódica ni reactiva. Ha sido persistente, organizada y consciente, basada en el conocimiento directo del territorio y en la defensa del agua, del suelo y de la reproducción material de la vida.

El valle no es un espacio vacío a ser “puesto en valor”. Es un territorio agrícola vivo, sostenido por el río Tambo, donde miles de familias producen alimentos y mantienen una economía local que garantiza soberanía alimentaria regional. Aquí, la agricultura no es un rezago del pasado, sino una práctica vigente de autonomía y arraigo territorial.

Reactivación del conflicto y continuidad de la imposición estatal

Durante 2025, el conflicto se ha reactivado con fuerza. En diciembre, agricultores y pobladores realizaron paros y bloqueos de la Panamericana Sur, denunciando que el proyecto minero continúa avanzando sin licencia social, mientras se mantienen procesos judiciales en curso. Las comunidades han recurrido al Poder Judicial mediante demandas de amparo y medidas cautelares para frenar la ejecución del proyecto, cuestionando la legalidad de las autorizaciones otorgadas por el Estado.

A pesar de ello, el Ministerio de Energía y Minas ha insistido en sostener el proyecto, autorizando infraestructura asociada y prolongando plazos técnicos, evidenciando una práctica reiterada: cuando el capital presiona, el Estado se configura como su operador político. La llamada “institucionalidad ambiental” funciona, una vez más, como un dispositivo de legitimación del despojo.

Memoria de la violencia y criminalización de la protesta

La resistencia del Valle de Tambo carga una memoria que no puede ser borrada. Entre 2011 y 2015, la oposición al proyecto fue respondida con represión estatal, dejando personas asesinadas, centenares de heridos y dirigentes criminalizados. Hasta hoy no existe justicia efectiva ni responsabilidades asumidas. Esta impunidad no es una falla dqel sistema: es parte de su funcionamiento normal cuando se trata de proteger intereses extractivos.

En el presente, la criminalización adopta formas preventivas: advertencias fiscales, amenazas legales y discursos que buscan deslegitimar la protesta social. El mensaje es claro: la democracia representativa tolera la participación sólo mientras no cuestione la estructura 55 que la sostiene.

El valle tiene una economía agraria sostenible

El Valle de Tambo es una economía agraria consolidada, no un territorio en espera de “desarrollo”. De acuerdo con datos del INEI y MIDAGRI, la agricultura concentra más del 70 % del empleo local, sostiene miles de hectáreas cultivadas y genera ingresos permanentes a lo largo del año mediante arroz, caña de azúcar y productos de pan llevar, asegurando abastecimiento regional y soberanía alimentaria. Esta producción mantiene una circulación económica continua, a diferencia de la minería, cuya contribución es temporal, concentrada y dependiente de ciclos internacionales.

Según el BCRP, los proyectos mineros reducen significativamente el empleo local tras la fase inicial de inversión, mientras que la agricultura mantiene empleo estable por décadas y un mayor número de puestos por unidad productiva. Además, la ANA ha reconocido la alta vulnerabilidad hídrica de la cuenca: poner en riesgo el agua implica afectar directamente el derecho al trabajo, al ambiente equilibrado y a la seguridad alimentaria.

Presentar la minería como progreso en el Valle de Tambo es una falacia económica y una imposición jurídica ilegítima. El progreso ya existe: está en la tierra cultivada, en el trabajo local y en el control comunitario del territorio. Negarlo reproduce una lógica colonial interna que sacrifica economías vivas en favor del gran capital.

Más allá de la mina: crítica al modelo productivo dominante

La lucha del Valle de Tambo no se reduce a rechazar un proyecto minero. También interpela el modelo agrícola industrial dominante, dependiente de insumos químicos, endeudamiento y mercados externos, que reproduce la misma lógica extractiva que la minería: concentración de la tierra, degradación del suelo y subordinación de la producción a la rentabilidad.

Frente a ello, hacemos énfasis en que se defiendan prácticas agroecológicas, la gestión colectiva del agua, la preservación de semillas y el control comunitario del territorio. La agroecología no es aquí una alternativa técnica: es una posición política. Es la afirmación de que la producción de alimentos debe estar al servicio de la vida y no del mercado global.

Una lucha local con resonancia global

Lo que ocurre en el Valle de Tambo se repite en múltiples territorios de América Latina, África y Asia. Megaproyectos extractivos avanzan acompañados de militarización, manipulación legal y narrativas de progreso que encubren despojo. En todos estos contextos, las comunidades son tratadas como obstáculos y la resistencia es criminalizada.

Desde nuestra perspectiva, esta lucha afirma algo fundamental: los territorios no necesitan tutela estatal ni salvación corporativa. Los pueblos tienen la capacidad de organizarse, decidir y gestionar la vida colectiva sin intermediarios que hablen en su nombre.

NUESTRAS EXIGENCIAS

Desde una ética de autonomía, apoyo mutuo y justicia territorial, exigimos: Cancelación definitiva del proyecto minero Tía María y de toda iniciativa extractiva impuesta sin consentimiento comunitario. Respeto pleno a la autodeterminación territorial de las comunidades del Valle de Tambo. Cese inmediato de la criminalización de la protesta social y de toda forma de persecución legal o política contra defensores del territorio. Impulso real a sistemas agroecológicos gestionados por las propias comunidades, sin dependencia de paquetes tecnológicos Observación y solidaridad internacional basadas en derechos humanos y autodeterminación, no en propaganda empresarial. Que no se instrumentalice la lucha del valle de tambo por caudillos y partidos políticos insertándolos en la lógica de la democracia representativa por ende en la lógica del capital que lleva al mismo fin de la destrucción de la vida.

No pedimos un extractivismo “mejorado” ni una gestión más eficiente del despojo.

Rechazamos el extractivismo como modelo civilizatorio.

Porque la tierra no se vende. Porque el agua no se negocia.

Porque la vida no se administra desde arriba.

Desde el Valle de Tambo, esta palabra se comparte como experiencia concreta de resistencia prolongada. Que sirva a otros territorios. Que se adapte a otras luchas. Que circule sin permisos.

Mientras exista despojo, habrá organización.

Mientras exista imposición, habrá desobediencia civil.

CÉLULA RUSIÑOL AREQUIPA-PERU

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