Organizaciones sociales vuelven a las calles por la continuidad y el aumento del Volver al Trabajo

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Imagen: CTA Autónoma.

Luego de haber logrado que la Justicia frenara el intento del gobierno de Javier Milei de dar de baja el programa Volver al Trabajo y obligara al Estado a restablecer los pagos, organizaciones sociales volverán a movilizarse este martes 9 de junio por la mañana. La convocatoria incluye una Jornada Nacional de Lucha y asambleas impulsada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA, con concentración desde las 10 frente al Ministerio de Trabajo, en Alem 650. Las organizaciones que vienen protagonizando la resistencia contra el desmantelamiento de los programas sociales, reclamarán su continuidad, el aumento de su monto (congelado en $78.000 pesos desde diciembre de 2023) y su ampliación a quienes hoy quedaron excluidos. La medida se inscribe en un conflicto que ya incluyó masivos cortes de ruta, movilizaciones federales y una serie de fallos judiciales adversos para el gobierno nacional. Por ANRed.

Las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y el Frente Barrial de la CTA realizarán este martes 9 de junio una Jornada Nacional de Lucha y Asambleas contra el cierre del programa Volver al Trabajo. La convocatoria central será a las 10 frente al Ministerio de Trabajo, en Alem 650, bajo las consignas «No al cierre de Volver al Trabajo», «Aumento del monto» y «Apertura para todxs lxs que necesiten».

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La nueva protesta se produce luego de varios meses de conflicto entre las organizaciones territoriales y el gobierno de Javier Milei. A comienzos de año, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, anunció el cierre del programa, que alcanza a cerca de un millón de trabajadoras y trabajadores de las cooperativas de trabajo y la economía popular. La medida provocó un amplio proceso de movilización federal, con más de cien cortes y protestas en distintos puntos del país, y derivó en una batalla judicial que terminó con un revés para el Ejecutivo.

En abril, un fallo de la Justicia Federal ordenó mantener las prestaciones y garantizar la continuidad del programa mientras se resolvía el fondo de la cuestión. Posteriormente, las organizaciones lograron que se reanudaran los pagos correspondientes a mayo, una decisión que atribuyeron tanto a la resolución judicial como a la presión ejercida en las calles. Sin embargo, denuncian que el gobierno continúa apelando las decisiones judiciales y mantiene su intención de eliminar definitivamente el beneficio.

Desde los espacios convocantes sostienen que el programa constituye un ingreso indispensable para cientos de miles de familias que realizan tareas comunitarias, productivas y de cuidado en los barrios populares. En un documento difundido en su momento durante el inicio del conflicto señalaron que el eventual cierre afectaría a trabajadores/as que sostienen «comedores, merenderos, espacios de primera infancia, centros de salud y educativos y espacios de acompañamiento a personas en situación de consumo», además de emprendimientos productivos, cooperativas de trabajo, comedores en barrios carenciados, recicladores urbanos y organizaciones campesinas. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Imagen: CTA Autónoma.

Las organizaciones denuncian, además, que el monto del programa permanece congelado en 78.000 pesos desde diciembre de 2023, en un contexto marcado por una fuerte inflación y pérdida del poder adquisitivo. Por eso, junto con la continuidad del programa, exigen una actualización inmediata de los ingresos y la incorporación de nuevos beneficiarios y beneficiarias afectadas por el crecimiento de la pobreza y la desocupación.

La convocatoria de este lunes también busca visibilizar el impacto que tendría la eliminación del programa sobre las redes comunitarias construidas en los barrios populares. Según las organizaciones, se trata de estructuras que hoy cumplen funciones sociales esenciales y que funcionan como una contención frente al avance del hambre, la exclusión y el narcotráfico. «Las organizaciones entendemos que este ataque del gobierno es un claro intento de desarticulación de la red comunitaria que creamos en los barrios populares», advirtieron.

La jornada del 9 de junio aparece así como un nuevo capítulo de una disputa que, lejos de cerrarse con el fallo judicial favorable a los movimientos sociales, continúa abierta. Mientras el gobierno insiste con profundizar el ajuste sobre los sectores más vulnerables, las organizaciones anticipan que mantendrán la movilización y las acciones de lucha hasta garantizar la continuidad del programa y una recomposición de ingresos para quienes sostienen cotidianamente el trabajo comunitario en los barrios populares.