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Nula respuesta del Gobierno a Comisión Investigadora que pide dejar sin efecto acuerdo SQM Codelco

Franck Gaudichaud — 2025-05-27T05:00:00Z

Hace una semana fue publicado el informe final de la Comisión Investigadora de la Cámara que revisó el acuerdo entre SQM y Codelco. Pese a que el informe recomendó no seguir con dichas negociaciones, siendo aprobado por una contundente mayoría, hasta la fecha ni el gobierno ni el Ministerio de Minería han dado señales de acoger la solicitud de los parlamentarios.

La aprobación del informe fue de 10 votos a favor y una abstención.

Los parlamentarios calcularon tras escuchar a los varios invitados a la comisión que las actuales condiciones pactadas entre Codelco y SQM implican una pérdida potencial de más de 10.000 millones de dólares para el Estado chileno.

Una de las principales críticas es que la negociación se realizó sin licitación y se acordó un contrato directo con SQM.

“Hubo muchas cosas ocultas”- destacó el informe final.

Según comentó el presidente de la comisión investigadora y quien fue designado finalmente como informante ante el pleno de la Cámara, el diputado Cristián Tapia, “hasta el momento no hemos tenido ninguna señal o respuesta del Ejecutivo al tenor de lo planteado en el documento. Todavía nada de respuestas, todo ha sido muy hermético, pese a que los medios están dando recién la cobertura que no le dieron desde un principio”.

La comisión fue conformada a comienzos de diciembre del año pasado, luego de que el diputado Cristián Tapia reuniera 62 firmas de apoyo a la moción entre sus colegas. Al momento de la votación, 72 parlamentarios la apoyaron y hubo 2 abstenciones.

LA HISTORIA DEL POLÉMICO ACUERDO

Según se concluyó en el informe final de la comisión, compuesto de 45 páginas, el acuerdo que entrega hasta el 2060 el 49,99% de la explotación del Salar de Atacama a SQM en asociación con Codelco está plagado de irregularidades, no se negoció con transparencia y las decisiones tomadas no tienen sustento técnico-administrativo.

El acuerdo en caso de concretarse reemplazaría el actual contrato entre Corfo y SQM que arrienda 16 mil hectáreas de pertenencias mineras en el Salar de Atacama hasta el año 2030, fecha en que dicho contrato caduca y la empresa de Julio Ponce Lerou está obligada ese año a tanto a devolver las pertenencias mineras, así como también la infraestructura industrial instalada en el Salar de Atacama.

Dado el potencial del litio en el recambio energético mundial, el acuerdo resulta para no pocos observadores un salvavidas al negocio de Julio Ponce Lerou, quien está en proceso de transferencia de sus cargos empresariales a sus hijos, es decir, los nietos del dictador Pinochet.

También se destaca que se mantenga en el negocio del litio a una empresa se ha caracterizado por evadir millonarios impuestos o los pagos del arriendo de las pertenencias mineras. Ya en 2013, funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) detectaron una subdeclarado $2.600 millones en impuestos. Recientemente, la Corte de Apelaciones de Santiago falló en contra de SQM y la obligó a pagar una deuda con el tesoro público que se eleva a US $ 1.100 millones, correspondiente al Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM) de los años tributarios 2017 y 2018, que SQM se ha negado a pagar.

Otra trampa de SQM ha sido en el arriendo de las pertenencias mineras a Corfo, lo que fue detectado en 2014, cuando una revisión concluyó que SQM había determinado mal las rentas de arrendamiento del Salar de Atacama, dejando de pagar a Corfo 8.9 millones de dólares entre los años 2009 y 2014.

Una reciente investigación publicada por El Ciudadano, dio cuenta que pese a que las autoridades de Codelco y Corfo dijeron que la idea de negociar con SQM fue después de que se anunciara la Estrategia Nacional del Litio, por parte del presidente Gabriel Boric en abril de 2023, en la práctica el encargo de negociar directamente con SQM fue firmado el 30 de marzo del mismo año, es decir, la definición de entregar sin negociación el litio y el potasio a SQM estaba ya zanjada.

Según destacó el informe final de la comisión, se concretó dicha entrega “sin un acto administrativo formal ni acuerdo previo de los respectivos directorios”, ya sean de Codelco o Corfo, realizándose a través de un simple intercambio de cartas entre ambas entidades, delegándose a Codelco la calidad de “único representante del Estado” en una negociación que compromete la mayor reserva mundial de litio hasta el año 2060.

El dato desmiente lo aseverado por José Miguel Benavente, vice-presidente ejecutivo de Corfo, ante la Comisión Investigadora de que después de esa fecha se le encargó a Codelco “buscar” un socio privado para explotar litio en el Salar de Atacama.

Luego de esas definiciones al interior del gobierno, se anunció que se haría un acuerdo con SQM a través de la firma del Memorándum de Entendimiento, el que estuvo listo en diciembre de 2023, procediéndose a la firma del Acuerdo de Asociación en mayo de 2024.

LOS CÁLCULOS QUE NO CUADRAN

El acuerdo, presentado como una oportunidad estratégica para el país, ha sido cuestionado por expertos en minería, ecologistas y las comunidades indígenas lickanantay.

En el transcurso de la comisión fueron convidados a exponer los ministros de Minería, Aurora Williams; y de Economía, Nicolás Grau; además del vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente; y el presidente del Directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quienes defendieron el acuerdo calificándolo de una gran oportunidad para que el Estado ingresara en la explotación del litio.

Sin embargo, los cálculos entregados ante la comisión no cuadraban y, en el caso de Pacheco, se inflaron las supuestas ganancias. Así cuando fue convidado a exponer, el presidente del directorio de Codelco, estimó ganancias para el fisco basándose en un precio del litio a 20 mil dólares la tonelada, cifra que está bastante por debajo del actual precio del mineral. Según Morgan Stanley, la misma consultora que Pacheco cita como asesora de la cuprífera, el valor del litio se mantendrá por debajo de los US$15.000 por tonelada hasta el 2030, causado por un exceso de producción que mantiene un superávit en los mercados.

El acuerdo también implica aumentar la cuota de extracción de 165 mil a 300 mil toneladas anuales de litio, decisión que no se ha acompañado de estudios ambientales previos y no se estimó de qué manera esta aumento de la producción influye en el stock de litio disponible en los mercados mundiales, lo que mantiene el precio a la baja.

Tampoco cuadran las estimaciones sobre el supuesto valle productivo que se generaría en caso de convocar a una licitación. El cálculo más exagerado fue dado por el mismo Pacheco, quien sostuvo cuando fue convidado a la comisión investigadora que sacar a SQM implica tardar cinco años en volver a producir litio.

Al momento de ser convidado Eduardo Bitran, en calidad de ex representante de Corfo y actual director de Codelco, éste dijo que eran 3 años de valle productivo; en tanto, en una sesión posterior, el ministro de Economía, Nicolás Grau, aseguró que serían sólo 18 meses.

“Ni siquiera las propias autoridades tienen claridad respecto al alcance y urgencia de este acuerdo. Lo que sí sabemos con certeza es que entrega el 50% de las utilidades a una empresa privada como SQM, que además mantiene una deuda de mil millones de dólares con el Estado por concepto de impuesto específico a la minería”- sostuvo el diputado Tapia.

LA PÉRDIDA PARA EL PATRIMONIO PÚBLICO

Una estimación reciente de la pérdida para el fisco calcula en 5.600 mil millones de dólares lo que se entregaría a SQM. Fue entregada en una de las últimas sesiones de la instancia fiscalizadora por el economista Camilo Lagos Miranda, quien participó en la Comisión Nacional del Litio creada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y trabajó en Cochilco hasta el año 2017.

Lagos recuerda que estamos hablando del salar más rico y con mayores reservas de litio en el mundo con el costo de producción más barato. “Sólo recursos del Salar de Atacama podrían sostener la demanda mundial por varios años. Es la joya del país”.

Las conclusiones de Lagos también dejaron en ascuas los cálculos del gobierno. Planteó 4 puntos, los cuales son:

1) Un error estratégico de origen: ante la amenaza de bache productivo hecha por SQM, el Estado entregó el 49,9% de la principal riqueza de litio del país. La decisión se tomó desde el miedo y no desde la estrategia de largo plazo.

2) La falta de licitación provocó que no se echó a correr a SQM, lo que la hubiera obligado a mejorar la propuesta. “No se le hizo competir y había muchos con quienes competir, lo que significa que se podía haber ofertado en mejores condiciones”- sostuvo Lagos.

3) Subsidio al incumbente: el Estado prefirió pagar 5 millones por evitar una pérdida de 4 mil millones. Esto no tiene explicación económica. Ante el temor a esa pérdida, entregaron ese monto en subsidio a una empresa privada, lo que daña la imagen de Chile ante inversores extranjeros.

4) Se producirá una pérdida histórica por la falta de visión estratégica: “han primado visiones de corto plazo por una visión de Estado a largo plazo, como generar recursos frescos entre los años 2025 y 2027, calculados en US$ 1.700 millones según el ministro Grau, pero poniendo en riesgo a nuestra principal riqueza”- finalizó el economista.

Para Lagos “el acuerdo en un negocio muy favorable para SQM, con una pérdida estimada para el tesoro público que podría superar los 10.000 millones de dólares”.

El economista también criticó la falta de licitación y la escasa transparencia en las negociaciones, así como la ausencia de una estrategia de Estado clara y de largo plazo.

Una visión crítica también la tiene el geólogo y directivo del Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos de Chile (CEMEC), José Cabello, quien considera se trata de un pésimo negocio para el Estado. A partir de su experiencia como gerente de nuevos negocios y estrategia minera de BHP Billiton, considera que no se debiera haber entregado más del 20 por ciento a un socio que aporte con procesos de manufactura del litio y transferencia tecnológica.

El geólogo comentó con El Ciudadano que “desde el punto de vista estratégico, cuando uno es dueño de las mejores reservas del mundo, se invita a alguien a participar del negocio, pero uno no cede más del 20 por ciento (…) Ante esa situación, hay que hacer una licitación bien hecha y solamente ofrecer el 20 por ciento. Te aseguro que ofertas no faltarán. Entregar más del 20 por ciento del litio es un regalo”.

EL SILENCIO DEL EJECUTIVO

Pese al emplazamiento de los parlamentarios, ni el ministerio de Minería ni el Ejecutivo liderado por Boric se han pronunciado en la última semana sobre la demanda de la Comisión Investigadora de la Cámara.

El acuerdo también enfrenta serios problemas de inconstitucionalidad. El economista y abogado Julián Alcayaga, invitado también a la comisión investigadora, contó que aún está vigente el DL 2.886 que reserva al Estado el litio, una reserva constitucional que no ha sido abolida. “El Estado es el que tiene las reservas sobre el litio, es un derecho constitucional en todos los yacimientos donde se encuentra-sostuvo Alcayaga-, por lo que el acuerdo Codelco SQM es inconstitucional. Se necesita una ley. Naturalmente siendo inconstitucional todos los chilenos tenemos derecho a hacer una demanda de nulidad”.

El diputado Tapia, por su parte, señaló que los próximos pasos es la revisión del informe final de la comisión investigadora en el pleno de la Cámara de Diputados y la entrega que harán tanto al Ministerio de Minería como la Contraloría General de la República.

El Ciudadano

El aplaudido documental «Las Locas del 73» se presenta en Centro Cultural Matta de la Embajada de Chile en Buenos Aires

Franck Gaudichaud — 2025-05-27T05:00:00Z

La Secretaria de Cultura del Gobierno de Javier Milei censuró su exhibición y foro debate en el Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner.

La División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores DIRAC, Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile y Sociedad Sonora, invitan a las presentaciones y foros públicos en Buenos Aires – Argentina del elogiado documental “Las Locas del 73” (Chile/España, 2023) de Carolina Espinoza y Víctor Hugo Robles, obra que relata la historia de la primera protesta de la diversidad sexual en Chile, acontecida el 22 de abril de 1973, últimos meses del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende.

La película, presentada originalmente en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile a 50 años de la histórica primera protesta de la diversidad sexual, rescata la memoria de las protagonistas de la legendaria manifestación popular, destacando los vitales testimonios de Eva, La Medallita de la Suerte, Marcela Di Monti, Brenda y Marco Ruiz en diálogo con ‘el Che de los gays'. La presentación de “Las Locas del 73” en Buenos Aires se anuncia como preludio de las actividades que se realizarán en Argentina, Chile y el mundo en el marco del Mes del Orgullo LGBTIQ+, junio de 2025.

El Che de los gays en Buenos Aires

En las presentaciones de “Las Locas del 73” en Buenos Aires estará presente Víctor Hugo Robles, conocido como ‘el Che de los gays', periodista y activista, reconocido por su trabajo de memoria popular, lucha social y periodismo comunitario, siendo integrante del Movimiento de Liberación Homosexual Movilh Histórico, creador de Triángulo Abierto, primer programa radial de la diversidad sexual en Chile en los 90 y autor de publicaciones como Bandera Hueca. Historia del Movimiento Homosexual en Chile, El Diario del Che Gay en Chile, Sida en Chile. Historias Fragmentadas, Más Allá del Margen. Memorias de Mujeres Trabajadoras Sexuales en Chile y Las Viudas Odiosas de Lemebel.

Las Locas del 73 en triple jornada

El debut de “Las Locas del 73” se realizará en el Centro Cultural Matta de la Embajada de Chile en Buenos Aires, contando con la participación de Darío Arias de la Internacional de Lesbianas, Gays y Trans de América Latina y el Caribe ILGALAC, Florencia Guimaraes, presidenta de la Casa de Lohana y Diana, integrantes del Archivo de la Memoria Trans y el Che de los Gays. La cita es el jueves 29 de mayo a las 19:00 horas en Tagle 2772, Buenos Aires.

La segunda presentación de “Las Locas del 73” acontecerá en la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina CTA, contando con la participación de Georgina Orellano, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina AMMAR, Yamile Sokolovsky, coordinadora de género de la CTA, Vicente Quintrileo, artista y cantante de la banda Sudor Marika, integrantes del Archivo de la Memoria Trans y “el Che de los gays”. El evento se realizará el viernes 30 de mayo a las 18:00 horas en Piedras 1065, barrio de San Telmo, Buenos Aires.

La tercera y última presentación de “Las Locas del 73” se efectuará en la sede de la emblemática Comunidad Homosexual Argentina CHA, contando con la participación de históricos activistas LGBTIQ+ porteños, juntos al “Che de los gays”. El encuentro será el sábado 31 de mayo a las 19:00 horas en Tomás Liberti 1080, Buenos Aires.

“Las locas del 73” se ha presentado en los certámenes Festival Love, Santiago de Chile, 2023; Festival de Cine Latinoamericano de Trieste, Italia, 2023, Festival de Cine Anarquista Buenos Aires, 2024, recientemente en las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia que se realizan en La Habana, Cuba y en innumerables proyecciones junto a sus protagonistas en Chile y España.

La censura de la Secretaría de Cultura de Milei

Siempre Viva en Vivo valora la invitación y las gestiones de la DIRAC del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como la acogida de la Agregaduría Cultural de Chile en Buenos Aires. Del mismo modo celebra la complicidad del Sindicato de Trabajadoras Sexuales AMMAR, de la Central de Trabajadores y Trabajadoras del Argentina CTA, de la Internacional de Lesbianas, Gays y Tras de América Latina y el Caribe ILGALAC, de la Casa de Lohana y Diana y del Archivo de la Memoria Trans de Argentina.

Junto con agradecer a personas e instituciones que colaboran con las presentaciones de “Las Locas del 73”, lamentamos la censura a la realización de un foro debate en torno al documental en el denominado Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner. Hace algunos días, a través de un correo oficial enviado a los organizadores de las presentaciones de “Las Locas del 73”, Palacio Libertad se excusó de realizar el foro debate con activistas LGBTIQ+ en sus dependencias, siguiendo indicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Javier Milei, administradores del espacio, aludiendo “imposibilidades técnicas y logísticas”.

Al respecto, Darío Arias, co-secretario regional de ILGALAC y co-fundador del Frente Nacional Orgullo y Lucha, quién fue invitado a la presentación como panelista, expresó: «Repudiamos enérgicamente este hecho de censura previa por parte del gobierno de Javier Milei a la exhibición y debate de la película. Se trata de un grave hecho de homofobia y autoritarismo que suma un nuevo capítulo en su embestida contra la diversidad sexual y la destrucción de las políticas culturales en la Argentina».

Por su parte, María Belén Correa, presidenta del Archivo Trans de Argentina, escribió al Palacio Libertad, manifestando su “enérgico repudio a la decisión de prohibir la exhibición y foro de la película «Las locas del 73» en este espacio que, por su nombre, debería ser símbolo de apertura y libre circulación de ideas. Censurar una obra audiovisual equivale a condenar la cultura y silenciar voces que necesitan ser escuchadas”.

Comunidades changas protestan en Subpesca por demoras en admisibilidad de su Espacio Costero Marino

Franck Gaudichaud — 2025-05-09T05:00:38Z

Contexto legal y conflicto

La Ley 20.249, o Ley Lafkenche, establece el derecho de los pueblos originarios a solicitar Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) para resguardar usos ancestrales, soberanía alimentaria y gestión colectiva del borde costero. Sin embargo, comunidades de diversos pueblos originarios en Chile enfrentan demoras sistemáticas en la admisibilidad de estas solicitudes, pese a que se establecen plazos de dos meses para este primer paso.

En la Región de Antofagasta, el Pueblo Chango —reconocido legalmente en 2020 mediante la Ley 21.273— lleva más de un año esperando que la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) admita a trámite su solicitud de ECMPO en Taltal. Las comunidades denuncian que las demoras carecen de fundamento legal y vulneran sus derechos.

La delegación changa en Valparaíso: Un viaje por la dignidad

El lunes 5 de abril, una delegación de 17 representantes del Pueblo Chango llegó a Valparaíso tras un viaje de 18 horas desde Taltal. Su objetivo: exigir respuestas frente a la sede de Subpesca, donde llevan 13 meses esperando la admisibilidad de su ECMPO. Con el apoyo del Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural (CECPAN), lograron ingresar al edificio y sostener una reunión con Juan Santibáñez, jefe de la División de Desarrollo Pesquero.

Las voces de la dirigencia changa

Antes de la reunión, los dirigentes expresaron su frustración con declaraciones textuales, recogidas en el lugar:

· Jonathan Castillo, presidente de la Agrupación Changos Finao de Loreto-Paposo (Taltal): «Este proceso ha sido bien difícil para las comunidades changas. Venimos desde Taltal, llevamos 17 horas viajando para pedir una respuesta: ¿por qué nuestra solicitud de ECMPO no entra a admisión? […] Nos hacen observaciones fuera del plazo. Esto es un problema institucional: no respetan nuestro derecho como pueblos indígenas. Solo queremos cuidar nuestro territorio, nuestro borde costero, ante todo lo que está sucediendo en el norte. Si no hay respuesta hoy, seguiremos luchando».

· Jorge Flores Araya, presidente de la Agrupación Camanchaca del Salitre (Taltal): «La tramitación que nosotros hicimos ya lleva 13 meses, y no tenemos respuesta concreta de Subpesca. Hay proyectos que se están ingresando a nuestro territorio, y eso nos traerá complicaciones. Vinimos con harto sacrificio para que las autoridades nos den una respuesta».

· Graciela Chirino, presidenta de la Comunidad Indígena Changos de Cachinales: « O sea que es como que no nos toman en cuenta para nada. Entonces, ojalá, hoy día esperamos que, por favor, hoy día tengamos, alguna respuesta. Eso, que valoricen el sacrificio igual que hemos hecho, porque igual es bastante lejos de dónde venimos. Entonces, ojalá que aquí podamos recibir alguna respuesta positiva».

· Ernesto Rojas, presidente de la Comunidad Changos Almendares del Gaucho: «La visita ahora a la Subpesca de Valparaíso ha sido por el retraso a la admisibilidad de la ECMPO que nosotros hemos estado solicitando y que ya lleva más de un año en espera y las autoridades han hecho caso omiso a nosotros, a nuestras solicitudes. Se ha ido a la Corte de Apelaciones también y hemos tenido malas respuestas. Por eso que hoy nos acercamos aquí a la Subpesca de Valparaíso (…) Hemos hecho un viaje largo desde la segunda región de Taltal, Paposo, para poder esperar de ellos una respuesta en persona de ellos, para que nos expliquen por qué el rechazo de esto. Y por qué no se ha admitido la admisibilidad de la ECMPO».

Resultado logrado

De acuerdo a lo informado desde el lugar y tras extensas horas de diálogo, Juan Santibáñez, jefe de la División de Desarrollo Pesquero de la Subsecretaría, se comprometió a establecer plazos y acuerdos concretos para subsanar las falencias en la comunicación entre la Subpesca y las comunidades changas.

Como resultado, se logró la admisión urgente de la solicitud del Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) conforme a la Ley N.º 20.249, y se acordó implementar reuniones virtuales de seguimiento, programadas entre mayo y junio del presente año, con profesionales de la institución responsable.

Si bien el acta representa un reconocimiento formal de la deuda institucional, las comunidades mantienen reservas. Durante la reunión, los dirigentes insistieron en que el retraso inicial es abusivo, y que el verdadero examen será si Subpesca cumple lo pactado. Jonathan Castillo, presidente Agrupación Changos Finao de Loreto – Paposo, afirmó previamente que si no se cumple por parte de Subpesca, “vamos a seguir luchando por esto, porque es algo que nosotros como pueblo indígena nos corresponde de poder proteger nuestros recursos del borde costero, así que vamos a seguir hasta el final».

El trasfondo: La importancia del ECMPO para Taltal

Para el Pueblo Chango, el ECMPO no es solo un trámite: es una herramienta para proteger su relación histórica con el mar. En Taltal, la costa ha sido sustento de pescadores y recolectores por generaciones. La demora en el reconocimiento legal deja su territorio en un limbo, expuesto a conflictos con otros usos del borde costero y un ambiente de incertidumbre.

Territorios Comunicaciones

8 de mayo: Caminata por Julia Chuñil Catricura

Franck Gaudichaud — 2025-05-07T05:00:36Z

A medio año de su desaparición ¡Que sea prioridad nacional!

Como Espacio Día a Día por Julia Chuñil, a medio año de su desaparición convocamos en Santiago a una Caminata por la Ruta de la Injusticia, el 8 de mayo, en Santiago, a las 17.30 horas, partiendo desde Catedral con San Martín (metro Santa Ana). Increparemos en sucesivas estaciones a la CONADI, a la FISCALÍA, a los TRIBUNALES DE JUSTICIA, al CONGRESO y a LA MONEDA, en representación de los poderes ejecutivo, judicial, y legislativo, como responsables de la desaparición de Julia Chuñil Catricura y su perro Cholito. En regiones, llamamos a accionar frente a las entidades del Estado y apoyar el accionar de las coordinadoras territoriales. En el exterior, solicitamos hacerlo en los consulados o embajadas.

Al abrirse la carpeta investigativa tras cinco meses de secreto, se confirmó que la investigación de la Fiscalía no tomó en cuenta las denuncias previas sobre constantes amenazas a Julia Chuñil proferidas por el empresario Juan Carlos Morstadt Andwanter. El principal sospechoso señalado por la familia está interesado en explotar forestalmente las hectáreas que la cuidadora del bosque nativo, las aguas y la semilla estaba protegiendo por ser tierras ancestrales de su comunidad. Por el contrario, la búsqueda se limitó al rastreo por la zona de la tierra recuperada, para rápidamente desviarse a la criminalización de su familia, por medio de allanamientos, presiones en indagatorias y filtraciones a la prensa, en que se los señalaba sin pruebas como sospechosos. Buscaban así detener el apoyo popular a la familia y la creciente solidaridad concitada por la demanda nacional e internacional que exige al Estado responder ¿Dónde Está Julia Chuñil? y/o garantizar su Aparición con Vida.

La responsabilidad de los tres poderes

El poder ejecutivo, encabezado por Gabriel Boric que antes voceaba el Nunca Más, hoy viola los derechos humanos de Julia Chuñil y su familia al declarar inadmisible la acción urgente solicitada por las organizaciones de DDHH ante el Comité de Desapariciones Forzadas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Presidente Boric tampoco ha tomado medidas para investigar la responsabilidad de CONADI y su complicidad con Morstadt en el marco de la disputa por la tierra de la comunidad Putreguel, la cual por decisión de la entidad estatal volvió a manos del empresario sin mediar el pago correspondiente.

La actuación de la justicia ha sido racista, clasista e inoperante. Desde las organizaciones sociales, socioambientales y de derechos humanos exigimos al Fiscal Nacional realizar una investigación exhaustiva, nombrando a un fiscal con dedicación exclusiva y declarar el caso como prioridad nacional aplicando los principios rectores internacionales establecidos frente a la desaparición de personas, que el Estado de Chile ha firmado.

Por su parte, el poder legislativo viola los derechos humanos de Julia y su familia al permitir la impunidad a través de normas y leyes que protegen a quienes han cometido gravísimas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al autorizar en forma permanente la ocupación policial y militar de la zona sur del país.

Basta de crímenes empresariales

No se trata de un caso aislado sino del eslabón más grave de una cadena de persecución, crímenes impunes, racismo, montajes, prisión política y atentados contra comunidades y luchadores ambientalistas. No podemos normalizar que se lleven a una dirigenta Mapuche defensora del bosque nativo, ni dar por sentado que hay licencia para cometer crímenes empresariales amparados por el poder político. Han intentado amedrentar con mensajes mafiosos como la eliminación de dos de los animales de Julia, el caballo Zorzalito y el barraco, que eran cuidados ahora por su familia.

La ruta de la impunidad está facilitada por casos de sicariatos en la Región de los Ríos, como el de Macarena Valdés y Emilia Bau, y de crímenes de la policía como los de Pablo Marchant y Camilo Catrillanca entre otros. Incluye también la actuación de destacamentos privados de las empresas forestales con presencia de ex uniformados cuyo accionar retoma las prácticas habituales de tiempos de la dictadura civil militar.

Los secuestros, montajes y desapariciones no deben repetirse, y la lucha para que NUNCA MÁS se cometan estas atrocidades debe ser retomada con fuerza para defender las libertades democráticas.

Más voces por verdad y Justicia

Es fundamental acompañar a la familia, pero también entender que Julia Chuñil podemos ser todos/as. Llamamos a reforzar esta campaña con el aporte de todos los sectores sociales y especialmente de los medios de comunicación independientes. La cobertura que medios internacionales de Europa y América Latina ya realizan sobre la desaparición de Julia Chuñil contrasta hasta ahora con la menguada cobertura de la prensa hegemónica nacional que esperamos se dinamice.

Convocamos también a multiplicar la presencia de las organizaciones de pueblos originarios, sociales, ambientales, de ddhh, sindicales, estudiantiles, animalistas, de mujeres, disidencias LGBTIQ+, colectivos de bordadoras, referentes sociales y personalidades que hagan suyas estas demandas. Relevamos la importancia de la participación de los exponentes y artistas del mundo de la cultura, entre ellos las comparsas, murgas y bandas.

Por Verdad y Justicia

El Estado es Responsable

¡Julia Chuñil Prioridad Nacional!

Espacio Día a Día por Julia Chuñil

El Papa Francisco y su viaje olvidado a Chile

Franck Gaudichaud — 2025-05-07T05:00:14Z

De todos los recuentos hechos sobre los viajes del Santo Padre Francisco, ya sean estos de la prensa escrita o audiovisual, no se señala la visita en enero 2018 a Chile. Lo que nos ha llevado a reparar este «olvido».

El 28 de mayo 2014, el Papa Francisco recibió en una audiencia en la plaza San Pedro, a una delegación de familiares y víctimas, de América-Latina, de las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay y El Salvador. Por la representación de Chile se encontraba María Paz Venturelli hija del ex sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli, detenido desaparecido en Temuco (octubre de 1973). También en ese encuentro con el Papa se encontraba un expreso político Mapuche Jeremías Levinao. Este último entregó al Santo Padre un documento de nuestro «Collectif Droits de l'Homme Au Chili (Francia)», que es un informe detallado sobre la represión en la región de La Araucanía después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Jeremías Levinao explicó muy brevemente al Papa el contenido del documento diciéndole que este informe se refería de manera especial: a) la represión a los hombres de Iglesia, de cinco casos de sacerdotes y ex sacerdotes encarcelados, torturados y dos de ellos desaparecidos sin saber jamás donde quedaron sus cuerpos y b) en segundo lugar la represión al pueblo Mapuche.

Este informe contaba además con dos anexos. Por una parte, los bandos militares, emitidos por las autoridades militares de la Junta Militar en Temuco. Y por otra parte, la lista completa de las víctimas entre ejecutados y de presos políticos desaparecidos; documento confeccionado por el Centro de investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CINPRODH). De esta lista un tercio de las víctimas son Mapuches.

Durante el transcurso de casi cuatro años, nunca tuvimos noticias o respuestas respecto al documento entregado en el Vaticano. Hasta que, en enero de 2018, el Papa Francisco en un viaje a Chile, se dirigió a la IX región en La Araucanía. Allí en las afueras de la ciudad de Temuco celebró una misa, en la Base Aérea de Maquehue, un ex centro de detención y tortura de la dictadura de Pinochet. Es el mismo lugar por el cual pasaron tantas víctimas y entre ellas cuatro sacerdotes y ex sacerdotes que padecieron la encarcelación, la tortura y dos de ellos la desaparición.

Creemos y pensamos que la respuesta a nuestro petitorio del 2014 en Roma, el Papa la dio en la Base Aérea de Maquehue, con la celebración de una misa donde participaron más de 200.000 personas. En esta ocasión, el Papa Francisco fue directo y claro, rompiendo la impunidad. En su homilía, concerniendo las violaciones de Derechos Humanos ocurridas en dictadura, expresó: «

En este contexto de acción de gracias por esta tierra y su gente, pero también de pena y dolor, celebramos la Eucaristía. Y lo hacemos en este aeródromo de Maquehue, en el cual tuvieron lugar graves violaciones de derechos humanos. Esta celebración la ofrecemos por los que sufrieron y murieron, por los que cada día llevan sobre sus espaldas el peso de tantas injusticias. Y recordando estas cosas nos quedamos un instante en silencio ante tanto dolor y tanta injusticia».
El 21 de abril de 2025, el Diario Austral de Temuco dedicó un artículo sobre la visita del Papa Francisco en 2018, cuyo título es evocador: «Cuando el Papa Francisco dedicó su misa a las víctimas de la dictadura de Pinochet». Según el diario: «La elección del lugar no fue casual. Maquehue representa una herida abierta para muchas familias del sur de Chile». Y agrega al final de este artículo: «Tras la reciente muerte del Pontífico, su misa en Maquehue sigue siendo recordada (en La Araucanía) como uno de los gestos más importantes de su visita a Chile: una liturgia celebrada en un espacio de horror transformado en altar, donde la Iglesia reconoció a las víctimas de la dictadura».

Después de permanecer en Santiago, donde tomó contactos con personeros religiosos y de la sociedad civil, el Papa Francisco partió a Iquique. En esta ciudad, el Papa después de oficiar una misa, ante 50.000 personas celebrada en la defensa de los inmigrantes, asistió a la capilla de la Casa de Retiro del Santuario Nuestra Señora de Lourdes. En este lugar, el Papa Francisco se reunió con Héctor Marín, cuyo hermano fue víctima de las violaciones a los derechos humanos realizadas durante la dictadura militar, quien le entregó una carta en nombre de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua.

En dicha carta agradecen «

a la Iglesia Católica chilena por su gran labor de promoción y defensa de los derechos humanos,

de la que fuimos testigos, principalmente durante los años de dictadura

«. Luego, la Agrupación le manifestó que

«somos sobrevivientes del terrorismo de Estado»

, indicándole, además, que

«la represión más cruel y dolorosa y la desaparición forzada sufrida por nuestros seres queridos, significa una tortura permanente a la que somos sometidos como familiares, que, a pesar de los años, no cesamos en la lucha permanente por encontrar sus restos»

Le solicitaron que en su rol de jefe de la Iglesia hiciera un llamado a las FFAA para que terminen con el pacto de silencio. Igualmente le pidieron que extendiera el llamado al gobierno para que colabore ya que, según indican: «

el perdón y la reconciliación se construyen en base a la verdad y la justicia»

Entre las preguntas que se pueden hacer ahora, hay una que sobresale, se destaca. ¿Habrá un nuevo Papa que tendrá el coraje, como el Papa Francisco lo hizo, de reconocer las víctimas de tantas injusticias en el mundo? El Cónclave de Cardenales que tendrá lugar el 7 de mayo, deberá responder a la pregunta al elegir un nuevo Papa, en un contexto internacional difícil, donde las fuerzas ultraconservadoras, tanto políticas como religiosas, han ganado ya un espacio inmenso que nunca habían tenido.

La última foto del Papa, un día antes de su partida pareciera resumir la encrucijada en que se encuentra la Iglesia Católica: continuar la obra y el pensamiento del Papa Francisco, hacia los desposeídos, los pobres, los marginados, los humildes, haciendo valer el respeto a los Derechos Humanos. O bien ceder a la presión de las fuerzas retrogradas y oscurantistas del no respeto a los valores de humanidad.

El vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance, no solamente apareció en el Vaticano un día antes del fallecimiento del Papa para sacarse una foto con el Santo Padre, sino también para ejercer una fuerte presión contra los eventuales seguidores del Papa Francisco. El vicepresidente Vance es uno de los ideólogos más importantes del actual gobierno de Trump, quien estaría por borrar la obra del Papa Francisco. Según un artículo del diario Le Monde del 21 de abril pasado, «el catolicismo que promueve J.D. Vance identitario y radical está en una oposición frontal con la doctrina llevada por el Papa Francisco de más compasiones y abierta».

Carlos López Fuentes y Héctor Zavala Leiva — Collectif Droits de L´Homme au Chili (France)

Habla la CAM: la Comisión de Paz y Entendimiento es una farsa (I)

Franck Gaudichaud — 2025-05-05T05:00:43Z

Seamos claros, esta Comisión no representa los objetivos políticos de nuestra organización y del movimiento mapuche autonomista que está activo en los procesos de recuperación territorial. Nuestra política sigue siendo la reconstrucción nacional y la liberación del Wallmapu, objetivos que, una vez más, no son entendidos ni abordados por la clase política chilena y todos sus sectores afines.

Desde un inicio sostuvimos que está Comisión estaba condenada al fracaso, puesto que, más que representar las demandas de las comunidades y agrupaciones que luchan por sus tierras, encarna los intereses del gran empresariado y del latifundio que se encubren hoy en falsos discursos de paz y bienestar social. Son estos sectores los que buscan legitimar su propia concepción de “paz y entendimiento”, que no es más que un nuevo artilugio para asegurar las mejores condiciones para incrementar y acumular sus ganancias en nuestra territorialidad ancestral. Por lo mismo es que esta Comisión también funciona como un instrumento político y mediático al intentar excluir al movimiento mapuche autonomista, y para afirmar públicamente que los intereses del Estado y del gran capital están bajo amenaza, imponen sus reglas y su forma de hacer política en los sectores mapuche institucionales. De hecho, solo han tenido voz los sectores cooptados y funcionales.

Sumado a lo anterior, es importante subrayar que una Comisión que nace, sesiona y concluye en medio de un Estado de Excepción activo sobre aquel territorio objeto de la misma, no tiene legitimidad. Quieren “hacer política”, aunque el término les quede grande, con la pistola sobre la mesa y los milicos sitiando comunidades. Exhibiendo con estas «proclamadas prácticas democráticas», un gran contrasentido.

Una Comisión que surge en medio de la militarización del Wallmapu, y que reúne posiciones y materiales de información de los territorios bajo estas circunstancias, no cumple ni los más mínimo estándares de respeto a los DDHH en materia internacional. A la vez, es una Comisión que ha operado desde sus inicios bajo un patrón neoindigenista, porque no se consultó a las comunidades mapuche, ni quiénes serían sus representantes, ni cuáles son los temas centrales, ni cómo deberían ser las formas de resolución de estos. Esta lógica verticalista y tutelar es heredera de los más viejos sistemas políticos coloniales, donde la representación paternalista fue impuesta a sangre y fuego. Lo cierto es que esta lógica impide que los pueblos originarios tengan el derecho a decidir sobre su realidad, mientras otros, poderosos y nobles, lo hacían por ellos. Hoy se vuelve a repetir el formato colonial y racista del Estado capitalista chileno.

Ante esta realidad, que ha permeado por decenas de años los mecanismos con que el Estado de Chile trata la “cuestión indígena”, es que el movimiento mapuche autonomista surge con fuerza a partir de los años 90, con su propia política, hablando y haciendo por nosotros mismos, sin que otros nos suplanten o nos representen. Pero hoy nuevamente esta situación fue desconocida -a propósito- por los iluminados progresistas que están detrás de la Comisión. Y lo más paradojal es que quienes sí tienen voz son los representantes de la clase política y del empresariado antimapuche.

Son quienes por tres décadas piensan que el histórico conflicto sostenido entre comunidades movilizadas, el Estado y los representantes del capital en el Wallmapu se soluciona con persecución, criminalización, montajes, juicios y cárcel. Parece irrisorio que el supuesto “diálogo” por la paz, materializado con esta Comisión, incluya precisamente a los militaristas que no la quieren y que han engrosado sus bolsillos a costa de la ocupación usurpadora. Es el caso de comandos paramilitares, como el APRA, que realizan sendas operaciones políticas, más que actuar como una asociación que represente a un gremio en búsqueda de esa supuesta “paz”.

A nivel orgánico y operativo, resulta ser una Comisión construida sobre arenas movedizas, tal como lo fue la participación de mapuche en la Convención Constituyente. Por lo mismo, al no llegar a acuerdos concretos, el máximo logro es mostrar a esta Comisión en su labor de elaboración de un diagnóstico respecto de lo que ellos han denominado la recuperación de las tierras, cuestión que en el mundo mapuche no tiene absolutamente ningún sentido porque nuestro pueblo, las comunidades, tienen absolutamente claro cuáles son las reivindicaciones territoriales que nos interesan para restablecer un diseño territorial que permita la reconstrucción de nuestro Pueblo Nación.

Con este diagnóstico, la Comisión pretende justificar que existen los mecanismos de devolución de tierra, no existiendo una propuesta concreta y precisa que determine o que haga real la devolución de los territorios. Sin embargo, constituye el “caballito de batalla” para encubrir un engaño mayúsculo, que es la imposición de las técnicas del mercadeo, con corruptelas incluidas, para reacomodar las grandes inversiones capitalistas en nuestro territorio ancestral.

Un diagnóstico que será presentado como un gran objetivo, pero que no estará concluido con este gobierno. Tampoco las devoluciones territoriales que serán a largo plazo y que solo indicarán o establecerán un tipo de mecanismo, un tipo de forma para, políticamente, buscar componendas y negociaciones en los futuros gobiernos.

En definitiva, esta nueva Comisión constituye una verdadera farsa, un nuevo tongo y pasará a formar un eslabón más para que la actual administración, la actual gobernanza neoliberal, proyecte un futuro gobierno que estará en manos de la ultraderecha.

Buscar la paz y entendimiento con exclusión de los que luchan es la gran interrogante, ¿cómo se puede buscar paz en un contexto de militarización y de mayor represión? Más aún, con la existencia de muchos presos políticos mapuches (PPM) que hemos venido siendo procesados y condenados sólo por representar la lucha territorial, autonomista y revolucionaria a través de ideas fuerzas y de propuestas políticas para la reconstrucción de nuestro pueblo. Nada se ha dicho de los weichafe que estamos secuestrados por el Estado chileno. Porque mientras exista militarización y presos políticos mapuche no es posible siquiera iniciar diálogos que conduzcan a acuerdos.

La existencia de los PPM se da un contexto de mayor persecución y sobre la base de leyes de excepción que nos remiten a tiempos dictatoriales. En efecto, hoy hay presos políticos mapuche producto de las políticas más sofisticadas para reprimir y perseguir al movimiento autonomista, que con más fuerza hemos asumido la lucha contra el extractivismo y por la reconstrucción de nuestro pueblo, procesos sostenidos con la recuperación de los espacios territoriales, hoy de mano principalmente de las forestales.

Como antesala de la presentación de los acuerdos o los puntos de la Comisión por la Paz y el Entendimiento se viene implementado una verdadera campaña mediática en la que participan los sectores más fascistas de la derecha chilena, obviamente cubiertos por los medios de comunicación que están a su servicio, en donde se reinstala el discurso que demoniza la causa mapuche, condenando la violencia que ejercen las comunidades para la recuperación territorial. Un discurso que reinstala los conceptos de terrorismo, violencia rural, crimen organizado para deslegitimar y despolitizar la justa lucha por el territorio.

Por otra parte, se está instalando la idea de un supuesto acuerdo de devolución de tierras en que habría una descomunal cifra de dinero que se dispondrá para la reparación territorial hacia las comunidades, lo cual es parte de la farsa que ya conocemos, porque en los hechos está propuesta siempre se va diluyendo en el camino y al final termina en escuálidos recursos y en casi nula viabilidad de devolución de tierras. Lo cual es una constante bajo la legislación vigente con la participación de la CONADI, un organismo putrefacto y funcional del Estado capitalista. Solo habrá dineros para reparar a los latifundistas y para engrosar las arcas de las forestales, quienes hacen el gran negocio con la especulación financiera de la compraventa de los fundos usurpados a las comunidades.

Sin dudas, se ha puesto en marcha una nueva operación política que intenta darle fuerza e importancia a una Comisión que no tiene en la realidad nada que ofrecer para la resolución del conflicto, porque la confrontación está instalada sobre cimientos estructurales, económicos, que implican la lucha de un pueblo originario oprimido contra un Estado colonial invasor y frente a lo cual ya existe un proceso de lucha y de resistencia por la reconstrucción de la Nación mapuche.

La lucha mapuche actual es y será por territorio y autonomía para la Nación mapuche.

La lucha continúa!!

Amulepe taiñ weichan !!

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