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Argentina NO se vende

anred — 2026-08-02T15:06:13Z

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En 2022 se realizó una reunión en la casa de Joe Lewis en Lago Escondido (Río Negro) que involucró a jueces federales, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, exagentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín. Hay sospecha que luego se realizaron otras reuniones con altos dirigentes políticos del país.

El Proyecto de Ley de extranjerización afecta a toda nuestra sociedad poniendo en riesgo la soberanía nacional, las capacidades estatales para diseñar políticas públicas y el derecho a la vivienda de millones de familias. El actual gobierno de Javier Milei quiere derogar esta Ley, que defiende la soberanía nacional, beneficiando a corporaciones internacionales, como parte de su política de venta del país a capitales extranjeros, concentración de la tierra, desalojos masivos, despojos de los bienes comunes (recursos naturales)- a través de la extracción de materias primas (Extractivismo)- ya sea litio, megaminería, agroindustria o fracking. Por ello el control del territorio es un paso fundamental para garantizar el éxito de ese nefasto negocio, mediante el desplazamiento de poblaciones enteras, que a menudo son amenazadas. Esto es posible a través de reformas legislativas impulsada por los gobiernos locales de turno o a través de la criminalización de las personas que defienden su territorio.

Por Ana Muro, corresponsal de AnRed

El Proyecto de Ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» afecta a nuestra sociedad poniendo en riesgo la soberanía nacional, las capacidades estatales para diseñar políticas públicas y el derecho a la vivienda de millones de familias. Más de 4 mil referentes de todo el país ya firmaron contra el proyecto de ley de «inviolabilidad de la propiedad privada».

La Ley 26.737 de Tierras Rurales, fue presentada en el Congreso durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Fue aprobada y promulgada en diciembre de 2011. Luego, Mauricio Macri la modificó en 2016 con el decreto 820/2016, beneficiando a corporaciones internacionales.

Los extranjeros no podían tener más del 15% de las tierras del país, de una provincia o de un municipio. También fijó un límite de 1000 hectáreas por titular extranjero en la zona agrícola núcleo, es decir la más fértil ubicada en el norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba, o sus equivalencias en el resto de las provincias. Además, determinó controles específicos para evitar la extranjerización de la tierra y pérdida de control del registro dominial a través de la compraventa de acciones vía testaferros. El Estado debía autorizar esta compraventa a través de un certificado de habilitación. La Ley creó el Registro Nacional de Tierras Rurales bajo la órbita del Ministerio de Justicia, para contraponer el profundo déficit de información sobre la posesión de terrenos.

Según la última actualización del Gobierno, realizada en abril de 2022, Salta lidera el ranking de provincias con mayor cantidad de tierras en manos extranjeras, con el 11.56%. Le siguen las provincias de Misiones (11.07%), San Juan (10.48%), Corrientes (9.87%), Mendoza (9.11%), Catamarca (8.64%) y Santa Cruz (8.11%). Por motivo de la modificación de la Ley a partir del decreto 820/2016 de Macri, que levantó las regulaciones de información que debían presentarse al Registro Nacional esos datos no son ciertos. El decreto de Macri recién asumido como presidente, eliminó una de las condiciones más importantes de Ley de Tierras, que es la obligatoriedad de tramitar un nuevo certificado de habilitación en el caso de que una empresa tenga una reorganización societaria. De este modo, se habilitó la transferencia de acciones a extranjeros sin tener que informar al Registro Nacional (a través del traspaso de acciones). De este modo la tierra pasa a manos extranjeras sin conocimiento ni aval del Estado, perdiendo control también para hacer cumplir los cupos establecidos por ley. Además, se flexibilizó la prohibición de vender cuerpos de agua. Ya no es un requisito del trámite de certificación que un profesional verifique la existencia o no de cuerpos de agua en un terreno para ser autenticado por la autoridad provincial.

La Ley de protección de Glaciares también tiene un rol importante en este proceso de extranjerización, ya que, muchos bienes comunes se encuentran en zonas glaciares y periglaciares y la Ley no permite la explotación y exploración de ellos. En 2010 Cristina Kirchner vetó la ley de protección de los Glaciares, que ya había sido aprobada en ambas cámaras (diputados: por unanimidad; senadores: con solo tres votos en contra), para que volviera a la Cámara de Diputados. Esto es similar al procedimiento seguido para aprobar la ley de protección de los bosques autóctonos, ya que se argumentó que la ley perjudicaría el desarrollo económico.

Durante el gobierno macrista, de la mano de Patricia Bullrich, se ordenó la represión feroz en la Pu Lof Cushamen que culminó con la muerte de Santiago Maldonado, que siguió meses después con el allanamiento brutal de la Lof Lafken Winkul Mapu y la cacería del día siguiente que finaliza con el asesinato de Rafael Nahuel por efectivos de la Prefectura Naval en Bariloche.

Acumulación por despojo del territorio y por el saqueo de los bienes comunes a traves del extractivismo.

El control del territorio es un paso fundamental para garantizar el éxito del negocio, mediante el desplazamiento de poblaciones enteras, que a menudo son amenazadas y esto posible a traves de reformas legislativas impulsada por los gobiernos locales de turno o a través de la criminalización de las personas que defienden su territorio.

La criminalización a referentes indígenas, la profundización del extractivismo y el proyecto de Ley “inviolabilidad de la Propiedad Privada”, mejor dicho ley de extranjerización de la Tierra, son parte de esta foraz empresa a nivel global del orden mundial imperante basado en la apropiación de los recursos naturales (bienes comunes) en la llamada transición energética.

La violencia institucional y de las fuerzas de seguridad es más visible cuando la Resistencia se organiza. La condena a Jones Huala por la lectura de un poema se inscribe en ese contexto de persecución política a las y los que luchan el extractivismo y defienden su territorio. La condena con más de un año de detención contra el referente mapuche Facundo Jones Huala visibiliza la política contra los pueblos originarios, y a favor de la entrega de territorio. Patricia Bullrich, impulsora de la persecución judicial y política contra las comunidades mapuche desde 2015, como Ministra de Seguridad, es al mismo tiempo una de las promotoras del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La muerte de Santiago Maldonado es también cuestionada por parte de organismos de derechos humanos.

Asimismo, el asesinato de Rafael Nahuel, integrante de la comunidad Lafken Winkul Mapu, quien el 25 de noviembre de 2017 recibió un disparo por la espalda durante un operativo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval en Villa Mascardi. El procedimiento se produjo apenas semanas después de la muerte de Santiago Maldonado y en el marco de una política de seguridad encabezada por Patricia Bullrich. Cuatro años después, el 21 de noviembre de 2021, otro joven mapuche fue asesinado durante una recuperación territorial. Elías Garay, integrante de la Lof Quemquemtrew, murió tras ser atacado con armas de fuego en un predio en Cuesta del Ternero, Río Negro.

La represión de Bullrich a comunidades mapuche tenía sentido: extranjerizar la tierra

Mientras se criminalizan a quienes defienden los territorios ancestrales, el Gobierno impulsa normas que facilitan la concentración y venta de grandes extensiones del país.

América Latina es el lugar del mundo donde se asesinan a más ecologistas y defensores de su territorio. En 2023 fueron asesinados 196 ecologistas, el 85 % de ellos en América Latina.

La continuación de prácticas neocoloniales

Se puede observar una continuidad en el orden mundial desde el colonialismo hasta el imperialismo actual. Esta continuidad se manifiesta especialmente en la apropiación y explotación sistemáticas de los bienes communes (recursos naturales) y de los territorios mediante prácticas (neo)extractivistas en los llamados países periféricos. Este modelo conduce a violaciones estructurales y sistemáticas de los derechos humanos, que se manifiestan, entre otras cosas, en la creciente criminalización de las y los defensores del medio ambiente. Por el contrario, las empresas transnacionales que contribuyen de manera significativa al daño ecológico y social no son perseguidas penalmente ni obligadas a reparar el daño causado; más bien, sus actividades suelen ser favorecidas política, jurídica y económicamente por los Estados.

Las élites políticas y económicas de los países periféricos actúan en muchos casos en su legislación y en la práctica gubernamental en dependencia estructural de las potencias dominantes, independientemente de su orientación ideológica respectiva. El modelo de producción que persiste desde la época colonial permite la apropiación continua de los bienes comunes y, al mismo tiempo, va acompañado de la desindustrialización, la dependencia económica, la destrucción del medio ambiente y la desigualdad social en los países afectados.

Desde la década de 1990, casi todos los gobiernos de América Latina, tanto progresistas como neoliberales, formaron parte de lo que Maristella Svampa llama “consenso de los commodities” (de las materias primas), lo que supuso una mayor profundización de las estrategias extractivistas. La dependencia económica y política de los países proveedores de materias primas está integrada en las estrategias geopolíticas.

Esta nueva hegemonía mundial se ve actualmente amenazada por otros bloques de poder, como Rusia, China y Europa, que no quieren quedarse al margen de la distribución del poder geopolítico y los bienes comunes. Los conflictos actuales giran en torno a los bienes comunes y la transición energética.

Ante la finitud de los recursos no renovables, la lucha por las materias primas y los recursos energéticos estratégicos se convierte en un tema central de las disputas y los conflictos geopolíticos. El sistema financiero los necesita para seguir funcionando.

La industria armamentística también necesita estos minerales para la fabricación de armas. El complejo militar-industrial de las principales potencias bélicas busca nuevos y mejores materiales críticos (para una mayor precisión) para muchos desarrollos de investigación y tecnología en todo el mundo, que se encuentran principalmente en América Latina y África.

La relación entre la extracción de materias primas y las guerras es cada vez más relevante, y las tecnologías y la transición energética desempeñan un papel importante. Ante la nueva dimensión de las guerras, los genocidios y los conflictos armados en el mundo, los bienes comunes desempeñan un papel importante.

Las llamadas energías verdes o renovables que Europa quiere introducir refuerzan el extractivismo latinoamericano y africano. A su vez, esta extracción de materias primas conduce a un aumento del desplazamiento y la apropiación de bienes comunes, lo que agrava aún más la injusticia social y la contaminación ambiental.

Los problemas relacionados con la contaminación se «resuelven» trasladándolos de un lugar a otro , transportando residuos altamente tóxicos a países periféricos y almacenándolos allí donde los jefes de Estado lo permiten.

A pesar de las constituciones nacionales, que garantizan una serie de derechos nacionales e internacionales, así como mecanismos de protección, especialmente en el ámbito de los derechos humanos, en la práctica política y económica se observa que estas exigencias normativas suelen quedar relegadas a un segundo plano frente a los intereses geopolíticos y económicos, de modo que las asimetrías de poder suelen beneficiar a los actores hegemónicos.

¿Quiénes son las y los senadores que votarán a favor de la extranjerización de la tierra?

La nueva conquista del “desierto” del Siglo XXI

Durante la época colonial, Europa consolidó su hegemonía gracias a lo que Marx denominó «acumulación originaria», mediante la apropiación y usurpación de territorios indígenas, así como mediante el trabajo forzoso y la apropiación de metales. El colonialismo se basó en justificaciones ideológicas racistas y excluyentes procedentes del centro norte. Las teorías positivistas y, más tarde, biologistas predominantes justificaron este modelo de producción y acumulación capitalista y el sistema jurídico-político y social asociado a él.

“El Estado nacional argentino se construyó con la sangre de los pueblos y culturas indígenas, víctimas de un genocidio” decía Osvaldo Bayer. Luego del genocidio de los pueblos originarios y la siguiente ocupación, el Estado Argentino consolidó la apropiación de los territorios patagónicos. Según Jacinto Oddone, luego de la Campaña del Desierto el Estado Nacional transfirió entre 1876 y 1903, 42 millones de hectáreas a 1.843 personas que se adueñaron de la tierra.

Las oligarquías locales impulsaron un proceso de homogeneización que, sin embargo, era paternalista, ya que consideraban a los indígenas como inferiores. Están integrados en el sistema de producción, el mercado de consumo y el orden social, pero desempeñan el papel de explotados, y de hecho son los más explotados.

La última dictadura militar y los siguientes gobiernos democráticos profundizaron el saqueo, a favor de una clase dominante cada vez más al servicio de intereses extranjeros. Las elites locales y los grupos de poder como Techint, Perez Companc, entre otros, fueron los beneficiados de estas políticas. Asimismo personalidades de la comunicación como Ted Tuner, el Grupo Benetton, a través de la Compañía de Tierras del Sud Argentino y el magnate británico Joe Lewis, poseen 13.000.000 de hectáreas, sin contar la ilegal apropiación del Lago Escondido que contó con la complicidad judicial descarada. También creció la compra por parte de los Emiratos Árabes y Qatar.

La Resistencia quiso poner fin a ese proceso de saqueos en los 90 con una gran movilización indígena en América Latina. Las sublevaciones maya-zapatista en Chiapas en 1994 y el resurgimiento quechua-aymara desde Ecuador a Bolivia entre 1997 y 2005. De estas influencias surgen reformas constitucionales en varios países latinoamericanos. La reforma constitucional Argentina de 1994 reconoce la preexistencia de los pueblos originarios por parte del Estado Nacional, asimismo se ratifican Tratados Internacionales de protección a los pueblos indígenas. A pesar de ello, a diario se vulneran esos derechos de manera sistemática por los diferentes gobiernos de turno. 150 años después continuan las mismas prácticas de racistas y de despojo hacia los pueblos originarios, a pesar de una normativa que los protege.

La región latinoamericana se está convirtiendo en un intenso proveedor de bienes comunes sin procesar —sin ningún valor agregado— para el mercado mundial. Se habla de una economía de enclave, ya que crea pocos puestos de trabajo, incluso los desplaza, y apenas tiene vínculos con el resto de la economía. Esto contrapone a la teoría del derrame, con la que los políticos de la justifican la extracción de materias primas. Quienes se benefician de ello ignoran las abrumadoras pruebas documentadas de los daños medioambientales, que no son el resultado de errores o casos aislados, sino que son inherentes a la misma. Las promesas de los distintos gobiernos de que estas empresas transnacionales promoverán el desarrollo y el empleo no se están cumpliendo.

La extracción de materias primas es ecológicamente insostenible debido a su magnitud, intensidad e impacto en las estructuras socioecológicas en las que se basa, y provoca desequilibrios de todo tipo. Según el biólogo Gudynas “No hay forma responsable de llevarla a cabo”. “La extracción de materias primas convierte las zonas en las que se lleva a cabo en zonas de sacrificio”. Sumate a las acciones hechas en todo el país y por argentines viviendo en el exterior para defender la soberanía!

Extranjerización de las tierras: con una agenda de acciones se prepara la movilización del 6 de agosto

Trump ha convertido Venezuela en un protectorado de facto y la comunidad internacional prefiere mirar hacia otro lado

anred — 2026-08-01T18:45:59Z

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Imagen: La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, asiste a una reunión con el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, este miércoles 4 de marzo de 2026 en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez]

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tiene condicionada su política exterior, comercial, económica e interior por los designios de EEUU. La Administración Trump ha recaudado más de 13.000 millones de dólares procedentes de las ventas de petróleo venezolano este año, según cálculos del Financial Times. El Ejército de EEUU ha desplegado un millar de soldados en Venezuela a raíz de los terremotos. La Asamblea Nacional venezolana ha ido aprobando diversas leyes a petición de Washington, desde la liberalización del petróleo hasta amnistías. Incluso Venezuela ha extraditado a EEUU a Álex Saab, ex ministro y hombre confianza de Nicolás Maduro, quien le representaba en muchos acuerdos económicos a causa de las sanciones impuestas por EEUU al presidente venezolano. Y la extradición se ha producido sin haber comunicado la detención en su momento ni explicado en virtud de qué elementos se produce esa extradición. Por Andrés Gil | Diario.es

EEUU ha asumido el control de las exportaciones petroleras de Venezuela, que es la principal vía de ingresos del país, y suspendió algunas sanciones tras secuestrar al presidente del país, Nicolás Maduro, en enero e instalar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez al frente del país.

Se esperaba que el alivio de las sanciones impulsara considerablemente la economía, la cual ya atravesaba una crisis incluso antes de los devastadores terremotos del mes pasado. Sin embargo, explica FT, seis meses después de que Estados Unidos tomara el control de los fondos, los economistas señalan que las señales de recuperación en Venezuela son relativamente tenues, lo que podría indicar que EEUU no ha transferido la totalidad de los ingresos a Caracas.

Este lunes ha sido preguntado Trump por el dinero del petróleo venezolano:

“Hay informaciones de que EEUU ha recibido 13.000 millones de dólares procedentes de Venezuela. ¿A dónde va ese dinero?”, pregunta el periodista.

“Creo que incluso más que eso”, ha dicho Trump.

“Pero ¿a dónde va ese dinero?”, insiste el reportero.

“A gestionar el país”.

“No, el dinero que recibe EEUU: ¿a dónde va?”

“A gestionar el país”.

“Hay un acuerdo implícito de supervivencia que tiene como contrapartida la sumisión a Estados Unidos”, explica Francesca Emanuele, analista senior del think tank Center of Policy and Economic Research (CEPR), con sede en Washington DC: “El actual Gobierno venezolano opera con una pistola estadounidense apuntándole a la cabeza. La captura ilegal de Maduro en territorio venezolano, tras una operación militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos, es un recordatorio constante de cuál puede ser el destino de los dirigentes actuales de Venezuela si dejaran de obedecer a Washington”.

Según ha publicado recientemente The New York Times, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dirige a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, mediante mensajes de texto y controla el acceso de su Gobierno a sus ingresos petroleros. Ella le informa de a quién desea incorporar, y él le indica qué funcionarios del aparato de Maduro debe purgar. Bajo la tutela de Rubio, afirma NYT, Rodríguez abrió el país a las empresas estadounidenses. En efecto, Delcy Rodríguez ha cedido un grado considerable de autonomía nacional a cambio de conservar el poder, o, al menos, la apariencia de este, por medio de un acuerdo opaco y beneficioso para gobernantes de ambos países.

“Hay una evidente pérdida del control económico. Los datos sugieren que EEUU podría estar reteniendo los ingresos petroleros de Venezuela en cuentas de depósito, sin desembolsarlos al gobierno venezolano. Al mismo tiempo, la economía venezolana se desaceleró hasta crecer apenas un 2,5% anual en el primer trimestre de 2026 (su ritmo más bajo desde 2021), a pesar de que los ingresos por exportaciones petroleras aumentaron un 25%”, añade la analista de CEPR.

La difusa respuesta de Trump no deja de dar pistas de lo que Venezuela supone ahora mismo para la Administración Trump: un país teledirigido del que sacar petróleo y quedarse con el dinero.

“El dinero será controlado por mí”, ya dijo Trump el 6 de enero pasado, tres días después del ataque a Venezuela. Y eso es lo que está ocurriendo, pero no solo con el dinero.

“Puede destinarse al Ejército [de EEUU”], ha dicho este lunes el presidente de EEUU: “El Congreso tiene que aprobarlo, y al Congreso no le gusta aprobar fondos para el Ejército; prefieren destinarlos a cosas que no deberían hacerse. Pero estamos recibiendo mucho dinero, miles y miles de millones de dólares de Venezuela. Lo mismo ocurrirá con Irán”.

Gracias al liderazgo del presidente Trump y a los esfuerzos de valientes miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Maduro se enfrenta ahora a la justicia en un tribunal de Estados Unidos por los delitos que ha cometido. Es hora de desmantelar la CPI. Estados Unidos insta a todos los miembros de la CPI a retirarse del Estatuto de Roma”.

Pero no sólo: Venezuela, principal suministrador de petróleo para Cuba, no ha hecho ni amago de mandar un barco en lo que va de año, ni de combustible ni de ayuda humanitaria, en la línea de lo exigido por la Administración Trump.

“Si bien no existe un tratado ni un reconocimiento vigente en el derecho internacional que permita calificar jurídicamente a Venezuela como un protectorado de EEUU”, argumenta Emanuele, “es posible identificar una serie de elementos que apuntan a que el país funciona, en la práctica, como un protectorado de facto de EEUU. Por un lado, existe un condicionamiento de la política exterior. Venezuela ya no decide libremente aspectos fundamentales de sus relaciones diplomáticas y comerciales. Existe también una tutela militar y de seguridad, reflejada en la presencia de fuerzas armadas estadounidenses en territorio venezolano y en la realización de operaciones militares directas dentro del país. Así ocurrió con el bombardeo contra el presunto líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero, una operación anunciada primero por Donald Trump, quien reivindicó públicamente haber ordenado personalmente el ataque y afirmó que este fue ejecutado por el Comando Sur de Estados Unidos. Solo después las autoridades venezolanas confirmaron que la operación había tenido lugar”.

Y todo esto ocurre ante el silencio de la comunidad internacional que, en pleno siglo XXI, no denuncia la apropiación de soberanía realizada por parte de EEUU sobre un país independiente y el nacimiento de una seudocolonia en América Latina; pero también ante el silencio de la oposición venezolana de la extrema derecha que quiere aupar a María Corina Machado, ante el desdén de Donald Trump, por mucho que la líder opositora le regalara la medalla del premio Nobel de la Paz. Pero también de la oposición más moderada con la que está negociando el Gobierno de Delcy Rodríguez, empujado por EEUU.

Hace unos días, decía Trump sobre la posibilidad de elecciones en el país: “En cuanto a las elecciones en Venezuela, realmente aún no están listos para ellas, pero vaya, se ha avanzado muchísimo. Delcy ha hecho un trabajo fantástico”.

Y tampoco pone el grito en el cielo el chavismo, para el que ya queda lejos el “aquí huele a azufre” de Hugo Chávez en la ONU, que resume dos décadas de discurso abiertamente antiimperialista frente a EEUU en el continente.

En aquel discurso de 2006, Chávez llamaba “diablo” a George W. Bush, y denunciaba que hablaba “como dueño del mundo”.

Ahora, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, no sólo no habla en esos términos sobre Donald Trump: recibe con honores a sus representantes en el mismo palacio de Miraflores en el que murieron más de 100 personas en el ataque de EEUU el pasado 3 de enero, entre ellos una treintena de soldados cubanos. Y mientras los recibe con honores, habla de reconstruir las relaciones bilaterales, y no dice nada del secuestro de Maduro.

Como tampoco lo dice en la entrevista reciente concedida a Javier Negre, uno de los periodistas extranjeros más afines a la Administración Trump y al mundo MAGA .

En esa entrevista, Rodríguez evita condenar los ataques de EEUU del 3 de enero, que enmarca en un proceso de cambio político en el país, y, si bien afirma que el presidente es Nicolás Maduro, no condena su secuestro ni su juicio en EEUU. “Todo procesado tiene derecho a mostrar la verdad, y yo confío en que el presidente demuestre la verdad”, afirma Rodríguez.

“Independientemente de la gravedad que supone que, en pleno siglo XXI y ante los ojos de la comunidad internacional, se haya configurado un protectorado de facto en América Latina, lo que hoy necesitan los venezolanos es cubrir sus necesidades más urgentes y reconstruir el país”, señala Emanuele: “Por ello, si el gobierno de EEUU empatizara con el sufrimiento del pueblo venezolano, la medida más importante que podría adoptar sería levantar las sanciones económicas y financieras. Del mismo modo, si los gobiernos europeos empatizaran con el sufrimiento de la población venezolana, instarían a EEUU a poner fin a esas sanciones y promoverían que el Reino Unido liberara los cerca de 5.000 millones de dólares en reservas de oro del Banco Central de Venezuela que permanecen retenidos en el Banco de Inglaterra. Igualmente, presionarían a Portugal para que facilite la devolución de los aproximadamente 1.200 millones del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) y a filiales de PDVSA que están bloqueados en Novo Banco”.

En ese mismo sentido se expresó un grupo de 14 congresistas demócratas tras los terremotos que sufrió Venezuela el pasado 24 de junio, que han causado más de 5.500 muertos, en una carta dirigida al presidente de EEUU, Donald Trump; a su secretario de Estado, Marco Rubio; y a su secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“Les escribimos para instarles a que levanten de inmediato las sanciones económicas y hagan todo lo que esté a su alcance para facilitar el acceso de Venezuela a sus activos congelados en el extranjero”, afirma la carta , que se redactó después de que un centenar de economistas escribieran otra similar al Gobierno estadounidense y al FMI para pedir retirar las restricciones que afectan al Banco Central de Venezuela (BCV), a la petrolera estatal PDVSA y a otras instituciones, además de permitir que el país pueda acceder a recursos internacionales destinados a la respuesta humanitaria y la reconstrucción.

“Lo que existe hoy en Venezuela es una autoridad interina cuya legitimidad jurídica descansa en una decisión extraordinaria del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, emitida tras el secuestro de Nicolás Maduro”, explica Emanuele: “No es un gobierno interino que emane de los mecanismos ordinarios de sucesión previstos en la Constitución, sino un arreglo excepcional nacido en un contexto de intervención extranjera que continúa, y que ha convertido a Venezuela en una suerte de protectorado o pseudo colonia. Mientras esa situación persista, es un contrasentido hablar de una transición democrática genuina. Para que haya una transición a la democracia, Venezuela necesita primero recuperar su soberanía”.

Mientras tanto, Trump ha convertido Venezuela en un país teledirigido desde su Departamento de Estado, ante el silencio de una comunidad internacional que prefiere mirar a otro lado.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacional/cronicas-desde-trumplandia/trump-convertido-venezuela-protectorado-facto-comunidad-internacional-prefiere-mirar-lado_132_13410917.html

La violencia sexual como arma del genocidio

anred — 2026-08-01T18:42:18Z

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[Foto: Prisioneros palestinos detenidos en la prisión israelí de Ofer, cerca de Jerusalén, en la Cisjordania ocupada, el 28 de agosto de 2024. / Chaim Goldberg/Flash90]Un exhaustivo informe concluye que las violaciones y agresiones sexuales son clave en la estrategia de Israel para destruir Palestina. El abuso, que sufren personas de todas las edades, es fruto de protocolos específicos.Por CTXT

Israel está intentando aniquilar al pueblo palestino. Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, la ofensiva es de una brutalidad sin parangón, y las tácticas del genocidio abarcan desde los bombardeos a discreción hasta la hambruna provocada, pasando por el borrado cultural, la desinformación, etc., siempre con la crueldad como bandera. Palestinian Feminist Collective y Progressive International han querido desvelar una de las armas más perversas del Estado de Israel: la violencia sexual y de género.

Para ello se ha llevado a cabo una investigación, realizada entre diciembre de 2025 y abril de 2026, que ha recopilado información procedente de archivos israelíes desclasificados, testimonios de primera mano, reportes de organizaciones humanitarias y otras fuentes. El resultado es el informe A Predatory State (‘Un Estado depredador'), que evidencia la utilización de la violencia sexual como una herramienta sistémica del sionismo colonialista, organizada desde las instituciones del Estado de Israel e integrada en el marco de la violencia de género que forma parte estructural de la ocupación de Palestina. CTXT ha decidido reproducir las conclusiones de dicho informe por su enorme relevancia dentro de nuestra amplia cobertura del genocidio.

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Cuando Israel utiliza acusaciones falsificadas de violencia sexual supuestamente perpetrada por palestinos para establecer una justificación moral del genocidio, está invirtiendo las realidades del poder, situando a los colonos israelíes como víctimas y a los palestinos como agresores. Y aunque esta distorsión de la realidad es una forma de violencia epistémica, aún peor es la forma en que genera consentimiento para el exterminio masivo a través del genocidio. Aunque actualmente la atención se centra en las acusaciones –ya ampliamente desmentidas– de que Hamás agredió sexualmente de forma sistemática a mujeres colonas el 7 de octubre, es importante analizar por qué dichas acusaciones se difundieron tan ampliamente y se mantuvieron incluso a pesar de que se admitió que eran inventadas .

Comprender que los regímenes coloniales e imperiales retratan a los hombres autóctonos y de razas colonizadas como hiperviolentos, culturalmente atrasados y políticamente antitéticos a la modernidad y al progreso es fundamental para poner al descubierto las formas en que Israel ha utilizado como arma las acusaciones de violencia sexual para justificar el genocidio en Gaza y las nuevas guerras en toda la región. Estos estereotipos de género sitúan a la cultura colonial, blanca u occidental –tanto a las mujeres como a los hombres– como la contraparte progresista y moralmente superior, dando luz verde a cualquier acción emprendida por el grupo dominante como algo alineado con el progreso y la modernidad en aras del bien común.

Sin embargo, más allá de esta “otredad”, estas representaciones sirven para activar y justificar la violencia colonial. Como hemos visto con las invasiones estadounidenses de Irak y Afganistán, y su llamada “guerra contra el terrorismo” sin fin, las construcciones racistas de los hombres árabes y musulmanes como terroristas y salvajes incivilizados se fabrican intencionadamente para legitimar la guerra imperialista. Estas evocaciones raciales y coloniales son fundamentales para comprender las acusaciones contemporáneas de violencia sexual dirigidas contra los hombres palestinos a raíz del 7 de octubre de 2023.

Los israelíes han aprovechado los estereotipos orientalistas, raciales y de género

A través de múltiples vías de difusión de la información, los israelíes han aprovechado los estereotipos orientalistas, raciales y de género que el público occidental mantiene desde hace tiempo. Aún el 8 de julio de 2025, fuentes informativas como la BBC seguían perpetuando esta narrativa de la “violencia sexual generalizada de Hamás”, a pesar no solo de la falta de pruebas que respalden las afirmaciones, sino también de las pruebas contundentes que reflejan que la narrativa fue orquestada por las más altas esferas del Estado israelí para justificar y encubrir el genocidio en Gaza.

Si bien las acusaciones, como las que surgieron tras el 7 de octubre, siguen una larga historia de demonización racial de los hombres palestinos, árabes y musulmanes, también cumplieron otra función. Se utilizaron de manera instrumental para ocultar y poner en duda los informes muy reales de violencia sexual denunciada por detenidos y presos palestinos.

La violencia sexual y de género ha sido históricamente una característica intrínseca del proyecto sionista, y sigue impulsando la guerra contra los cuerpos, la intimidad, la vida familiar y los espacios palestinos. Desde el 7 de octubre de 2023, se ha producido un aumento drástico de las denuncias de violencia sexual contra hombres, mujeres y niños palestinos cometida por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Los palestinos han denunciado amenazas de violación, registros al desnudo y desnudez forzada, agresiones verbales de carácter sexual y burlas, tocamientos y manoseos no consentidos, fotografías y grabaciones mientras se encontraban parcial o totalmente desnudos o durante las agresiones, aplicación de presión física en partes íntimas del cuerpo y otras interacciones físicas de carácter sexual no consentidas que resultan sexualmente humillantes. También hay decenas de denuncias de soldados israelíes y guardias de prisiones que torturan sexualmente a detenidos y presos palestinos, lo que incluye, entre otros, mutilaciones sexuales, reproductivas y genitales; la inserción de objetos afilados y, en ocasiones, al rojo vivo en el ano; violaciones, simulacros de violación y violaciones perpetradas por perros adiestrados.

Como se ha señalado anteriormente, el informe de septiembre de 2024 del Instituto Lemkin señala las múltiples formas en que los líderes israelíes y los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel sistematizan la violencia sexual contra los palestinos, lo que es indicativo de una intención genocida. Además de esto, señalan que el deseo de impedir que los palestinos se reproduzcan “biológica y culturalmente” se convierte en un indicio de la extensa violencia de género de Israel dirigida contra la vida, la socialidad y los mártires palestinos, al atacar la continuidad generacional, los hogares, la salud reproductiva y la unidad familiar de los palestinos. Al analizar la violencia de género israelí contra hombres, mujeres y niños palestinos identificamos cómo la lógica de la violencia de género y sexual de Israel contra los palestinos es intrínseca a su estructura estatal. Los ataques contra los palestinos como pueblo pretenden causar daños físicos y mentales masivos, con el fin último de despojarlos de su tierra, lo que respalda o refuerza la estructura estatal colonial. Las conclusiones de este informe confirman, más allá de toda duda, que la violencia de género y sexual forma parte constitutiva del proyecto más amplio de dominación colonial y genocidio de Israel, y es empleada de forma sistemática por este. Estas conclusiones se basan en los siguientes patrones institucionales clave:

1. La magnitud y la coherencia de las pruebas –casos que documentan actos distintivos y graves llevados a cabo siguiendo un patrón constante– descartan cualquier afirmación de que los abusos constituyan incidentes aislados. Las pruebas y los detalles de la violencia de género y sexual que se exponen en este informe ilustran la deshumanización institucionalizada orquestada para infligir daño y castigo colectivos a la población palestina, así como un intento de frustrar la resistencia frente a una situación de subyugación colectiva. El alcance y la magnitud de la brutalidad sexual abarcan todas las edades, géneros y lugares, y están relacionados con las fuerzas israelíes de diversos puestos y unidades. Las pruebas que hemos recopilado sugieren que todos los espacios en los que se gesta, se nutre, se confina y se entierra la vida palestina son objeto sistemático de violencia sexual israelí.

Los métodos de violencia sexual constituyen un patrón derivado de una política coordinada

2. Los métodos de violencia sexual constituyen un patrón derivado de una política coordinada, y no de actos delictivos aleatorios ni “aislados”. El informe destaca el abuso sexual sistemático llevado a cabo con tal coherencia que solo puede ser el resultado de protocolos específicos. Demuestra también la aplicación estandarizada de prácticas –desde la humillación sexual y el hecho de obligar a presenciar actos hasta el uso de la fuerza física–, así como la uniformidad de estas violencias en múltiples lugares, desde el ámbito íntimo hasta el carcelario. Si bien a lo largo de este informe se recogen numerosas prácticas de tortura sexual y violencia de género, llamamos la atención sobre el adiestramiento de perros para violar a palestinos como indicador esencial del uso metódico que hace Israel de la violencia sexual para dominar y destruir la vida palestina y la voluntad de resistencia. Sostenemos que la única forma en que un perro puede agredir y violar a un ser humano es si ha sido adiestrado para ello. Los métodos coordinados de violencia sexual, estandarizados de forma coherente en múltiples lugares, demuestran su aplicación en todos los niveles de la entidad israelí, desde sus sistemas de gobierno hasta sus estructuras socioculturales.

3. La violencia sexual sistemática y pautada que se describe en este informe, tal y como demuestran su contexto y sus repercusiones, revela que su propósito es infligir terror colectivo a la población palestina. La consideramos un indicio de la intención genocida de Israel de llevar a cabo una limpieza étnica mediante torturas, traumas y lesiones devastadoras. La absoluta depravación, combinada con la amplitud y el alcance, de la violencia sexual detallada en este informe revela una intención no solo de deshumanizar y aterrorizar a los palestinos, sino también de eliminarlos mediante la limpieza étnica y el asesinato en masa. No se puede pasar por alto ni subestimar el hecho de que tantos de los testimonios que presentamos contengan informes sobre declaraciones explícitas de las fuerzas israelíes en las que expresan su intención de matar. Los testimonios que hemos esbozado documentan la puesta en práctica de las declaraciones explícitas de los funcionarios israelíes de llevar a cabo una limpieza étnica contra el pueblo palestino. Varios de los casos que presentamos aquí no sobrevivieron a la tortura sexual sistemática, y eso es a propósito. Quienes han logrado vivir para dar su testimonio ofrecen una visión de los devastadores efectos de la violencia de género y sexual sobre ellos mismos como víctimas, sus familias y sus comunidades. Lo mínimo que se les debe es que las personas con conciencia de todo el mundo escuchen y actúen.

4. La intensificación de la violencia sexual contra presos y detenidos tras el nombramiento de Ben Gvir como ministro de Seguridad Nacional en 2022, y el aumento de las denuncias tras el inicio de la fase final del genocidio en Gaza en 2023, indican más allá de toda duda razonable que la violencia sexual forma parte de un arsenal más amplio de estrategias utilizadas para destruir al pueblo palestino y debe considerarse un elemento central del delito de genocidio.

Dado que estas violaciones constituyen infracciones graves del Derecho Penal Internacional (el Estatuto de Roma, incluidos los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de genocidio); del Derecho Internacional Humanitario (los Convenios de Ginebra III y IV y sus Protocolos Adicionales); y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura), y teniendo en cuenta las obligaciones imperativas de Israel en virtud del Derecho Internacional, la impunidad no es una opción.

Fuente: https://ctxt.es/es/20260701/Politica/54466/Estado-depredador-Israel-genocidio-violencia-sexual-violaciones-limpieza-etnica.htm

Ceuta: utilizar a civiles desarmados como arma

anred — 2026-07-31T22:07:13Z

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Hay imágenes que trascienden el impacto inmediato de la actualidad. Miles de cuerpos agotados, tendidos sobre el césped de los parques de Ceuta, y familias enteras cruzando a nado el espigón, mientras otros se lanzan al mar con un flotador improvisado. Y, al mismo tiempo, la noticia más trágica: al menos 57 personas han perdido la vida intentando alcanzar territorio español. Detrás de estas cifras hay un fracaso; pero también hay un chantaje, una agresión que parece haber sido pactada, fomentada o coordinada al más alto nivel internacional. Además de una responsabilidad política que no puede despacharse con consignas: Marruecos ha usado a miles de civiles, muchos de ellos menores de edad, como arma para tratar de desestabilizar al Gobierno de España. Por CTXT

Las últimas veinticuatro horas han puesto al Estado español, obligado a movilizar el Ejército, ante una de las crisis internacionales más graves de los últimos años. La presión sobre Ceuta y Melilla ha sobrepasado hace tiempo la capacidad de acogida de ambas ciudades. Esto ha forzado a España a desplegar recursos de emergencia en un escenario que cambia casi cada minuto. Se puede discutir, criticar o mejorar la respuesta. Sin embargo, esta vez el foco hay que ponerlo en otro lugar, porque las causas son diferentes.

El rey de Marruecos ha movilizado a cerca de 50.000 personas

No estamos ante un aumento súbito de la presión migratoria sino ante un mensaje que los actuales dueños del mundo emiten contra el insumiso Gobierno español. El rey de Marruecos ha movilizado, en el día del 27º aniversario de su llegada al trono, a cerca de 50.000 personas, según cálculos oficiales españoles, muchas de ellas transportadas y escoltadas en camiones por la Gendarmería nacional, y las ha lanzado contra la frontera de Ceuta. Y, en cuestión de horas, el Gobierno de Estados Unidos, el de Israel, el de Italia y luego el Partido Popular europeo y las extremas derechas locales –es decir los grandes adversarios del actual Ejecutivo español– han manipulado el hecho, achacándolo al efecto llamada provocado por la regularización de inmigrantes que el Gobierno Sánchez aprobó hace unos meses.

Hay algunos factores geopolíticos que ayudan a entender lo sucedido. El 20 de julio, Pedro Sánchez viajó a Argel para certificar el deshielo con Argelia y el aumento de las importaciones de gas. Ocho días después, la presión sobre el Tarajal se disparó. A ello se suma un elemento jurídico nuevo: una sentencia del Tribunal Supremo conocida el 8 de julio impide aplicar el rechazo en la frontera a quienes son interceptados en el mar mientras intentan llegar a nado: su caso debe tramitarse por el procedimiento ordinario de devolución, con resolución individual. El retorno sigue siendo posible, aunque ya no sea automático. Quien organice o simplemente tolere una salida masiva lo sabe.

Esta “invasión” fake, extraña, de ida y vuelta –el 95% de las personas que entraron en Ceuta han regresado ya a Marruecos por su propio pie–, es una nueva Marcha Verde organizada por Rabat. Y ha sido celebrada como un fracaso personal de Pedro Sánchez por las derechas y las ultraderechas estatales y foráneas. El episodio solo se puede leer como una advertencia/castigo de Marruecos y de sus poderosos socios contra las posiciones del Gobierno español sobre temas diversos pero muy relacionados entre sí: la regularización, la denuncia del genocidio de Israel en Gaza, la resistencia a cumplir con las peticiones desorbitadas de inversión de la OTAN, y la negativa a ceder el uso de las bases de Rota y Morón a Estados Unidos para operaciones militares contra Irán.

La alianza entre EEUU, Israel y Marruecos, flamante miembro de la Junta de Paz de Gaza y firmante de los Acuerdos de Abraham, late con fuerza en el fondo del asunto. En abril pasado, un informe de un comité del Congreso de EEUU recordó que las ciudades de Ceuta y Melilla “están situadas en territorio marroquí y siguen siendo una reivindicación vigente de Rabat”. El informe apoyó también “los esfuerzos del secretario de Estado, Marco Rubio, para alentar un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el futuro estatus de Ceuta y Melilla”.

El párrafo lo introdujo Mario Díaz-Balart, uno de los congresistas más próximos a Rubio. Analistas como Michael Rubin llevan meses reclamando a Trump el reconocimiento formal de las dos ciudades como territorio ocupado, y han vuelto a hacerlo esta misma semana, aprovechando las imágenes del espigón. Ayer mismo, Trump volvió a referirse al “gobierno de extrema izquierda español”. Al cabo, la National Security Strategy ya hablaba de intervenciones como esta dentro de la UE, con el objetivo de reforzar la extrema derecha “para ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual” de supuesta “aniquilación civilizacional”. De hecho, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha advertido a España de que debería cambiar de rumbo “o arriesgarse a su propia desaparición”.

Trump volvió a referirse al “gobierno de extrema izquierda español”

Tel Aviv tampoco se esconde. Hoy mismo, Danny Danon, embajador israelí ante la ONU, ha mentido al afirmar que “España ha declarado el estado de emergencia en Ceuta tras la crisis provocada por su política de inmigración”. Para añadir: “Quizás, antes de que continúe dándonos lecciones, sea hora de que explique al mundo por qué aún mantiene enclaves coloniales en África”.

Mientras tanto, el debate interno vuelve a endurecerse. La oposición de PP y Vox reclama reformas legales, medidas excepcionales y comparecencias parlamentarias. Puro teatro a la búsqueda de votos emocionales. El patriotismo de las derechas españolas europeas es un esperpento. Muy probablemente, más pronto que tarde, España tendrá que dialogar con el dictador marroquí y con sus socios prioritarios sobre el futuro de Ceuta, Melilla y el Estrecho de Gibraltar. Que la integridad territorial española empiece a aparecer como materia opinable no es una casualidad incómoda solo para Madrid: es sobre todo una oportunidad para EEUU, Israel y Marruecos.

Pero no debemos olvidar que mucha gente espera poder migrar de países como Marruecos, y que lo hace cuando puede, antes o después. Y por supuesto ese proyecto vital es totalmente legítimo y respetable. Este nuevo marco de guerra híbrida que moviliza y usa civiles como método de presión o chantaje puede servir para justificar una represión todavía más brutal en Europa, pero es inaceptable que actores externos e internos conviertan esa dramática situación en una farsa para dar lecciones sobre soberanía y políticas migratorias.

¿Quiénes son las y los senadores que votarán a favor de la extranjerización de la tierra?

anred — 2026-07-31T15:13:58Z

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Imagen: minutodecierre.com

El gobierno de Javier Milei y sectores de la oposición dialoguista se encaminan a reunir los votos necesarios para aprobar el próximo jueves 6 de agosto en el Senado la denominada «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», un proyecto que organizaciones sociales, campesinas, indígenas, ambientales y de derechos humanos denuncian como un nuevo avance sobre los territorios que genera pérdida de soberanía nacional y es una herramienta para profundizar los desalojos y la concentración de la tierra. La votación se desarrollará en un contexto de fuerte rechazo social y masivas movilizaciones en las calles, mientras un reciente estudio nacional de la consultora Zuban Córdoba arroja que un 77% las y los argentinos consultados está en contra de la ley y a favor de limitar la compra de tierras por parte de extranjeros. En este marco, ¿quiénes son las y los senadores que votarán a favor de la extranjerización de la tierra? Conocelos uno por uno. Por ANRed.

El Senado de la Nación se dispone a debatir el próximo jueves 6 de agosto la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el gobierno de Javier Milei y respaldada por un conjunto de bloques aliados y dialoguistas que, según las proyecciones parlamentarias, reunirían los votos necesarios para su aprobación.

De acuerdo con el escenario legislativo previo a la sesión, el oficialismo llegaría al recinto con el acompañamiento de legisladores de distintos bloques provinciales y sectores de la oposición dialoguista. En contraste, Unión por la Patria y representantes de fuerzas provinciales y minoritarios, anticiparon su rechazo a un proyecto que consideran regresivo en materia de derechos territoriales y acceso al hábitat. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Imagen: El Destape.

Según una reconstrucción publicada por El Destape sobre el escenario parlamentario previo a la votación, estos son los senadores que ya están contabilizados como favorables o alineados con el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional:

La Libertad Avanza

Patricia Bullrich Bruno Olivera Lucero Juan Carlos Pagotto Ivanna Arrascaeta Vilma Bedia Ezequiel Atauche

PRO

Martín Goerling Lara Alfredo De Angeli Guadalupe Tagliaferri Luis Juez Carmen Álvarez Rivero Beatriz Ávila

UCR

Eduardo Vischi Pablo Blanco Mariana Juri Mercedes Valenzuela Carolina Losada Stella Maris Olalla Víctor Zimmermann Rodolfo Suárez

Provincias Unidas

Carlos «Camau» Espínola Edith Terenzi Alejandra Vigo Juan Carlos Romero Mónica Silva Lucila Crexell

Frente Renovador de la Concordia (Misiones)

Carlos Arce Sonia Rojas Decut

En total, la nota señalaba que el oficialismo proyecta reunir alrededor de 38 votos, uno más de los 37 necesarios para la mayoría simple, aunque advierte que algunas adhesiones seguían sujetas a la negociación final del texto y que el escenario podía modificarse antes de la sesión. En este marco, un dato político relevante es que los tres senadores por Misiones —Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y el macrista Martín Goerling— quedaron en el centro del debate público, ya que distintos sectores de esa provincia les reclamaron votar en contra por el impacto que la iniciativa tendría sobre una provincia de frontera con altos niveles de extranjerización de tierras.

ARGENTINA, EN VENTA<https://s.w.org/images/core/emoji/1...>

Uno por uno, los senadores que, hasta el momento, votarían a favor del proyecto del Gobierno denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que elimina los límites vigentes para la compra de tierras argentinas por parte de extranjeros.<https://s.w.org/images/core/emoji/1...> pic.twitter.com/fAkrdkiQpM

— El Destape (@eldestapeweb) July 30, 2026

El Senado tratará la ley de la extranjerización de la tierra con fuerte rechazo social y movilización en las calles

El debate parlamentario, sin embargo, encuentra un escenario diferente fuera del Congreso. La iniciativa es cuestionada por organizaciones sociales, campesinas, indígenas, ambientales y de derechos humanos, que advierten que podría convertirse en una herramienta para profundizar los desalojos, favorecer la concentración de la tierra y ampliar los beneficios para grandes propietarios y emprendimientos extractivos e inmobiliarios.

En ese sentido, las organizaciones que rechazan la iniciativa sostienen que, bajo el argumento de reforzar la protección de la propiedad privada, el proyecto consolida una concepción absoluta del derecho de propiedad que deja en un plano secundario otros derechos constitucionales, como el acceso a la vivienda, la función social de la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y la protección de quienes producen alimentos o habitan históricamente determinados territorios.

Territorio o tierras ¿nacionales?

En este contexto, en las últimas semanas, asambleas territoriales, organizaciones campesinas, comunidades indígenas, colectivos ambientales y organismos de DD.HH. realizaron actividades públicas, encuentros y movilizaciones para denunciar las consecuencias que podría tener la aprobación de la norma. Entre las principales advertencias, señalan que la iniciativa facilitaría procesos de expulsión de comunidades, fortalecería proyectos extractivos y profundizaría la mercantilización del territorio en beneficio de grandes grupos económicos.

La discusión también vuelve a poner en el centro un proceso que distintas investigaciones vienen documentando desde hace años: el avance de la concentración y extranjerización de la tierra en distintas regiones del país. En provincias como Misiones, Corrientes y Entre Ríos, organizaciones territoriales vienen denunciando el crecimiento de grandes emprendimientos forestales, inmobiliarios y agroindustriales que modifican profundamente el uso del suelo y desplazan formas tradicionales de producción y de vida, situación reflejada en el último informe del Observatorio de Tierras, compuesto por investigadores/as del CONICET y de la UBA.

El Paraná en venta: cómo avanza la extranjerización de la tierra en Misiones, Corrientes y Entre Ríos

El debate excede una discusión estrictamente jurídica sobre la propiedad. En ese sentido, el concepto de «propiedad inviolable» promovido por el oficialismo implica una redefinición del rol del Estado frente a los conflictos territoriales: mientras se fortalecen las herramientas para garantizar los derechos de los grandes propietarios, se debilitan los mecanismos de protección de comunidades campesinas, pueblos originarios, cooperativas y sectores populares que disputan el acceso a la tierra y a la vivienda.

En ese marco, las asambleas que se vienen realizando en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en distintos puntos del país plantean que la discusión parlamentaria forma parte de un proceso político más amplio: sostienen que la ley se inscribe en un conjunto de reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei orientadas a profundizar la desregulación del mercado de tierras, favorecer la expansión de negocios inmobiliarios y extractivos y limitar la capacidad de resistencia de quienes defienden sus territorios.

Resoluciones de la Asamblea en AMBA contra la ley de extranjerización de tierras

Es por eso que para las organizaciones convocantes, la votación en el Senado representa mucho más que una modificación legislativa y afirman que se trata de un nuevo capítulo en la disputa por el modelo de país: uno basado en la concentración de la tierra y los recursos estratégicos, o uno que reconozca la función social de la propiedad, la soberanía sobre los bienes comunes y los derechos de las comunidades que históricamente habitan, producen y cuidan esos territorios. En ese escenario, advierten, el resultado de la sesión será seguido de cerca tanto dentro como fuera del Congreso, donde anticipan que continuará la movilización frente a lo que consideran un nuevo avance sobre los derechos territoriales.

Del Requerimiento a la Propiedad Inviolable

En este marco, un reciente relevamiento nacional realizado por la consultora Zuban Córdoba arroja que una mayoría de la población expresa reparos frente a iniciativas que puedan facilitar la extranjerización de la tierra o fortalecer mecanismos de desalojo en favor de grandes propietarios: un 77% de las y los argentinos consultados está en contra del proyecto de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» y a favor de limitar la compra de tierras por parte de extranjeros, mientras que sólo un 16,7% está en desacuerdo con limitar la venta de tierras a extranjeros.

EL 77% DE LOS ARGENTINOS ESTÁ A FAVOR DE LIMITAR LA COMPRA DE TIERRAS POR PARTE DE EXTRANJEROS <https://s.w.org/images/core/emoji/1...>

<https://s.w.org/images/core/emoji/1...> 77% de acuerdo

<https://s.w.org/images/core/emoji/1...> 16,7% en desacuerdo

<https://s.w.org/images/core/emoji/1...> 6,3% no sabe

<https://s.w.org/images/core/emoji/1...> Adelanto de #DomingoDeDatos .

<https://s.w.org/images/core/emoji/1...> Ficha técnica: Nacional | 16-18/7 | N=1.400 | Error ±2,62% | 95% de confianza. pic.twitter.com/C2wa6doHz6

— Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) July 27, 2026

El estudio también refleja una valoración mayoritaria de la necesidad de que el Estado proteja los recursos estratégicos y garantice el acceso al territorio como un bien social, marcando un contraste entre la orientación del proyecto y la percepción de buena parte de la ciudadanía.

La consultora también compartió en sus redes sociales un mapa interactivo elaborado por trabajadores/as del CONICET y la UBA que muestra que incluso antes de tratar el Senado la ley, ya casi 5% de Argentina es propiedad de extranjeros en la actualidad.

Vender tierras a extranjeros sin límites: ¿a favor o en contra?

Mapa interactivo de CONICET y la UBA: casi 5% de Argentina es propiedad de extranjeros en la actualidad

Dato de @Zuban_Cordoba : 77% a favor de poner límites a la extranjerización de las tierras https://t.co/jEWy6KZP5q pic.twitter.com/57cxSyDGhX

— Andrés Oliva (@andres_oliva) July 30, 2026

Permiso para existir: la trampa burocrática de la Ciudad para expulsar las ceremonias ancestrales del centro porteño

anred — 2026-07-31T13:37:01Z

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Foto: Johana Arce.

Sobrerregulación, trámites comerciales y vacío normativo: el Estado porteño asfixia el uso del espacio público para las prácticas espirituales originarias, empujándolas a la irregularidad. Frente a la hostilidad administrativa, la comunidad andina convoca a defender sus raíces y compartir la reciprocidad este sábado 1° de agosto al mediodía frente a los Tribunales.

Por Mario Wilmer, para ANRed.

Este sábado 1° de agosto a las 12:00 horas, las comunidades originarias convocan a rendir homenaje y agradecer a la Pachamama en Plaza Lavalle, frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro andino, que se realiza por cuarto año consecutivo en este espacio, atraviesa hoy un conflicto directo con el Gobierno porteño: para autorizar la ceremonia, el Ejecutivo exige requisitos administrativos y económicos similares a los de una actividad comercial privada.

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La ceremonia se realizará en la misma «boca de pozo» que el Tercer Malón de la Paz abrió frente a la Corte Suprema de Justicia el 1° de agosto de 2023, tras marchar miles de kilómetros contra las políticas extractivistas del entonces gobernador jujeño Gerardo Morales. Para las comunidades, mantener vivo ese pozo en medio del cemento constituye un acto de resistencia innegociable. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Foto: Johana Arce

Migrar a la gran ciudad implica, muchas veces, enfrentarse a un sistema que empuja a la asimilación forzada y al olvido. En este contexto, Aymara Choque, abogada e investigadora, explica: «La urbe no puede concebirse desde la negación constante de la presencia indígena; por el contrario, debe consolidarse como un territorio de reconocimiento».

En esa misma línea, la referente advierte que obstaculizar el uso del espacio público es más que un simple trámite denegado: «Interrumpir las ceremonias indígenas no es restringir una expresión cultural más, es frenar el mecanismo mismo por el cual esa cosmovisión se reproduce y se transmite a las siguientes generaciones».

La hipocresía institucional: La Ley de papel

En los registros de la Legislatura, la Ley 6550 declara al 1° de agosto como «Día de la Pachamama» en CABA desde el año 2022. Gustavo «Rumi» Sardinas, maestro de ceremonia andino e hijo del Tata Ullpu Carmelo Sardinas, fue uno de los impulsores del proyecto junto a la abogada Paula Alvarado. El objetivo fue «dejarla de ver a la Pacha como un objeto de extracción de recursos, como lo hace este gobierno (Nacional)» e invitar a entender este encuentro «no sólo como una raíz ancestral y espiritual sino como una resistencia y de replantearnos qué relación queremos tener con ella». <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Ley 6550

Sin embargo, del recinto de votación a la Plaza Lavalle, la normativa se diluye. La ley porteña cuenta con apenas tres artículos que celebran la fecha, pero no modifica ni una sola coma del sistema administrativo que regula el uso de las plazas. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Foto: Johana Arce

La trampa administrativa: sobrerregulación y seguros millonarios

Para habilitar la ceremonia frente a los Tribunales, el Ejecutivo porteño solicitó a la organización Qhapaj Ñan los mismos requisitos logísticos y financieros que a una productora de eventos. El trámite demanda la creación de un usuario miBA, copias de DNI y estatutos certificados por escribano. A nivel logístico, se exige un «proyecto» del evento con memoria descriptiva, cronograma de armado y desmantelamiento, croquis y detalles técnicos propios de un evento con fines lucrativos. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Foto: Johana Arce.

Esto evidencia, según Aymara, cómo opera la burocracia estatal: «No existe en el ordenamiento porteño una prohibición expresa hacia la ceremonia; el mecanismo de exclusión opera de manera indirecta, a través del desplazamiento del costo económico». Según la abogada, el desafío pasa por «rediseñar el sistema para que contemple más de una forma legítima de habitar y usar el espacio público». Esta sobrerregulación coloca a las comunidades ante la disyuntiva inaceptable de renunciar a sus derechos o ejercerlos bajo el riesgo permanente de sanciones.

El contraste político: la tierra como mercado o como sujeto de derechos

El laberinto administrativo porteño dialoga directamente con la coyuntura nacional. El próximo 6 de agosto, el Congreso de la Nación debatirá un proyecto de ley enfocado en habilitar la entrega de tierras nacionales a capitales extranjeros.

Desde la organización trazan un paralelismo directo: «El proyecto de ley que se debate el 6 de agosto hace el movimiento inverso con la tierra rural: flexibiliza al máximo su régimen de propiedad y venta, argumentando seguridad jurídica».

Esta contradicción normativa devela el modelo de país en disputa. «Cuando la tierra se concibe como activo comercial explotable por capital extranjero, el Estado remueve barreras; cuando la tierra se concibe como sujeto de derechos comunitarios, el Estado impone las barreras en el sistema administrativo», sentencian. Dos leyes que revelan qué concepción de la tierra privilegia el ordenamiento jurídico cuando hay intereses de mercado de por medio.

El Paraná en venta: cómo avanza la extranjerización de la tierra en Misiones, Corrientes y Entre Ríos

anred — 2026-07-31T12:29:33Z

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Mientras el oficialismo busca aprobar en el Senado el próximo 6 de agosto el proyecto que denominaron “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que elimina – entre otros aspectos-, los límites a la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, los datos oficiales que analizamos y difundimos, muestran que el proceso de extranjerización ya golpea con fuerza a un corredor estratégico del país: la cuenca del río Paraná. Misiones, Corrientes y Entre Ríos —las tres provincias que se despliegan a lo largo de ese río, desde la Triple Frontera hasta el Delta— concentran algunos de los departamentos más comprometidos del país en materia de propiedad extranjera de la tierra. Por Pablo Volkind, Matías Oberlin Molina, Julieta Caggiano, Gabriela Elias, Micaela Medero Larrosa, Maia Sol Ilutovich y Thomás Artopoulos (Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la UBA).

Misiones: la selva, el Paraná y el capital chileno

Misiones es la provincia más extranjerizada de la región: el 11,29% de su territorio —más de 325.750 hectáreas— está en manos de capitales extranjeros. A diferencia de otras provincias, donde la propiedad extranjera se reparte entre varias nacionalidades, en Misiones existe un claro predominio del chileno que controla prácticamente ocho de cada diez hectáreas extranjerizadas de la provincia.

Ese dato coincide con una empresa puntual: la firma forestal chilena Arauco, que a través de distintas sociedades vinculadas —entre ellas Alto Paraná S.A.— es propietaria de más de 240.000 hectáreas en Misiones, lo que la convierte en uno de los mayores propietarios privados de tierra del país. Su negocio son las plantaciones forestales de pino y eucalipto para la producción de celulosa, un modelo de monocultivo a gran escala que desplaza la producción diversificada y el arraigo de los pequeños productores misioneros.

No es casual dónde se concentra esa presencia. Los siete departamentos misioneros que tienen frente sobre el río Paraná —Posadas (Capital), Candelaria, San Ignacio, Libertador General San Martín, Montecarlo, Eldorado e Iguazú— son, con la excepción de la propia Capital, los que exhiben los porcentajes de extranjerización más altos de toda la provincia: Iguazú encabeza el ranking con casi el 40% de su superficie rural en manos extranjeras (114.400 hectáreas), seguido por Montecarlo (18,4%), General San Martín (16,8%) y Eldorado (16,2%), los cuatro con fuerte presencia de capital chileno. El corredor forestal sobre el Paraná es, en los hechos, el corredor de la extranjerización misionera. Justamente el intendente de Puerto Libertad, ubicado en el departamento de Iguazú, afirmó que la localidad “es una prueba viva de que la extranjerización de la tierra trae complejidades para el desarrollo de los pueblos”. Al respecto, enfatizó que alrededor del 80% de las tierras útiles del municipio pertenecen a una sola empresa, situación que dificulta el crecimiento urbano y la planificación de nuevas obras. Una perspectiva similar comparten otros 20 intendentes de la provincia.

Esta preocupación no es solo de un sector de la dirigencia política: un comunicado conjunto firmado por más de 30 organizaciones sociales, gremiales, productivas y políticas de Misiones —entre ellas APAM, la Federación Nacional Campesina, la CTA Autónoma, ATE, el MTE, la UTT, el MCL y varios partidos y frentes provinciales— rechazó públicamente el proyecto y aportó dos datos que confirman el diagnóstico: en la provincia, tres empresas concentran más del 20% de la tierra rural, y el 14% de las mejores tierras productivas misioneras ya pertenece a capitales extranjeros.

El resto de los departamentos misioneros, aunque con porcentajes menores, también muestra el mismo patrón. General Belgrano (11,1%) y San Pedro (9%), ambos con fuerte presencia chilena y alemana, completan el podio detrás de los cuatro departamentos del corredor del Paraná. En contraste, San Ignacio (9%) y la propia Capital (6,4%) combinan capital chileno con una porción menor de otras procedencias.

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Corrientes: capital estadounidense, holandés y chileno sobre el arroz y la forestación

En Corrientes, la extranjerización alcanza el 7,63% de la superficie provincial, unas 554.000 hectáreas. A diferencia de Misiones, aquí el capital extranjero está más diversificado: el estadounidense lidera con más de 122.000 hectáreas, seguido por el chileno (95.400 hectáreas), el holandés (72.000 hectáreas) y el luxemburgués (69.400 hectáreas). Este último dato merece un comentario aparte: Luxemburgo es uno de los llamados “paraísos fiscales”, un país de apenas 660.000 habitantes cuya legislación favorece la radicación de sociedades pantalla y vehículos de inversión con baja o nula tributación. Que casi 70.000 hectáreas correntinas figuren bajo titularidad “luxemburguesa” —concentradas en los departamentos arroceros de Goya (39.600 hectáreas), Esquina (23.800 hectáreas) y Curuzú Cuatiá (6.100 hectáreas)— no necesariamente identifica al verdadero dueño de esa tierra, sino a una estructura societaria diseñada, entre otras cosas, para dificultar ese rastreo.

Los departamentos correntinos con mayor extranjerización son Ituzaingó, con casi el 34% de su superficie (93.850 hectáreas) en manos extranjeras —allí el capital holandés controla por sí solo más del 18% del departamento (50.550 hectáreas), y el estadounidense otro 8% (22.280 hectáreas)—, y Berón de Astrada, con un 32,7% (23.325 hectáreas), de fuerte presencia española. Les siguen Santo Tomé (14%), donde domina un fuerte bloque de capital chileno de 78.000 hectáreas —vinculado, igual que en Misiones, al negocio forestal—, Concepción (13,5%) y San Miguel (11,4%).

El peso del capital estadounidense en Corrientes no es un dato menor: coincide con la expansión de la agricultura de gran escala orientada al arroz, un cultivo en el que grandes fondos de inversión con capitales de Estados Unidos vienen consolidando una posición dominante sobre miles de hectáreas en el centro-oeste de la provincia, en muchos casos sobre humedales y zonas cercanas al Iberá. El caso más marcado es Mercedes, donde el capital estadounidense por sí solo suma más de 47.500 hectáreas, seguido por Curuzú Cuatiá (16.300) y San Miguel (16.700).

De los 24 departamentos correntinos, al menos ocho tienen frente sobre el río Paraná: Ituzaingó, Itatí, San Cosme, Capital, Empedrado, Bella Vista, Goya, Lavalle y Esquina. Varios de ellos —empezando por Ituzaingó, el más extranjerizado de la provincia— están directamente sobre la ribera del río.

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Entre Ríos: entre el Paraná y el Uruguay, un mosaico de capitales europeos

Entre Ríos, la provincia mesopotámica más austral de las tres, tiene un nivel de extranjerización menor pero no despreciable: 3,23% de su territorio, unas 247.000 hectáreas. Allí el capital extranjero está repartido entre varias nacionalidades europeas y regionales: el uruguayo encabeza el ranking con más de 44.000 hectáreas, seguido por el italiano (40.700 hectáreas), el holandés (36.000 hectáreas), el español (34.600 hectáreas) y el francés (28.500 hectáreas).

Los departamentos con mayor extranjerización son La Paz (8,76%) y Gualeguay (8,57%), ambos sobre la cuenca del Paraná, seguidos por Concordia (5,68%) y Federal (3,78%), sobre el río Uruguay. De los 17 departamentos entrerrianos, seis tienen frente sobre el río Paraná: La Paz, Diamante, Paraná (Capital), Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy —esta última, además, en pleno Delta—, mientras que Concordia, Federación, Colón, Gualeguaychú, San Salvador y Villaguay dan al río Uruguay.

El mapa de nacionalidades entrerriano también tiene su propia lógica territorial: en Concordia predomina el capital alemán (3.220 hectáreas sobre un total de 5.680), en Federal el italiano (más de 3.050 hectáreas sobre 3.780) y en La Paz y Gualeguay —los dos departamentos más extranjerizados— se reparten capitales holandeses, españoles y uruguayos, estos últimos históricamente vinculados a la compra de campos linderos con la frontera este de la provincia.

Juan Echeverría, exdirigente de la Federación Agraria Argentina e integrante de Bases Federadas, oriundo de Hernandarias (Entre Ríos), describió el mecanismo de desplazamiento que ya opera en su zona: “Los pools de siembra y los grandes actores financieros que hacen extractivismo con la agricultura van desplazando al pequeño productor de los campos que tienen alquilados. Hoy se está pagando en mi zona seis quintales fijos por alquilar un campo por un año y ya aparecen pools locales ofreciendo diez quintales”.

Uno de los principales argumentos con los que el oficialismo defiende el proyecto es, precisamente, que la apertura sin límites a la compra extranjera elevaría el valor de la tierra, en beneficio de sus propietarios. Así lo planteó el senador nacional Joaquín Benegas Lynch, para quien un campo que hoy vale 2.000 o 3.000 dólares la hectárea podría pasar a valer 6.000 o 7.000 si se elimina el tope a la demanda extranjera. La contracara de este argumento radica en que el aumento generalizado del precio de la tierra no es una buena noticia para quienes no tienen tierra propia, sino que la alquilan o dependen de ella para producir. Cuanto más sube el valor del campo, más suben también los alquileres y más difícil se vuelve competir con los capitales extranjeros y los grandes grupos locales concentrados que pueden pagar precios que ningún productor familiar puede igualar. Es exactamente la dinámica que describe Echeverría con los pools de siembra en Entre Ríos, y que en Misiones tiene un capítulo propio: la presión sobre los pequeños productores de yerba mate, ya golpeados por la desregulación del mercado yerbatero que impuso el gobierno de Milei, que ante campos cada vez más caros y una competencia que no pueden afrontar quedan en un lugar cada vez más débil frente al avance forestal de gran escala. Lo mismo ocurre con los pequeños campesinos de Corrientes y Entre Ríos donde terminan expulsando a quien no puede pagar el nuevo precio, mientras beneficia a quien ya concentra la escala suficiente para vender o para comprar más.

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Un mismo corredor y un problema común de soberanía

Lo que muestran estos datos es que la extranjerización de la tierra en la Mesopotamia argentina no se distribuye al azar: se concentra, con matices propios en cada provincia, sobre el corredor del río Paraná —una vía navegable estratégica, con acceso a mercados de exportación, recursos forestales e hídricos. Si el proyecto que impulsa el Gobierno nacional avanza, nada impediría que ese proceso, que ya es intenso en departamentos como Iguazú, Ituzaingó, La Paz o Gualeguay, se profundice sin ningún techo legal y perdamos un recurso fundamental para nuestro desarrollo soberano.

A su vez, el corredor del Paraná no se agota en estas tres provincias. Un poco más al sur, en Garay, departamento santafesino también ribereño, la extranjerización alcanza el 16% de su superficie, unas 61.629,59 hectáreas. De ese total, 58.220,84 hectáreas —prácticamente la totalidad— están en manos de capital estadounidense, un dato que confirma que el fenómeno excede a la Mesopotamia y se repite, con la misma lógica, a lo largo de toda la cuenca del río.

Frente a este panorama, instituciones académicas y organizaciones sociales, gremiales, campesinas y ambientales de todo el país convocamos a movilizarnos el próximo 6 de agosto al Congreso Nacional, fecha en que el Senado tratará el proyecto. El objetivo es frenar en la calle lo que se discute en el recinto, y exigir a los legisladores que rechacen una iniciativa que, como muestran los datos de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y también de Garay, ya viene entregando pedazo a pedazo el territorio nacional. La tierra y el territorio no se venden, se defienden.

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Fuente: https://www.observatoriodetierras.ar/2026/07/quinto-informe-el-parana-en-venta-como.html

Del Requerimiento a la Propiedad Inviolable

anred — 2026-07-31T11:48:31Z

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Una acusación por usurpación a la Lof Lafken Winkul Mapu terminó en una sentencia ajustada a derecho. Es decir, a favor del pueblo mapuche, de la mano de la Gremial de Abogados. Mientras tanto, el gobierno intenta imponer la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que abre las puertas a la extranjerización de la tierra y a los desalojos compulsivos. Por Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogados y referente histórica de Pelota de Trapo.

(APe).- Entre los años 1512 y 1542 los conquistadores españoles en América debían leerles a los nativos -en un perfecto español que no comprendían- una proclama llamada “Requerimiento” por la que se les exigía someterse a la corona con la advertencia de que si no lo hacían: “os haré guerra por todas partes y maneras que tuviere… y tomaré a vuestras personas y a las de vuestras mujeres e hijas y los haré esclavos y como tales los venderé, y os tomaré vuestros bienes, y os haré todos los males y daños que pudiere como vasallos que no obedecen y que no quieren recibir a su señor …”

Trescientos años después, los nacientes estados independientes de Argentina y Chile llevaron adelante la conquista de los territorios al sur en ambos lados de la cordillera: las llamadas campañas “Pacificación de la Araucanía” (Chile) y “Campaña del Desierto” (Argentina) arrasando con las comunidades que conformaban la Nación mapuche (Wellmapu) de ahora en más dividida por la cartografía oficial en dos países. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

El desierto conquistado por Roca estaba bien habitado.

En Argentina, la campaña finalizó con miles de mapuche muertos. En las cuentas del Gral Roca además figuraban como prisioneros 10.539 mujeres y niños y 2.320 guerreros. Muchos de ellos se convirtieron en mano de obra para las cosechas de uva y caña de azúcar en Cuyo y noroeste argentino, otros 3.000 fueron enviados a Buenos Aires y sus niños y mujeres entregados como sirvientes a familias ricas.

Según Jacinto Oddone, luego de la Campaña del Desierto el Estado Nacional transfirió entre 1876 y 1903, 42 millones de hectáreas a 1.843 personas que se adueñaron de la tierra.[1] , verdadero motivo que justificó tamaña empresa. Argentina debía proveer materia prima al mercado internacional y la lana era vital para la industria textil inglesa y los territorios del sur eran especialmente aptos para la cría del ganado ovino necesario para su producción.

Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia.

La nueva conquista del “desierto” del Siglo XXI

Luego de la ocupación, el Estado Argentino fue consolidando la apropiación de los territorios patagónicos y el pueblo mapuche sobreviviente acorralado a la periferia de las ciudades, despojándolos no sólo de sus tierras sino también de su identidad.

Las ciudades crecieron, el próspero negocio del turismo y la explotación de los recursos naturales del lugar fueron entregados a la medida del mercado. Pero fue durante la última dictadura militar y los gobiernos democráticos que es donde este proceso se profundizó, a favor de una clase dominante cada vez más al servicio de intereses extranjeros. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

Durante una inspección ocular en 2023 (Foto: Jaime Carriqueo – La Vaca)

El Grupo Benetton posee aproximadamente algo más de 800.000 hectáreas en la Patagonia a través de la Compañía de Tierras del Sud Argentino; el magnate británico Joe Lewis 12.000 hectáreas, sin contar la ilegal apropiación del Lago Escondido que contó con la complicidad judicial descarada.También creció la compra por parte de los Emiratos Árabes y Qatar, por poner solo algunos ejemplos.

Pero paralelamente, también en los 90 surgió una gran movilización indígena en América Latina frente al Quinto Centenario de la Conquista de América. Las sublevaciones maya-zapatista en Chiapas en 1994 y el resurgimiento quechua-aymara desde Ecuador a Bolivia entre 1997 y 2005 son algunos de los hechos más relevantes de ese proceso.

Es esta corriente la que impulsará que en la reforma constitucional de 1994 en Argentina se reconozca la preexistencia de los pueblos originarios por parte del Estado Nacional, así como también la normativa internacional que los protege.

Como era de suponer gran parte de esa reforma estaba destinada a ser ignorada, las alianzas con los sectores de la clase dominante y los intereses económicos en juego condicionaron cualquier intento de implementación.

Es en este contexto que, a comienzos del Siglo XXI en la Patagonia, producto de ese movimiento de recuperación de su identidad y la falta de voluntad del Estado en su reconocimiento, se producirán distintas recuperaciones territoriales por parte de comunidades mapuche que habían sido despojadas de sus territorios y esto provocará que el Estado Argentino reaccione rápidamente con una ofensiva cultural, legal y armada para asegurar la “inviolabilidad de la propiedad privada”, tanto de los particulares como de las tierras del Estado destinada a servirlos.

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Es ésta la razón por la que, durante el gobierno macrista, de la mano de Patricia Bullrich, se ordenó la represión feroz en la Pu Lof Cushamen que culminó con la muerte de Santiago Maldonado, que siguió meses después con el allanamiento brutal de la Lof Lafken Winkul Mapu y la cacería del día siguiente que finaliza con el asesinato de Rafael Nahuel por efectivos de la Prefectura Naval en Bariloche.

La ofensiva también se extendió en el terreno cultural, discriminando los mapuche buenos de los malos, según el disciplinamiento o no al Estado, hablando de “autopercibidos mapuche” o “mapuche truchos”, o simplemente negando su presencia previa a la conquista, diciendo que son chilenos, como lo hizo en su momento Roca llamando desierto a los territorios habitados que tomaría.

Como la Lof Lafken Winkul Mapu, persistió en su lucha y comenzaba a lograr un cierto reconocimiento en sectores del Gobierno de Fernández a través del Ministerio de Seguridad que intentó el diálogo, la ofensiva de los sectores “afectados” por su presencia se hizo aún mayor.

Así, intempestivamente, se produjo el recambio de funcionarios y el área de seguridad quedó en manos de Aníbal Fernández, quien llevó adelante una renovada campaña con todo su esplendor creando un Comando Unificado de fuerzas federales y conjuntas como brazo ejecutor.

La operación fue de manual: se instaló un tráiler de Gendarmería en un predio privado contiguo a la comunidad, luego aparecieron unos encapuchados que lo atacaron, lo incendiaron y eso fundamentó un allanamiento para todo el territorio, por lo que el Comando Unificado entró a saco al lugar, con una violencia exponencial, con el pleno conocimiento de que había niños, lo que provocó que algunos de ellos permanecieran más de un día perdidos. Las lagmien detenidas en el lugar, una de ellas embarazada próxima a parir, fueron encarceladas durante ocho meses. Algunas de ellas fueron trasladadas a Buenos Aires, en una señal clara que la conquista había vuelto.

Durante el cautiverio de las mujeres, a instancias de las comunidades mapuche, se abre una mesa de Diálogo con el Gobierno Nacional y se firma un acuerdo que por supuesto luego no cumplirá y la Fiscalía Federal de General Roca, siempre al servicio del poder de turno, batallará para impedir su ejecución.

Finalmente, el gobierno actual, coherente con el proyecto político que sustenta, en sus primeras medidas desconoció por resolución el acuerdo, terminó de sepultar la posibilidad de diálogo con la comunidad y se fue a juicio. Un juicio en el que ninguna de las imputaciones tuvo que ver con el episodio del tráiler (motivo que diera inicio a la causa). La única imputación que se planteó fue la de Usurpación.

Con una sentencia escrita de antemano, a pesar de las irregularidades y denuncia de torturas que se expusieron sobre la instrucción, todos fueron condenados.

La defensa, llevada a cabo por la Gremial de Abogados y Abogadas apeló a la Cámara Federal de Casación y en estos días se conoció la sentencia que revocó el fallo de primera instancia aplicando la ley, simplemente eso, situación a la que ya dejamos de estar acostumbrados. Los conflictos territoriales de los pueblos originarios no pueden afrontarse desde la penalización del delito de usurpación.

Lo obvio se hizo justicia y una bocanada de aire puro cruzó en esos días una argentina tan injusta. <https://www.anred.org/wp-content/up...>

En el juicio que el Estado perdió por usurpación

La inviolabilidad en la conquista

El proyecto de ley, bien llamado de Inviolabilidad de la propiedad privada, viene a resolver los pocos intersticios que sobreviven al proceso de extranjerización y concentración de la propiedad privada que ya venía en curso.

Ahora, con la sinceridad brutal del gobierno actual y una conciencia popular adormecida en relación al uso de nuestros bienes comunes, el enaltecimiento de la propiedad privada a la que se le quitó toda dimensión social gracias a la constante manipulación de los grandes medios de comunicación y la complicidad de la clase dirigente, miles de familias que buscan desesperadas tomar un lugar donde vivir o pueblos originarios que quieran recuperar o defender sus territorios son definitivamente sacrificados a la voracidad del capital.

Por eso cuando hablamos del nuevo proyecto ley no podemos dejar de ver que barco nos trajo a este puerto y poder tejer la argamasa necesaria entre los pueblos que habitamos este territorio que permitan que esta brisa que sopló en estos días de una sentencia ajustada a derecho se convierta en un tornado que se lleve consigo todo el mal que nos ha convertido en exiliados en nuestros propios territorios.

Juntarse, organizarse, luchar sigue siendo la mejor opción para que la vida, algún día, pueda definitivamente, desplegarse a sus anchas en un mundo que nos pertenece.

[1] Citado por Alberto Morlachetti, “El desierto de Roca” en su libro “Que cien años fue ayer”.

Fuente: https://pelotadetrapo.org.ar/del-requerimiento-a-la-propiedad-inviolable/

Del mensú al algoritmo: cuando el patrón vive dentro de la aplicación

anred — 2026-07-30T15:05:23Z

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El capital no sólo necesita trabajadores, sino trabajadores obligados a vender permanentemente su fuerza de trabajo. Las plataformas digitales dieron un paso más: buscan trabajadores obligados a seguir conectados para pagar la deuda contraída con la propia empresa. Por Omar Rombolá (Karne de Máquina).

En el nordeste argentino de principios del siglo XX, los peones de los yerbatales eran atrapados por el sistema de proveedurías. El patrón les adelantaba con un Bono, mercadería, ropa o herramientas y luego descontaba esa deuda de salarios miserables.

Los insumos debían ser comprados en el almacén del Patrón.

La cuenta nunca cerraba. Cuanto más trabajaban, más debían. El crédito era una trampa.

Horacio Quiroga retrató con crudeza ese mecanismo en su cuento “Los Mensú”, donde los peones aparecen condenados a una forma de esclavitud por deudas. El monte, el capataz y el almacén del patrón conformaban un mismo sistema de dominación. Cuando querían escapar eran cazados o asesinados por el mayordomo o el capataz del establecimiento.

Un siglo después el patrón se oculta tras el algoritmo.

Hoy miles de repartidores de Rappi, PedidosYa y otras plataformas reciben ofertas de préstamos dentro de la misma aplicación con la que trabajan. Ya no necesitan ir al almacén del patrón. El patrón ahora les envía una notificación al celular.

El mecanismo conserva la misma lógica.

Las plataformas detectan cuántas horas trabaja cada repartidor, cuántos pedidos acepta, cuál es su calificación y cuánto factura. Con esos datos construyen un perfil financiero propio y ofrecen créditos casi instantáneos. El salario deja de ser solamente una remuneración: se transforma en garantía para endeudar al trabajador.

Según datos difundidos a partir de un informe del Banco Central, durante 2025 la cantidad de repartidores que tomaron créditos ofrecidos por las propias aplicaciones aumentó un 122%, luego de otro crecimiento del 177% entre 2023 y 2024. La deuda promedio ronda ya los 900.000 pesos, mientras organizaciones de repartidores denuncian tasas que pueden alcanzar el 700% anual.

No se endeudan para comprarse una casa. No se endeudan para estudiar.

Se endeudan para seguir trabajando.

Cambiar una cubierta. Reparar la moto.

Comprar una bicicleta. Pagar el combustible. Reemplazar un celular roto.

Es decir, el capital ya no sólo compra la fuerza de trabajo. También financia las herramientas necesarias para explotarla, herramientas que debe pagar el trabajador.

La dependencia es absoluta.

Si antes el mensú dependía del almacén del patrón, hoy el repartidor depende del crédito del algoritmo.

Y como la cuota se descuenta de futuros ingresos, aparece un círculo perverso: trabajar más horas para pagar la deuda que permitió seguir trabajando.

Diversos relevamientos indican que muchos repartidores realizan jornadas de 10 a 12 horas diarias, e incluso más, para alcanzar ingresos que les permitan cubrir gastos cotidianos y afrontar las cuotas de esos préstamos.

No es casual. Es diseño empresarial.

El algoritmo premia a quien permanece conectado más tiempo, acepta más pedidos y trabaja en horarios de mayor demanda. Cuanto más produce, mayor acceso tiene al crédito. Cuanto mayor es la deuda, más difícil resulta abandonar la plataforma.

El viejo capataz recorría el yerbal a caballo. El nuevo controla desde un servidor. Antes existía un libro de cuentas. Hoy existe una base de datos. Antes el látigo. Hoy la calificación. Antes el almacén. Hoy la fintech incorporada a la aplicación.

El mecanismo es idéntico.

Karl Marx describía que el capital no sólo necesita trabajadores, sino trabajadores obligados a vender permanentemente su fuerza de trabajo. Las plataformas digitales dieron un paso más: buscan trabajadores obligados a seguir conectados para pagar la deuda contraída con la propia empresa.

El algoritmo produce una nueva forma de servidumbre.

La libertad prometida por la “economía colaborativa” termina siendo una ficción. El repartidor aparece como un emprendedor independiente, pero depende del precio fijado unilateralmente por la aplicación, de sus tiempos, de su geolocalización, de sus evaluaciones y, cada vez más, de su financiamiento.

Es el regreso del mensú. Pero con GPS.

Con inteligencia artificial. Con scoring financiero. Con intereses.

Con un patrón invisible que no necesita levantar la voz porque habla mediante una notificación: “Tenés un préstamo preaprobado”.

Horacio Quiroga describió la tragedia de los peones yerbateros atrapados por una deuda interminable.

Más de cien años después, el capitalismo digital escribe una nueva versión del mismo cuento.

Cambiaron los árboles por antenas. El machete por la mochila térmica. El obraje por la aplicación. Pero la explotación continúa escribiendo el mismo final.

Sólo la organización desde abajo y la lucha de los y las trabajadoras podemos reescribir otra historia, la de la Rebelión y de la Construcción de un mundo nuevo, ese mundo que aún late en nuestros corazones.

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Fuentes: Informe sobre endeudamiento en plataformas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), relevamientos periodísticos publicados por Infobae, Página/12, La Voz del Interior y Filo News sobre créditos a repartidores de plataformas digitales.

Fuente: https://www.facebook.com/share/p/17vmqvV18Y/

La libertad de caer: cómo la reforma laboral desarma la “barrera social” del trabajo

anred — 2026-07-30T14:46:00Z

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Los cambios introducidos a la Ley 14.250 de negociación colectiva por la reforma laboral constituyen una palanca jurídica para abaratar el precio de la fuerza de trabajo e intensificar la explotación a través de la competencia entre trabajadores. Por Luciana Censi, es abogada laboralista y asesora sindical, vía Indymedia Trabajadoras/es.

La doble vara estatal: desregulación y control

La reforma combina la promoción de los convenios colectivos por empresa, salarios atados a la productividad y esfuerzo, flexibilidad horaria a medida de la patronal y un férreo control del ausentismo.

Por un lado se desregula la economía desencadenando el libre juego de despidos y cierres empresariales y por el otro se sobre-regula la actividad sindical para ahogar toda respuesta colectiva.

La primacía del convenio de empresa sobre el de actividad, la participación de sectores patronales minoritarios en las comisiones negociadoras, el llamado a renegociar convenios colectivos y la amenaza de suspender convenios homologados bajo el pretexto de distorsiones económicas configuran una agresión directa contra la autonomía sindical.

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La atomización y el fin de la “barrera social”

El mercado de trabajo aparece formalmente como un intercambio de equivalentes (fuerza de trabajo y salario) entre partes libres, donde el convenio por rama de actividad, en nuestra región, funciona como la “barrera social” que limita temporalmente la competencia individual entre los trabajadores.

La atomización que fomenta la normativa desarticula la coalición en la venta. Al competir empresa por empresa o sector por sector —sumado al crecimiento de los despidos y a la amenaza de caducidad de los convenios colectivos—, se obliga a los trabajadores a aceptar rebajas en el precio. De esta manera, se consolida el abaratamiento de la fuerza de trabajo mediante la competencia intraproletaria.

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Cuáles son los engranajes de esa flexibilización Quiebre del salario mínimo: la negociación por empresa fulmina el piso de la rama, despojando al colectivo obrero de su rol como vendedor unificado. Depresión del ingreso real: mediante adicionales transitorios y beneficios no remunerativos individuales, el capital reduce el precio de la fuerza de trabajo sin alterar el salario nominal base. Flexibilidad horaria: el fraccionamiento de licencias y la jornada “a la carta” adaptan el tiempo de vida del trabajador al ritmo anárquico de la demanda empresaria. Control algorítmico e intensificación: la digitalización estricta de las licencias médicas y las metas de productividad comprimen el descanso, exprimiendo un mayor desgaste físico e intelectual por cada hora pagada.

Conclusión

La esfera de la circulación es el ámbito de la igualdad jurídica formal, donde el trabajador acude como poseedor de su mercancía para venderla a cambio de un salario. Sin embargo, la organización sindical y los convenios por rama de actividad son una herramienta potente para poner límites a la ley de la oferta y la demanda que el capital usa en su favor. Este tipo de negociación funciona como la institucionalización de un “piso de venta” colectivo frente al capital.

Al fragmentarla y llevarla a nivel de empresa o individuo, la reforma reconvierte la venta de la fuerza de trabajo en una lucha de todos contra todos.

Como advirtió Marx, para protegerse del sufrimiento, los obreros necesitan erigir una “barrera social” infranqueable que les impida entregarse a sí mismos, mediante un contrato voluntario, a la esclavitud. La atomización legal demuele ese refugio, vistiendo de libertad formal la más estricta coerción económica.

Fuente: https://argentina.indymedia.org/2026/07/29/la-libertad-de-caer-como-la-reforma-laboral-desarma-la-barrera-social-del-trabajo/

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2025-05-04T19:54:23Z
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2025-05-04T19:52:34Z

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Argentina NO se vende

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